PREáMBULO -...

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Red de Informaciòn JurìdicaLEGISLACION ANDINA

Venezuela

Derecho Constitucional

Red de Información JurídicaConstituciòn de la Repbùlica Bolivariana de Venezuela

Asamblea Nacional Constituyente

<RTS. 328-331)>

PREáMBULOEl pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores einvocando la protección de Dios, el ejemplo histórico denuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificiode nuestros antepasados aborígenes y de los precursores yforjadores de una patria libre y soberana;

con el fin supremo de refundar la República para estableceruna sociedad democrática, participativa y protagónica,multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federaly descentralizado, que consolide los valores de la libertad, laindependencia, la paz, la solidaridad, el bien común, laintegridad territorial, la convivencia y el imperio de la leypara esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a lavida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justiciasocial y a la igualdad sin discriminación ni subordinaciónalguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones eimpulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdocon el principio de no intervención y autodeterminación delos pueblos, la garantía universal e indivisible de losderechos humanos, la democratización de la sociedadinternacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico ylos bienes jurídicos ambientales como patrimonio común eirrenunciable de la humanidad;

en ejercicio de su poder originario representado por laAsamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y enreferendo democrático,


decreta la siguiente

CONSTITUCIóN

TíTULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1. La Replica Bolivariana de Venezuela esirrevocablemente libre e independiente y fundamenta supatrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justiciay paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, elLibertador.

Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, lalibertad, la soberanía, la inmunidad, la integridadterritorial y la autodeterminación nacional.

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democráticoy social de Derecho y de Justicia, que propugna como valoressuperiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, lavida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, lademocracia, la responsabilidad social y en general, lapreeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismopolítico.

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa yel desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, elejercicio democrático de la voluntad popular, la construcciónde una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de laprosperidad y bienestar del pueblo y la garantía delcumplimiento de los principios, derechos y deberes consagradosen esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales paraalcanzar dichos fines.

Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es unEstado federal descentralizado en los términos consagrados poresta Constitución, y se rige por los principios de integridadterritorial, cooperación, solidaridad, concurrencia ycorresponsabilidad.

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en elpueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en


esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante elsufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y aella están sometidos.

Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana deVenezuela y de las entidades políticas que la componen es yserá siempre democrático, participativo, electivo,descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y demandatos revocables.

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y elfundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y losórganos que ejercen el Poder Público están sujetos a estaConstitución.

Artículo 8. La bandera nacional con los colores amarillo, azuly rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo dearmas de la República son los símbolos de la patria.

La ley regulará sus características, significados y usos.

Artículo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomasindígenas también son de uso oficial para los pueblosindígenas y deben ser respetados en todo el territorio de laRepública, por constituir patrimonio cultural de la Nación yde la humanidad.

TíTULO II

DEL ESPACIO GEOGRáFICO Y LA DIVISIóN POLíTICACAPITULO I

Del Territorio y demás Espacios GeográficosArtículo 10. El territorio y demás espacios geográficos dela República son los que correspondían a la CapitaníaGeneral de Venezuela antes de la transformación políticainiciada el 19 de abril de 1810, con las modificacionesresultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados denulidad.

Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce enlos espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar


territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales ylas comprendidas dentro de las líneas de base recta que haadoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos;el espacio aéreo continental, insular y marítimo y losrecursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos,los de las especies migratorias, sus productos derivados y loscomponentes intangibles que por causas naturales allí seencuentren.

El espacio insular de la República comprende el archipiélagode Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de LosRoques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla LaBlanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita,Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola,archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y,además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o queemerjan dentro del mar territorial, en el que cubre laplataforma continental o dentro de los límites de la zonaeconómica exclusiva.

Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zonamarítima contigua, la plataforma continental y la zonaeconómica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivosde soberanía y jurisdicción en los términos, extensión ycondiciones que determinen el derecho internacional público yla ley.

Corresponden a la República derechos en el espacioultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedanser patrimonio común de la humanidad, en los términos,extensión y condiciones que determinen los acuerdosinternacionales y la legislación nacional.

Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos,cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorionacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zonaeconómica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecena la República, son bienes del dominio público y, por tanto,inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienesdel dominio público.

Artículo 13. El territorio no podrá ser jamás cedido,traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni auntemporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetosde derecho internacional.


El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No sepodrán establecer en él bases militares extranjeras oinstalaciones que tengan de alguna manera propósitosmilitares, por parte de ninguna potencia o coalición depotencias.

Los Estados extranjeros u otros sujetos de derechointernacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes desus representaciones diplomáticas o consulares dentro delárea que se determine y mediante garantías de reciprocidad,con las limitaciones que establezca la ley. En dicho casoquedará siempre a salvo la soberanía nacional.

Las tierras baldías existentes en las dependencias federales yen las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y suaprovechamiento sólo podrá concederse en forma que noimplique, directa ni indirectamente, la transferencia de lapropiedad de la tierra.

Artículo 14. La ley establecerá un régimen jurídicoespecial para aquellos territorios que por libre determinaciónde sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, seincorporen al de la República.

Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad de estableceruna política integral en los espacios fronterizos terrestres,insulares y marítimos, preservando la integridad territorial,la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional,la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollocultural, económico, social y la integración. Atendiendo lanaturaleza propia de cada región fronteriza a través deasignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica deFronteras determinará las obligaciones y objetivos de estaresponsabilidad.

Capítulo II

De la División PolíticaArtículo 16. Con el fin de organizar políticamente laRepública, el territorio nacional se divide en el de losEstados, Distrito Capital, las dependencias federales y losterritorios federales. El territorio se organiza en Municipios.


La división políticoterritorial será regulada por leyorgánica, que garantice la autonomía municipal y ladescentralización políticoadministrativa. Dicha ley podrádisponer la creación de territorios federales en determinadasáreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a larealización de un referendo aprobatorio en la entidadrespectiva. Por ley especial podrá darse a un territoriofederal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad ouna parte de la superficie del territorio respectivo.

Artículo 17. Las dependencias federales son las islasmarítimas no integradas en el territorio de un Estado, asícomo las islas que se formen o aparezcan en el mar territorialo en el que cubra la plataforma continental. Su rimen yadministraci estar seladas en la ley.

Artículo 18. La ciudad de Caracas es la capital de laRepública y el asiento de los órganos del Poder Nacional.

Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del PoderNacional en otros lugares de la República.

Una ley especial establecerá la unidad político territorialde la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobiernomunicipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital ylos correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerásu organización, gobierno, administración, competencia yrecursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral dela ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácterdemocrático y participativo de su gobierno.

TíTULO III

DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTíAS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conformeal principio de progresividad y sin discriminación alguna, elgoce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependientede los derechos humanos. Su respeto y garantía sonobligatorios para los órganos del Poder Público de


conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechoshumanos suscritos y ratificados por la República y las leyesque los desarrollen.

Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libredesenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones quelas que derivan del derecho de las demás y del orden públicoy social.

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y enconsecuencia:

No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el1.sexo, el credo, la condición social o aquellas que, engeneral, tengan por objeto o por resultado anular omenoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio encondiciones de igualdad, de los derechos y libertades detoda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas y2.administrativas para que la igualdad ante la ley sea realy efectiva; adoptará medidas positivas a favor depersonas o grupos que puedan ser discriminados, marginadoso vulnerables; protegerá especialmente a aquellaspersonas que por alguna de las condiciones antesespecificadas, se encuentren en circunstancia de debilidadmanifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contraellas se cometan. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana;3.salvo las fórmulas diplomáticas. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones4.hereditarias.

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantíascontenidos en esta Constitución y en los instrumentosinternacionales sobre derechos humanos no debe entenderse comonegación de otros que, siendo inherentes a la persona, nofiguren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria deestos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos aderechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienenjerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, enla medida en que contengan normas sobre su goce y ejerciciomás favorables a las establecidas por esta Constitución y laley de la República, y son de aplicación inmediata y directapor los tribunales y demás órganos del Poder Público.


Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efectoretroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes deprocedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar envigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero enlos procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán encuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente parala fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo orea.

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Públicoque viole o menoscabe los derechos garantizados por estaConstitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos yfuncionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren enresponsabilidad penal, civil y administrativa, según loscasos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a losórganos de administración de justicia para hacer valer susderechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a latutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud ladecisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible,imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas,sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por lostribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantíasconstitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona queno figuren expresamente en esta Constitución o en losinstrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional seráoral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y laautoridad judicial competente tendrá potestad para restablecerinmediatamente la situación jurídica infringida o lasituación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábily el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otroasunto.


La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá serinterpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenidaserá puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata,sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modoalguno, por la declaración del estado de excepción o de larestricción de garantías constitucionales.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a lainformación y a los datos que sobre sí misma o sobre susbienes consten en registros oficiales o privados, con lasexcepciones que establezca la ley, así como de conocer el usoque se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante eltribunal competente la actualización, la rectificación o ladestrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasenilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder adocumentos de cualquier naturaleza que contengan informacióncuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos depersonas. Queda a salvo el secreto de las fuentes deinformación periodística y de otras profesiones que determinela ley.

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar ysancionar legalmente los delitos contra los derechos humanoscometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad,violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes deguerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechoshumanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados yjuzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedanexcluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad,incluidos el indulto y la amnistía.

Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizarintegralmente a las víctimas de violaciones a los derechoshumanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes,incluido el pago de da?os y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otranaturaleza, para hacer efectivas las indemnizacionesestablecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y


procurará que los culpables reparen los da?os causados.

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términosestablecidos por los tratados, pactos y convenciones sobrederechos humanos ratificados por la República, a dirigirpeticiones o quejas ante los órganos internacionales creadospara tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a susderechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos enesta Constitución y la ley, las medidas que sean necesariaspara dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganosinternacionales previstos en este artículo.

Capítulo II

De la Nacionalidad y Ciudadanía

Sección Primera: De la Nacionalidad

Artículo 32. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

Toda persona nacida en territorio de la República. 1.Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija2.de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija3.de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana pornacimiento, siempre que establezcan su residencia en elterritorio de la República o declaren su voluntad deacogerse a la nacionalidad venezolana. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre4.venezolano por naturalización o madre venezolana pornaturalización siempre que antes de cumplir dieciochoa?os de edad, establezca su residencia en el territorio dela República y antes de cumplir veinticinco a?os de edaddeclare su voluntad de acogerse a la nacionalidadvenezolana.

Artículo 33. Son venezolanos y venezolanas pornaturalización:

Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de1.naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio enVenezuela con residencia ininterrumpida de, por lo menos,diez a?os, inmediatamente anteriores a la fecha de la


respectiva solicitud. El tiempo de residencia se reducirá a cinco a?os en el2.caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidadoriginaria de Espa?a, Portugal, Italia, paíseslatinoamericanos y del Caribe. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio3.con venezolano o venezolana desde que declaren su voluntadde serlo, transcurridos por lo menos cinco a?os a partirde la fecha del matrimonio. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la4.fecha de la naturalización del padre o de la madre queejerza sobre ellos la patria potestad, siempre quedeclaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanasantes de cumplir los veintiún a?os de edad y hayanresidido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante loscinco a?os anteriores a dicha declaración.

Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optaro adquirir otra nacionalidad.

Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento nopodrán ser privados o privadas de su nacionalidad. Lanacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá serrevocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.

Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana.Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimientopuede recuperarla si se domicilia en el territorio de laRepública por un lapso no menor de dos a?os y manifiesta suvoluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas pornaturalización que renuncien a la nacionalidad venezolanapodrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitosexigidos en el artículo 33 de esta Constitución.

Artículo 37. El Estado promoverá la celebración de tratadosinternacionales en materia de nacionalidad, especialmente conlos Estados fronterizos y los se?alados en el numeral 2 delartículo 33 de esta Constitución.

Artículo 38. La ley dictará, de conformidad con lasdisposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesalesrelacionadas con la adquisición, opción, renuncia yrecuperación de la nacionalidad venezolana, así como con larevocación y nulidad de la naturalización.

Sección Segunda: De la Ciudadanía


Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que no esténsujetos o sujetas a inhabilitación política ni ainterdicción civil, y en las condiciones de edad previstas enesta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia,son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo conesta Constitución.

Artículo 40. Los derechos políticos son privativos de losvenezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepcionesestablecidas en esta Constitución.

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanaspor nacimiento los venezolanos y venezolanas pornaturalización que hubieren ingresado al país antes decumplir los siete a?os de edad y residido en élpermanentemente hasta alcanzar la mayoridad.

Artículo 41. Sólo los venezolanos y venezolanas pornacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargosde Presidente o Presidenta de la República, VicepresidenteEjecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta yVicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional,magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia,Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral,Procurador o Procuradora General de la República, Contralor oContralora General de la República, Fiscal o Fiscala Generalde la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros oMinistras de los despachos relacionados con la seguridad de laNación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores oGobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados yMunicipios fronterizos y aquellos contemplados en la leyorgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la AsambleaNacional, Ministro o Ministra, Gobernadores o Gobernadoras yAlcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos,los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tenerdomicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menorde quince a?os y cumplir los requisitos de aptitud previstos enla ley.

Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierdela ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno delos derechos políticos sólo puede ser suspendido por


sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Capítulo III

De los Derechos Civiles

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna leypodrá establecer la pena de muerte, ni autoridad algunaaplicarla. El Estado será responsable de la vida de laspersonas que se encuentren privadas de su libertad, prestandoel servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad encualquier otra forma.

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, enconsecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino envirtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada ante una autoridadjudicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas apartir del momento de la detención. Será juzgada en libertad,excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadaspor el juez o jueza en cada caso.La constitución de caución exigida por la ley para concederla libertad del detenido no causará impuesto alguno.2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse deinmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de suconfianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a serinformados o informadas del lugar donde se encuentra la personadetenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de losmotivos de la detención y a que dejen constancia escrita en elexpediente sobre el estado físico y psíquico de la personadetenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio deespecialistas. La autoridad competente llevará un registropúblico de toda detención realizada, que comprenda laidentidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones yfuncionarios que la practicaron.Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras seobservará, además, la notificación consular prevista en lostratados internacionales sobre la materia.3. La pena no puede trascender de la persona condenada. Nohabrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penasprivativas de la libertad no excederán de treinta a?os.4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertadestará obligada a identificarse.


5. Ninguna persona continuará en detención después dedictada orden de excarcelación por la autoridad competente ouna vez cumplida la pena impuesta.

Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil omilitar, aun en estado de emergencia, excepción o restricciónde garantías, practicar, permitir o tolerar la desapariciónforzada de personas. El funcionario o funcionaria que recibaorden o instrucción para practicarla, tiene la obligación deno obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Losautores o autoras intelectuales y materiales, cómplices yencubridores o encubridoras del delito de desaparición forzadade personas, así como la tentativa de comisión del mismo,serán sancionados de conformidad con la ley.

Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete suintegridad física, psíquica y moral, en consecuencia:

Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o1.tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima detortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado otolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho ala rehabilitación. Toda persona privada de libertad será tratada con el2.respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento3.a experimentos científicos, o a exámenes médicos o delaboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro suvida o por otras circunstancias que determine la ley. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en4.razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientosfísicos o mentales a cualquier persona, o que instigue otolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionadade acuerdo con la ley.

Artículo 47. El hogar doméstico, el domicilio, y todo recintoprivado de persona son inviolables. No podrán ser allanados,sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración deun delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisionesque dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad delser humano.

Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con laley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios ofuncionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.


Artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de lascomunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán serinterferidas sino por orden de un tribunal competente, con elcumplimiento de las disposiciones legales y preservándose elsecreto de lo privado que no guarde relación con elcorrespondiente proceso.

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas lasactuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechosinviolables en todo estado y grado de la investigación y delproceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de loscargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebasy de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercersu defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas medianteviolación del debido proceso. Toda persona declarada culpabletiene derecho a recurrir del fallo, con las excepcionesestablecidas en esta Constitución y la ley.2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe locontrario.3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase deproceso, con las debidas garantías y dentro del plazorazonable determinado legalmente, por un tribunal competente,independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quienno hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal,tiene derecho a un intérprete.4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus juecesnaturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, conlas garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer laidentidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada portribunales de excepción o por comisiones creadas para talefecto.5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable odeclarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina,o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundode afinidad.La confesión solamente será válida si fuere hecha sincoacción de ninguna naturaleza.6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisionesque no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones enleyes preexistentes.7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos


hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgadaanteriormente.8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimientoo reparación de la situación jurídica lesionada por errorjudicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo elderecho del o de la particular de exigir la responsabilidadpersonal del magistrado o magistrada, juez o jueza y delEstado, y de actuar contra éstos o éstas.

Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y porcualquier medio por el territorio nacional, cambiar dedomicilio y residencia, ausentarse de la República y volver,trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer susbienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que lasestablecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la leyestablecerá los supuestos en los que debe garantizarse el usode una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas puedeningresar al país sin necesidad de autorización alguna.

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena deextra?amiento del territorio nacional contra venezolanos ovenezolanas.

Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar odirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionariopúblico o funcionaria pública sobre los asuntos que sean dela competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuadarespuesta. Quienes violen este derecho serán sancionadosconforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargorespectivo.

Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fineslícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligadoa facilitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse,pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitosy sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán porla ley.

Artículo 54. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitudo servidumbre. La trata de personas y, en particular, la demujeres, ni?os, ni?as y adolescentes en todas sus formas,estará sujeta a las penas previstas en la ley.


Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección porparte del Estado a través de los órganos de seguridadciudadana regulados por ley, frente a situaciones queconstituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridadfísica de las personas, sus propiedades, el disfrute de susderechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en losprogramas destinados a la prevención, seguridad ciudadana yadministración de emergencias será regulada por una leyespecial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad ylos derechos humanos de todas las personas. El uso de armas osustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y deseguridad estará limitado por principios de necesidad,conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a laley.

Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, alapellido del padre y el de la madre, y a conocer la identidadde los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigarla maternidad y la paternidad.

Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamenteen el registro civil después de su nacimiento y a obtenerdocumentos públicos que comprueben su identidad biológica, deconformidad con la ley. éstos no contendrán mención algunaque califique la filiación.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar librementesus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, porescrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y dehacer uso para ello de cualquier medio de comunicación ydifusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga usode este derecho asume plena responsabilidad por todo loexpresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda deguerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevanla intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos ofuncionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo susresponsabilidades.


Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comportalos deberes y responsabilidades que indique la ley. Todapersona tiene derecho a la información oportuna, veraz eimparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de estaConstitución, así como el derecho de réplica yrectificación cuando se vean afectados directamente porinformaciones inexactas o agraviantes. Los ni?os, ni?as yadolescentes tienen derecho a recibir información adecuadapara su desarrollo integral.

Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión yde culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosay cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público,mediante la ense?anza u otras prácticas, siempre que no seopongan a la moral, a las buenas costumbres y al ordenpúblico. Se garantiza, así mismo, la independencia y laautonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin máslimitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley.El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijasreciban la educación religiosa que esté de acuerdo con susconvicciones.

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas paraeludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otrael ejercicio de sus derechos.

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de suhonor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidady reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar elhonor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos yciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad deconciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte lapersonalidad o constituya delito. La objeción de conciencia nopuede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedira otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Capítulo IV

De los Derechos Políticos y del Referendo Popular

Sección Primera: De los Derechos Políticos


Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen elderecho de participar libremente en los asuntos públicos,directamente o por medio de sus representantes elegidos oelegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución ycontrol de la gestión pública es el medio necesario paralograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo,tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado ydeber de la sociedad facilitar la generación de lascondiciones más favorables para su práctica.

Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediantevotaciones libres, universales, directas y secretas. La leygarantizará el principio de la personalización del sufragio yla representación proporcional.

Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos yvenezolanas que hayan cumplido dieciocho a?os de edad y que noestén sujetos a interdicción civil o inhabilitaciónpolítica.

El voto para las elecciones municipales y parroquiales yestadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjerasque hayan cumplido dieciocho a?os de edad, con más de dieza?os de residencia en el país, con las limitacionesestablecidas en esta Constitución y en la ley, y que no esténsujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elecciónpopular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitoscometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros queafecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije laley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo conla gravedad del delito.

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a quesus representantes rindan cuentas públicas, transparentes yperiódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programapresentado.

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen elderecho de asociarse con fines políticos, mediante métodosdemocráticos de organización, funcionamiento y dirección.


Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas acargos de elección popular serán seleccionados oseleccionadas en elecciones internas con la participación desus integrantes. No se permitirá el financiamiento de lasasociaciones con fines políticos con fondos provenientes delEstado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y lascontribuciones privadas de las organizaciones con finespolíticos, y los mecanismos de control que aseguren lapulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismoregulará las campa?as políticas y electorales, su duración ylímites de gastos propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y lasasociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir alos procesos electorales postulando candidatos y candidatas. Elfinanciamiento de la propaganda política y de las campa?aselectorales será regulado por la ley. Las direcciones de lasasociaciones con fines políticos no podrán contratar conentidades del sector público.

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho amanifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitosque los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas enel control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará laactuación de los cuerpos policiales y de seguridad en elcontrol del orden público.

Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce ygarantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo delpueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: laelección de cargos públicos, el referendo, la consultapopular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa,constitucional y constituyente, el cabildo abierto y laasamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán decarácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico,las instancias de atención ciudadana, la autogestión, lacogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las


de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresacomunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valoresde la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivofuncionamiento de los medios de participación previstos eneste artículo.

Sección Segunda: Del Referendo Popular

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacionalpodrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa delPresidente o Presidenta de la República en Consejo deMinistros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por elvoto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de unnúmero no menor del diez por ciento de los electores yelectoras inscritos en el registro civil y electoral.

También podrán ser sometidas a referendo consultivo lasmaterias de especial trascendencia municipal y parroquial yestadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, alConcejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de lasdos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesay el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de unnúmero no menor del diez por ciento del total de inscritos enla circunscripción correspondiente.

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elecciónpopular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido elfuncionario o funcionaria, un número no menor del veinte porciento de los electores o electoras inscritos en lacorrespondiente circunscripción podrá solicitar laconvocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras queeligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favorde la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo unnúmero de electores y electoras igual o superior alveinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos,se considerará revocado su mandato y se procederá deinmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto enesta Constitución y la ley.


La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados serealizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario ofuncionaria no podrá hacerse más de una solicitud derevocación de su mandato.

Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectosde ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lodecidan por lo menos las dos terceras partes de los o lasintegrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un síaprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco porciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en elregistro civil y electoral, el proyecto correspondiente serásancionado como ley.

Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudierencomprometer la soberanía nacional o transferir competencias aórganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo poriniciativa del Presidente o Presidenta de la República enConsejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes delos o las integrantes de la Asamblea o por el quince por cientode los electores o electoras inscritos e inscritas en elregistro civil y electoral.

Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadastotal o parcialmente, las leyes cuya abrogación fueresolicitada por iniciativa de un número no menor del diez porciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en elregistro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta dela República en Consejo de Ministros.

También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio losdecretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidentade la República en uso de la atribución prescrita en elnumeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fueresolicitado por un número no menor del cinco por ciento de loselectores y electoras inscritos o inscritas en el registrocivil y electoral.

Para la validez del referendo abrogatorio será indispensablela concurrencia del cuarenta por ciento de los electores yelectoras inscritos en el registro civil y electoral.


No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes depresupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las decrédito público y las de amnistía, así como aquellas queprotejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y lasque aprueben tratados internacionales.

No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en unperíodo constitucional para la misma materia.

Capítulo V

De los Derechos Sociales y de las FamiliasArtículo 75. El Estado protegerá a las familias comoasociación natural de la sociedad y como el espaciofundamental para el desarrollo integral de las personas. Lasrelaciones familiares se basan en la igualdad de derechos ydeberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensiónmutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estadogarantizará protección a la madre, al padre o a quienesejerzan la jefatura de la familia.

Los ni?os, ni?as y adolescentes tienen derecho a vivir, sercriados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia deorigen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interéssuperior, tendrán derecho a una familia sustituta, deconformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares ala filiación y se establece siempre en beneficio del adoptadoo la adoptada, de conformidad con la ley. La adopcióninternacional es subsidiaria de la nacional.

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidasintegralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o delpadre. Las parejas tienen derecho a decidir libre yresponsablemente el número de hijos e hijas que deseenconcebir y a disponer de la información y de los medios queles aseguren el ejercicio de este derecho. El Estadogarantizará asistencia y protección integral a la maternidad,en general a partir del momento de la concepción, durante elembarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios deplanificación familiar integral basados en valores éticos ycientíficos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciablede criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos ehijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquel o


aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerálas medidas necesarias y adecuadas para garantizar laefectividad de la obligación alimentaria.

Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y unamujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en laigualdad absoluta de los derechos y obligaciones de loscónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y unamujer que cumplan los requisitos establecidos en la leyproducirán los mismos efectos que el matrimonio.

Artículo 78. Los ni?os, ni?as y adolescentes son sujetosplenos de derecho y estarán protegidos por la legislación,órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán,garantizarán y desarrollarán los contenidos de estaConstitución, la Ley, la Convención sobre los Derechos delNi?o y demás tratados internacionales que en esta materia hayasuscrito y ratificado la República. El Estado, las familias yla sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protecciónintegral, para lo cual se tomará en cuenta su interéssuperior en las decisiones y acciones que les conciernan. ElEstado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadaníaactiva, y crear?un sistema rector nacional para la protecciintegral de las nis, nis y adolescentes.

Artículo 79. Los jenes y las jenes tienen el derecho y eldeber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. ElEstado, con la participaci solidaria de las familias y lasociedad, crear?oportunidades para estimular su trsitoproductivo hacia la vida adulta y en particular la capacitaci yel acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianasel pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, conla participación solidaria de las familias y la sociedad,está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía yles garantizar?atención integral y los beneficios de laseguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Laspensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema deseguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimourbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará elderecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas quemanifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.


Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidadesespeciales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de suscapacidades y a su integración familiar y comunitaria. ElEstado, con la participación solidaria de las familias y lasociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, laequiparación de oportunidades, condiciones laboralessatisfactorias, y promover?su formación, capacitación yacceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad conla ley. Se les reconoce a las personas sordas el derecho aexpresarse y comunicarse a través de la lengua de se?asvenezolanas.

Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una viviendaadecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicosesenciales que incluyan un hábitat que humanice las relacionesfamiliares, vecinales y comunitarias. La satisfacciónprogresiva de este derecho es obligación compartida entre losciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará losmedios para que éstas y especialmente las de escasos recursos,puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para laconstrucción, adquisición o ampliación de viviendas.

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental,obligación del Estado, que lo garantizará como parte delderecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollarápolíticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestarcolectivo y el acceso a los servicios. Todas las personastienen derecho a la protección de la salud, así como el deberde participar activamente en su promoción y defensa, y el decumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento queestablezca la ley, de conformidad con los tratados y conveniosinternacionales suscritos y ratificados por la República.

Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estadocreará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistemapúblico nacional de salud, de carácter intersectorial,descentralizado y participativo, integrado al sistema deseguridad social, regido por los principios de gratuidad,universalidad, integralidad, equidad, integración social ysolidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a lapromoción de la salud y a la prevención de las enfermedades,garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad.Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del


Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizadatiene el derecho y el deber de participar en la toma dedecisiones sobre la planificación, ejecución y control de lapolítica específica en las instituciones públicas de salud.

Artículo 85. El financiamiento del sistema público de saludes obligación del Estado, que integrará los recursosfiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad socialy cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley.El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permitacumplir con los objetivos de la política sanitaria. Encoordinación con las universidades y los centros deinvestigación, se promoverá y desarrollará una políticanacional de formación de profesionales, técnicos y técnicasy una industria nacional de producción de insumos para lasalud. El Estado regulará las instituciones públicas yprivadas de salud.

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad socialcomo servicio público de carácter no lucrativo, que garanticela salud y asegure protección en contingencias de maternidad,paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas,discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales,pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otracircunstancia de previsión social. El Estado tiene laobligación de asegurar la efectividad de este derecho, creandoun sistema de seguridad social universal, integral, definanciamiento solidario, unitario, eficiente y participativo,de contribuciones directas o indirectas. La ausencia decapacidad contributiva no será motivo para excluir a laspersonas de su protección. Los recursos financieros de laseguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Lascotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y lastrabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistencialesy demás beneficios de la seguridad social podrán seradministrados sólo con fines sociales bajo la rectoría delEstado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud,la educación y la seguridad social se acumularán a los finesde su distribución y contribución en esos servicios. Elsistema de seguridad social será regulado por una leyorgánica especial.

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber


de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidasnecesarias a los fines de que toda persona puede obtenerocupación productiva, que le proporcione una existencia dignay decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidastendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laboralesde los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertadde trabajo no será sometida a otras restricciones que las quela ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores ytrabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente detrabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y crearáinstituciones que permitan el control y la promoción de estascondiciones.

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad dehombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. ElEstado reconocerá el trabajo del hogar como actividadeconómica que crea valor agregado y produce riqueza ybienestar social. Las amas de casa tienen derecho a laseguridad social de conformidad con la ley.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de laprotección del Estado. La ley dispondrá lo necesario paramejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales delos trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de estaobligación del Estado se establecen los siguientes principios:

Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la1.intangibilidad y progresividad de los derechos ybeneficios laborales. En las relaciones laboralesprevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda2.acción, acuerdo o convenio que implique renuncia omenoscabo de estos derechos. Sólo es posible latransacción y convenimiento al término de la relaciónlaboral, de conformidad con los requisitos que establezcala ley. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o3.concurrencia de varias normas, o en la interpretación deuna determinada norma se aplicará la más favorable altrabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicaráen su integridad. Toda medida o acto del patrono contrario a esta4.


Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de5.política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otracondición. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que6.puedan afectar su desarrollo integral. El Estado losprotegerá contra cualquier explotación económica ysocial.

Artículo 90. La jornada de trabajo diurna no excederá de ochohoras diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En loscasos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturnano excederá de siete horas diarias ni de treinta y cincosemanales. Ningún patrono podrá obligar a las trabajadoras otrabajadores a laborar horas extraordinarias. Se propenderá ala progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro delinterés social y del ámbito que se determine y se dispondrálo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre enbeneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de lostrabajadores y trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descansosemanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones quelas jornadas efectivamente laboradas.

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a unsalario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrirpara sí y su familia las necesidades básicas materiales,sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salariopor igual trabajo y se fijará la participación que debecorresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficiode la empresa. El salario es inembargable y se pagaráperiódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo laexcepción de la obligación alimentaria, de conformidad con laley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras delsector público y privado un salario mínimo vital que seráajustado cada a?o, tomando como una de las referencias el costode la canasta básica. La Ley establecerá la forma y elprocedimiento.

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienenderecho a prestaciones sociales que les recompensen laantigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía.


El salario y las prestaciones sociales son créditos laboralesde exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago generaintereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán delos mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajoy dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despidono justificado. Los despidos contrarios a esta Constituciónson nulos.

Artículo 94. La ley determinará la responsabilidad quecorresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provechose presta el servicio mediante intermediario o contratista, sinperjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estadoestablecerá, a través del órgano competente, laresponsabilidad que corresponda a los patronos o patronas engeneral, en caso de simulación o fraude, con el propósito dedesvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de lalegislación laboral.

Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sindistinción alguna y sin necesidad de autorización previa,tienen derecho a constituir libremente las organizacionessindicales que estimen convenientes para la mejor defensa desus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no aellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones noestán sujetas a intervención, suspensión o disoluciónadministrativa. Los trabajadores y trabajadoras estánprotegidos contra todo acto de discriminación o de injerenciacontrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores,promotoras e integrantes de las directivas de lasorganizaciones sindicales gozan de inamovilidad laboral duranteel tiempo y en las condiciones que se requieran para elejercicio de sus funciones.

Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos yreglamentos de las organizaciones sindicales establecerán laalternabilidad de los y las integrantes de las directivas yrepresentantes mediante el sufragio universal, directo ysecreto. Los y las integrantes de las directivas yrepresentantes sindicales que abusen de los beneficiosderivados de la libertad sindical para su lucro o interéspersonal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los ylas integrantes de las directivas de las organizacionessindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de


bienes.

Artículo 96.Todos los trabajadores y las trabajadoras delsector público y del privado tienen derecho a la negociacióncolectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas detrabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. ElEstado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducentepara favorecer las relaciones colectivas y la solución de losconflictos laborales. Las convenciones colectivas amparar atodos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de sususcripción y a quienes ingresen con posterioridad.

Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sectorpúblico y del privado tienen derecho a la huelga, dentro delas condiciones que establezca la ley.

Capítulo VI

De los Derechos Culturales y Educativos

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertadcomprende el derecho a la inversión, producción ydivulgación de la obra creativa, científica, tecnológica yhumanística, incluyendo la protección legal de los derechosdel autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconoceráy protegerá la propiedad intelectual sobre las obrascientíficas, literarias y artísticas, invenciones,innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas deacuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan laley y los tratados internacionales suscritos y ratificados porla República en esta materia.

Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bienirrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamentalque el Estado fomentará y garantizará, procurando lascondiciones, instrumentos legales, medios y presupuestosnecesarios. Se reconoce la autonomía de la administracióncultural pública en los términos que establezca la ley. ElEstado garantizará la protección y preservación,enriquecimiento, conservación y restauración del patrimoniocultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de laNación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural dela Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables.La ley establecerá las penas y sanciones para los da?os


causados a estos bienes.

Artículo 100. Las culturas populares constitutivas de lavenezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose yrespetándose la interculturalidad bajo el principio deigualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos yestímulos para las personas, instituciones y comunidades quepromuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas yactividades culturales en el país, así como la culturavenezolana en el exterior. El Estado garantizará a lostrabajadores y trabajadoras culturales su incorporación alsistema de seguridad social que les permita una vida digna,reconociendo las particularidades del quehacer cultural, deconformidad con la ley.

Artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recepción ycirculación de la información cultural. Los medios decomunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión delos valores de la tradición popular y la obra de los artistas,escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas,científicos, científicas y demás creadores y creadorasculturales del país. Los medios televisivos deberánincorporar subtítulos y traducción a la lengua de se?as, paralas personas con problemas auditivos. La ley establecerá lostérminos y modalidades de estas obligaciones.

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un debersocial fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. ElEstado la asumirá como función indeclinable y de máximointerés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumentodel conocimiento científico, humanístico y tecnológico alservicio de la sociedad. La educación es un servicio públicoy está fundamentado en el respeto a todas las corrientes delpensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencialcreativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de supersonalidad en una sociedad democrática basada en lavaloración ética del trabajo y en la participación activa,consciente y solidaria en los procesos de transformaciónsocial consustanciados con los valores de la identidadnacional, y con una visión latinoamericana y universal. ElEstado, con la participación de las familias y la sociedad,promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo conlos principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación


integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones yoportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de susaptitudes, vocación y aspiraciones. La educación esobligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta elnivel medio diversificado. La impartida en las institucionesdel Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A talfin, el Estado realizará una inversión prioritaria, deconformidad con las recomendaciones de la Organización de lasNaciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones yservicios suficientemente dotados para asegurar el acceso,permanencia y culminación en el sistema educativo. La leygarantizará igual atención a las personas con necesidadesespeciales o con discapacidad y a quienes se encuentrenprivados de su libertad o carezcan de condiciones básicas parasu incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programaseducativos públicos a nivel medio y universitario seránreconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la rentasegún la ley respectiva.

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas dereconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. ElEstado estimulará su actualización permanente y lesgarantizará la estabilidad en el ejercicio de la carreradocente, bien sea pública o privada, atendiendo a estaConstitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel devida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción ypermanencia en el sistema educativo, serán establecidos porley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sininjerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Artículo 105. La ley determinará las profesiones querequieren título y las condiciones que deben cumplirse paraejercerlas, incluyendo la colegiación.

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previademostración de su capacidad, cuando cumpla de manerapermanente con los requisitos éticos, académicos,científicos, económicos, de infraestructura y los demás quela ley establezca, puede fundar y mantener institucioneseducativas privadas bajo la estricta inspección y vigilanciadel Estado, previa aceptación de éste.


Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria en losniveles y modalidades del sistema educativo, así como tambiénen la educación ciudadana no formal. Es de obligatoriocumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hastael ciclo diversificado, la ense?anza de la lengua castellana,la historia y la geografía de Venezuela, así como losprincipios del ideario bolivariano.

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos yprivados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estadogarantizará servicios públicos de radio, televisión y redesde bibliotecas y de informática, con el fin de permitir elacceso universal a la información. Los centros educativosdeben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevastecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos queestablezca la ley.

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomíauniversitaria como principio y jerarquía que permite a losprofesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados yegresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda delconocimiento a través de la investigación científica,humanística y tecnológica, para beneficio espiritual ymaterial de la Nación. Las universidades autónomas se daránsus normas de gobierno, funcionamiento y la administracióneficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que atales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomíauniversitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizarlos programas de investigación, docencia y extensión. Seestablece la inviolabilidad del recinto universitario. Lasuniversidades nacionales experimentales alcanzarán suautonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de laciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y susaplicaciones y los servicios de información necesarios por serinstrumentos fundamentales para el desarrollo económico,social y político del país, así como para la seguridad ysoberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esasactividades, el Estado destinará recursos suficientes ycreará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdocon la ley. El sector privado deberá aportar recursos para losmismos. El Estado garantizará el cumplimiento de losprincipios éticos y legales que deben regir las actividades deinvestigación científica, humanística y tecnológica. La ley


determinará los modos y medios para dar cumplimiento a estagarantía.

Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y ala recreación como actividades que benefician la calidad devida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y larecreación como política de educación y salud pública ygarantiza los recursos para su promoción. La educaciónfísica y el deporte cumplen un papel fundamental en laformación integral de la ni?ez y adolescencia. Su ense?anza esobligatoria en todos los niveles de la educación pública yprivada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones queestablezca la ley. El Estado garantizará la atención integralde los y las deportistas sin discriminación alguna, así comoel apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación yregulación de las entidades deportivas del sector público ydel privado, de conformidad con la ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas,instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas ydesarrollen o financien planes, programas y actividadesdeportivas en el país.

Capítulo VII

De los Derechos EconómicosArtículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente ala actividad económica de su preferencia, sin máslimitaciones que las previstas en esta Constitución y las queestablezcan las leyes, por razones de desarrollo humano,seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras deinterés social. El Estado promoverá la iniciativa privada,garantizando la creación y justa distribución de la riqueza,así como la producción de bienes y servicios que satisfaganlas necesidades de la población, la libertad de trabajo,empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad paradictar medidas para planificar, racionalizar y regular laeconomía e impulsar el desarrollo integral del país.

Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declarancontrarios a los principios fundamentales de esta Constitucióncualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y lasparticulares que tengan por objeto el establecimiento de unmonopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e


independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia,cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad.También es contraria a dichos principios el abuso de laposición de dominio que un particular, un conjunto de ellos ouna empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquiridoen un determinado mercado de bienes o de servicios, conindependencia de la causa determinante de tal posición dedominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada.En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará lasmedidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos yrestrictivos del monopolio, del abuso de la posición dedominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidadla protección del público consumidor, los productores yproductoras y el aseguramiento de condiciones efectivas decompetencia en la economía.

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedadde la Nación o de la prestación de servicios de naturalezapública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgarconcesiones por tiempo determinado, asegurando siempre laexistencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas alinterés público.

Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, elacaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitosconexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.

Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Todapersona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición desus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones,restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines deutilidad pública o de interés general. Sólo por causa deutilidad pública o interés social, mediante sentencia firme ypago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada laexpropiación de cualquier clase de bienes.

Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscacionesde bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución.Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación,mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales ojurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitoscometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienesse hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Públicoy los bienes provenientes de las actividades comerciales,financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico


ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes

Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponerde bienes y servicios de calidad, así como a una informaciónadecuada y no enga?osa sobre el contenido y características delos productos y servicios que consumen, a la libertad deelección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerálos mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, lasnormas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios,los procedimientos de defensa del público consumidor, elresarcimiento de los da?os ocasionados y las sancionescorrespondientes por la violación de estos derechos.

Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y dela comunidad para desarrollar asociaciones de carter social yparticipativo, como las cooperativas, cajas de ahorro mutualesy otras formas asociativas. Estas asociaciones podr desarrollarcualquier tipo de actividad econica, de conformidad con la ley.La ley reconocer? las especificidades de estas organizaciones,en especial las relativas al acto cooperativo, al trabajoasociado y su carter generador de beneficios colectivos.

El Estado promover?y proteger?estas asociaciones destinadas amejorar econom popular y alternativa.

Capítulo VIII

De los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de lospueblos y comunidades indígenas, su organización social,política y económica, sus culturas, usos y costumbres,idiomas y religiones, así como su hábitat y derechosoriginarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmenteocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar susformas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con laparticipación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizarel derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cualesserán inalienables, imprescriptibles, inembargables eintransferibles de acuerdo con lo establecido en estaConstitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales enlos hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin


lesionar la integridad cultural, social y económica de losmismos e, igualmente, está sujeto a previa información yconsulta a las comunidades indígenas respectivas. Losbeneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblosindígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantenery desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. ElEstado fomentará la valoración y difusión de lasmanifestaciones culturales de los pueblos indígenas, loscuales tienen derecho a una educación propia y a un régimeneducativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo asus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a unasalud integral que considere sus prácticas y culturas. ElEstado reconocerá su medicina tradicional y las terapiascomplementarias, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantenery promover sus propias prácticas económicas basadas en lareciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividadesproductivas tradicionales, su participación en la economíanacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenastienen derecho a servicios de formación profesional y aparticipar en la elaboración, ejecución y gestión deprogramas específicos de capacitación, servicios deasistencia técnica y financiera que fortalezcan susactividades económicas en el marco del desarrollo localsustentable. El Estado garantizará a los trabajadores ytrabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce delos derechos que confiere la legislación laboral.

Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectualcolectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones delos pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con losrecursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismosperseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro depatentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a laparticipación política. El Estado garantizará larepresentación indígena en la Asamblea Nacional y en loscuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con


población indígena, conforme a la ley.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raícesancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y delpueblo venezolano como único, soberano e indivisible. Deconformidad con esta Constitución tienen el deber desalvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en estaConstitución en el sentido que se le da en el derechointernacional.

Capítulo IX

De los Derechos Ambientales

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generaciónproteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y delmundo futuro. Toda persona tiene derecho individual ycolectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá elambiente, la diversidad biológica, genética, los procesosecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales ydemás áreas de especial importancia ecológica. El genoma delos seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que serefiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activaparticipación de la sociedad, garantizar que la población sedesenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde elaire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa deozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, deconformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política deordenación del territorio atendiendo a las realidadesecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales,económicas, políticas, de acuerdo con las premisas deldesarrollo sustentable, que incluya la información, consulta yparticipación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará losprincipios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generarda?os a los ecosistemas deben ser previamente acompa?adas de


estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estadoimpedirá la entrada al país de desechos tóxicos ypeligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares,químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso,manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicasy peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personasnaturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en lospermisos que se otorguen, que involucren los recursosnaturales, se considerará incluida aun cuando no estuvieraexpresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico,de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de lamisma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer elambiente a su estado natural si éste resultara alterado, enlos términos que fije la ley.

Capítulo X

De los Deberes

Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber dehonrar y defender a la patria, sus símbolos, valoresculturales, resguardar y proteger la soberanía, lanacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminacióny los intereses de la Nación.

Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acataresta Constitución, las leyes y los demás actos que enejercicio de sus funciones dicten los órganos del PoderPúblico.

Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir susresponsabilidades sociales y participar solidariamente en lavida política, civil y comunitaria del país, promoviendo ydefendiendo los derechos humanos como fundamento de laconvivencia democrática y de la paz social.

Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a losgastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas ycontribuciones que establezca la ley.

Artículo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tieneel deber de prestar los servicios civil o militar necesariospara la defensa, preservación y desarrollo del país, o para


hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puedeser sometido a reclutamiento forzoso.

Toda persona tiene el deber de prestar servicios en lasfunciones electorales que se les asignen de conformidad con laley.

Artículo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado,conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento delos fines del bienestar social general, no excluyen las que, envirtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistenciahumanitaria, correspondan a los particulares según sucapacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer elcumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuerenecesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquierprofesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidaddurante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.

TíTULO IV

DEL PODER PúBLICO

Capítulo I

De las Disposiciones Fundamentales

Sección Primera: De las Disposiciones Generales

Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el PoderMunicipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El PoderPúblico Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo,Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funcionespropias, pero los órganos a los que incumbe su ejerciciocolaborarán entre sí en la realización de los fines delEstado.

Artículo 137. La Constitución y la ley definirán lasatribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, alas cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actosson nulos.


Artículo 139. El ejercicio del Poder Público acarrearesponsabilidad individual por abuso o desviación de poder opor violación de esta Constitución o de la ley.

Artículo 140. El Estado responderá patrimonialmente por losda?os que sufran los particulares en cualesquiera de sus bienesy derechos, siempre que la lesión sea imputable alfuncionamiento de la administración pública.

Sección Segunda: De la administración pública

Artículo 141. La Administración Pública está al servicio delos ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principiosde honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en elejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a laley y al derecho.

Artículo 142. Los institutos autónomos sólo podrán crearsepor ley. Tales instituciones, así como los intereses públicosen corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estaránsujetos al control del Estado, en la forma que la leyestablezca.

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a serinformados oportuna y verazmente por la AdministraciónPública, sobre el estado de las actuaciones en que esténdirectamente interesados, y a conocer las resolucionesdefinitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo,tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sinperjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedaddemocrática en materias relativas a seguridad interior yexterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vidaprivada, de conformidad con la ley que regule la materia declasificación de documentos de contenido confidencial osecreto. No se permitirá censura alguna a los funcionariospúblicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntosbajo su responsabilidad.

Sección Tercera: De la Función Pública

Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de la funciónpública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado,suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la


Administración Pública, y proveerán su incorporación a laseguridad social.

La ley determinará las funciones y requisitos que debencumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicaspara ejercer sus cargos.

Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionariaspúblicas están al servicio del Estado y no de parcialidadalguna. Su nombramiento y remoción no podrán estardeterminados por la afiliación u orientación política. Quienesté al servicio de los Municipios, de los Estados, de laRepública y demás personas jurídicas de derecho público ode derecho privado estatales, no podrá celebrar contratoalguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni enrepresentación de otro, salvo las excepciones que establezcala ley.

Artículo 146. Los cargos de los órganos de la AdministraciónPública son de carrera. Se exceptúan los de elecciónpopular, los de libre nombramiento y remoción, los contratadosy contratadas, los obreros y obreras al servicio de laAdministración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionariaspúblicas a los cargos de carrera será por concurso público,fundamentado en principios de honestidad, idoneidad yeficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicosbasados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión yretiro será de acuerdo con su desempe?o.

Artículo 147. Para la ocupación de cargos públicos decarácter remunerado es necesario que sus respectivosemolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente.

Las escalas de salarios en la Administración Pública seestablecerán reglamentariamente conforme a la ley.

La ley orgánica podrá establecer límites razonables a losemolumentos que devenguen los funcionarios públicos yfuncionarias públicas municipales, estadales y nacionales.

La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones ypensiones de los funcionarios públicos y funcionarias


públicas nacionales, estadales y municipales.

Artículo 148. Nadie podrá desempe?ar a la vez más de undestino público remunerado, a menos que se trate de cargosacadémicos, accidentales, asistenciales o docentes quedetermine la ley. La aceptación de un segundo destino que nosea de los exceptuados en este artículo, implica la renunciadel primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras noreemplacen definitivamente al principal.

Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión,salvo los casos expresamente determinados en la ley.

Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionariaspúblicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas degobiernos extranjeros sin la autorización de la AsambleaNacional.

Sección Cuarta: De los Contratos de Interés Público

Artículo 150. La celebración de los contratos de interéspúblico nacional requerirá la aprobación de la AsambleaNacional en los casos que determine la ley.

No podrá celebrarse contrato alguno de interés públicomunicipal, estadal o nacional, o con Estados o entidadesoficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas enVenezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de laAsamblea Nacional.

La ley puede exigir en los contratos de interés públicodeterminadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otroorden, o requerir especiales garantías.

Artículo 151. En los contratos de interés público, si nofuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos,se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa,una cláusula según la cual las dudas y controversias quepuedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren aser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serándecididas por los tribunales competentes de la República, deconformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causapuedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

Sección Quinta: De las Relaciones Internacionales


Artículo 152. Las relaciones internacionales de la Repúblicaresponden a los fines del Estado en función del ejercicio dela soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen porlos principios de independencia, igualdad entre los Estados,libre determinación y no intervención en sus asuntosinternos, solución pacífica de los conflictosinternacionales, cooperación, respeto de los derechos humanosy solidaridad entre los pueblos en la lucha por suemancipación y el bienestar de la humanidad. La Repúblicamantendrá la más firme y decidida defensa de estos principiosy de la práctica democrática en todos los organismos einstituciones internacionales.

Artículo 153. La República promoverá y favorecerá laintegración latinoamericana y caribe?a, en aras de avanzarhacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendolos intereses económicos, sociales, culturales, políticos yambientales de la región. La República podrá suscribirtratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzospara promover el desarrollo común de nuestras naciones, y queaseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectivade sus habitantes. Para estos fines, la República podráatribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados,el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a caboestos procesos de integración. Dentro de las políticas deintegración y unión con Latinoamérica y el Caribe, laRepública privilegiará relaciones con Iberoamérica,procurando sea una política común de toda nuestra AméricaLatina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdosde integración serán consideradas parte integrante delordenamiento legal vigente y de aplicación directa ypreferente a la legislación interna.

Artículo 154. Los tratados celebrados por la República debenser aprobados por la Asamblea Nacional antes de suratificación por el Presidente o Presidenta de la República,a excepción de aquellos mediante los cuales se trate deejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de laRepública, aplicar principios expresamente reconocidos porella, ejecutar actos ordinarios en las relacionesinternacionales o ejercer facultades que la ley atribuyaexpresamente al Ejecutivo Nacional.


Artículo 155. En los tratados, convenios y acuerdosinternacionales que la República celebre, se insertará unacláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por lasvías pacíficas reconocidas en el derecho internacional opreviamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, lascontroversias que pudieren suscitarse entre las mismas conmotivo de su interpretación o ejecución si no fuereimprocedente y así lo permita el procedimiento que debaseguirse para su celebración.

Capítulo II

De la Competencia del Poder Público Nacional

Artículo 156. Es de la competencia del Poder PúblicoNacional:

1. La política y la actuación internacional de la República.2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generalesde la República, la conservación de la paz pública y larecta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoracionesy honores de carácter nacional.4. La naturalización, la admisión, la extradición yexpulsión de extranjeros o extranjeras.5. Los servicios de identificación.6. La policía nacional.7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.10. La organización y régimen del Distrito Capital y de lasdependencias federales.11. La regulación de la banca central, del sistema monetario,del rimen cambiario, del sistema financiero y del mercado decapitales; la emisión y acu?ación de moneda.12. La creación, organización, recaudación, administracióny control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones,donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción,el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de losgravámenes a la importación y exportación de bienes yservicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo delicores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillosy demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasasy rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por estaConstitución y la ley.


13. La legislación para garantizar la coordinación yarmonización de las distintas potestades tributarias, definirprincipios, parámetros y limitaciones, especialmente para ladeterminación de los tipos impositivos o alícuotas de lostributos estadales y municipales, así como para crear fondosespecíficos que aseguren la solidaridad interterritorial.14. La creación y organización de impuestos territoriales osobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuyarecaudación y control corresponda a los Municipios, deconformidad con esta Constitución.15. El régimen del comercio exterior y la organización yrégimen de las aduanas.16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos,el régimen de las tierras baldías, y la conservación,fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otrasriquezas naturales del país.El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras portiempo indefinido.La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicasespeciales en beneficio de los Estados en cuyo territorio seencuentren situados los bienes que se mencionan en estenumeral, sin perjuicio de que también puedan establecerseasignaciones especiales en beneficio de otros Estados.17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.18. Los censos y estadísticas nacionales.19. El establecimiento, coordinación y unificación de normasy procedimientos técnicos para obras de ingeniería, dearquitectura y de urbanismo, y la legislación sobreordenación urbanística.20. Las obras públicas de interés nacional.21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales dela República.22. El régimen y organización del sistema de seguridadsocial.23. Las políticas nacionales y la legislación en materia desanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas,turismo, ordenación del territorio y naviera.24. Las políticas y los servicios nacionales de educación ysalud.25. Las políticas nacionales para la producción agrícola,ganadera, pesquera y forestal.26. El régimen del transporte nacional, de la navegación ydel transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre,de carácter nacional; de los puertos, de aeropuertos y su


infraestructura.27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.28. El régimen del servicio de correo y de lastelecomunicaciones, así como el régimen y la administracióndel espectro electromagnético.29. El régimen general de los servicios públicosdomiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.30. El manejo de la política de fronteras con una visiónintegral del país, que permita la presencia de lavenezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía enesos espacios.31. La organización y administración nacional de la justicia,el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo.32. La legislación en materia de derechos, deberes ygarantías constitucionales; la civil, mercantil, penal,penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacionalprivado; la de elecciones; la de expropiación por causa deutilidad pública o social; la de crédito público; la depropiedad intelectual, artística e industrial; la delpatrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la deinmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas yterritorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión yseguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la denotarías y registro público; la de bancos y la de seguros; lade loterías, hipódromos y apuestas en general; la deorganización y funcionamiento de los órganos del PoderPúblico Nacional y demás órganos e instituciones nacionalesdel Estado; y la relativa a todas las materias de lacompetencia nacional.33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya alPoder Público Nacional, o que le corresponda por su índole onaturaleza.

Artículo 157. La Asamblea Nacional, por mayoría de susintegrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los Estadosdeterminadas materias de la competencia nacional, a fin depromover la descentralización.

Artículo 158. La descentralización, como política nacional,debe profundizar la democracia, acercando el poder a lapoblación y creando las mejores condiciones, tanto para elejercicio de la democracia como para la prestación eficaz yeficiente de los cometidos estatales.

Capítulo III


Del Poder Público Estadal

Artículo 159. Los Estados son entidades autónomas e igualesen lo político, con personalidad jurídica plena, y quedanobligados a mantener la independencia, soberanía e integridadnacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y lasleyes de la República.

Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estadocorresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernadoro Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor deveinticinco a?os y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por unperíodo de cuatro a?os por mayoría de las personas que votan.El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida,de inmediato y por una sola vez, para un período adicional.

Artículo 161. Los Gobernadores o Gobernadoras deben rendiranual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contraloro Contralora del Estado y deben presentar un informe de lamisma ante el Consejo Legislativo y el Consejo dePlanificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estadopor un Consejo Legislativo conformado por un número no mayorde quince ni menor de siete integrantes, quienesproporcionalmente representarán a la población del Estado y alos Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribucionessiguientes:

Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 1.Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. 2.Las demás que le atribuya esta Constitución y la ley.3.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, laobligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en sujurisdicción territorial, se regirán por las normas que estaConstitución establece para los diputados y diputadas a laAsamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Loslegisladores y legisladoras estadales serán elegidos oelegidas por un período de cuatro a?os pudiendo ser reelegidoso reelegidas solamente por dos períodos. La ley nacionalregulará el régimen de la organización y el funcionamiento


del Consejo Legislativo.

Artulo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará deautonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estadoejercerá, conforme a esta Constitución y la ley, el control,la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos ybienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones dela Contraloría General de la República. Dicho órganoactuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor oContralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargoserán determinadas por la ley, la cual garantizará suidoneidad e independencia; así como la neutralidad en sudesignación, que será mediante concurso público.

Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:

Dictar su Constitución para organizar los poderes1.públicos, de conformidad con lo dispuesto en estaConstitución. La organización de sus Municipios y demás entidades2.locales y su división político territorial, conforme aesta Constitución y a la ley. La administración de sus bienes y la inversión y3.administración de sus recursos, incluso de losprovenientes de transferencias, subvenciones oasignaciones especiales del Poder Nacional, así como deaquellos que se les asignen como participación en lostributos nacionales. La organización, recaudación, control y administración4.de los ramos tributarios propios, según las disposicionesde las leyes nacionales y estadales. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos,5.no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales yla administración de las tierras baldías en sujurisdicción, de conformidad con la ley. La organización de la policía y la determinación de las6.ramas de este servicio atribuidas a la competenciamunicipal, conforme a la legislación nacional aplicable.La creación, organización, recaudación, control y7.administración de los ramos de papel sellado, timbres yestampillas. La creación, régimen y organización de los servicios8.públicos estadales; La ejecución, conservación, administración y9.aprovechamiento de las vías terrestres estadales;


La conservación, administración y aprovechamiento de10.carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos yaeropuertos de uso comercial, en coordinación con elEjecutivo Nacional. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta11.Constitución, a la competencia nacional o municipal.

Artículo 165. Las materias objeto de competencias concurrentesserán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el PoderNacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Estalegislación estará orientada por los principios de lainterdependencia, coordinación, cooperación,corresponsabilidad y subsidiariedad.

Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipioslos servicios y competencias que gestionen y que éstos esténen capacidad de prestar, así como la administración de losrespectivos recursos, dentro de las áreas de competenciasconcurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Losmecanismos de transferencia estarán regulados por elordenamiento jurídico estadal.

Artículo 166. En cada Estado se creará un Consejo dePlanificación y Coordinación de Políticas Públicas,presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por losAlcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales delos ministerios y representación de los legisladores elegidoso legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional,del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y delas comunidades organizadas, incluyendo las indígenas dondelas hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdocon lo que determine la ley.

Artículo 167. Son ingresos de los Estados:

1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración desus bienes.2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas ysanciones, y las que les sean atribuidas.3. El producto de lo recaudado por concepto de venta deespecies fiscales.4. Los recursos que les correspondan por concepto de situadoconstitucional. El situado es una partida equivalente a unmáximo del veinte por ciento del total de los ingresosordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual


se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en laforma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje porpartes iguales, y el setenta por ciento restante en proporcióna la población de cada una de dichas entidades.En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a lainversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto queles corresponda por concepto de situado. A los Municipios decada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, unaparticipación no menor del veinte por ciento del situado y delos demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional queimpongan una modificación del Presupuesto Nacional, seefectuará un reajuste proporcional del situado.La ley establecerá los principios, normas y procedimientos quepropendan a garantizar el uso correcto y eficiente de losrecursos provenientes del situado constitucional y de laparticipación municipal en el mismo.5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales quese les asigne por ley nacional, con el fin de promover eldesarrollo de las haciendas públicas estadales.Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor delos Estados podrán compensar dichas asignaciones conmodificaciones de los ramos de ingresos se?alados en esteartículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. Elporcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que sedestine al situado constitucional, no será menor al quince porciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendráen cuenta la situación y sostenibilidad financiera de laHacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad delas administraciones estadales para atender adecuadamente losservicios de su competencia.6. Los recursos provenientes del Fondo de CompensaciónInterterritorial y de cualquier otra transferencia, subvencióno asignación especial, así como de aquellos que se les asignecomo participación en los tributos nacionales, de conformidadcon la respectiva ley.

Capítulo IV

Del Poder Público Municipal

Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad políticaprimaria de la organización nacional, gozan de personalidadjurídica y autonomía dentro de los límites de laConstitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:


La elección de sus autoridades. 1.La gestión de las materias de su competencia. 2.La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.3.

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competenciasse cumplirán incorporando la participación ciudadana alproceso de definición y ejecución de la gestión pública yen el control y evaluación de sus resultados, en formaefectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.

Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino antelos tribunales competentes, de conformidad con la Constitucióny la ley.

Artículo 169. La organización de los Municipios y demásentidades locales se regirá por esta Constitución, por lasnormas que para desarrollar los principios constitucionalesestablezcan las leyes orgánicas nacionales, y por lasdisposiciones legales que en conformidad con aquellas dictenlos Estados.

La legislación que se dicte para desarrollar los principiosconstitucionales relativos a los Municipios y demás entidadeslocales, establecerá diferentes regímenes para suorganización, gobierno y administración, incluso en lo querespecta a la determinación de sus competencias y recursos,atendiendo a las condiciones de población, desarrolloeconómico, capacidad para generar ingresos fiscales propios,situación geográfica, elementos históricos y culturales yotros factores relevantes. En particular, dicha legislaciónestablecerá las opciones para la organización del régimen degobierno y administración local que corresponderá a losMunicipios con población indígena. En todo caso, laorganización municipal será democrática y responderá a lanaturaleza propia del gobierno local.

Artículo 170. Los Municipios podrán asociarse enmancomunidades o acordar entre sí o con los demás entespúblicos territoriales, la creación de modalidadesasociativas intergubernamentales para fines de interéspúblico relativos a materias de su competencia. Por ley sedeterminarán las normas concernientes a la agrupación de doso más Municipios en distritos.


Artículo 171. Cuando dos o más Municipios pertenecientes auna misma entidad federal tengan relaciones económicas,sociales y físicas que den al conjunto características de unárea metropolitana, podrán organizarse como distritosmetropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dictegarantizará el carácter democrático y participativo delgobierno metropolitano y establecerá sus competenciasfuncionales, así como el régimen fiscal, financiero y decontrol. También asegurará que en los órganos de gobiernometropolitano tengan adecuada participación los respectivosMunicipios, y se?alará la forma de convocar y realizar lasconsultas populares que decidan la vinculación de estosúltimos al distrito metropolitano.

La ley podrá establecer diferentes regímenes para laorganización, gobierno y administración de los distritosmetropolitanos atendiendo a las condiciones de población,desarrollo económico y social, situación geográfica y otrosfactores de importancia. En todo caso, la atribución decompetencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuentaesas condiciones.

Artículo 172. El Consejo Legislativo estadal, previopronunciamiento favorable mediante consulta popular de lapoblación afectada, definirá los límites del distritometropolitano y lo organizará según lo establecido en la leyorgánica nacional, determinando cuáles de las competenciasmetropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno delrespectivo distrito metropolitano.

Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distritometropolitano pertenezcan a entidades federales distintas,corresponderá a la Asamblea Nacional su creación yorganización.

Artículo 173. El Municipio podrá crear parroquias conforme alas condiciones que determine la ley. La legislación que sedicte para desarrollar los principios constitucionales sobrerégimen municipal establecerá los supuestos y condicionespara la creación de otras entidades locales dentro delterritorio municipal, así como los recursos de quedispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen,incluso su participación en los ingresos propios delMunicipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal ocomunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentración de


la administración del Municipio, la participación ciudadana yla mejor prestación de los servicios públicos. En ningúncaso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivaso imperativas del territorio del Municipio.

Artículo 174. El gobierno y administración del Municipiocorresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también laprimera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa serequiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco a?osy de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido oelegida por un período de cuatro a?os por mayoría de laspersonas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, deinmediato y por una sola vez, para un período adicional.

Artículo 175. La función legislativa del Municipiocorresponde al Concejo, integrado por concejales elegidos oconcejalas elegidas en la forma establecida en estaConstitución, en el número y condiciones de elegibilidad quedetermine la ley.

Artículo 176. Corresponde a la Contraloría Municipal elcontrol, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos ybienes municipales, así como las operaciones relativas a losmismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de laContraloría General de la República, y será dirigida por elContralor o Contralora Municipal, designado o designada por elConcejo mediante concurso público que garantice la idoneidad ycapacidad de quien sea designado o designada para el cargo, deacuerdo con las condiciones establecidas por la ley.

Artículo 177. La ley nacional podrá establecer principios,condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causalesde inhibición e incompatibilidades para la postulación yejercicio de las funciones de alcaldes o alcaldesas yconcejales o concejalas.

Artículo 178. Es de la competencia del Municipio el gobierno yadministración de sus intereses y la gestión de las materiasque le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, encuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación ypromoción del desarrollo económico y social, la dotación yprestación de los servicios públicos domiciliarios, laaplicación de la política referente a la materia inquilinariacon criterios de equidad, justicia y contenido de interés


social, la promoción de la participación, y el mejoramiento,en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en lassiguientes áreas:

Ordenación territorial y urbanística; patrimonio1.histórico; vivienda de interés social; turismo local;parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios derecreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornatopúblico. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito2.de vehículos y personas en las vías municipales;servicios de transporte público urbano de pasajeros ypasajeras. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto3.concierne a los intereses y fines específicosmunicipales. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento4.ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos losservicios de limpieza, de recolección y tratamiento deresiduos y protección civil. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de5.protección a la primera y segunda infancia, a laadolescencia y a la tercera edad; educación preescolar,servicios de integración familiar del discapacitado aldesarrollo comunitario, actividades e instalacionesculturales y deportivas. Servicios de prevención yprotección, vigilancia y control de los bienes y lasactividades relativas a las materias de la competenciamunicipal. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico,6.alcantarillado, canalización y disposición de aguasservidas; cementerios y servicios funerarios. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y7.servicios de policía municipal, conforme a lalegislación nacional aplicable. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley.8.

Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia desu competencia no menoscaban las competencias nacionales oestadales que se definan en la ley conforme a la Constitución.

Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de1.sus ejidos y bienes. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas2.


administrativas por licencias o autorizaciones; losimpuestos sobre actividades económicas de industria,comercio, servicios, o de índole similar, con laslimitaciones establecidas en esta Constitución; losimpuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos,espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas,propaganda y publicidad comercial; y la contribuciónespecial sobre plusvalías de las propiedades generadaspor cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento conque se vean favorecidas por los planes de ordenaciónurbanística. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la3.participación en la contribución por mejoras y otrosramos tributarios nacionales o estadales, conforme a lasleyes de creación de dichos tributos. Los derivados del situado constitucional y otras4.transferencias o subvenciones nacionales o estadales; El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus5.competencias y las demás que les sean atribuidas; Los demás que determine la ley.6.

Artículo 180. La potestad tributaria que corresponde a losMunicipios es distinta y autónoma de las potestadesreguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan alPoder Nacional o Estadal sobre determinadas materias oactividades.

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de losMunicipios, a favor de los demás entes políticosterritoriales, se extiende sólo a las personas jurídicasestatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni aotros contratistas de la Administración Nacional o de losEstados.

Artículo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles.Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de lasformalidades previstas en las ordenanzas municipales y en lossupuestos que las mismas se?alen, conforme a esta Constitucióny la legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

Los terrenos situados dentro del área urbana de laspoblaciones del Municipio, carentes de due?o o due?a, sonejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros,válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidoslas tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán


exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades ypueblos indígenas. La ley establecerá la conversión enejidos de otras tierras públicas.

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de PlanificaciónPública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado porlos concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas dela Juntas Parroquiales y representantes de organizacionesvecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad conlas disposiciones que establezca la ley.

Artículo 183. Los Estados y los Municipios no podrán:

Crear aduanas ni impuestos de importación, de1.exportación o de tránsito sobre bienes nacionales oextranjeros, o sobre las demás materias rentísticas dela competencia nacional. Gravar bienes de consumo antes de que entren en2.circulación dentro de su territorio. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su3.territorio, ni gravarlos en forma diferente a losproducidos en él.

Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura,la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad,forma y medida que lo permita la ley nacional.

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexiblespara que los Estados y los Municipios descentralicen ytransfieran a las comunidades y grupos vecinales organizadoslos servicios que éstos gestionen previa demostración de sucapacidad para prestarlos, promoviendo:

La transferencia de servicios en materia de salud,1.educación, vivienda, deporte, cultura, programassociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales,mantenimiento y conservación de áreas urbanas,prevención y protección vecinal, construcción de obrasy prestación de servicios públicos. A tal efecto,podrán establecer convenios cuyos contenidos estaránorientados por los principios de interdependencia,coordinación, cooperación y corresponsabilidad. La participación de las comunidades y ciudadanos y2.ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales yorganizaciones no gubernamentales, en la formulación depropuestas de inversión ante las autoridades estadales y


municipales encargadas de la elaboración de losrespectivos planes de inversión, así como en laejecución, evaluación y control de obras, programassociales y servicios públicos en su jurisdicción. La participación en los procesos económicos estimulando3.las expresiones de la economía social, tales comocooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formasasociativas. La participación de los trabajadores y trabajadoras y4.comunidades en la gestión de las empresas públicasmediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas5.comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleoy de bienestar social, propendiendo a su permanenciamediante el dise?o de políticas donde aquellas tenganparticipación. La creación de nuevos sujetos de descentralización a6.nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios ylas vecindades a los fines de garantizar el principio dela corresponsabilidad en la gestión pública de losgobiernos locales y estadales y desarrollar procesosautogestionarios y cogestionarios en la administración ycontrol de los servicios públicos estadales ymunicipales. La participación de las comunidades en actividades de7.acercamiento a los establecimientos penales y devinculación de éstos con la población.

Capítulo V

Del Consejo Federal de Gobierno

Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órganoencargado de la planificación y coordinación de políticas yacciones para el desarrollo del proceso de descentralización ytransferencia de competencias del Poder Nacional a los Estadosy Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivoo Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros yMinistras, los gobernadores y gobernadoras, un alcalde oalcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedadorganizada, de acuerdo con la ley.

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría,integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o


gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federalde Gobierno dependerá el Fondo de CompensaciónInterterritorial, destinado al financiamiento de inversionespúblicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de lasregiones, la cooperación y complementación de las políticase iniciativas de desarrollo de las distintas entidadespúblicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotaciónde obras y servicios esenciales en las regiones y comunidadesde menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno,con base en los desequilibrios regionales, discutirá yaprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondode Compensación Interterritorial y las áreas de inversiónprioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

TíTULO V

DE LA ORGANIZACIóN DEL PODER PúBLICO NACIONAL

Capítulo I

Del Poder Legislativo Nacional


Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada pordiputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidadfederal por votación universal, directa, personalizada ysecreta con representación proporcional, según una basepoblacional del uno coma uno por ciento de la población totaldel país.

Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados odiputadas.

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana deVenezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo conlo establecido en la ley electoral, respetando sus tradicionesy costumbres.

Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente,escogido o escogida en el mismo proceso.

Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:

Legislar en las materias de la competencia nacional y1.


sobre el funcionamiento de las distintas ramas del PoderNacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los2.términos establecidos en esta Constitución. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la3.Administración Pública Nacional, en los términosconsagrados en esta Constitución y la ley. Los elementoscomprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función,tendrán valor probatorio, en las condiciones que la leyestablezca. Organizar y promover la participación ciudadana en los4.asuntos de su competencia. Decretar amnistías. 5.Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto6.de ley concerniente al régimen tributario y al créditopúblico. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 7.Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo8.económico y social de la Nación, que serán presentadaspor el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercertrimestre del primer a?o de cada período constitucional.Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de9.interés nacional, en los casos establecidos en la ley.Autorizar los contratos de interés público nacional,estadal o municipal con Estados o entidades oficialesextranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o10.Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. Lamoción de censura sólo podrá ser discutida dos díasdespués de presentada a la Asamblea, la cual podrádecidir, por las tres quintas partes de los diputados odiputadas, que el voto de censura implica la destitucióndel Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva odel Ministro o Ministra. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en11.el exterior o extranjeras en el país. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes12.inmuebles del dominio privado de la Nación, con lasexcepciones que establezca la ley. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias13.públicas para aceptar cargos, honores o recompensas degobiernos extranjeros. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora14.General de la República y de los Jefes o Jefas de


Misiones Diplomáticas Permanentes. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y15.venezolanas ilustres, que hayan prestado servicioseminentes a la República, después de transcurridosveinticinco a?os de su fallecimiento. Esta decisiónpodrá tomarse por recomendación del Presidente oPresidenta de la República, de las dos terceras partes delos Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de losrectores o rectoras de las Universidades Nacionales enpleno. Velar por los intereses y autonomía de los Estados. 16.Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la17.República del territorio nacional cuando su ausencia seprolongue por un lapso superior a cinco díasconsecutivos. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales18.que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepcionesconsagradas en esta Constitución. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se19.establezcan. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La20.separación temporal de un diputado o diputada sólopodrá acordarse por el voto de las dos terceras partes delos diputados y las diputadas presentes. Organizar su servicio de seguridad interna. 21.Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en22.cuenta las limitaciones financieras del país. Ejecutar las resoluciones concernientes a su23.funcionamiento y organización administrativa. Todas las demás que le se?alen esta Constitución y las24.leyes.

Artículo 188. Las condiciones para ser elegido o elegidadiputado o diputada a la Asamblea Nacional son:

Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por1.naturalización con quince a?os de residencia enterritorio venezolano. Ser mayor de veintiún a?os de edad. 2.Haber residido cuatro a?os consecutivos en la entidad3.correspondiente antes de la fecha de la elección.

Artículo 189. No podrán ser elegidos diputados o diputadas:

El Presidente o Presidente de la República, el1.Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, losMinistros o Ministras, el Secretario o Secretaria de la


Presidencia de la República y los Presidentes oPresidentas y Directores o Directoras de los institutosautónomos y empresas del Estado, hasta tres mesesdespués de la separación absoluta de sus cargos. Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o2.Secretarias de gobierno, de los Estados y el DistritoCapital, hasta tres meses después de la separaciónabsoluta de sus cargos. Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o3.nacionales, de institutos autónomos o empresas delEstado, cuando la elección tenga lugar en lajurisdicción en la cual actúa, salvo si se trata de uncargo accidental, asistencial, docente o académico.

La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otrosfuncionarios o funcionarias.

Artículo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionalno podrán ser propietarios o propietarias, administradores oadministradoras o directores o directoras de empresas quecontraten con personas jurídicas estatales, ni podrángestionar causas particulares de interés lucrativo con lasmismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjanconflictos de intereses económicos, los y las integrantes dela Asamblea Nacional, que estén involucrados o involucradas endichos conflictos, deberán abstenerse.

Artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionalno podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder suinvestidura, salvo en actividades docentes, académicas,accidentales o asistenciales, siempre que no supongandedicación exclusiva.

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionaldurarán cinco a?os en el ejercicio de sus funciones, pudiendoser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo.

Sección Segunda: De la Organización de la Asamblea NacionalArtículo 193. La Asamblea Nacional nombrará ComisionesPermanentes, ordinarias y especiales. Las ComisionesPermanentes, en un número no mayor de quince, estaránreferidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente,podrá crear Comisiones con carácter temporal parainvestigación y estudio, todo ello de conformidad con suReglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir


Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dosterceras partes de sus integrantes.

Artículo 194. La Asamblea Nacional elegirá de su seno unPresidente o Presidenta y dos Vicepresidentes oVicepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subsecretarioo Subsecretaria fuera de su seno, por un período de un a?o. ElReglamento establecerá las formas de suplir las faltastemporales y absolutas.

Artículo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionará laComisión Delegada integrada por el Presidente o Presidenta,los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los Presidentes oPresidentas de las Comisiones Permanentes.

Artículo 196. Son atribuciones de la Comisión Delegada:

Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias,1.cuando así lo exija la importancia de algún asunto. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República para2.salir del territorio nacional. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos3.adicionales. Designar Comisiones temporales integradas por integrantes4.de la Asamblea. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la5.Asamblea. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de6.las dos terceras partes de sus integrantes para crear,modificar o suspender servicios públicos en caso deurgencia comprobada. Las demás que establezcan la Constitución y la ley.7.

Sección Tercera: De los Diputados y Diputadas de la AsambleaNacionalArtículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionalestán obligados y obligadas a cumplir sus labores adedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del puebloy a mantener una vinculación permanente con sus electores, yelectoras atendiendo sus opiniones y sugerencias ymanteniéndolos informados o informadas acerca de su gestión yla de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión alos electores y electoras de la circunscripción por la cualfueron elegidos y elegidas y estarán sometidos al referendorevocatorio del mandato en los términos previstos en estaConstitución y en la ley sobre la materia.


Artículo 198. El diputado o diputada a la Asamblea Nacionalcuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a cargos deelección popular en el siguiente período.

Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionalno son responsables por votos y opiniones emitidos en elejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante loselectores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con laConstitución y los Reglamentos.

Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionalgozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde suproclamación hasta la conclusión de su mandato o de larenuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los ylas integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en formaprivativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad quepodrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional,su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delitoflagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, laautoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en suresidencia y comunicará inmediatamente el hecho al TribunalSupremo de Justicia.

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violenla inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional,incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados ocastigadas de conformidad con la ley.

Artículo 201. Los diputados o diputadas son representantes delpueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatosni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en laAsamblea Nacional es personal.

Sección Cuarta: De la Formación de las Leyes

Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la AsambleaNacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnansistemáticamente las normas relativas a determinada materia sepodrán denominar códigos.

Artículo 203. Son leyes orgánicas las que así denomina estaConstitución; las que se dicten para organizar los poderespúblicos o para desarrollar los derechos constitucionales y


las que sirvan de marco normativo a otras leyes.

Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que la propiaConstitución así califica, será previamente admitido por laAsamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes delos y las integrantes presentes antes de iniciarse ladiscusión del respectivo proyecto de ley. Esta votacióncalificada se aplicará también para la modificación de lasleyes orgánicas.

Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado deorgánicas serán remitidas, antes de su promulgación a laSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para quese pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácterorgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término dediez días contados a partir de la fecha de recibo de lacomunicación. Si la Sala Constitucional declara que no esorgánica la ley perderá este carácter.

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacionalpor las tres quintas partes de sus integrantes, a fin deestablecer las directrices, propósitos y el marco de lasmaterias que se delegan al Presidente o Presidenta de laRepública, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantesdeben fijar el plazo de su ejercicio.

Artículo 204. La iniciativa de las leyes corresponde:

Al Poder Ejecutivo Nacional. 1.A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes. 2.A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en3.número no menor de tres. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes4.relativas a la organización y procedimientos judiciales.Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a5.los órganos que lo integran. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a6.la materia electoral. A los electores y electoras en un número no menor del7.cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas enel registro electoral permanente. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes8.relativas a los Estados.

Artículo 205. La discusión de los proyectos de leypresentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo


dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardaren el período de sesiones ordinarias siguiente al que se hayapresentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, elproyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidadcon la ley.

Artículo 206. Los Estados serán consultados por la AsambleaNacional, a través del Consejo Legislativo, cuando se legisleen materias relativas a los mismos. La ley establecerá losmecanismos de consulta a la sociedad civil y demásinstituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichasmaterias.

Artículo 207. Para convertirse en ley todo proyecto recibirádos discusiones, en días diferentes, siguiendo las reglasestablecidas en esta Constitución y en los reglamentosrespectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidentade la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley.

Artículo 208. En la primera discusión se considerará laexposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance yviabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y sediscutirá el articulado. Aprobado en primera discusión elproyecto será remitido a la Comisión directamente relacionadacon la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto deley esté relacionado con varias Comisiones Permanentes, sedesignará una comisión mixta para realizar el estudio ypresentar el informe.

Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentarán elinforme correspondiente en un plazo no mayor de treinta díasconsecutivos.

Artículo 209. Recibido el informe de la Comisióncorrespondiente, se dará inicio a la segunda discusión delproyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo.Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la ley.En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a laComisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo nomayor de quince días continuos; leída la nueva versión delproyecto de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, éstadecidirá por mayoría de votos lo que fuere procedenterespecto a los artículos en que hubiere discrepancia y de losque tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia, la


Presidencia declarará sancionada la ley.

Artículo 210. La discusión de los proyectos que quedarenpendientes al término de las sesiones, podrá continuarse enlas sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.

Artículo 211. La Asamblea Nacional o las ComisionesPermanentes, durante el procedimiento de discusión yaprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otrosórganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a lasociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos.Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes losMinistros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo;el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia aquien éste designe, en representación del Poder Judicial; elo la representante del Poder Ciudadano designado o designadapor el Consejo Moral Republicano; los y las integrantes delPoder Electoral; los Estados a través de un o unarepresentante designado o designada por el Consejo Legislativoy los y las representantes de la sociedad organizada, en lostérminos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.

Artículo 212. Al texto de las leyes precederá la siguientefórmula: ?La Asamblea Nacional de la República Bolivariana deVenezuela, decreta:?.

Artículo 213. Una vez sancionada la ley, se extenderá porduplicado con la redacción final que haya resultado de lasdiscusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidenteo Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y elSecretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fechade su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la leyserá enviado por el Presidente o Presidenta de la AsambleaNacional al Presidente o Presidenta de la República a losfines de su promulgación.

Artículo 214. El Presidente o Presidenta de la Repúblicapromulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquélen que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, conacuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la AsambleaNacional, mediante exposición razonada, que modifique algunade las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda laley o parte de ella.

La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos


planteados por el Presidente o Presidenta de la República, pormayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes y leremitirá la ley para la promulgación.

El Presidente o Presidenta de la República debe proceder apromulgar la ley dentro de los cinco días siguientes a surecibo, sin poder formular nuevas observaciones.

Cuando el Presidente o Presidenta de la República considereque la ley o alguno de sus artículos es inconstitucionalsolicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días quetiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justiciadecidirá en el término de quince días contados desde elrecibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de laRepública. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidadinvocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente oPresidenta de la República promulgará la ley dentro de loscinco días siguientes a la decisión del Tribunal o alvencimiento de dicho lapso.

Artículo 215. La Ley quedará promulgada al publicarse con elcorrespondiente ?Cúmplase? en la Gaceta Oficial de laRepública.

Artículo 216. Cuando el Presidente o Presidenta de laRepública no promulgare la ley en los términos se?alados, elPresidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes oVicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a supromulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquélo aquella incurra por su omisión.

Artículo 217. La oportunidad en que deba ser promulgada la leyaprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un conveniointernacional, quedará a la discreción del EjecutivoNacional, de acuerdo con los usos internacionales y laconveniencia de la República.

Artículo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y seabrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas enesta Constitución. Podrán ser reformadas total oparcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial sepublicará en un solo texto que incorpore las modificacionesaprobadas.


Sección Quinta: De los Procedimientos

Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias dela Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, elcinco de enero de cada a?o o el día posterior más inmediatoposible y durará hasta el quince de agosto.

El segundo período comenzará el quince de septiembre o eldía posterior más inmediato posible y terminará el quince dediciembre.

Artículo 220. La Asamblea Nacional se reunirá en sesionesextraordinarias para tratar las materias expresadas en laconvocatoria y las que les fueren conexas. También podráconsiderar las que fueren declaradas de urgencia por lamayoría de sus integrantes.

Artículo 221. Los requisitos y procedimientos para lainstalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional, y parael funcionamiento de sus Comisiones, serán determinados por elReglamento.

El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoríaabsoluta de los y las integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su funciónde control mediante los siguientes mecanismos: lasinterpelaciones, las investigaciones, las preguntas, lasautorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas enesta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo queestablezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del controlparlamentario, podrán declarar la responsabilidad política delos funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitaral Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugarpara hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán realizarlas investigaciones que juzguen convenientes en las materias desu competencia, de conformidad con el Reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicasestán obligados u obligadas, bajo las sanciones queestablezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y asuministrarles las informaciones y documentos que requieran


para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los particulares;quedando a salvo los derechos y garantías que estaConstitución consagra.

Artículo 224. El ejercicio de la facultad de investigación noafecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Losjueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar laspruebas para las cuales reciban comisión de los cuerposlegislativos.

Capítulo II

Del Poder Ejecutivo Nacional

Sección Primera: Del Presidente o Presidenta de la República

Artículo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente oPresidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo oVicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demásfuncionarios o funcionarias que determinen esta Constitución yla ley.

Artículo 226. El Presidente o Presidenta de la República esel Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuyacondición dirige la acción del Gobierno.

Artículo 227. Para ser elegido Presidente o Presidenta de laRepública se requiere ser venezolano o venezolana pornacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta a?os,de estado seglar y no estar sometido o sometida a condenamediante sentencia definitivamente firme y cumplir con losdemás requisitos establecidos en esta Constitución.

Artículo 228. La elección del Presidente o Presidenta de laRepública se hará por votación universal, directa y secreta,en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa elcandidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votosválidos.

Artículo 229. No podrá ser elegido Presidente o Presidenta dela República quien esté de ejercicio del cargo deVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro oMinistra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el


día de su postulación o en cualquier momento entre esta fechay la de la elección.

Artículo 230. El período presidencial es de seis a?os. ElPresidente o Presidenta de la República puede ser reelegido,de inmediato y por una sola vez, para un período adicional.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomaráposesión del cargo de Presidente o Presidenta de la Repúblicael diez de enero del primer a?o de su período constitucional,mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquiermotivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la Repúblicano pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo haráante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 232. El Presidente o Presidenta de la República esresponsable de sus actos y del cumplimiento de las obligacionesinherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garantía de losderechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, asícomo la independencia, integridad, soberanía del territorio ydefensa de la República. La declaración de los estados deexcepción no modifica el principio de su responsabilidad, nila del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, nila de los Ministros o Ministras, de conformidad con estaConstitución y la ley.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente oPresidenta de la República: la muerte, su renuncia, ladestitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo deJusticia, la incapacidad física o mental permanentecertificada por una junta médica designada por el TribunalSupremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional,el abandono del cargo, declarado éste por la AsambleaNacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo oPresidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a unanueva elección universal, directa y secreto dentro de lostreinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y tomaposesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de laPresidencia de la República el Presidente o Presidenta de laAsamblea Nacional.


Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente oPresidenta de la República durante los primeros cuatro a?osdel período constitucional, se procederá a una nuevaelección universal y directa dentro de los treinta díasconsecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión elnuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidenciade la República el Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidentacompletará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos a?osdel período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo oVicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de laRepública hasta completar el mismo.

Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente oPresidenta de la República serán suplidas por elVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta pornoventa días, prorrogables por decisión de la AsambleaNacional por noventa días más.

Si una falta temporal se prolonga por más de noventa díasconsecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría desus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta

Artículo 235. La ausencia del territorio nacional por partedel Presidente o Presidenta de la República requiereautorización de la Asamblea Nacional o de la ComisiónDelegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cincodías consecutivos.

Sección Segunda: De las Atribuciones del Presidente oPresidenta de la RepúblicaArtículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente oPresidenta de la República:

Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley. 1.Dirigir la acción del Gobierno. 2.Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o3.Vicepresidenta Ejecutiva, nombrar y remover los Ministroso Ministras. Dirigir las relaciones exteriores de la República y4.


celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdosinternacionales. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de5.Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridadjerárquica de ellas y fijar su contingente. Ejercer el mando supremo de las Fuerza Armada Nacional,6.promover sus oficiales a partir del grado de coronel ocoronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos onombrarlas para los cargos que les son privativos. Declarar los estados de excepción y decretar la7.restricción de garantías en los casos previstos en estaConstitución. Dictar, previa autorización por una ley habilitante,8.decretos con fuerza de ley. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones9.extraordinarias. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su10.espíritu, propósito y razón. Administrar la Hacienda Pública Nacional. 11.Negociar los empréstitos nacionales. 12.Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa13.autorización de la Asamblea Nacional o de la ComisiónDelegada. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a14.esta Constitución y la ley. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o15.de la Comisión Delegada, al Procurador o ProcuradoraGeneral de la República y a los jefes o jefas de lasmisiones diplomáticas permanentes. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas16.funcionarias cuya designación le atribuyen estaConstitución y la ley. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por17.intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva, informes o mensajes especiales. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su18.ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Conceder indultos. 19.Fijar el número, organización y competencia de los20.ministerios y otros organismos de la AdministraciónPública Nacional, así como también la organización yfuncionamiento del Consejo de Ministros, dentro de losprincipios y lineamientos se?alados por la correspondienteley orgánica. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido21.


en esta Constitución. Convocar referendos en los casos previstos en esta22.Constitución. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. 23.Las demás que le se?ale esta Constitución y la ley.24.

El Presidente o Presidenta de la República ejercerá enConsejo de Ministros las atribuciones se?aladas en losnumerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que leatribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.

Los actos del Presidente o Presidenta de la República, conexcepción de los se?alados en los ordinales 3 y 5, seránrefrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo oVicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros oMinistras respectivos.

Artículo 237. Dentro de los diez primeros días siguientes ala instalación de la Asamblea Nacional, en sesionesordinarias, el Presidente o Presidenta de la Repúblicapersonalmente presentará, cada a?o, a la Asamblea un mensajeen que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos,sociales y administrativos de su gestión durante el a?oinmediatamente anterior.

Sección Tercera: Del Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutivaArtículo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva es órgano directo y colaborador inmediato delPresidente o Presidenta de la República en su condición deJefe o Jefa del Ejecutivo Nacional.

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirálas mismas condiciones exigidas para ser Presidente oPresidenta de la República, y no podrá tener ningúnparentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste.

Artículo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo oVicepresidenta Ejecutiva:

Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República1.en la dirección de la acción del Gobierno. Coordinar la Administración Pública Nacional de2.conformidad con las instrucciones del Presidente oPresidenta de la República.


Proponer al Presidente o Presidenta de la República el3.nombramiento y la remoción de los Ministros. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta4.de la República, el Consejo de Ministros. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la5.Asamblea Nacional. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. 6.Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los7.funcionarios o funcionarias nacionales cuya designaciónno esté atribuida a otra autoridad. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta8.de la República. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o9.Presidenta de la República. Las demás que le se?alen esta Constitución y la ley.10.

Artículo 240. La aprobación de una moción de censura alVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por unavotación no menor de las tres quintas partes de losintegrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. Elfuncionario removido o funcionaria removida no podrá optar alcargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva ode Ministro o Ministra por el resto del período presidencial.

La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo períodoconstitucional, como consecuencia de la aprobación de mocionesde censura, faculta al Presidente o Presidenta de la Repúblicapara disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disoluciónconlleva la convocatoria de elecciones para una nuevalegislatura dentro de los sesenta días siguientes a sudisolución.

La Asamblea no podrá ser disuelta en el último a?o de superíodo constitucional.

Artículo 241. El Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva es responsable de sus actos de conformidad con estaConstitución y la ley.

Sección Cuarta: De los Ministros o Ministras y del Consejo deMinistrosArtículo 242. Los Ministros o Ministras son órganos directosdel Presidente de la República, y reunidos conjuntamente conte o ta y con el Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva, integran el Consejo de Ministros.


El Presidente o Presidenta de la República presidirá lasreuniones del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar alVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para quelas presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisionestomadas serán ratificadas por el Presidente o Presidenta de laRepública.

De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamenteresponsables el Vicepresidente Ejecutivo o VicepresidentaEjecutiva y los Ministros o Ministras que hubieren concurrido,salvo aquellos o aquellas que hayan hecho constar su votoadverso o negativo.

Artículo 243. El Presidente o Presidenta de la Repúblicapodrá nombrar Ministros o Ministras de Estado, los y lascuales, además de participar en el Consejo de Ministrosasesorarán al Presidente o Presidenta de la República y alVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en losasuntos que le fueren asignados.

Artículo 244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseerla nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco a?os, conlas excepciones establecidas en esta Constitución.

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos deconformidad con esta Constitución y la ley, y presentaránante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta díasde cada a?o, una memoria razonada y suficiente sobre lagestión del despacho en el a?o inmediatamente anterior, deconformidad con la ley.

Artículo 255. Los Ministros o Ministras tienen derecho depalabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Podrántomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derechoal voto.

Artículo 246. La aprobación de una moción de censura a unMinistro o Ministra por una votación no menor de las tresquintas partes de los o las integrantes presentes de laAsamblea Nacional, implica su remoción. El funcionarioremovido o funcionaria removida no podrá optar al cargo deMinistro o Ministra, ni de Vicepresidente Ejecutivo oVicepresidenta Ejecutiva por el resto del período


presidencial.

Sección Quinta: De la Procuraduría General de la República

Artículo 247. La Procuraduría General de la Repúblicaasesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmentelos intereses patrimoniales de la República, y seráconsultada para la aprobación de los contratos de interéspúblico nacional.

La ley orgánica determinará su organización, competencia yfuncionamiento.

Artículo 248. La Procuraduría General de la Repúblicaestará a cargo y bajo la dirección del Procurador oProcuradora General de la República, con la colaboración delos demás funcionarios o funcionarias que determine su leyorgánica.

Artículo 249. El Procurador o Procuradora General de laRepública reunirá las mismas condiciones exigidas para sermagistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Seránombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de laRepública con la autorización de la Asamblea Nacional.

Artículo 250. El Procurador o Procuradora General de laRepública asistirá, con derecho a voz, a las reuniones delConsejo de Ministros.

Sección Sexta: Del Consejo de Estado

Artículo 251. El Consejo de Estado es el órgano superior deconsulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional.Será de su competencia recomendar políticas de interésnacional en aquellos asuntos a los que el Presidente oPresidenta de la República reconozca de especial trascendenciay requiera su opinión.

La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.

Artículo 252. El Consejo de Estado lo preside elVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estaráconformado, además, por cinco personas designadas por elPresidente o Presidenta de la República; un o unarepresentante designado por la Asamblea Nacional; un o una


representante designado o designada por el Tribunal Supremo deJusticia y un Gobernador designado o Gobernadora designada porel conjunto de mandatarios estadales.

Capítulo III

Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia


Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de losciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la Repúblicapor autoridad de la ley.

Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de lascausas y asuntos de su competencia mediante los procedimientosque determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sussentencias.

El sistema de justicia está constituido por el TribunalSupremo de Justicia, los demás tribunales que determine laley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, losórganos de investigación penal, los o las auxiliares yfuncionarios o funcionarias de justicia, el sistemapenitenciario, los medios alternativos de justicia, losciudadanos o ciudadanas que participan en la administración dejusticia conforme a la ley y los abogados y abogadasautorizados y autorizadas para el ejercicio.

Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el TribunalSupremo de Justicia gozar?de autonom funcional, financiera yadministrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto generaldel Estado se le asignará al sistema de justicia una partidaanual variable, no menor del dos por ciento del presupuestoordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual nopodrá ser reducido o modificado sin autorización previa de laAsamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado paraestablecer tasa, aranceles, ni exigir pago alguno por susservicios.

Artículo 255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso delos jueces o juezas se hará por concursos de oposiciónpúblicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o lasparticipantes y serán seleccionados por los jurados de los


circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezcala ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezascorresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La leygarantizará la participación ciudadana en el procedimiento deselección y designación de los jueces o juezas. Los jueces ojuezas sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargosmediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.

La ley propenderá a la profesionalización de los jueces ojuezas y las universidades colaborarán en este propósito,organizando en los estudios universitarios de Derecho laespecialización judicial correspondiente.

Los jueces o juezas son personalmente responsables, en lostérminos que determine la ley, por error, retardo u omisionesinjustificadas, por la inobservancia sustancial de las normasprocesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos decohecho y prevaricación en que incurran en el desempe?o de susfunciones.

Artículo 256. Con la finalidad de garantizar la imparcialidady la independencia en el ejercicio de sus funciones, losmagistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalasdel Ministerio Público y defensores públicos o defensoraspúblicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egresodel cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto,llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindicalo de índole semejante, ni realizar actividades privadaslucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni porinterpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función públicaa excepción de actividades educativas.

Los jueces y juezas no podrán asociarse entre sí.

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamentalpara la realización de la justicia. Las leyes procesalesestablecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de lostrámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público.No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidadesno esenciales.

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en lascomunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos oelegidas por votación universal, directa y secreta , conformea la ley.


La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediacióny cualesquiera otros medios alternativos para la solución deconflictos.

Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativacorresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demástribunales que determine la ley. Los órganos de lajurisdicción contencioso administrativa son competentes paraanular los actos administrativos generales o individualescontrarios a derecho, incluso por desviación de poder;condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de da?osy perjuicios originados en responsabilidad de laAdministración; conocer de reclamos por la prestación deservicios públicos; y disponer lo necesario para elrestablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivaslesionadas por la actividad administrativa.

Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblosindígenas podrán aplicar en su hábitat instancias dejusticia con base en sus tradiciones ancestrales y que sóloafecten a sus integrantes, según sus propias normas yprocedimientos, siempre que no sean contrarios a estaConstitución, a la ley y al orden público. La leydeterminará la forma de coordinación de esta jurisdicciónespecial con el sistema judicial nacional.

Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parteintegrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas seránseleccionados por concurso. Su ámbito de competencia,organización y modalidades de funcionamiento, se regirán porel sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en elCódigo Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitoscomunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesahumanidad, será juzgada por los tribunales ordinarios. Lacompetencia de los tribunales militares se limita a delitos denaturaleza militar.

La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales ya la competencia, organización y funcionamiento de lostribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Sección Segunda: Del Tribunal Supremo de Justicia


Artículo 262. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará enSala Plena y en Sala Constitucional, Político Administrativa,Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y deCasación Social, cuyas integraciones y competencias serándeterminadas por su ley orgánica.

La Sala Social comprenderá lo referente a la casaciónagraria, laboral y de menores.

Artículo 263. Para ser magistrado o magistrada del TribunalSupremo de Justicia se requiere:

Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. 1.Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 2.Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena3.reputación, haber ejercido la abogacía durante unmínimo de quince a?os y tener título universitario depostgrado en materia jurídica; o haber sido profesoruniversitario o profesora universitaria en cienciajurídica durante un mínimo de quince a?os y tener lacategoría de profesor o profesora titular; o ser o habersido juez o jueza superior en la especialidadcorrespondiente a la Sala para la cual se postula, con unmínimo de quince a?os en el ejercicio de la carrerajudicial, y reconocido prestigio en el desempe?o de susfunciones. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.4.

Artículo 264. Los magistrados o magistradas del TribunalSupremo de Justicia serán elegidos por un único período dedoce a?os. La ley determinará el procedimiento de elección.En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas anteel Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia opor organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. ElComité, oída la opinión de la comunidad, efectuará unapreselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cualefectuará una segunda preselección que será presentada a laAsamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselecciónpara la decisión definitiva.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamenteobjeciones a cualesquiera de los postulados o postuladas anteel Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la AsambleaNacional.

Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal


Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por laAsamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dosterceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedidaal interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por elPoder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo deJusticia:

Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al1.Título VIII de esta Constitución. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del2.Presidente o Presidenta de la República o quien haga susveces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de lacausa previa autorización de la Asamblea Nacional, hastasentencia definitiva. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del3.Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, de los olas integrantes de la Asamblea Nacional o del propioTribunal Supremo de Justicia, de los Ministros oMinistras, del Procurador o Procuradora General, delFiscal o Fiscala General, del Contralor o ContraloraGeneral de la República, del Defensor o Defensora delPueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales uoficialas generales y almirantes de la Fuerza ArmadaNacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticasde la República y, en caso afirmativo, remitir los autosal Fiscal o Fiscala General de la República o a quienhaga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuerecomún, continuará conociendo de la causa hasta lasentencia definitiva. Dirimir las controversias administrativas que se susciten4.entre la República, algún Estado, Municipio u otro entepúblico, cuando la otra parte sea alguna de esas mismasentidades, a menos que se trate de controversias entreMunicipios de un mismo Estado, caso en el cual la leypodrá atribuir su conocimiento a otro tribunal. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y5.demás actos administrativos generales o individuales delEjecutivo Nacional, cuando sea procedente. Conocer de los recursos de interpretación sobre el6.contenido y alcance de los textos legales, en lostérminos contemplados en la ley. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales,7.


sean ordinarios o especiales, cuando no exista otrotribunal superior o común a ellos en el ordenjerárquico. Conocer del recurso de casación. 8.Las demás que le atribuya la ley.9.

La atribuci se?alada en el numeral 1 será ejercida por la SalaConstitucional; las se?aladas en los numerales 2 y 3, en SalaPlena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en SalaPolítico Administrativa. Las demás atribuciones seránejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto poresta Constitución y la ley.

Sección Tercera: Del Gobierno y la Administración del PoderJudicialArtículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia ladirección, el gobierno y la administración del PoderJudicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de laRepública y de las Defensorías Públicas. Igualmente, lecorresponde la elaboración y ejecución de su propiopresupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de lostribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas yjueces o juezas estará fundamentado en el Código de éticadel Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará laAsamblea Nacional. El procedimiento disciplinario serápúblico, oral y breve, conforme al debido proceso, en lostérminos y condiciones que establezca la ley.

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo enpleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, consus oficinas regionales.

Artículo 268. La ley establecerá la autonomía yorganización, funcionamiento, disciplina e idoneidad delservicio de defensa pública, con el objeto de asegurar laeficacia del servicio y de garantizar los beneficios de lacarrera del defensor o defensora.

Artículo 269. La ley regulará la organización de circuitosjudiciales, así como la creación y competencias de tribunalesy cortes regionales a fin de promover la descentralizaciónadministrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.


Artículo 270. El Comité de Postulaciones Judiciales es unórgano asesor del Poder Judicial para la selección de loscandidatos o candidatas a magistrados o magistradas delTribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a loscolegios electorales judiciales para la elección de los jueceso juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité dePostulaciones Judiciales estará integrado por representantesde los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con loque establezca la ley.

Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada laextradición de los extranjeros o extranjeras responsables delos delitos de deslegitimación de capitales, drogas,delincuencia organizada internacional, hechos contra elpatrimonio público de otros Estados y contra los derechoshumanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas asancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra elpatrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo,previa decisión judicial, serán confiscados los bienesprovenientes de las actividades relacionadas con tales delitos.

El procedimiento referente a los delitos mencionados serápúblico, oral y breve, respetándose el debido proceso,estando facultada la autoridad judicial competente para dictarlas medidas cautelares preventivas necesarias contra bienespropiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a losfines de garantizar su eventual responsabilidad civil.

Artículo 272. El Estado garantizará un sistema penitenciarioque asegure la rehabilitación del interno o interna y elrespeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientospenitenciarios contarán con espacios para el trabajo, elestudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo ladirección de penitenciaristas profesionales con credencialesacadémicas universitarias, y se regirán por unaadministración descentralizada, a cargo de los gobiernosestadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidadesde privatización. En general, se preferir?en ellos el régimenabierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias.En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas noprivativas de la libertad se aplicarán con preferencia a lasmedidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará lasinstituciones indispensables para la asistencia


postpenitenciaria que posibilite la reinserción social delexinterno o exinterna y propiciará la creación de un entepenitenciario con carácter autónomo y con personalexclusivamente técnico.

Capítulo IV

Del Poder Ciudadano


Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el ConsejoMoral Republicano integrado por el Defensor o Defensora delPueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor o ContraloraGeneral de la Replica.

Los órganos del Poder Ciudadano son: la Defensoría delPueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de laRepública, uno o una de cuyos titulares será designado odesignada por el Consejo Moral Republicano como su Presidentepor períodos de un a?o, pudiendo ser reelecto o reelecta.

El Poder Ciudadano es independiente y sus ganos gozan deautonomía funcional, financiera y administrativa. A talefecto, dentro del presupuesto general del Estado se leasignará una partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en leyorgánica.

Artículo 274. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadanotienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y laley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentencontra la ética pública y la moral administrativa; velar porla buena gestión y la legalidad en el uso del patrimoniopúblico, el cumplimiento y la aplicación del principio de lalegalidad en toda la actividad administrativa del Estado, eigualmente, promover la educación como proceso creador de laciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, lademocracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Artículo 275. Los representantes del Consejo Moral Republicanoformularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias dela Administración Pública, las advertencias sobre las faltasen el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse


estas advertencias, el Consejo Moral Republicano, podráimponer las sanciones establecidas en la ley. En caso decontumacia, el Presidente o Presidenta del Consejo MoralRepublicano presentará un informe al órgano o dependencia alcual esté adscrito el funcionario o funcionaria públicos,para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con elcaso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar enconformidad con la ley.

Artículo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo MoralRepublicano y los o las titulares de los órganos del PoderCiudadano presentarán un informe anual ante la AsambleaNacional en sesión plenaria. Así mismo, presentarán losinformes que en cualquier momento les sean solicitados por laAsamblea Nacional.

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios sepublicarán.

Artículo 277. Todos los funcionarios o funcionarias de laAdministración Pública están obligados y obligadas, bajo lassanciones que establezcan la ley, a colaborar con carácterpreferente y urgente con los representantes del Consejo MoralRepublicano en sus investigaciones. Este podrá solicitarleslas declaraciones y documentos que consideren necesarios parael desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayansido clasificados o catalogados con carácter confidencial osecreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadanosólo podrá suministrar la información contenida endocumentos confidenciales o secretos mediante losprocedimientos que establezca la ley.

Artículo 278. El Consejo Moral Republicano promoverá todasaquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento yestudio de esta Constitución, al amor a la patria, a lasvirtudes cívicas y democráticas, a los valorestrascendentales de la República y a la observancia y respetode los derechos humanos.

Artículo 279.El Consejo Moral Republicano convocará unComité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano,que estará integrado por representantes de diversos sectoresde la sociedad; adelantará un proceso público de cuyoresultado se obtendrá una terna que será sometida a la


consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el votofavorable de las dos terceras partes de sus integrantes,escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al oa la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté enconsideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en laAsamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna aconsulta popular.

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación dePostulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacionalprocederá, dentro del plazo que determine la ley, a ladesignación del titular del órgano del Poder Ciudadanocorrespondiente.

Los y las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos oremovidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento delTribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido enla ley.

Sección Segunda: De la Defensoría del Pueblo

Artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo lapromoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantíasestablecidos en esta Constitución y los tratadosinternacionales sobre derechos humanos, además de losintereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección yresponsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quienserá designado o designada por un único período de sietea?os.

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere servenezolano o venezolana, mayor de treinta a?os, con manifiestay demostrada competencia en materia de derechos humanos ycumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral queestablezca la ley. Las faltas absolutas y temporales delDefensor o Defensora del Pueblo serán cubiertas de acuerdo conlo dispuesto en la ley.

Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora delPueblo:

Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos1.humanos consagrados en esta Constitución y en los


tratados, convenios y acuerdos internacionales sobrederechos humanos ratificados por la República,investigando de oficio o a instancia de parte lasdenuncias que lleguen a su conocimiento. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios2.públicos, amparar y proteger los derechos e intereseslegítimos, colectivos y difusos de las personas, contralas arbitrariedades, desviaciones de poder y errorescometidos en la prestación de los mismos, interponiendocuando fuere procedente las acciones necesarias paraexigir al Estado el resarcimiento a los administrados delos da?os y perjuicios que les sean ocasionados con motivodel funcionamiento de los servicios públicos. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo,3.habeas corpus, habeas data y las demás acciones orecursos necesarios para ejercer las atribucionesse?aladas en los numerales anteriores, cuando fuereprocedente de conformidad con la ley. Instar al Fiscal o Fiscala General de la República para4.que intente las acciones o recursos a que hubiere lugarcontra los funcionarios públicos o funcionariaspúblicas, responsables de la violación o menoscabo delos derechos humanos. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las5.medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionariospúblicos o funcionarias públicas responsables por laviolación o menoscabo de los derechos humanos. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los6.correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por laviolación de los derechos del público consumidor yusuario, de conformidad con la ley. Presentar ante los órganos legislativos nacionales,7.estadales o municipales, proyectos de ley u otrasiniciativas para la protección progresiva de los derechoshumanos. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer8.las acciones necesarias para su garantía y efectivaprotección. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos9.de los órganos del Estado, a fin de prevenir o protegerlos derechos humanos. Formular ante los órganos correspondientes las10.recomendaciones y observaciones necesarias para la mejorprotección de los derechos humanos, para lo cual


desarrollará mecanismos de comunicación permanente conórganos públicos o privados, nacionales einternacionales, de protección y defensa de los derechoshumanos. Promover y ejecutar políticas para la difusión y11.efectiva protección de los derechos humanos. Las demás que establezcan la Constitución y la ley.12.

Artículo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozará deinmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, nopodrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, nienjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejerciciode sus funciones. En todo caso conocerá de manera privativa elTribunal Supremo de Justicia.

Artículo 283. La ley determinará lo relativo a laorganización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo enel ámbito nacional, estadal, municipal y especial. Suactividad se regirá por los principios de gratuidad,accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio.

Sección Tercera: Del Ministerio Público

Artículo 284. El Ministerio Público estará bajo ladirección y responsabilidad del Fiscal o Fiscala General de laRepública, quien ejercerá sus atribuciones directamente conel auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine laley.

Para ser Fiscal o Fiscala General de la República se requierenlas mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados omagistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal oFiscala General de la República será designado o designadapara un período de siete a?os.

Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:

Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los1.derechos y garantías constitucionales, así como de lostratados, convenios y acuerdos internacionales suscritospor la República. Garantizar la celeridad y buena marcha de la2.administración de justicia, el juicio previo y el debidoproceso. Ordenar y dirigir la investigación penal de la3.perpetración de los hechos punibles para hacer constar su


comisión con todas las circunstancias que puedan influiren la calificación y responsabilidad de los autores o lasautoras y demás participantes, así como el aseguramientode los objetos activos y pasivos relacionados con laperpetración. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos4.en que para intentarla o proseguirla no fuere necesarioinstancia de parte, salvo las excepciones establecidas enla ley. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer5.efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar,penal, administrativa o disciplinaria en que hubierenincurrido los funcionarios o funcionarias del sectorpúblico, con motivo del ejercicio de sus funciones. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.6.

Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos yacciones que corresponden a los o las particulares o a otrosfuncionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución yla ley.

Artículo 286. La ley determinará lo relativo a laorganización y funcionamiento del Ministerio Público en elámbito municipal, estadal y nacional, proveerá lo conducentepara asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de losfiscales o fiscalas del Ministerio Público. Asimismoestablecerá las normas para garantizar un sistema de carrerapara el ejercicio de su función.

Sección Cuarta: De la Contraloría General de la República

Artículo 287. La Contraloría General de la República es elórgano de control, vigilancia y fiscalización de losingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, asícomo de las operaciones relativas a los mismos. Goza deautonomía funcional, administrativa y organizativa, y orientasu actuación a las funciones de inspección de los organismosy entidades sujetas a su control.

Artículo 288. La Contraloría General de la República estarábajo la dirección y responsabilidad del Contralor o ContraloraGeneral de la República, quien debe ser venezolano ovenezolana, mayor de treinta a?os y con probada aptitud yexperiencia para el ejercicio del cargo.


El Contralor o Contralora General de la República serádesignado o designada para un período de siete a?os.

Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General dela República:

Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los1.ingresos, gastos y bienes públicos, así como lasoperaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de lasfacultades que se atribuyan a otros órganos en el caso delos Estados y Municipios, de conformidad con la ley. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las2.facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso delos Estados y Municipios, de conformidad con la ley. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y3.personas jurídicas del sector público sometidos a sucontrol; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio deinvestigaciones sobre irregularidades contra el patrimoniopúblico, así como dictar las medidas, imponer losreparos y aplicar las sanciones administrativas a que hayalugar de conformidad con la ley. Instar al Fiscal o Fiscala de la República a que ejerzan4.las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo delas infracciones y delitos cometidos contra el patrimoniopúblico y de los cuales tenga conocimiento en elejercicio de sus atribuciones. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y5.resultado de las decisiones y políticas públicas de losórganos, entidades y personas jurídicas del sectorpúblico sujetos a su control, relacionadas con susingresos, gastos y bienes. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.6.

Artículo 290. La ley determinará lo relativo a laorganización y funcionamiento de la Contraloría General de laRepública y del sistema nacional de control fiscal.

Artículo 291. La Contraloría General de la Fuerza Armada esparte integrante del sistema nacional de control. Tendrá a sucargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos,gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional ysus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competenciade la Contraloría General de la República. Su organización yfuncionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajola dirección y responsabilidad del Contralor General de laFuerza Armada quien será designado o designada mediante


concurso de oposición.

Capítulo V

Del Poder Electoral

Artículo 292. El Poder Electoral se ejerce por el ConsejoNacional Electoral como ente rector y, como organismossubordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisiónde Registro Civil y Electoral y la Comisión de ParticipaciónPolítica y Financiamiento, con la organización y elfuncionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

Artículo 293. El Poder Electoral tienen por función:

Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y1.vacíos que éstas susciten o contengan. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente2.ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente.Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento3.y publicidad político-electorales y aplicar sancionescuando no sean acatadas. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 4.La organización, administración, dirección y vigilancia5.de todos los actos relativos a la elección de los cargosde representación popular de los poderes públicos, asícomo de los referendos. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios6.profesionales y organizaciones con fines políticos en lostérminos que se?ale la ley. Así mismo, podrán organizarprocesos electorales de otras organizaciones de lasociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de laSala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Lascorporaciones, entidades y organizaciones aquí referidascubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro7.civil y electoral. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones8.con fines políticos y velar porque éstas cumplan lasdisposiciones sobre su régimen establecidas en laConstitución y la ley. En especial, decidirá sobre lassolicitudes de constitución, renovación y cancelaciónde organizaciones con fines políticos, la determinaciónde sus autoridades legítimas y sus denominaciones


provisionales, colores y símbolos. Controlar, regular e investigar los fondos de9.financiamiento de las organizaciones con fines políticos.Las demás que determine la ley.10.

Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad,confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de losprocesos electorales, así como la aplicación de lapersonalización del sufragio y la representaciónproporcional.

Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen porlos principios de independencia orgánica, autonomía funcionaly presupuestaria, despartidización de los organismoselectorales, imparcialidad y participación ciudadana;descentralización de la administración electoral,transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.

Artículo 295. El Comité de Postulaciones Electorales decandidatos o candidatas a integrantes del Consejo NacionalElectoral, estará integrado por representantes de losdiferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo queestablezca la ley.

Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integradopor cinco personas no vinculadas a organizaciones con finespolíticos; tres de ellos o ellas serán postulados opostuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultadesde ciencias jurídicas y políticas de las universidadesnacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano.

Los o las tres integrantes postulados o postuladas por lasociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal, ycada designado o designada por las universidades y el PoderCiudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. La JuntaNacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoraly la Comisión de Participación Política y Financiamiento,serán presididas cada una por un o una integrante postulado opostulada por la sociedad civil. Los o las integrantes delConsejo Nacional Electoral durarán siete a?os en sus funcionesy serán elegidos o elegidas por separado: los tres postuladoso postuladas por la sociedad civil al inicio de cada períodode la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serándesignados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de


las dos terceras partes de sus integrantes. Los integrantes delConsejo Nacional Electoral escogerán de su seno a suPresidente o Presidenta, de conformidad con la ley.

Los y las integrantes del Consejo Nacional Electoral seránremovidos o removidas por la Asamblea Nacional, previopronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 297. La jurisdicción contencioso electoral seráejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justiciay los demás tribunales que determine la ley.

Artículo 298. La ley que regule los procesos electorales nopodrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendidoentre el día de la elección y los seis meses inmediatamenteanteriores a la misma.

TíTULO VI

DEL SISTEMA SOCIO ECONóMICO

Capítulo I

Del Régimen Socio Económico y la Función del Estado en laEconomíaArtículo 299. El régimen socioeconómico de la RepúblicaBolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios dejusticia social, democratización, eficiencia, librecompetencia, protección del ambiente, productividad ysolidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humanointegral y una existencia digna y provechosa para lacolectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privadapromoverá el desarrollo armónico de la economía nacional conel fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregadonacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecerla soberanía económica del país, garantizando la seguridadjurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia yequidad del crecimiento de la economía, para garantizar unajusta distribución de la riqueza mediante una planificaciónestratégica democrática participativa y de consulta abierta.

Artículo 300. La ley nacional establecerá las condicionespara la creación de entidades funcionalmente descentralizadaspara la realización de actividades sociales o empresariales,


con el objeto de asegurar la razonable productividad económicay social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.

Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la políticacomercial para defender las actividades económicas de lasempresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgara empresas y organismos o personas extranjeros regímenes másbeneficiosos que los establecidos para los nacionales. Lainversión extranjera est?sujeta a las mismas condiciones quela inversión nacional.

Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánicarespectiva, y por razones de conveniencia nacional, laactividad petrolera y otras industrias, explotaciones,servicios y bienes de interés público y de carácterestratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional dematerias primas provenientes de la explotación de los recursosnaturales no renovables, con el fin de asimilar, crear einnovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico,y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

Artículo 303. Por razones de soberanía económica, políticay de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad delas acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del entecreado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando lade las filiales, asociaciones estratégicas, empresas ycualquier otra que se haya constituido o se constituya comoconsecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos deVenezuela S.A.

Artículo 304. Todas las aguas son bienes de dominio públicode la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. Laley establecerá las disposiciones necesarias a fin degarantizar su protección, aprovechamiento y recuperación,respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios deordenación del territorio.

Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentablecomo base estratégica del desarrollo rural integral, y enconsecuencia garantizar?la seguridad alimentaria de lapoblación; entendida como la disponibilidad suficiente yestable de alimentos en el ámbito nacional y el accesooportuno y permanente a éstos por parte del públicoconsumidor. La seguridad alimentaria se alcanzar?desarrollandoy privilegiando la producción agropecuaria interna,


entendiéndose como tal la proveniente de las actividadesagrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción dealimentos es de interés nacional y fundamental al desarrolloeconómico y social de la Nación. A tales fines, el Estadodictará las medidas de orden financiero, comercial,transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,infraestructura, capacitación de mano de obra y otras quefueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos deautoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en elmarco de la economía nacional e internacional para compensarlas desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades depescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros depesca en aguas continentales y los próximos a la línea decosta definidos en la ley.

Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para eldesarrollo rural integral, con el propósito de generar empleoy garantizar a la población campesina un nivel adecuado debienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional.Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimode la tierra mediante la dotación de las obras deinfraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitacióny asistencia técnica.

Artículo 307. El régimen latifundista es contrario alinterés social. La ley dispondrá lo conducente en materiatributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá lasmedidas necesarias para su transformación en unidadeseconómicas productivas, rescatando igualmente las tierras devocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demásproductores o productoras agropecuarios tienen derecho a lapropiedad de la tierra, en los casos y formas especificados porla ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formasasociativas y particulares de propiedad para garantizar laproducción agrícola. El Estado velará por la ordenaciónsustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurarsu potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con elfin de facilitar fondos para financiamiento, investigación,asistencia técnica, transferencia tecnológica y otrasactividades que promuevan la productividad y la competitividad


del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a estamateria.

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la peque?a ymediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, asícomo también la empresa familiar, la microempresa y cualquierotra forma de asociación comunitaria para el trabajo, elahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, conel fin de fortalecer el desarrollo económico del país,sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará lacapacitación, la asistencia técnica y el financiamientooportuno.

Artículo 309. La artesanía e industrias populares típicas dela Nación, gozaran de protección especial del Estado, con elfin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidadescrediticias para promover su producción y comercialización.

Artículo 310. El turismo es una actividad económica deinterés nacional, prioritaria para el país en su estrategiade diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de lasfundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en estaConstitución, el Estado dictará las medidas que garanticen sudesarrollo. El Estado velará por la creación yfortalecimiento del sector turístico nacional.

Capítulo II

Del Régimen Fiscal y Monetario

Sección Primera: Del Régimen Presupuestario

Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y seráejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia,transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debeequilibrarse en el marco plurianual del presupuesto, de maneraque los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrirlos gastos ordinarios.

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional parasu sanción legal un marco plurianual para la formulaciónpresupuestaria que establezca los límites máximos de gasto yendeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestosnacionales. La ley establecerá las características de estemarco, los requisitos para su modificación y los términos de


su cumplimiento.

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza delsubsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiarla inversión real productiva, la educación y la salud.

Los principios y disposiciones establecidas para laadministración económica y financiera nacional, regularán lade los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.

Artículo 312. La ley fijará límites al endeudamientopúblico de acuerdo con un nivel prudente en relación con eltama?o de la economía, la inversión reproductiva y lacapacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de ladeuda pública. Las operaciones de crédito públicorequerirán, para su validez, una ley especial que lasautorice, salvo las excepciones que establezca la leyorgánica. La ley especial indicará las modalidades de lasoperaciones y autorizará los créditos presupuestarioscorrespondientes en la respectiva ley de presupuesto.

La ley especial de endeudamiento anual será presentada a laAsamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto.

El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídaspor órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con laley.

Artículo 313. La administración económica y financiera delEstado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente porley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional,en la oportunidad que se?ale la ley orgánica, el proyecto deLey de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa,no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de leyde presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o elmismo fuera rechazado por éste, seguirá vigente elpresupuesto del ejercicio fiscal en curso.

La Asamblea Nacional podrá alterar las partidaspresupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a ladisminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan elmonto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley dePresupuesto.


Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, laley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, elEjecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largoplazo para la política fiscal, y explicar?cómo dichosobjetivos serán logrados, de acuerdo con los principios deresponsabilidad y equilibrio fiscal.

Artículo 314. No se hará ningún tipo de gasto que no hayasido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrándecretarse créditos adicionales al presupuesto para gastosnecesarios no previstos o cuyas partidas resulteninsuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente conrecursos para atender a la respectiva erogación; a esteefecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejode Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, ensu defecto, de la Comisión Delegada.

Artículo 315. En los presupuestos públicos anuales de gastos,en todos los niveles de gobierno, se establecerá de maneraclara, para cada crédito presupuestario, el objetivoespecífico a que esté dirigido, los resultados concretos quese espera obtener y los funcionarios públicos o funcionariaspúblicas responsables para el logro de tales resultados.éstos se establecerán en términos cuantitativos, medianteindicadores de desempe?o, siempre que ello sea técnicamenteposible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis mesesposteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará ala Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance dela ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.

Sección Segunda: Del Sistema Tributario

Artículo 316. El sistema tributario procurará la justadistribución de las cargas publicas según la capacidadeconómica del o la contribuyente, atendiendo al principio deprogresividad, así como la protección de la economíanacional y la elevación del nivel de vida de la población, yse sustentará para ello en un sistema eficiente para larecaudación de los tributos.

Artículo 317. No podrá cobrarse impuesto, tasa, nicontribución alguna que no estén establecidos en la ley, niconcederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivosfiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree eltributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efecto


confiscatorio.

No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas enservicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio deotras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigadapenalmente.

En el caso de los funcionarios públicos o funcionariaspúblicas se establecerá el doble de la pena.

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. Enausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta díascontinuos. Esta disposición no limita las facultadesextraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casosprevistos por esta Constitución.

La administración tributaria nacional gozará de autonomíatécnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado porla Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada porel Presidente o Presidenta de la República, de conformidad conlas normas previstas en la ley.

Sección Tercera: Del Sistema Monetario Nacional

Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacionalserán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el BancoCentral de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Centralde Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar elvalor interno y externo de la unidad monetaria. La unidadmonetaria de la República Bolivariana de Venezuela es elbolívar. En caso de que se instituya una moneda común en elmarco de la integración latinoamericana y caribe?a, podráadoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscribala República.

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derechopúblico con autonomía para la formulación y el ejercicio delas políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuelaejercerá sus funciones en coordinación con la políticaeconómica general, para alcanzar los objetivos superiores delEstado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Centralde Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y


ejecutar la política monetaria, participar en el dise?o yejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el créditoy las tasas de interés, administrar las reservasinternacionales, y todas aquellas que establezca la ley.

Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se regirá por elprincipio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirácuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticasante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. Tambiénrendirá informes periódicos sobre el comportamiento de lasvariables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntosque se le soliciten, e incluirán los análisis que permitan suevaluación. El incumplimiento sin causa justificada delobjetivo y de las metas, dará lugar a la remoción deldirectorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con laley.

El Banco Central de Venezuela estará sujeto al controlposterior de la Contraloría General de la República y a lainspección y vigilancia del organismo publico de supervisiónbancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones querealice a la Asamblea Nacional. El presupuesto de gastos defuncionamiento e inversiones del Banco Central de Venezuelarequerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional,y sus cuentas y balances serán objeto de auditorias externasen los términos que fije la ley.

Sección Cuarta: De la Coordinación Macroeconómica

Artículo 320. El Estado debe promover y defender laestabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de laeconomía y velar por la estabilidad monetaria y de precios,para asegurar el bienestar social.

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central deVenezuela contribuirá a la armonización de la políticafiscal con la política monetaria, facilitando el logro de losobjetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones elBanco Central de Venezuela no estará subordinado a directivasdel Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiarpolíticas fiscales deficitarias.

La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del BancoCentral de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual depolíticas, en el cual se establecerán los objetivos finales


de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo einflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria ymonetaria, así como los niveles de las variables intermedias einstrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivosfinales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente oPresidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular delministerio responsable de las finanzas, y divulgará en elmomento de la aprobación del presupuesto por la AsambleaNacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes delacuerdo que las acciones de política sean consistentes con susobjetivos. En dicho acuerdo se especificarár los resultadosesperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos.La ley establecerá las características del acuerdo anual depolítica económica y los mecanismos de rendición de cuentas.

Artículo 321. Se establecerá por ley un fondo deestabilización macroeconómica destinado a garantizar laestabilidad de los gastos del Estado en los niveles nacional,regional y municipal, ante las fluctuaciones de los ingresosordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendráncomo principios básicos la eficiencia, equidad y nodiscriminación entre las entidades públicas que aportenrecursos al mismo.

TíTULO VII

DE LA SEGURIDAD DE LA NACIóN

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Artículo 322. La seguridad de la Nación es competenciaesencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en eldesarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad delos venezolanos y venezolanas; también de las personasnaturales y jurídicas, tanto de derecho público como dederecho privado, que se encuentren en el espacio geográficonacional.

Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es elmáximo órgano de consulta para la planificación yasesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionadoscon la defensa integral de la Nación, su soberanía y la


integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, lecorresponde también establecer el concepto estratégico de laNación. Presidido por el Presidente o Presidenta de laRepública, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivoo Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de laAsamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del TribunalSupremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del ConsejoMoral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectoresde la defensa, la seguridad interior, las relaciones exterioresy la planificación, y otros cuya participación se considerepertinente. La ley orgánica respectiva fijará suorganización y atribuciones.

Artículo 324. Sólo el Estado puede poseer y usar armas deguerra. Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en elpaís, pasarán a ser propiedad de la República sinindemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será lainstitución competente para reglamentar y controlar, deacuerdo con la ley respectiva la fabricación, importación,exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control,inspección, comercio, posesión y uso de otras armas,municiones y explosivos.

Artículo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva laclasificación y divulgación de aquellos asuntos que guardenrelación directa con la planificación y ejecución deoperaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en lostérminos que la ley establezca.

Capítulo II

De los Principios de Seguridad de la NaciónArtículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en lacorrespondencia entre el Estado y la sociedad civil para darcumplimiento a los principios de independencia, democracia,igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción yconservación ambiental y afirmación de los derechos humanos,así como en la satisfacción progresiva de las necesidadesindividuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas,sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo deplena cobertura para la comunidad nacional. El principio de lacorresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico,social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en


el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad dela Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridadde fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en loeconómico y social, poblamiento y utilización seránregulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parquesnacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allíasentados y demás áreas bajo régimen de administraciónespecial.

Capítulo III

De la Fuerza Armada Nacional

Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye unainstitución esencialmente profesional, sin militanciapolítica, organizada por el Estado para garantizar laindependencia y soberanía de la Nación y asegurar laintegridad del espacio geográfico, mediante la defensamilitar, la cooperación en el mantenimiento del orden internoy la participación activa en el desarrollo nacional, deacuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento desus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y enningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Suspilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y lasubordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada porel Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional,que funcionan de manera integral dentro del marco de sucompetencia para el cumplimiento de su misión, con un régimende seguridad social integral propio, según lo establezca surespectiva ley orgánica.

Artículo 329. El Ejército, la Armada y la Aviación tienencomo responsabilidad esencial la planificación, ejecución ycontrol de las operaciones militares requeridas para asegurarla defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en eldesarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidadbásica la conducción de las operaciones exigidas para elmantenimiento del orden interno del país. La Fuerza ArmadaNacional podrá ejercer las actividades de policíaadministrativa y de investigación penal que le atribuya laley.

Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza ArmadaNacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio


de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar acargo de elección popular, ni participar en actos depropaganda, militancia o proselitismo político.

Artículo 331. Los ascensos militares se obtienen por mérito,escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de laFuerza Armada Nacional y estarán regulados por la leyrespectiva.

Capítulo IV

De los órganos de Seguridad Ciudadana

Artículo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener yrestablecer el orden público, proteger al ciudadano ociudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de lasautoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de lasgarantías y derechos constitucionales, de conformidad con laley, organizará:

Un cuerpo uniformado de policía nacional. 1.Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y2.criminalísticas. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de3.emergencias de carácter civil. Una organización de protección civil y administración4.de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil yrespetarán la dignidad y los derechos humanos, sindiscriminación alguna.

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituyeuna competencia concurrente con los Estados y Municipios en lostérminos establecidos en esta Constitución y la ley.

TíTULO VIII

DE LA PROTECCIóN DE LA CONSTITUCIóN

Capítulo I

De la Garantía de la Constitución

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia sidejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada


por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadanainvestida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar enel restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, enel ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en estaConstitución y en la ley, están en la obligación de asegurarla integridad de la Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una leyu otra norma jurídica, se aplicarán las disposicionesconstitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquiercausa, aun de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional,declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganosque ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa einmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.

Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará lasupremacía y efectividad de las normas y principiosconstitucionales; será el máximo y último intérprete de laConstitución y velará por su uniforme interpretación yaplicación. Las interpretaciones que establezca la SalaConstitucional sobre el contenido o alcance de las normas yprincipios constitucionales son vinculantes para las otrasSalas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales dela República.

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia:

Declarar la nulidad total o parcial de las leyes1.nacionales y demás actos con rango de ley de la AsambleaNacional que colidan con esta Constitución. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones2.y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demásactos de los cuerpos deliberantes de los Estados yMunicipios dictados en ejecución directa e inmediata dela Constitución y que colidan con ésta. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango3.


de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan conesta Constitución. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en4.ejecución directa e inmediata de la Constitución,dictados por cualquier otro órgano estatal en ejerciciodel Poder Público. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la5.República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de laConstitución con los tratados internacionales suscritospor la República antes de su ratificación. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la6.constitucionalidad de los decretos que declaren estados deexcepción dictados por el Presidente o Presidenta de laRepública. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo7.municipal, estada o nacional, cuando haya dejado de dictarlas normas o medidas indispensables para garantizar elcumplimiento de la Constitución, o las haya dictado enforma incompleta, y establecer el plazo y, de sernecesario, los lineamientos de su Resolver las colisiones que existan entre diversas8.disposiciones legales y declarar cuál de éstas debeprevalecer. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten9.entre cualesquiera de los órganos del Poder Público. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de10.control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicasdictadas por los Tribunales de la República, en lostérminos establecidos por la ley orgánica. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.11.

Capítulo II

De los Estados de Excepción

Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, enConsejo de Ministros, podrá decretar los estados deexcepción. Se califican expresamente como tales lascircunstancias de orden social, económico, político, naturalo ecológico, que afecten gravemente la seguridad de laNación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas,a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de lascuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En talcaso, podrán ser restringidas temporalmente las garantíasconsagradas en esta Constitución, salvo las referidas a losderechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura,


el derecho al debido proceso, el derecho a la información ylos demás derechos humanos intangibles.

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando seproduzcan catástrofes, calamidades públicas u otrosacontecimientos similares que pongan seriamente en peligro laseguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dichoestado de excepción durará hasta treinta días, siendoprorrogable por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando sesusciten circunstancias económicas extraordinarias que afectengravemente la vida económica de la Nación. Su duración seráde sesenta días prorrogables por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterioren caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente enpeligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de susinstituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendoprorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepcióncorresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regularálos estados de excepción y determinará las medidas que puedenadoptarse con base en los mismos.

Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción,en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantíase restringe, será presentado, dentro de los ocho díassiguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a laComisión Delegada, para su consideración y aprobación, y ala Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, paraque se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decretocumplirá con las exigencias, principios y garantíasestablecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos y en la Convención Americana sobre DerechosHumanos. El Presidente o Presidenta de la República podrásolicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado porel Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por suComisión Delegada, antes del término se?alado, al cesar lascausas que lo motivaron.

La declaratoria del estado de excepción no interrumpe elfuncionamiento de los órganos del Poder Público.


TíTULO IX

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Capítulo I

De las EnmiendasArtículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición omodificación de uno o varios artículos de la Constitución,sin alterar su estructura fundamental.

Artículo 341. Las enmiendas a la Constitución se tramitaránen la forma siguiente:

La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los1.ciudadanos o ciudadanas inscritas en el registro civil yelectoral; o de un treinta por ciento de los integrantesde la Asamblea Nacional o del Presidente o Presidenta dela República en Consejo de Ministros. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la2.enmienda requerirá la aprobación de ésta por lamayoría de sus integrantes y se discutirá, según elprocedimiento establecido en esta Constitución para laformación de leyes. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a3.los treinta días siguientes a su recepción formal. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo4.establecido en esta Constitución y la ley respecto alreferendo aprobatorio. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se5.publicarán a continuación de la Constitución sinalterar el texto de ésta, pero anotando al pie delartículo o artículos enmendados la referencia de númeroy fecha de la enmienda que lo modificó.

Capítulo II

De la Reforma ConstitucionalArtículo 342. La reforma constitucional tiene por objeto unarevisión parcial de esta Constitución y la sustitución deuna o varias de sus normas que no modifiquen la estructura yprincipios fundamentales del texto Constitucional.

La iniciativa de la Reforma de la Constitución la ejerce laAsamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la


mayoría de sus integrantes, por el Presidente o Presidenta dela República en Consejo de Ministros o a solicitud de unnúmero no menor del quince por ciento de los electoresinscritos y electoras inscritas en el registro civil yelectoral.

Artículo 343. La iniciativa de reforma constitucional serátramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente:

El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera1.discusión en el período de sesiones correspondiente a lapresentación del mismo. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según2.fuera el caso. Una tercera y última discusión artículo por artículo.3.La Asamblea Nacional aprobar?el proyecto de reforma4.constitucional en un plazo no mayor de dos as, contados apartir de la fecha en la cual conoci?y aprob?la solicitudde reforma. El proyecto de reforma se considerar?aprobado con el voto5.de las dos terceras partes de los integrantes de laAsamblea Nacional.

Artículo 344. El proyecto de reforma constitucional aprobadopor la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de lostreinta días siguientes a su sanción. El referendo sepronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarseseparadamente hasta una tercera parte de ella, si así loaprobara un número no menor de una tercera parte de laAsamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lohubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la Repúblicao un número no menor del cinco por ciento de los electoresinscritos o electoras inscritas en el registro civil yelectoral.

Artículo 345. Se declarará aprobada la Reforma Constitucionalsi el número de votos afirmativos es superior al número devotos negativos. La iniciativa de reforma constitucionalrevisada no podrá presentarse de nuevo en un mismo períodoconstitucional a la Asamblea Nacional.

Artículo 346. El Presidente o Presidenta de la Repúblicaestará obligado a promulgar las enmiendas y reformas dentro delos diez días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere,se aplicará lo previsto en esta Constitución.


Capítulo III

De la Asamblea Nacional Constituyente

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario delpoder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder,puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con elobjeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamientojurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la AsambleaNacional Constituyente podrá hacerla el Presidente oPresidenta de la República en Consejo de Ministros; laAsamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partesde sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos,mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y elquince por ciento de los electores inscritos y electoras en elregistro electoral.

Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República nopodrá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir lasdecisiones de la Asamblea Constituyente.

A efectos de la promulgación de la nueva Constitución, éstase publicará en la Gaceta Oficial de la República deVenezuela o en la Gaceta de la Asamblea Constituyente.

Artulo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradicirepublicana, a su lucha por la independencia, la paz, y lalibertad, desconocer?cualquier rimen, legislaci o autoridad quecontrar los valores, principios y garants democricas omenoscabe los derechos humanos.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

única. Queda derogada la Constitución de la República deVenezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientossesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrásu vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución.

DISPOSICIONES TRANSITORIASPrimera. La ley especial sobre el régimen del Distrito


Capital, prevista en el artículo 18 de esta Constitución,será aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, ypreservará la integridad territorial del Estado Miranda.Mientras se aprueba la ley especial, se mantiene en vigencia elrégimen previsto en la Ley Orgánica del Distrito Federal y enla Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Segunda. Mientras se dicta la ley prevista en el artículo 38de esta Constitución, sobre adquisición, opción, renuncia yrecuperación de la nacionalidad, se considerarán condomicilio en Venezuela los extranjeros o extranjeras quehabiendo ingresado y permanecido legalmente en el territorionacional, hayan declarado su intención de fijar domicilio enel país, tengan medios lícitos de vida y hayan residido enVenezuela ininterrumpidamente durante dos a?os.

Por residencia se entenderá la estadía en el país con ánimode permanecer en él. Las declaraciones de voluntad previstasen los artículos 32, 33 y 36 de esta Constitución se haránen forma auténtica por la persona interesada cuando sea mayorde edad, o por su representante legal, si no ha cumplidoveintiún a?os

Tercera. La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seismeses siguientes a su instalación, aprobará:

Una reforma parcial del Código Penal para incluir el1.delito de desaparición forzada de personas, previsto enel artículo 45 de esta Constitución. Mientras no seapruebe esta reforma se aplicará, en lo que sea posible,la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzadade Personas. Una ley orgánica sobre estados de excepción. 2.Una ley especial para establecer las condiciones y3.características de un régimen especial para losMunicipios José Antonio Paéz y Rómulo Gallegos, delEstado Apure. Para la realización de esta ley, debeoírse la opinión del Presidente o Presidenta de laRepública, la Fuerza Armada Nacional, la representaciónque designe la Región en cuestión y demás institucionesinvolucradas en la problemática fronteriza.

Cuarta. Dentro del primer a?o, contado a partir de suinstalación, la Asamblea Nacional aprobará:

La legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea1.


mediante ley especial o reforma del Código Penal.Una ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados2.o asiladas, acorde con los términos de esta Constitucióny los tratados internacionales ratificados por Venezuelasobre la materia.Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un3.nuevo régimen para el derecho a prestaciones socialesconsagrado en el artículo 92 de esta Constitución, elcual integrará el pago de este derecho de formaproporcional al tiempo de servicio y calculado deconformidad con el último salario devengado,estableciendo un lapso para su prescripción de diez a?os.Durante este lapso, mientras entre en vigencia la reformade la ley seguirá aplicándose de forma transitoria elrégimen de la prestación de antigüedad establecido enla Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo,contemplará un conjunto de normas integrales que regulenla jornada laboral y propendan a su disminuciónprogresiva, en los términos previstos en los acuerdos yconvenios de la Organización Internacional del Trabajosuscritos por la República.Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el4.funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma yespecializada, y la protección del trabajador otrabajadora en los términos previstos en estaConstitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesaldel Trabajo estará orientada por los principios degratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad dela realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juezen el proceso.La legislación referida al Sistema Judicial, la5.Administración Pública Nacional, el Poder Ciudadano, elPoder Electoral, la legislación tributaria, de rimenpresupuestario y de crito plico.Una ley orgánica sobre la defensa pública. Hasta tantono se sancione dicha ley, la Comisión de Funcionamiento yReestructuración del Sistema Judicial, estará a cargodel desarrollo y operatividad efectiva del SistemaAutónomo de la Defensa Pública, a los fines degarantizar el derecho a la defensa.Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal,6.estableciendo, con apego a los principios y normas de estaConstitución, los tributos que la componen, losmecanismos de su aplicación y las disposiciones que la


regulen.La legislación que desarrolle los principios7.constitucionales sobre el régimen municipal. Deconformidad con ella, los órganos legislativos de losEstados procederán a sancionar los instrumentosnormativos que correspondan a la potestad organizadora quetienen asignada con respecto a los Municipios y demásentidades locales, y a la división político territorialen cada jurisdicción. Se mantienen los Municipios yparroquias existentes hasta su adecuación al nuevorégimen previsto en dicho ordenamiento.La ley a la cual se ajustará el Banco Central de8.Venezuela. Dicha ley fijará, entre otros aspectos, elalcance de las funciones y forma de organización delinstituto; el funcionamiento, período, forma deelección, remoción, régimen de incompatibilidades yrequisitos para la designación de su Presidente oPresidenta y Directores o Directoras; las reglas contablespara la constitución de sus reservas y el destino de susutilidades; la auditoria externa anual de las cuentas ybalances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadaspor el Ejecutivo Nacional; y el control posterior porparte de la Contraloría General de la República en loque se refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad,eficacia y eficiencia de la gestión administrativa delBanco Central de Venezuela.La ley establecerá que el Presidente o Presidenta ydemás integrantes del Directorio del Banco Central deVenezuela representarán exclusivamente el interés de laNación, a cuyo efecto fijará un procedimiento públicode evaluación de los méritos y credenciales de laspersonas postuladas a dichos cargos.La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá,al menos, la designación de la mitad de los Directores oDirectoras y del Presidente o Presidenta del Banco Centralde Venezuela y establecerá los términos departicipación del Poder Legislativo Nacional en ladesignación y ratificación de estas autoridades.La ley del cuerpo de policía nacional. En dicha ley se9.establecerá el mecanismo de integración del CuerpoTécnico de Vigilancia del Tránsito y TransporteTerrestre al cuerpo de policía nacional.

Quinta. En el término no mayor de un a?o a partir de laentrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea


Nacional dictará una reforma del Código OrgánicoTributario que establezca, entre otros aspectos:

La interpretación estricta de las leyes y normas1.tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a susignificación económica, a fin de eliminarambigüedades. La eliminación de excepciones al principio de no2.retroactividad de la ley. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto3.de dotar con mejores instrumentos a laadministración tributaria. Eliminar la prescripción legal para delitos4.tributarios graves, los cuales deben ser tipificadosen el Código Orgánico Tributario. La ampliación de las penas contra asesores o5.asesoras, bufetes de abogados o abogadas, auditoresexternos o auditoras externas y otros profesionalesque actúen en complicidad para cometer delitostributarios, incluyendo perdos de inhabilitación enel ejercicio de la profesión. La ampliación de las penas y la severidad de las6.sanciones contra delitos de evasión fiscal,aumentando los perdos de prescripción. La revisión de atenuantes y agravantes de las7.sanciones para hacerlas más estrictas. La ampliación de las facultades de la8.administración tributaria en materia defiscalización. El incremento del interés moratorio para disuadir la9.evasión fiscal. La extensión del principio de solidaridad, para10.permitir que los directores o directoras, o asesoreso asesoras respondan con sus bienes en caso deconvalidar delitos tributarios. La introducción de procedimientos administrativos11.más expeditos.

Sexta. La Asamblea Nacional en un lapso de dos a?oslegislará sobre todas las materias relacionadas con estaConstitución. Se le dará prioridad a las leyesorgánicas sobre pueblos indígenas, educación yfronteras.

Séptima. A los fines previstos en el artículo 125 de


esta Constitución, mientras se apruebe la ley orgánicacorrespondiente, la elección de los y las representantesindígenas a la Asamblea Nacional y a los ConsejosLegislativos estadales y municipales se regirá por lossiguientes requisitos de postulación y mecanismos:

Todas las comunidades u organizaciones indígenas podránpostular candidatos y candidatas que sean indígenas.

Es requisito indispensable para ser candidato o candidatahablar su idioma indígena, y cumplir con, al menos, unade las siguientes condiciones:

Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en1.su respectiva comunidad. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro2.del reconocimiento de su identidad cultural. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos3.y comunidades indígenas. Pertenecer a una organización indígena legalmente4.constituida con un mínimo de tres a?os defuncionamiento.

Se establecerán tres regiones: Occidente, compuesta porlos Estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur, compuesta porlos Estados Amazonas y Apure; y Oriente, compuesta por losEstados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui ySucre.

Cada uno de los Estados que componen las regiones elegiráun representante. El Consejo Nacional Electoral declararáelecto al candidato o candidata que hubiere obtenido lamayoría de los votos válidos en su respectiva región ocircunscripción.

Los candidatos y las candidatas indígenas estarán en eltarjetón de su respectivo Estado o circunscripción ytodos los electores o electoras de ese Estado los podránvotar.

Para los efectos de la representación indígena alConsejo Legislativo y a los Concejos Municipales conpoblación indígena, se tomará el censo oficial de 1992de la Oficina Central de Estadística e Informática, ylas elecciones se realizarán de acuerdo con las normas yrequisitos aquí establecidos.


El Consejo Nacional Electoral garantizará con apoyo deexpertos indigenistas y organizaciones indígenas elcumplimiento de los requisitos aquí se?alados.

Octava. Mientras se promulgan las nuevas leyes electoralesprevistas en esta Constitución los procesos electoralesserán convocados, organizados, dirigidos y supervisadospor el Consejo Nacional Electoral.

Para el primer período del Consejo Nacional Electoral,previsto en esta Constitución, todos sus integrantesserán designados o designadas simultáneamente. En lamitad del período, dos de sus integrantes seránrenovados de acuerdo con lo establecido en la leyorgánica correspondiente.

Novena. Mientras se dictan las leyes relativas alCapítulo IV del Título V, se mantendrán en vigencia lasleyes orgánicas del Ministerio Público y de laContraloría General de la República. En cuanto a laDefensoría del Pueblo, el o la titular será designado odesignada de manera provisoria por la Asamblea NacionalConstituyente. El Defensor o Defensora del Puebloadelantará lo correspondiente a la estructuraorganizativa, integración, establecimiento de presupuestoe infraestructura física, tomando como bases lasatribuciones que le establece la Constitución.

Décima. Lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 deesta Constitución, sobre la obligación que tienen losEstados de destinar un mínimo del cincuenta por cientodel situado constitucional a la inversión, entrará envigencia a partir del primero de enero del a?o dos miluno.

Decimoprimera. Hasta tanto se dicte la legislaciónnacional relativa al régimen de las tierras baldías, laadministración de las mismas continuará siendo ejercidapor el Poder Nacional, conforme a la legislación vigente.

Decimosegunda. La demarcación del hábitat indígena, aque se refiere el artículo 119 de esta Constitución, serealizará dentro del lapso de dos a?os contados a partir


de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución.

Decimotercera. Hasta tanto los Estados asuman por leyestadal las competencias referidas en el numeral 7 delartículo 164 de esta Constitución, se mantendrá elrégimen vigente.

Decimocuarta. Hasta tanto se dicte la legislación quedesarrolle los principios de esta Constitución sobre elrégimen municipal, continuarán plenamente vigentes lasordenanzas y demás instrumentos normativos de losMunicipios, relativos a las materias de su competencia yal ámbito fiscal propio, que tienen atribuido conforme alordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción deesta Constitución.

Decimoquinta. Hasta tanto se apruebe la legislación a quese refiere el artículo 105 de esta Constitución, semantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicableantes de la sanción de esta Constitución.

Decimosexta. Para el enriquecimiento del acervo históricode la nación, el cronista de la Asamblea NacionalConstituyente coordinará lo necesario para salvaguardarlos documentos escritos, videos, digitales, fotográficos,hemerográficos, audio y cualquier otra forma de documentoelaborado.

Todos estos documentos quedarán bajo la protección delArchivo General de la Nación.

Decimoséptima. El nombre de la República una vezaprobada esta Constitución será ?República Bolivarianade Venezuela?, tal como está previsto en su artículouno. Es obligación de las autoridades e instituciones,tanto públicas como privadas, que deban expedirregistros, títulos o cualquier otro documento, utilizarel nombre de ?República Bolivariana de Venezuela?, demanera inmediata.

En trámites rutinarios las dependencias administrativasagotarán el inventario documental de papelería; surenovación se hará progresivamente con la mencionadadenominación, en un plazo que no extenderá más allá decinco a?os.


La circulación de monedas acu?adas y billetes emitidoscon el nombre de ?República de Venezuela?, estaráregulada por la Reforma de la Ley del Banco Central deVenezuela contemplada en la Disposición TransitoriaCuarta de esta Constitución, en función de hacer latransición a la denominación ?República Bolivariana deVenezuela?.

Decimoctava. A los fines de asegurar la vigencia de losprincipios establecidos en el artículo 113 de estaConstitución, la Asamblea Nacional dictará una ley queestablezca, entre otros aspectos, el organismo desupervisión, control y fiscalización que deba asegurarla efectiva aplicación de estos principios y lasdisposiciones y demás reglas que los desarrollen.

La persona que presida o dirija este organismo, serádesignada por el voto de la mayoría de los diputados odiputadas a la Asamblea Nacional, previo informe favorablede una comisión especial designada de su seno al efecto.

La ley establecerá que los funcionarios o funcionarias dela Administración Pública y los jueces o juezas llamadosa conocer y decidir las controversias relacionadas con lasmaterias a que se refiere dicho artículo, observen, concarácter prioritario y excluyente, los principios allídefinidos, y se abstendrán de aplicar cualquierdisposición susceptible de generar efectos contrarios aellos.

La ley establecerá en las concesiones de serviciospúblicos, la utilidad para el concesionario oconcesionaria y el financiamiento de las inversionesestrictamente vinculadas a la prestación del servicio,incluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridadcompetente considere razonables y apruebe en cada caso.

DISPOSICIóN FINALúnica. Esta Constitución entrará en vigencia el mismodía de su publicación en la Gaceta Oficial de laRepública de Venezuela, después de su aprobación por elpueblo mediante referendo.


Dado, firmado y sellado en Caracas, a los diecisiete díasdel mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-A?o 189° de la Independencia y 140° de la Federación.

El Presidente,

Luis MiquilenaEl Primer Vicepresidente,

Isaías RodríguezEl Segundo Vicepresidente,

Aristóbulo IstúrizLos Constituyentes,

Los Secretar

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