LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL DEL ESTADO...
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL DEL ESTADO COSTARRICENSE: ¿HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL JUAN FÉLIX BARRANTES CASTRO CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO SAN JOSÉ, COSTA RICA 2020
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL DEL ESTADO
COSTARRICENSE: ¿HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN?
TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
JUAN FÉLIX BARRANTES CASTRO
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO
SAN JOSÉ, COSTA RICA
2020
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“…Del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de todas, así como del oro las
mercancías y de las mercancías el oro". - Heráclito de Éfeso: Fr. 90.
“El aspecto más sencillo del orden histórico es la ampliación progresiva del control de la humanidad sobre la naturaleza exterior, a través de la invención y del descubrimiento de
herramientas y de procesos más eficientes. Marx y Engels fueron los primeros en observar que este desarrollo tecnológico es el fundamento del conjunto histórico, porque condiciona y
limita las restantes actividades humanas. Pues para poder actuar, las personas deben vivir. Pero las invenciones y los descubrimientos son los medios de producción a disposición de la
sociedad, y constituyen el equipo que permite a los seres humanos procurarse alimento, calor, abrigo, y todo lo que, de tanto en tanto, consideran necesario para la vida y para la
reproducción y multiplicación de la especie. Con arreglo a la concepción materialista de la historia, la posibilidad del cambio histórico depende de las transformaciones sufridas por
este conjunto de instrumentos, los medios de producción”. - Childe, 1947, pág. 96.
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Singer, A. (2005). The History of Technology. Extraído de https://www.andysinger.com/
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Agradecimientos
A mi familia por apoyarme incondicionalmente en mis metas.
A mis amigos y amigas, por todo el cariño y la motivación que me dan siempre.
A la directora y los lectores que conforman el comité asesor, por ayudarme y orientarme a lo
largo de este proceso.
A las personas entrevistadas, quienes de forma muy amable y solidaria dedicaron de su tiempo
y compartieron de su conocimiento conmigo, brindándome información indispensable para
poder realizar esta investigación.
A todas las personas que me apoyan y me motivan a seguir adelante.
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Resumen
Barrantes, J. (2020). Las Políticas de Inclusión Digital del Estado Costarricense: ¿Hacia
la Sociedad de la Información? Tesis para optar por el grado de Licenciatura en
Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica.
El presente Trabajo Final de Graduación se titula: Las Políticas de Inclusión Digital del
Estado Costarricense: ¿Hacia la Sociedad de la Información? y posiciona como temática el
análisis de las políticas públicas de inclusión digital que entraron en vigor en Costa Rica en el
año 2008.
El abordaje del tema se hace desde un enfoque teórico marxista de análisis de las
políticas públicas, perspectiva que parte de que las políticas en las sociedades capitalistas, se
explican a partir del conflicto político entre clases sociales que encierra el Estado. Por lo que
constituye un análisis histórico-crítico de estas, en el marco del nuevo mercado global de las
telecomunicaciones.
Para ello, se postula como objeto de estudio: las políticas públicas de inclusión digital
del Estado Costarricense en el periodo 2008-2018 y su papel en la vinculación del país con el
modelo de desarrollo denominado Sociedad de la Información.
En el capítulo I, se recupera el proceso de investigación, describiendo el ejercicio
intelectivo mediante el cual se abordó el objeto de estudio y se llegó a los resultados alcanzados.
El capítulo II, contiene una reconstrucción histórica sobre el desarrollo del servicio
público de telecomunicaciones en el país y la eventual aprobación de las políticas públicas de
inclusión digital. En este, se exploran los diferentes elementos y fenómenos socio-históricos
que se concatenan para dar origen a las políticas públicas de inclusión digital.
En el tercer capítulo, se realiza un análisis de los intereses político-ideológicos
implícitos en las políticas. Para esto, el abordaje se desarrolla en articulación con un análisis
de los fundamentos de la Sociedad de la Información y los intereses que mediaron en su
inserción en el país.
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En el cuarto capítulo, se realiza un análisis sobre el modelo empleado por el Estado
costarricense para el desarrollo de las políticas de inclusión digital. En este se estudian aspectos
como los principales actores, planes de desarrollo, así como los programas y proyectos
empleados para cumplir con el compromiso de eliminar la brecha digital.
Por último, se realizan algunas conclusiones a través de las cuales se plantea una
respuesta al problema que guía la investigación y una reflexión final sobre el tema. Además,
se idea un conjunto de recomendaciones dirigidas a la profesión, el Estado y futuras
investigaciones afines a la temática.
Directora de la Investigación: MSc. Heilen Díaz Gutiérrez.
Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social.
Palabras Clave: Inclusión Digital, Brecha Digital, Sociedad de la Información,
Tecnologías de la Información y el Conocimiento, Políticas Públicas, Globalización,
Derechos Humanos, Solidaridad, Universalidad.
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Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................................... 1
Capítulo I: El ejercicio de Investigación ............................................................................................. 5
1.1 Antecedentes de investigación del tema ....................................................................................... 5
1.1.1 Antecedentes de estudio del desarrollo tecnológico en América Latina ................................ 6
1.1.2 Sobre el modelo Sociedad de la Información en la región ..................................................... 7
1.1.3 Apertura del mercado Costarricense de Telecomunicaciones .............................................. 12
1.1.4 Sobre las políticas públicas de inclusión digital .................................................................. 13
1.1.5 Conclusiones ........................................................................................................................ 15
1.2 Fundamentación del problema y objeto de estudio ..................................................................... 16
1.2.1 Justificación ......................................................................................................................... 16
1.2.2 Objeto de Estudio ................................................................................................................. 19
1.2.3 Problema de estudio ............................................................................................................. 19
1.3 Objetivos de la investigación ...................................................................................................... 20
1.3.1 Objetivo General .................................................................................................................. 20
1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 20
1.4 Fundamento Teórico ................................................................................................................... 20
1.5 Estrategia metodológica .............................................................................................................. 37
1.5.1 De lo abstracto a lo concreto ................................................................................................ 39
1.5.2 Recolección de la Información (Camino de Ida) ................................................................. 40
1.5.3 Triangulación de la Información (Camino de vuelta) .......................................................... 44
Capítulo II. Historia de las Políticas Públicas de Inclusión Digital en Costa Rica ....................... 50
2.1 Historia del Servicio Público de Telecomunicaciones en Costa Rica ......................................... 52
2.1.1 Inicios del servicio de Teléfono y Telégrafo ........................................................................ 52
2.1.2 Monopolio privado (1895-1963) .......................................................................................... 53
2.1.3 Monopolio Estatal (1963-2008) ........................................................................................... 59
2.2 Antecedentes de las políticas públicas de inclusión digital en Costa Rica ................................. 77
2.2.1 Programa Nacional de Informática (1990-1994) ................................................................. 79
2.2.2 Programa Nacional para el Desarrollo Tecnológico (1994-1998) ....................................... 80
2.2.3 Programa Impulso (1998-2002) ........................................................................................... 81
2.2.4 Plan de Gobierno Digital (2002-2006) ................................................................................. 82
2.2.5 Programa Gobierno Digital (2006-2010) ............................................................................. 83
2.3 Breve historia de la Sociedad de la Información ........................................................................ 86
2.4 Políticas Públicas de Inclusión Digital del Estado Costarricense (2008-2018) .......................... 93
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2.5 Conclusiones ............................................................................................................................. 102
Capítulo III. Fundamentación de las políticas públicas de inclusión digital en Costa Rica ....... 105
3.1 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ..... 109
3.2 Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información Informes Finales ................................ 113
3.3 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) .............................................................................................................................................. 118
3.3.1 Anexo XIII: Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Telecomunicaciones .................................................................................................................................................... 120
3.4 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 ........................................................................................................ 124
3.5 Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 ........................................................................ 130
3.6 Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones ................................................... 139
3.6.1 Principios de los Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones ................ 140
3.6.2 Discursos políticos ubicados en los Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones .................................................................................................................... 142
3.7 Conclusiones ............................................................................................................................. 146
Capítulo IV: El modelo costarricense de política pública de Inclusión Digital ........................... 153
4.1 Principales actores y mecanismos del modelo costarricense .................................................... 154
4.1.1 Régimen de Garantías Sociales: Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad ..... 154
4.1.2 El Viceministerio de Telecomunicaciones y los PNDT ..................................................... 156
4.1.3 Agenda Digital y Agenda de Solidaridad Digital .............................................................. 158
4.1.4 SUTEL y FONATEL ......................................................................................................... 159
4.1.5 Red de Actores Interinstitucionales ................................................................................... 164
4.2 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009 - 2014: “Costa Rica: Un país en la senda digital” .................................................................................................................................. 166
4.2.1 Elaboración del PNDT 2009-20014 ................................................................................... 167
4.2.2 Lineamientos para la elaboración del PNDT 2009-2014 ................................................... 169
4.2.3 Ejes del PNDT 2009-2014 ................................................................................................. 171
4.2.4 Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014 ......................................................................... 173
4.2.5 Programas y proyectos de FONATEL 2009-2014 ............................................................. 178
4.2.6 Seguimiento y Evaluación del PNDT 2009-2014 .............................................................. 182
4.3 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015 - 2021: “Costa Rica: Una Sociedad Conectada” ...................................................................................................................... 184
4.3.1 Elaboración del PNDT 2015-2021 ..................................................................................... 185
4.3.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 ............................................... 189
4.3.3 Pilares del PNDT 2015-2021 ............................................................................................. 190
4.3.4 Agenda de Solidaridad Digital 2015-2021 ......................................................................... 192
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4.3.5 Programas y Proyectos de FONATEL 2015-2021 ............................................................. 194
4.3.6 Programas y Proyectos de Alfabetización Digital ............................................................. 202
4.3.7 Seguimiento y Evaluación del PNDT 2015-2021 .............................................................. 204
4.4 Conclusiones ............................................................................................................................. 205
Conclusiones Generales .................................................................................................................... 209
Recomendaciones .............................................................................................................................. 217
Bibliografía ........................................................................................................................................ 219
Anexos ................................................................................................................................................ 232
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Índice de Figuras
Figura 1: Recuadro lista de documentos estudiados. ............................................................... 41
Figura 2:Recuadro lista de personas entrevistadas .................................................................. 42
Figura 3. Línea de tiempo desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. Periodo 1860-
1988.......................................................................................................................................... 67
Figura 4: Principales antecedentes de las políticas públicas de inclusión digital .................... 86
Figura 5: Gráfico de inserción de la telefonía celular en Costa Rica 2008-2015. ................... 99
Figura 6: Índice de Brecha Digital 2016- 2018 ..................................................................... 100
Figura 7: Resumen Historia de las Políticas de Públicas de Inclusión Digital en Costa Rica.
................................................................................................................................................ 101
Figura 8: Estructura de la Sociedad (esquema sincrónico) .................................................... 107
Figura 9: Diagrama fundamentos ideológicos de las políticas públicas de inclusión digital en
Costa Rica .............................................................................................................................. 138
Figura 10: Diagrama paradigmas tecnológicos dominantes .................................................. 147
Figura 11: Diagrama sector de telecomunicaciones en Costa Rica ....................................... 154
Figura 12: Actores Política Pública de Inclusión Digital ....................................................... 164
Figura 13: Diagrama de Red de Actores Interinstitucionales ................................................ 166
Figura 14: Líneas estratégicas Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014 ............................ 175
Figura 15: Diagrama sobre Seguimiento y Evaluación del PNDT 2015-2021 ...................... 204
Figura 16: Línea de tiempo sobre las Políticas Nacionales Telecomunicaciones en América
Latina y Caribe ....................................................................................................................... 213
Figura 17: Línea de tiempo sobre revoluciones industriales ................................................. 216
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Siglas utilizadas
ANTEEC Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las
Comunicaciones
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CAATEC Comisión Asesora de Alta Tecnología
CAMTIC Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y la
Comunicación
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CECI Centros Comunitarios Inteligentes
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMSI Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz
COMTELCA Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones
COPOIN Comisión Nacional de Política Informática
FMI Fondo Monetario Internacional
FOD Fundación Omar Dengo
FONATEL Fondo Nacional de Telecomunicaciones
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
IED Inversión Extranjera Directa
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
INFOCOM Cámara de Infocomunicación y Tecnología
LGT Ley General de Telecomunicaciones
MEP Ministerio de Educación Pública
MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
MINAET Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OEA Organización de Estados Americanos
ONG Organización No Gubernamental
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ONU Organización de las Naciones Unidas
PAE Programa de Ajuste Estructural
PLN Partido Liberación Nacional
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNDT Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
PROSIC Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento
SIC Sociedad de la Información y el Conocimiento
SIICE Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE
SNE Servicio Nacional de Electricidad
SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLC Tratado de Libre Comercio
UCR Universidad de Costa Rica
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
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Introducción
La crisis económica vivida por la economía capitalista en la década de 1970, marca el
límite de una forma de acumulación y de regulación del sistema, lo que da paso al desarrollo
de una reestructuración socioeconómica. Esa reestructuración es conducida políticamente por
el Consenso de Washington y es llevada a cabo mediante acuerdos comerciales dirigidos por
los países de primer mundo y los mecanismos financieros internacionales, mediante los cuales,
se busca configurar el rol de los países subdesarrollados en la economía global. Dentro de
estos figuran proyectos como los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y los Tratados de
Libre Comercio, los cuales conllevaron a una reorientación en el orden económico y el papel
del Estado en Costa Rica, así como prácticamente en la totalidad de los países de la región
latinoamericana.
Como consecuencia de estas transformaciones, en el país da inicio un proceso de
apertura de algunos sectores de la economía que eran monopolizados por el Estado, como parte
de la política proteccionista característica de la institucionalidad de la Segunda República, la
cual se había potencializado con la política global de la segunda pos guerra.
Uno de estos mercados fue el de las telecomunicaciones, sector que ocupó un papel
protagónico en las discusiones en torno a la privatización. La iniciativa de llevar a cabo la
apertura de este mercado, vino tomando auge desde la década de 1980 y se concretiza con la
aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el año 2007. Siendo un proceso
desarrollado en medio de uno de los mayores conflictos políticos vividos en la historia reciente
del país, como lo fue la lucha desarrollada en oposición a los intentos de privatización del sector
de telecomunicaciones (MILLICOM, Combo ICE, Movimiento No al TLC).
El auge del neoliberalismo como estrategia para la reactivación de la economía, llevado
a cabo por los países desarrollados, coincide con la revolución tecnológica vivida a finales del
siglo XX, conocida como tercera revolución industrial, la cual consiste en una transformación
en el proceso productivo con efectos económicos generalizados, que ha sido posible por los
avances alcanzados en el campo de la informática.
La convergencia entre la informática y las telecomunicaciones, conlleva a una fusión
entre ambos sectores, en lo que se conoce como el mercado de infocomunicaciones. Este ha
vivido un desarrollo exponencial en las últimas décadas, al punto de convertirse en un sector
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estratégico de la economía, debido a su alta rentabilidad y las posibilidades de una
interconexión global de procesos de trabajo en tiempo real1.
De esta forma, surge la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo económico y social,
centrado en el uso intensivo de la información y el conocimiento mediante las Tecnologías de
la Información y el Conocimiento (TIC). A este se le conoce como la Sociedad de la
Información y ha sido establecido como la vía para superar la crisis económica de finales del
siglo XX y dar un nuevo aire al modelo de democracia liberal, desgastado tras varias décadas
de autoritarismo, corrupción e impunidad en las democracias occidentales.
El modelo es establecido por las potencias económicas y los mecanismos
internacionales, como el siguiente paso en el desarrollo de las economías capitalistas. A partir
de esto empiezan desarrollarse una serie de directrices, acuerdos e iniciativas para que los
países pueden integrarse efectivamente y sacar provecho de las posibilidades que ofrece la
Sociedad de la Información.
Sin embargo, a raíz de la drástica inequidad en el desarrollo económico y social que
caracteriza los países capitalistas, más aún en el contexto de la globalización, solo los países
de primer mundo cuentan con los recursos para asumir la inversión que implica un cambio
profundo en la base técnica de producción, lo cual es una tarea muy difícil de asumir para
economías subdesarrolladas.
Esta diferencia en los países desarrollados y subdesarrollados, en cuanto a su capacidad
de incorporación y aprovechamiento efectivo del modelo Sociedad de la Información, se le
conoce como brecha digital y surge como una nueva forma de expresión de la desigualdad
social.
Ante esto, la ONU a través de la UIT (mecanismo especializado en el desarrollo de las
comunicaciones), desarrolla iniciativas como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, en la que los países miembros se comprometan a preparar planes de acción y
políticas para reducir la brecha digital existente en el acceso a las TIC y las comunicaciones en
1 Ver Katz, C. (1998). Crisis y Revolución Tecnológica a Fin de Siglo. Revista Realidad Económica (No. 154):
1-12.
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el mundo, específicamente las Telecomunicaciones e Internet. Dando lugar a lo que se definirá
como políticas de inclusión digital.
Como parte de los compromisos asumidos en el TLC, en el 2008 se crea un nuevo
marco jurídico para el sector de telecomunicaciones, el cual se integra por: la Ley General de
Telecomunicaciones No. 8642 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660. Estas leyes contienen los lineamientos para
el desarrollo del nuevo sector de telecomunicaciones, basados en la competencia, la regulación
y el acceso universal y solidario.
De dichas leyes se deprende el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(PNDT), este se establece como instrumento de orientación que guía el desarrollo del sector de
las telecomunicaciones, con la Sociedad de la Información como norte. A la fecha se han puesto
en marcha dos de estos planes, correspondientes a los periodos 2009-2014 y 2015-2021, los
serán abordados más adelante.
Dentro de los planes se crea la Agenda de Solidaridad Digital, la cual es un instrumento
de política en el que se define el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo,
estipuladas para garantizar la inclusión digital de los grupos con mayor vulnerabilidad. Por
tanto, este instrumento contiene específicamente las políticas públicas de inclusión digital
establecidas por el Estado Costarricense.
Estas son consideradas como políticas estratégicas para el desarrollo económico y social
del país, por lo que ocupan un rol cada vez más importante en la agenda política y los planes
de desarrollo del Gobierno. Así mismo, representan la principal herramienta para validar los
derechos ligados a la más reciente generación de derechos humanos (Derechos Humanos de
Cuarta Generación), constituyendo parte importantes del nuevo espectro de políticas del Estado
en respuesta a las necesidades sociales de la época.
La presente investigación surge como iniciativa por indagar y conocer en profundidad
estas nuevas políticas, así como su particularidad y su vinculación con la economía global como
totalidad. A grandes rasgos, el análisis busca plantear una reflexión crítica sobre el tema de la
inclusión digital y su abordaje en el país, de manera que se pueda ampliar y diversificar el
debate sobre un asunto de gran importancia en la época, que ha sido escasamente abordado de
forma histórico crítica.
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Para esto, el análisis se centra en tres grandes aspectos sobre el tema, que adquieren
particular importancia desde tal perspectiva, los cuales son: la reconstrucción histórica, el
análisis de los fundamentos ideológicos y el análisis del modelo empleado para su ejecución.
A partir de lo cual se pretende recopilar una base general de conocimiento, que permita
profundizar en el estudio de esta materia.
A nivel académico, constituye una iniciativa por reforzar el debate intelectual que se
despliega desde las Ciencias Sociales, campo desde el cual se considera es posible superar los
razonamientos apologéticos, discursos axiológicos y postulados evolucionistas que impulsan
una concepción abstracta de la Sociedad de la Información, el desarrollo tecnológico y la
brecha digital.
Así mismo, constituye un esfuerzo por incorporar al Trabajo Social a la discusión y la
problematización sobre este espectro de la política pública, como nuevo campo de intervención
Estatal, perteneciente al nuevo paradigma de gestión pública que se ha venido implementando
en la región latinoamericana. El valor de los aportes de la profesión se ubica en las posibilidades
que brinda para estudiar el tema desde un enfoque social y la legitimidad con la que se cuenta
como profesión que históricamente se ha dedicado al estudio, la gestión y la ejecución de las
políticas públicas.
Por último, el interés por estudiar esta temática radica en diferentes dudas y vacíos
ubicados a partir de mi experiencia académica y laboral en diferentes espacios, en los cuales,
desde el Trabajo Social se desarrollan procesos de trabajo vinculados directamente con la
inclusión digital. Con esto, se busca llenar vacíos que contribuyan al ejercicio tanto teórico
como práctico de la profesión, ante los nuevos retos y demandas de la época. Así también, la
propuesta de investigación constituye un esfuerzo por vincular al Trabajo Social en el
desarrollo de estas políticas públicas, en busca de su inserción en nuevos espacios de
intervención profesional, desde los cuales se puedan brindar aportes en la gestión de la política
social.
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Capítulo I: El ejercicio de Investigación
En este capítulo se exponen los principales elementos teórico metodológicos que dan
sustento al ejercicio investigativo.
Como parte de esto, se recupera el proceso de investigación describiendo el ejercicio
intelectivo mediante el cual se abordó el objeto de estudio y se llegó a los resultados alcanzados.
Así como diversos aspectos de índole teórico que dan sustento al estudio y definen la estrategia
para el abordaje del objeto.
Para este capítulo, también se recuperan los principales aspectos del proceso de diseño,
con lo que se busca exponer la base o matriz a partir de la cual se desarrolló el estudio.
1.1 Antecedentes de investigación del tema
En este apartado se exponen los resultados del análisis elaborado sobre los antecedentes
de investigación del tema de las políticas públicas de sociedad de información en Costa Rica.
En el mismo se recogen los principales esfuerzos investigativos que, en razón de su temática,
son considerados como antecedentes que aportan al desarrollo de la presente indagación.
La búsqueda de antecedentes fue delimitada en el periodo 2008-2018, debido a que
corresponde al momento histórico en el cual entra en vigor la política pública en cuestión. Para
el análisis de los antecedentes, se dio prioridad a los estudios producidos en Latinoamérica,
debido a las similitudes de la región en cuanto a:
(…) Primero el periodo colonial compartido, con su legado de marcas y
condicionamientos, y, sobre todo, la exposición a eventos de impacto internacional,
tendencias de amplio alcance, siendo los más notorios en el último medio siglo: el
periodo llamado desarrollista, el endeudamiento de los años setenta, la profunda crisis
de los ochenta, la brusca reestructuración económica de los noventa, con sus
reconocidos impactos sociales, tensiones político-institucionales y nuevas tendencias
culturales, para culminar provisionalmente en los rasgos salientes de la última década
larga, marcada por una notable reinserción en el contexto internacional y una nueva
fase de crecimiento económico”. (Ayala, 2016, pág. 7).
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A lo cual, se suma el hecho de que el proceso de apertura del mercado de
telecomunicaciones y de inserción del modelo Sociedad de la Información, se desarrolló de
forma diferente en otras regiones como Europa o Asia del Este.
Para estructurar el estudio de una forma más rigurosa y exponer los resultados con
mayor claridad, se dividió el análisis en cuatro ejes principales: Antecedentes de estudio del
desarrollo tecnológico en América Latina, antecedentes de estudio sobre Sociedad la
Información en la región, antecedentes de estudio sobre la apertura del mercado Costarricense
de Telecomunicaciones y antecedentes de estudio sobre las políticas de Inclusión Digital.
1.1.1 Antecedentes de estudio del desarrollo tecnológico en América Latina
En lo que respecta a los antecedentes de estudio del desarrollo tecnológico en la región,
se logró ubicar una cantidad de trabajos relativamente baja (5), concentrada principalmente en
México, Argentina y Brasil.
Como aspecto principal sobresale el hecho de que prácticamente la totalidad de las
indagaciones analizadas sobre el tema (Aali-Bujari,2012; Artopoulos, 2015; Madeira, 2010;
Riveira, 2010; Rojas, 2016), son elaboradas desde el paradigma tecno económico
neoschumpeteriano, escuela de pensamiento desarrollada a partir de las ideas de Joseph
Schumpeter (1883-1950), cuyos principales representantes son Carlota Pérez, Christopher
Freeman y Giovanni Dosi.
Dicha corriente teórica es conocida como evolucionismo económico, toma como marco
de referencia la teoría de las ondas largas en el desarrollo económico propuesta por Kondratiev
y Schumpeter. Estos autores plantean que, desde la Revolución industrial a fines del siglo
XVIII, el crecimiento económico mundial ha experimentado ciclos de cincuenta a sesenta años,
con veinte o treinta años de prosperidad, seguidos de veinte o treinta años de crecimiento
desigual, recesiones e incluso depresiones. Acorde con las ideas de Schumpeter, dicha teoría
plantea que la explicación de tal comportamiento, sería el surgimiento de revoluciones
tecnológicas sucesivas y las dificultades de su asimilación.
Las indagaciones provienen en su amplia mayoría desde el campo de las Ciencias
Económicas y de diferentes posgrados que hay en la región latinoamericana, centrados en el
estudio del desarrollo tecnológico y de su impacto en la economía y el mercado. En el periodo
establecido no se ubica ninguna investigación sobre el tema en el país.
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En cuanto al aspecto metodológico, se ha podido determinar que la mayoría de las
investigaciones se centran en estudios de caso a partir de métodos econométricos basados en
índices multicausales, con los que se estudia el impacto de la inversión en desarrollo
tecnológico como infraestructura, innovación, investigación, entre otros. El principal interés se
centra particularmente en el impacto del desarrollo tecnológico en el Producto Interno Bruto
(PIB) y su evolución en determinados periodos. Según los autores, el empleo del análisis
descriptivo permite evidenciar que la inversión en desarrollo tecnológico está estrechamente
relacionada con el aumento del ingreso per cápita real en América Latina, así como con la
productividad total de las naciones. (Aali Bujari, 2012, pág. 112).
Los estudios evidencian que en latinoamericana existe un rezago importante respecto
al desarrollo tecnológico en comparación con países de Europa y Asia Oriental. Estos autores
(Aali Bujari, 2012; Artopoulos, 2015; Martínez, 2013; Rivera, 2010; Rojas, 2016) comparten
la tesis de que, el rezago que sufre la región en cuanto a desarrollo tecnológico, responde a
problemas estructurales, tales como: la falta de fondos, la ignorancia y el desinterés de los
gobiernos y las trabas burocráticas.
A nivel político ideológico se ubica una polarización en los debates en dos tendencias:
Por un lado, las ideas vinculadas al modelo de Estado proteccionista (desarrollismo) y por otro,
las ideas vinculadas al modelo de Estado Liberal (libre competencia), siendo estas las que han
tenido un mayor auge en las últimas décadas. Tales tendencias imperan tanto a nivel académico
como político y han alcanzado una influencia importante en la economía y la política pública.
De igual forma, se ubica una relación entre la contraposición de estas perspectivas y las
discusiones en torno al desarrollismo, el neo-desarrollismo y la dependencia, con lo cual se
vincula la temática al debate sobre cuál modelo de Estado es el óptimo para enfrentar la
situación que se vive en la región latinoamericana, así como para promover el desarrollo
tecnológico en las naciones.
1.1.2 Sobre el modelo Sociedad de la Información en la región
En lo que respecta a los antecedentes de estudio del tema de la Sociedad de la
Información en América Latina, se encuentra una cantidad importante de estudios desde
diversas áreas como Ciencias Económicas, Comunicación, Bibliotecología y Trabajo Social.
De igual forma, se lograron ubicar estudios en diferentes países de la región, siendo México y
Brasil los de mayor afluencia.
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La indagación permitió determinar que, al igual que los estudios sobre el desarrollo
tecnológico en la región, la mayoría de las investigaciones han sido desarrolladas desde el
evolucionismo económico (Araya, Mena y Murillo, 2014; Lemus y Villatoro, 2009, Muñoz y
Nicaragua, 2014; Díaz, 2011; Uribe, 2014), los cuales se basan principalmente en la obra y el
pensamiento del sociólogo Manuel Castells, quien es influido por la noción de paradigma tecno
económico neoschumpeteriana, y el pensamiento de Thomas Kuhn. Desde este punto de vista,
durante los períodos de cambio tecnológico, los antiguos modelos entran en crisis y se
desencadena una carrera por encontrar los nuevos modelos de acción, a lo cual se le conoce
como destrucción creativa. (Artopoulos, 2015, pág. 27).
La amplia aceptación de dicha tesis a nivel latinoamericano, permite identificar una
clara tendencia en lo que respecta a la forma en que se concibe la Sociedad de la Información,
la cual ha venido siendo entendida como una nueva etapa del desarrollo capitalista que tiene
diferencias sustanciales respecto de la anterior, comúnmente denominada industrial o fordista.
Por otro lado, el análisis de los antecedentes permite ubicar la existencia de un amplio
consenso respecto la concepción de las contradicciones que ha tenido el modelo Sociedad de
la Información, a lo cual se le conoce como brecha digital. Tal concepción se sintetiza en el
estudio elaborado por Lemus y Villatoro (2009), quienes señalan que:
“(…) El cambio de paradigma tecnológico a partir de la revolución de las TIC ha
provocado cambios profundos en las sociedades de todo el mundo, entre ellos cambios
en la estructura ocupacional que obligan a los individuos y empresas a adoptar las
nuevas tecnologías para no verse excluidos de las oportunidades y beneficios que
genera esta nueva revolución tecnológica. En el plano internacional se observa como
la revolución de las TIC ha venido acompañada del surgimiento de diferencias en el
acceso de empresas y personas a las TIC, a este fenómeno se le ha llamado brecha
digital”. (pág. 1).
Como parte de las preocupaciones sobre el tema, se han desarrollados diversas
investigaciones basadas en estudios econométricos enfocados en la medición cuantitativa del
impacto de la brecha digital en el desarrollo económico de países y regiones (Araya, Mena y
Murillo, 2014; Lemus y Villatoro, 2009; Uribe, 2014). Como parte de esta tendencia, se han
logrado ubicar diversos estudios en México, Chile, Brasil, El Salvador y Costa Rica.
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A nivel nacional, se cuenta con el estudio de Araya, Mena y Murillo (2009), quienes a
través de regresiones econométricas elaboran un análisis del impacto de la brecha digital en el
desarrollo económico del país, durante el periodo 2006-2011. Particularmente se estudian el
impacto de aspectos como la inserción celular en el crecimiento anual de la producción de
Costa Rica. Entre las principales conclusiones del estudio, los autores ubican la necesidad de
enfocar las políticas públicas en la disminución la brecha digital, para lo cual el fortalecimiento
debe enfocarse fundamentalmente en materia de infraestructura y cobertura de las zonas
rurales.
También se encuentra el estudio de Muñoz y Nicaragua (2014), en este se analiza el
estado actual de la brecha digital en Costa Rica, por medio de una revisión bibliográfica sobre
los temas de acceso a tecnologías, conectividad y alfabetización digital. En este análisis se
presentan datos generales sobre el acceso a las TIC y se sintetizan los diferentes proyectos e
instituciones que colaboran en la disminución de la brecha digital. Las autoras concluyen que
los esfuerzos realizados en el país no son suficientes, debido principalmente a la falta de
involucramiento de diversas instituciones y de iniciativas para el uso de las tecnologías como
una herramienta para el empoderamiento del individuo y de la sociedad costarricense.
En el país se cuenta con un programa de investigación especializado en el tema de la
Sociedad de la Información, como lo es el Programa Sociedad de la Información y el
Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Es se crea en el año 2005,
como acuerdo de cooperación entre la universidad y el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE). Durante los primeros años el ICE brindaba financiamiento económico al programa, así
como información de primera mano para la realización de estudios, sin embargo, tras la
apertura del mercado de telecomunicaciones se concluye el convenio y pasa a ser parte de la
Vicerrectoría de Investigación.
Para poder conocer más a fondo este programa y su historia, se tuvo la oportunidad de
realizar una entrevista al Alejandro Amador Zamora, quien es economista y se desempeña
como investigador en el PROSIC, desde hace más de 6 años.
Según la información recabada, desde su consolidación como programa de la Rectoría
de Investigación de la UCR, el PROSIC ha venido trabajando con las instituciones centrales
del sector, como lo son el MICITT y SUTEL, así como representantes del sector empresarial
como lo son CAMTIC e INFOCOM. Además, coyunturalmente trabajan en coordinación con
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instituciones del Estado (MEP, CONAVI, municipalidades, etc.) y organizaciones y empresas
privadas, dependiendo del carácter del estudio que se esté realizando.
Surge con la finalidad de establecer un espacio de análisis e investigación sobre la
importancia de garantizar el acceso universal a las TIC y reducir la brecha digital. Según lo
señala Amador, “(...) Principalmente el programa propone la generación de conocimiento
genuino y actualizado para facilitar y optimizar la toma de decisiones, ya que en el país existe
una deficiencia importante de datos buenos y relevantes en esta materia”. (A. Amador,
comunicación personal, 10 de octubre de 2019).
El programa parte de una perspectiva social y humanista como enfoque de estudio, lo
cual le da un carácter particular en el país, ya que es la única organización que se aborda el
tema desde dicha perspectiva. Tales estudios hacen énfasis sobre los aspectos de carácter más
social de las telecomunicaciones y el impacto de estas en la sociedad. Según señala Amador
(2019), esto ha permitido la generación de datos y conocimiento sobre diversos temas,
especialmente sobre aspectos genuinos de los cuales no existe información, debido a lo rápido
que evoluciona el mercado de telecomunicaciones y su impacto. De esta forma, se busca
impulsar un desarrollo de carácter humanístico de la Sociedad de la Información en Costa Rica.
Como parte del trabajo que realiza el programa, desde el año 2006 ha venido publicando
anualmente el informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el cual se centra
en el análisis de la incorporación de las TIC en la sociedad. En este se incorporan estudios
relacionados al marco institucional y las políticas públicas, la evolución del sector de
telecomunicaciones, acceso y uso a las TIC, gestión democrática, movimientos sociales, entre
otros temas, que varían coyunturalmente en las diferentes ediciones.
Por último, desde el Trabajo Social se cuenta con dos antecedentes de análisis del tema:
por un lado, Pietro (2013) problematiza el impacto de la Sociedad de la Información en el
modelo de ciudadanía adoptado por los diferentes Estados en la contemporaneidad. El autor
elabora un estudio de caso en la comunidad de Madrid España, desde una concepción
multiculturalista de la ciudadanía.
El autor concluye que la globalización ha condicionado profundamente la forma en que
se conceptualizan pilares fundamentales de la sociedad, como la ciudadanía, el Estado-nación
e incluso el factor trabajo: “(…) nuevos modelos de producción, nuevas formas de
acumulación, intercambio y distribución, nuevas configuraciones de poderes están
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condicionando el concepto mismo de ser ciudadano y, por consecuencia, su sistematización
institucional en un marco más amplio del Estado-nación”. (Pietro, 2013, pág. 274). Además,
en el desarrollo de su análisis, el autor aborda temáticas como tecnología, clase social,
exclusión social, aprendizaje, conocimiento entre otras; las cuales considere de relevancia en
el campo del Trabajo Social.
Por su parte, se ubica la ponencia elaborada por Villegas (2008), en el marco de la
Primera Conferencia Internacional Brecha e Inclusión Digital, organizada por el PROSIC en
conjunto con el Instituto Agustín Millares de la Universidad Carlos III de Madrid y celebrada
en San José Costa Rica en el año 2008.
En esta actividad, el autor presentó un trabajo titulado Elementos para una
comprensión crítica de la Brecha Digital, donde aborda ciertos aspectos de la brecha digital a
partir de categorías marxistas, planteando una historización de la brecha digital en el contexto
del capitalismo contemporáneo.
Para dicho análisis, el autor incorpora dentro de la reflexión elementos como el
significado mismo del término brecha digital, la situación del país respecto a la brecha digital,
los intereses que giran en torno al abordaje del fenómeno, su relación con el desarrollo
tecnológico y el capitalismo contemporáneo, procesos de información y la categoría trabajo; a
partir de las cuales plantea algunas conclusiones.
La particularidad del análisis radica en que posiciona el fenómeno en relación con la
necesidad que tiene el capital de impulsar la competencia, siendo la innovación tecnológica
una de las principales estrategias para su dinamización y aumentar las posibilidades de
sobrevivencia de los capitalistas, en función de lo cual, se ubica la innovación tecnológica
como recurso indispensable para el aumento de la productividad.
De esta forma, la ponencia constituye una reflexión crítica acerca de qué es la brecha
digital y qué representa en el marco de la fase actual del capitalismo, desde una perspectiva de
totalidad. En razón de lo que constituye uno de los principales antecedentes de abordaje teórico
de la temática desde el Trabajo Social.
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1.1.3 Apertura del mercado Costarricense de Telecomunicaciones
En lo que respecta al proceso de apertura del mercado costarricense de
telecomunicaciones, en el país se cuenta con una cantidad importante de estudios durante el
periodo delimitado, los cuales han sido desarrollados principalmente desde áreas como el
Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública. Estos estudios han sido elaborados
desde diferentes perspectivas de análisis y se han enfocado en aspectos específicos del
fenómeno, por lo que es posible señalar que se cuenta con una cantidad importante de
antecedentes sobre este tema.
Los estudios analizados (Arguedas, 2013; Arias y Chávez, 2010; Burgos y Fernández,
2013; Calderón, Jiménez y Rodríguez, 2014; Gamboa y Rodríguez, 2013, Monge, 2013; Sáenz,
2013), concuerdan en que el origen del proceso de apertura se ubica a partir de la crisis de los
años ochenta del siglo XX, momento en el cual el modelo de Estado proteccionista se tornó
insostenible. A partir de entonces se desestima la capacidad del Estado y se da inicio a un
proceso de transformaciones en busca de su reducción. Específicamente, en el caso de Costa
Rica, se señala que en los años ochenta se vivió el agotamiento del modelo o estrategia de
desarrollo que se había seguido en épocas previas.
Como consecuencia de la implementación de tales cambios, el país se vio condicionado
a llevar a cabo una serie de reformas, pasando del modelo de sustitución de importaciones al
modelo de exportaciones bajo influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM) y la Asociación Internacional de Desarrollo (AID). A partir de lo cual, “(…) el
Estado ha profundizado sus relaciones con las Instituciones Financieras Internacionales, se han
suscrito a diversos convenios con el FMI y en 1985 inició un plan de ajuste estructural PAE
respaldado por el Banco Mundial”. (Bull, 2008, pág. 175). Estas medidas económicas serían
diseñadas para el control del déficit fiscal, por medio de la reducción de gastos y la ampliación
de los ingresos del Estado, apertura de sectores estratégicos de la economía, privatización de
empresas estatales, desmantelamiento del Estado intervencionista, prioridad al recorte en el
gasto social, entre otras medidas.
Según lo expone Monge (2013), con la aprobación en Costa Rica del Tratado de Libre
Comercio (TLC) en el 2007, se adquirieron diversos compromisos que comprometían varios
sectores económicos y sociales, entre ellos el de telecomunicaciones. Con la firma de este
tratado, se adopta un nuevo paradigma en cuanto a la regulación del servicio de
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telecomunicaciones, fomentándose la apertura de dicho mercado y realizando un cambio
radical en el marco normativo e institucional. En este punto, se logra ubicar la creación de
políticas públicas de inclusión digital, como parte de los cambios acarreados por la
incorporación del nuevo modelo de Estado.
Por último, se ubica un amplio consenso entre los diferentes autores respecto a la
singularidad del proceso de apertura y del modelo de regulación estipulado en el país. Esta
radica en que la apertura se realiza adoptando un enfoque de carácter social que enfatiza en el
acceso universal y las obligaciones de universalización por parte del Estado. Según lo expone
Bull (2008), la particularidad del modelo de gestión costarricense del sector de
telecomunicaciones y del proceso de apertura de mercado, tiene sus raíces en la historia
política, económica e institucional del país, ubicándose (junto al caso uruguayo), como un
modelo excepcional en la región latinoamericana.
1.1.4 Sobre las políticas públicas de inclusión digital
En lo que respecta al tema de las políticas públicas de inclusión digital en
Latinoamérica, se logró ubicar estudios provenientes de Brasil, Argentina, Chile y México; los
cuales abordan la vinculación de la política pública en la promoción de diferentes aspectos
relacionados al desarrollo de la Sociedad de la Información.
Estos estudios concuerdan en que a nivel latinoamericano existe un interés por parte de
los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales en contar con una estrategia
enfocada en la incorporación el uso social de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como herramienta para el desarrollo y el bienestar social.
Se logra ubicar un consenso en lo que respecta a la influencia de diferentes organismos
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), el Foro Económico Mundial (FEM), entre otros; los cuales han
jugado un papel protagónico en la creación de políticas públicas de inclusión digital en la región
latinoamericana. Además, se identifica una serie de documentos que constituyen la base que
ha orientado este proceso, entre los cuales destaca: el Informe Nora-Minc, el Acuerdo de
Lisboa, el Libro Verde, la Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América Latina y
el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Declaración de
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Bávaro), la Declaración del Milenio y las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información
de 2003 y 2005.
De igual forma, los estudios analizados permiten evidenciar una tendencia que se
relaciona al auge en la creación de políticas de inclusión digital en América Latina, fenómeno
que se ha venido dando posterior a los procesos de apertura del mercado de telecomunicaciones
y las trasformaciones en el modelo de Estado y de gestión pública.
Sobresale el estudio elaborado por la autora Pimenta (2014), el cual consiste en un
análisis de la inserción de Brasil en la Sociedad de la Información, mediante la política del
Programa Sociedad de la Información (SOCINFO). El estudio constituye una excepción,
debido a que es desarrollado desde una perspectiva histórico-crítica y se centra en el análisis
de los principios políticos ideológicos que fundamentaron el diseño de tal política. La autora
concluye que las políticas de inclusión digital establecidas por el Estado Brasileño, “(…)
buscan alienarse con el proyecto hegemónico norteamericano, cuya consolidación redunda,
según la lógica liberal que lo preside, en mayor exclusión social”. (pág. 15). Las características
de esta investigación la convierten en el único estudio de este tipo en Latinoamérica,
posicionándolo como uno de los principales antecedentes de esta investigación.
A nivel nacional, se han elaborado algunos estudios que han sido publicados
principalmente en revistas académicas. En primer lugar, se ubica el estudio de Barrantes
(2011), quien elabora una revisión de las políticas públicas en internet e información que han
existido en Chile, Colombia, Venezuela y Costa Rica, entre los años 2000 y 2007, para
establecer en qué medida han avanzado estos países en materia de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC). En este estudio, la autora hace un recuento de las políticas de estos
países y de su impacto en la población. También brinda una descripción del contexto de las
comunidades indígenas en materia de políticas públicas de información, incorporando
recomendaciones para una mejora en los resultados alcanzados en cuanto al trabajo con estas
poblaciones.
Se ubica también el artículo elaborado por Gómez (2013), en el cual se expone un
análisis sobre la importancia de que Costa Rica se inserte en la Sociedad de la Información a
través de las políticas públicas. Desde su perspectiva, las políticas constituyen el marco
operativo que debería permitir la creación de una Sociedad de la Información que posibilitaría
una sociedad costarricense más incluyente, multicultural y que garantice el acceso democrático
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a la información, al conocimiento y a las TIC. Para esto, propone que la vía óptima de desarrollo
de este modelo debe ser la articulación entre el Estado y el sector privado.
1.1.5 Conclusiones
En cuanto a los antecedentes de estudio del tema, se concluye que en la región se cuenta
con pocas investigaciones académicas. Estas han sido abordadas mayoritariamente desde áreas
como las Ciencias Económicas, las Ciencias Políticas y la Administración Pública. De igual
forma, la gran mayoría de estos estudios han sido producidos en países como México y Brasil,
donde la inserción del modelo Sociedad de la Información ha tenido un mayor avance.
Se identifican tendencias muy marcadas en lo que respecta a la perspectiva teórica y las
estrategias metódicas a través de las cuales ha sido abordado el tema, donde se ubica igualmente
una hegemonía de estudios desde teorías económicas evolucionistas; sobresaliendo la
aceptación y la influencia de las ideas de Manuel Castells.
En cuanto a la metodología empleada, mayoritariamente las investigaciones se basan
en estudios econométricos de caso, los cuales se centran en el análisis de países o provincias.
En este aspecto, sobresale la carencia de estudios con enfoque histórico crítico, ubicándose
únicamente dos en la región (Pimenta, 2014 y Villegas, 2008).
Por su parte, se logra dar cuenta de que en el país no se ha elaborado ningún Trabajo
Final de Graduación enfocado en las políticas públicas de inclusión digital, en lo que respecta
al periodo delimitado. De igual forma, no se cuenta con ninguna disertación relacionada al tema
del desarrollo tecnológico desde las Ciencias Sociales, ubicándose una carencia importante en
lo que respecta a la producción de conocimiento que se realiza desde la academia en la
comprensión de los fenómenos sociales contemporáneos.
En lo que respecta a los aportes del Trabajo Social para la comprensión del fenómeno
en cuestión, a partir del análisis de antecedentes se concluye que, tanto a nivel nacional como
internacional, desde la profesión se cuenta con una cantidad mínima de estudios;
evidenciándose un aporte muy limitado en la producción de conocimiento sobre el tema. Por
lo cual, se puede concluir que la profesión se encuentra al margen de los debates que se han
venido desarrollando sobre la incorporación de tales políticas en la región. Sin embargo, los
antecedentes analizados evidencian que desde el Trabajo Social se pueden brindar aportes
importantes para el estudio de la temática.
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Por último, a partir de lo señalado en diferentes estudios analizados sobre el proceso de
apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica, se encuentra una carencia de
estudios enfocados en el carácter social de las políticas de inclusión digital. Lo cual adquiere
relevancia en este contexto, ya que según se pudo determinar, el modelo de política pública
implementado en el país tiene un carácter particular, debido a la adopción de los principios de
universalidad y solidaridad; sin embargo, este es un aspecto que no ha sido analizado a nivel
académico. Por lo que, se concluye que existe un vacío en cuanto al estudio de los fundamentos
que particularizan tal perspectiva y de la función social de entidades como la Superintendencia
de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
Por ello, esta investigación pretende realizar una reflexión teórica que permita profundizar en
tales aspectos.
1.2 Fundamentación del problema y objeto de estudio
1.2.1 Justificación
Mediante la revisión de los antecedentes, fue posible llegar a una serie de conclusiones
acerca de la forma en que la temática ha sido estudiada en la región. Con estas, es posible ubicar
diferentes sesgos y vacíos que dan lugar al objeto y al problema esbozados en la presente
investigación.
En relación a dichas conclusiones, de forma general, se determina que el estudio del
tema en la región, se ha visto sesgado por la preponderancia una determinada forma de concebir
el fenómeno de la tercera revolución industrial y su impacto social, lo cual devela una
connotación ideológica que se expresa principalmente en la hegemonía de ciertos organismos
internacionales, en cuanto a la producción de conocimiento y en una clara tendencia a la
realización de cierto tipo de estudios a través perspectivas teóricas y metódicas específicas; así
como a la canonización de las ideas de algunos autores.
Lo cual, también permite ubicar un debate limitado y poco dinámico que no ofrece
muchas aristas para comprender el tema de una forma crítica y desvinculada de los intereses
hegemónicos. Los estudios ubicados, únicamente brindan información sobre algunos países en
específico y se desconoce en gran medida la situación de los demás. El caso costarricense es
una expresión clara de esta tendencia, ya que en el país han sido escasos los estudios realizados
propiamente sobre el tema.
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A partir de esto, se determina que existe una necesidad de realizar un abordaje desde
una perspectiva alternativa y crítica, que permita poner en tela de juicio concepciones
convencionales, para dinamizar y profundizar en el debate. Además, se evidencia la necesidad
que existe tanto en el país como en la región de elaborar estudios acerca de este fenómeno y
robustecer el debate a nivel académico, ya que no existe ningún Trabajo Final de Graduación
enfocado en el estudio de la política pública de inclusión digital estipulada por el Estado
costarricense, lo que permite posicionar esta investigación como una necesidad de la época.
Por lo que se considera fundamental plantear un objeto que permita abarcar el fenómeno
de forma genuina, dándole una perspectiva alternativa al tema en debate crítico con las
concepciones que se han canonizado en la región; particularmente en debate con las tesis
liberales y evolucionistas que imperan en la producción de conocimiento sobre el tema a nivel
académico y Estatal.
Desde el punto de vista desde el cual se aborda esta investigación, el objeto es
posicionado como un elemento inmerso dentro de una totalidad y en relación bilateral con
diferentes fenómenos sociales, junto a los cuales se despliega en un periodo determinado, bajo
el dominio de las leyes del valor capitalistas. Por lo tanto, se busca aprehender las políticas
públicas de inclusión digital del Estado costarricense, en su relación con el modelo de
desarrollo económico denominado Sociedad de la Información, que en los últimos años ha sido
incorporado a la agenda política de la región latinoamericana, como parte de las
trasformaciones en el orden económico. El estudio de dicha relación, viene a ser determinante
en tanto las políticas constituyen un mecanismo estratégico mediante el cual, se busca insertar
al país en un paradigma, económico, político y cultural, sesgado por los intereses de la clase
dominante, en el marco de un contexto socio histórico dominado por la globalización y el
neoliberalismo.
Ante esto, se parte de que solo el planteamiento de un objeto cuyo abordaje se articule
el estudio de las políticas públicas de inclusión digital, en relación con el modelo Sociedad de
la Información, alcanza para comprender en esencia la naturaleza de dichas políticas públicas,
las causas reales de su creación e implementación y los intereses ideológicos que contiene y
representa.
La investigación se posiciona en los debates acerca del desenvolvimiento de la fase
actual del capitalismo y su impacto en las relaciones sociales. Por lo que es posible brindar un
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aporte fundamental para el estudio de la coyuntura y para el esfuerzo colectivo de comprender
la naturaleza de un fenómeno cuyo impacto apenas se está conociendo. De igual forma, el
estudio viene a ser parte de los esfuerzos por contribuir al debate sobre la actualización del
análisis y la más precisa comprensión de los rasgos novedosos, las tendencias y contradicciones
del capitalismo contemporáneo. De esta forma, se busca posicionar a la tecnología como una
disciplina perteneciente al campo de las Ciencias Sociales, lo que es posible en tanto, el
desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad, es configurado directamente por las
normas de funcionamiento del sistema capitalista e implica la utilización de procedimientos
bajo su comando. Con esto, se pretende desmitificar el fetichismo tecnológico para develar la
dinámica contradictoria del desarrollo tecnológico bajo las leyes del capitalismo.
Por su parte, se considera enriquecedor el hecho de que el abordaje de este objeto
permite analizar y profundizar en los debates que se han venido desplegando en relación con
algunas otras temáticas que son transversales para el análisis propuesto y que tienen gran
importancia para el desenvolvimiento económico y político en la región, como lo son: el
neoliberalismo, la cuestión social, la teoría de la dependencia, entre otros. Con lo cual se ubica
una posibilidad de brindar aportes críticos para el robustecimiento de estos debates y aportar
desde la academia a los esfuerzos por estudiar y dilucidar la realidad latinoamericana en su
conjunto.
Por otro lado, mediante el estudio de este objeto es posible comprender las
transformaciones vividas ante la redefinición del papel del Estado y la forma en que esto ha
venido configurando el modelo de política y administración pública en el país. Este es un aporte
trascendental en un contexto de importantes cambios a nivel del direccionamiento político de
los Estados latinoamericanos, en el cual, las políticas públicas de inclusión digital vienen a ser
una de sus expresiones más genuinas, constituyendo un elemento clave para comprender el
carácter de dichas transformaciones y su impacto.
Se considera que los aportes del Trabajo Social en esta discusión son trascendentales y
pueden brindar resultados muy diferentes a los arrojados por los estudios que han venido
imperando en la región, esto debido a que las políticas públicas históricamente han constituido
uno de los principales campos de intervención tanto a nivel teórico como práctico para la
profesión, por lo que se cuenta con una amplia experiencia y un importante bagaje teórico, que
le convierten en un referente académico para la elaboración de este tipo de estudios y la
contribución en tales debates.
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De igual forma, el objeto permite enmendar vacíos ubicados en el campo de estudio de
la profesión y de las Ciencias Sociales en general, ya que estas políticas son parte del espectro
de política pública nacional, el mercado y las relaciones sociales que ha sido poco estudiada,
por lo que la investigación, permite generar conocimiento que sea de provecho para la sociedad
y la comunidad académica en la comprensión de las nuevas características del contexto socio
histórico y de las relaciones sociales. Se considera que mediante este estudio es posible
ensanchar y renovar el campo de conocimiento el Trabajo Social y las Ciencias Sociales, al
incursionar en el estudio de un fenómeno novedoso y de gran impacto tanto a nivel global como
local, cuya naturaleza se encuentra aún en debate.
1.2.2 Objeto de Estudio
Las políticas públicas de inclusión digital del Estado Costarricense en el periodo 2008-2018 y
su papel en la vinculación del país con el modelo de desarrollo denominado Sociedad de la
Información.
1.2.3 Problema de estudio
¿Cuál ha sido el papel de las políticas públicas de inclusión digital en la vinculación del país
con el modelo de desarrollo denominado Sociedad de la Información?
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1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo General
Analizar las políticas públicas de inclusión digital promulgadas por el Estado
Costarricense durante el periodo 2008-2018, en el marco de la Sociedad de la Información.
1.3.2 Objetivos Específicos
● Realizar una reconstrucción histórica sobre el proceso de formulación y aprobación de
las políticas públicas de inclusión digital en el país.
● Identificar los fundamentos político - ideológicos de las políticas de inclusión digital
del Estado Costarricense.
● Caracterizar el modelo de política pública empleado por el Estado para el desarrollo de
estas políticas.
1.4 Fundamento Teórico
El estudio de las Políticas Públicas de Inclusión Digital, conlleva el análisis de una serie
de elementos, q se encuentran estrechamente interrelacionadas como mecanismos de acción
del Estado costarricense, estos anteceden su surgimiento y determinan su naturaleza.
Primordialmente se considera necesario ubicar estas políticas como parte del contexto y la
dinámica económica y política, en la cual, el país como proyecto societario se encuentra
inmerso, es decir, como fenómeno que forma parte de un momento específico del modelo de
producción capitalista.
Lo anterior trae a colación la imperiosa necesidad de estudiar, en primer lugar, las
particularidades de tal fase o momento histórico específico como marco general, al cual se le
ha denominado de forma más amplia con el nombre de globalización, en referencia a los
cambios económicos producidos en las últimas décadas del siglo XX, y los cambios políticos,
sociales y culturales relacionados, que se desarrollan a partir de las importantes
transformaciones vividas por las sociedades capitalistas en el curso de las últimas décadas.
www.ts.ucr.ac.cr 21
El desarrollo de tales cambios y el surgimiento de un nuevo panorama, han dado lugar
al despliegue de un amplio debate dentro de las Ciencias Sociales, en el cual, diferentes teorías
y visiones de mundo han confluido en el intento de brindar una comprensión teórica respecto
a su esencia, sus características, impacto y demás detalles que encierra. Esto ha puesto en
evidencia la amplitud y complejidad que el fenómeno presenta como realidad en despliegue,
del cual es imposible llegar a conclusiones finales, pero que denota ciertas tendencias de
posible movimiento, “(…) lo cual define un proceso abierto y en disputa, cuya ulterior
conformación depende de las relaciones de fuerza entre diversas clases y sectores sociales,
grupos de interés, centros de poder y Estados, que buscan hacer valer su peso en la
configuración del futuro”. (Ayala, 2016, pág. 5).
Desde la tradición dialéctico materialista, se han desarrollado una amplia cantidad de
estudios acerca del tema de la globalización, los cuales inician a inicios del siglo XX con la
teoría del imperialismo y el carácter semi colonial de los países periféricos, presentando una
visión crítica de la misma y reflexionando acerca de su carácter contradictorio. Esta perspectiva
comprende a la globalización como la estructura de funcionamiento del capitalismo en el tramo
final y cambio de siglo, cuyo despliegue constituye una discontinuidad relativa en el marco de
una continuidad general (capitalismo), es decir, remite en forma típicamente fenoménica a un
aspecto del todo exterior y subordinado al devenir histórico del proyecto societario capitalista.
(Ayala, 2016, pág. 6).
Esta se funda en la puesta en marcha de un proceso de reestructuración económica tanto
en los Estados potencias centrales o núcleos mundiales del capitalismo, como en las economías
periféricas o países subdesarrollados, configurándose la dinámica de dependencia entre estos y
el papel que asumen en el modo de producción. Dicha reestructuración se apoya en un cambio
en el rumbo político por parte de las principales potencias económicas, corporaciones
multinacionales y los mecanismos monetarios internacionales que se consolidaron después de
la Segunda Guerra Mundial y más aún tras la Guerra Fría.
Para comprender la globalización, la naturaleza de tal reestructuración económica y los
cambios vividos en el mundo durante las últimas décadas del siglo XX, resulta necesario echar
un vistazo al desarrollo del capitalismo durante el último siglo. Según los planteamientos de
Joachim Hirsch (1997), tal desarrollo puede entenderse como una sucesión de crisis
estructurales, ubicando en primera instancia la crisis vivida por el capitalismo durante los años
30, cuya solución fue encontrada mediante el establecimiento de un modo de acumulación y
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regulación distinto al del clásico liberalismo imperialista. Surge de esta forma el Fordismo, el
cual creó las condiciones para un mejoramiento estructural de la rentabilidad del capital a escala
mundial y en gran medida logra contener la amenaza de una revolución socialista en occidente.
Siguiendo a Hirsch (1997), dicho modelo de producción se caracterizó principalmente
por la imposición de una estrategia de acumulación que se basa en una producción taylorista
masiva, con una fuerte expansión del trabajo asalariado a expensas de la producción tradicional
agrícola y artesanal; además de la implantación de un modelo de consumo masivo, el cual
permitió una ampliación sistemática de los mercados internos. Esto da lugar a una extensa y
profunda mercantilización de la sociedad, en la cual se llegan a capitalizar las relaciones
sociales, en lo que diferentes investigadores han denominado como la “mercantilización de la
vida cotidiana”.
Esta forma de producción traería consigo el establecimiento de una forma de regulación
política y social, la cual se caracterizó por un alto grado de dirección económica, competencia
planificada, la expansión de la política Estatal de crecimiento, ingreso y ocupación; así como
por el reconocimiento de los sindicatos y la institucionalización política de compromisos de
clases en el marco de estructuras corporativas. (Hirsch, 1997). Esto se evidencia en la
expansión que vivió el Estado de bienestar, el cual además de constituir un contrapeso a la
expansión del comunismo en occidente, brinda un apoyo determinante al modelo de consumo
masivo.
El modelo de producción fordista se despliega exitosamente gracias a la convergencia
de varios factores como lo son: La integración de la clase trabajadora por medio de Estado de
Bienestar, la implantación de nuevas tecnologías de producción, las formas de organización
del trabajo y el nuevo modelo de regulación política. Mediante la interrelación de estos
elementos, se alcanzaron progresos bastante importantes en la producción, con altas tasas de
ganancia y un crecimiento económico relativamente constante. Estos elementos dan lugar a lo
que se conoce como “los años de oro” correspondientes a las dos décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, en la cual los países metropolitanos (o céntricos) principalmente,
vivieron un periodo de enriquecimiento importante.
Las economías de los países periféricos ocuparon un papel particular dentro de la
dinámica económica mundial, vinculándose en marcadas relaciones de dependencia con las
metrópolis en las cuales se concentraba la acumulación del capital. Es cuando toman auge las
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teorías acerca del subdesarrollo y la dependencia económica; en los países denominados
subdesarrollados predominó la estrategia de substitución de importaciones, la cual constituyó
un ensayo para crear gradualmente estructuras económicas y sociales fordistas semejantes a
aquellas de las metrópolis desarrolladas. De acuerdo con Hirsh (1997):
“(…) el fordismo quedó organizado en esencia bajo una forma estatal nacional. En su
centro estaba la expansión de los mercados internos sobre la base de una amplia
intervención estatal y de compromisos de clases institucionalizados. Esto hacía posible
una regulación estatal nacional relativamente independiente de las condiciones
socioeconómicas sobre el tráfico de dinero y, con ello, de las condiciones para los
controles de capital a través de las fronteras. En todo el mundo se coordinó este sistema
de economía “nacional” mediante una red de organizaciones internacionales. Ganaron
importancia especial las instituciones del sistema Bretón Woods, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial”. (pág. 3).
Es en este momento histórico cuando Estados Unidos se consolida como principal
potencia económica y se establece el dólar en el dinero regulador de la economía mundial. Lo
cual denota como el modelo de producción fordista se caracterizó por un profundo carácter
global (como es propio del modo de producción capitalista); el cual sin embargo difiere
cualitativamente con los rasgos propios de la fase de globalización.
Por su parte, este periodo se caracterizó por un alto grado de organización de la clase
trabajadora, tanto en Europa como Estados Unidos y América Latina, lo cual permitía el
desarrollo de mecanismos de presión importantes para la protección de los derechos laborales
y existía en la región una amenaza latente de irrupción comunista. Este es un periodo en el que
el mundo se dividía geopolíticamente en dos polos, en el cual la Unión Soviética constituía una
seria amenaza para los intereses del capitalismo.
En las décadas de 1960 y 1970, se da el inicio de una nueva crisis económica mundial,
la cual se caracterizó principalmente por el estancamiento del proceso de acumulación y
crecimiento, la baja taza de ganancias, la caída de las tasas de inversión y el lento crecimiento,
dando paso a una serie de recesiones. Es cuando la compatibilidad de la ganancia de capital y
el bienestar colectivo llega a una contradicción irremediable.
Esta crisis se caracteriza principalmente por el estancamiento económico y la inflación
económica en las metrópolis o país capitalistas centrales, generada por la sobre disposición de
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capital, el cual, no encuentra colocación eficiente y rentable en sus mercados de origen y debe
ser colocado en el exterior. Es por esto que se considera como una crisis cíclica de sobre
producción, exceso de liquidez o crisis de híper acumulación.
Ante la necesidad de reactivar la acumulación de capital, Estados Unidos y los
mecanismos financieros internacionales se enfocan en dinamizar el capital estancado mediante
un flujo constante de créditos, los cuales fueron concedidos principalmente a los consumidores,
las corporaciones y gobiernos, como también a los países socialistas y del Tercer Mundo. Como
lo menciona Gunder Frank (1997):
(…) desde 1973 a 1980, cuando la producción de los países industriales aumentó en
dos y media veces y el comercio en cuatro y media veces, los préstamos bancarios
internacionales aumentaron cinco y media veces. La participación del Tercer Mundo
en préstamos bancarios impagos aumentó del 20 por ciento en 1973 al 35 por ciento en
1981. La deuda del Tercer Mundo, que sumaba 80 mil millones de dólares en 1971,
llegó a los 800 mil millones de dólares en 1983. (pág. 37).
Entre dichos acontecimientos la crisis de hiper acumulación sigue su curso y se agudiza
a finales de la década de los 70, ante lo cual se toma la iniciativa de re estructurar el modelo
económico político establecido en occidente tras la segunda mundial.
En dicho contexto, Estados Unidos bajo el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981), toma
un giro monetarista en búsqueda de solucionar su estancamiento y el problema de la inflación.
Como parte de este giro se toman medidas dramáticas, como el alza de la tasa de interés de los
préstamos a países del tercer mundo, de un 5% a un 18% en un lapso de tres años (Ayala, 2016,
pág. 75), esta dinámica de alza en las tasas de intereses se mantendría a lo largo de la siguiente
década.
La década de los 80 inicia con una de seria crisis económica de carácter mundial, a la
cual se le denominó: “La crisis de la deuda”, por lo cual esta pasa a la historia como “la década
perdida”. La producción y el comercio en los países industrializados inician un periodo de
decadencia, declinando absolutamente para el año 1982. Esto genera una caída dramática en
las exportaciones en los países del tercer mundo, baja en los precios de las materias primas “La
pérdida de exportaciones del Tercer Mundo durante 1981-1982 se calcula alrededor de 100 mil
millones de dólares, lo cual aumentó gradualmente el déficit de la balanza de pagos de estos
países”. (Gunder Frank, 1985. pág. 38).
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A la disparada de las tasas de interés, que eleva abruptamente los pagos por concepto
de intereses y principal, como factor decisivo del desencadenamiento de la ‘crisis de la deuda’,
habría que agregar los efectos, en su origen y sobre todo en su prolongación y calado, de la
recesión en los países metropolitanos, que deprime el comercio internacional y los ingresos por
exportaciones de los países subdesarrollados, así como la abrupta caída de los precios de las
materias primas a partir de fines de los años 70, que se prolongará hasta inicios de los 90. La
crisis de liquidez de los Estados, combinada con la merma de la entrada de inversión externa
productiva y la fuga de capitales, cierra el círculo. (Ayala, 2016, pág. 76).
Esta situación generó una afectación directa en la situación económica de los países
deudores y en su posición dentro de la dinámica de relaciones políticas y económicas en
relación con los países prestamistas. Según lo describe Gunder Frank (1985):
“(…) El alza en las tasas de interés presentó graves implicancias para los países
deudores. Muchos de sus préstamos no habían sido contratados a tasas de interés fijas
si no a tasas flotantes y por lo tanto debieron pagarse a tasas de interés más altas.
Incluso los préstamos contraídos originalmente a tasas fijas de interés tuvieron que
renegociarse a tasas de interés más altas, por supuesto. Se calcula ahora que el alza de
varios puntos en las tasas de interés que se produjeron a comienzos de 1980
aumentaron la carga del servicio de la deuda del Tercer Mundo en decenas de miles
de millones de dólares”. (pág. 38).
Esta situación genera una subida drástica de intereses, sumado a una caída de las
exportaciones. Esto aunado al recorte préstamos por parte de las entidades bancarias a los
países. Según lo expone Gunder Frank (1985), a inicios de los 80 se denota una caída drástica
en los préstamos a los países de tercer mundo, “(…) durante 1981, los bancos prestaron al
Tercer Mundo 50 mil millones de dólares. En 1982, los préstamos bajaron a 20 mil millones
de dólares y en 1983 llegaron sólo a 10 mil millones de dólares”. (pág. 38). Situación que
consecuentemente da con un problema de liquidez en los países que pronto se convirtió en un
problema de insolvencia o la incapacidad absoluta de pagar.
Este panorama constituyó un aspecto esencial sobre el cual surge el fenómeno de la
Globalización, como estrategia de reajuste económico y político, al cual por sus dimensiones
se le ha llegado a señalar como el fenómeno más importante de nuestro tiempo. (Ayala, 2016).
El cual fundamentalmente busca la reactivación de la acumulación de capital, la restauración
del poder de las élites económicas y la contención del movimiento obrero organizado. Las
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medidas económicas impuestas tuvieron un amplio impacto y de gran complejidad, lo cual se
expresa principalmente en un salto de la pobreza y la desigualdad, la desnacionalización de la
economía, la transferencia a grandes grupos económicos, locales e internacionales la mayoría
de los principales activos públicos, y la extranjerización de parte importante de las empresas
de capital local, así como una severa erosión de la capacidad del Estado para intervenir en la
regulación de la economía y la promoción del crecimiento económico”. (Ayala, 2016, pág.76).
El contexto de crisis de los años 80 deja las puertas abiertas para una vuelta al
liberalismo económico y la reorganización de la producción, en relación a la forma en que esta
se desarrollaba en el modelo fordista. Esto es sintetizado por Ayala (2016) cuando señala que:
“La espectacular crisis de la deuda apalancó una reestructuración económica en profundidad,
la modificación de la estructura de clases, la alteración en favor de las élites de las relaciones
de fuerza en el conflicto social, cambios culturales, institucionales, discursivos e ideológicos
notorios”. (pág. 95).
Por su parte, la crisis también condujo a que el modelo de regulación del Estado de
bienestar se orientará cada vez más hacia un conflicto irremediable de intereses por las
ganancias del capital: “(…) así aparecía la crisis del fordismo como si fuera una crisis del
Estado de bienestar”. (Hirsh, 1997, pág. 3). Esto conlleva a una pérdida de credibilidad del
proyecto político keynesiano proteccionista y al inicio de una estrategia geopolítica para su
desmantelamiento y la amplia liberalización de diversos sectores de la economía
monopolizados por los Estados desarrollistas.
A partir de esto, es posible establecer que la globalización no es un fenómeno aleatorio
o mecanismo económico objetivo, como lo señal Hirsh (1997), ni tampoco un desarrollo
político cultural propio, sino una estrategia política. Estrategia que se impuso esencialmente
por el capital internacionalizado, en coordinación con los gobiernos neoliberales que, a
consecuencia de la crisis, llegaron al poder. (pág. 4).
Esta constituye una estrategia decisiva del capital como solución a la crisis del
fordismo, es decir, que la liberalización radical del tránsito de mercancías, servicios, dinero y
capital debe ser la condición previa de la renovada racionalización sistemática del proceso de
trabajo en la producción capitalista, lo que se vincula con la destrucción del compromiso
fordista de clases y de sus bases institucionales.
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Dicha liberalización se centra en gran medida en la privatización de sectores de la
economía que en el modelo desarrollista eran monopolizados por el Estado, especialmente
aquellos de gran rentabilidad, como es el caso del sector de las telecomunicaciones. Los
objetivos formales pueden clasificarse en tres grupos: mejorar la eficiencia en la producción
del servicio; promover la libertad de escogencia y facilitar el desarrollo de la empresa privada
y reducir los problemas fiscales. (Bull, 2008, pág. 22).
De esta forma, los países latinoamericanos ajustan sus políticas nacionales a las
exigencias de la economía global. Con esto, se dio pie al proceso de “transnacionalización del
Estado” (Bull, 2008), el cual representa la transferencia de los servicios Estatales al capital
privado y dentro de este, una transferencia de servicios desde la parte nacional a la parte
transnacional. (pág. 27).
Para mediados de los años noventa, en todos los países de la región latinoamericana se
habían pactado programas económicos orientados hacia el mercado y habían presentado planes
para la privatización de empresas de propiedad estatal, dando lugar a un proceso de
privatización, el cual se ha desarrollado generando grandes conflictos sociales e importantes
transformaciones en la sociedad.
Por tanto, la globalización “(…) responde a la orientación política hegemónica en las
sociedades capitalistas contemporáneas, es decir, el desarrollo orgánico del clásico
imperialismo. A esta le corresponde una determinada política, que expresa el dominio y los
intereses de su fracción dirigente: el neoliberalismo”. (Ayala, 2016). Este fenómeno irrumpe
en Latinoamérica como contrapropuesta a la crisis del modelo proteccionista implementado en
la posguerra y el nuevo escenario económico mundial. Este empieza a dominar en las últimas
décadas del siglo XX, estableciéndose ideológicamente como un canon que constituye la
estrategia capitalista preferente para dar solución la crisis.
Como lo señala Hirsh (1997), la política económica de liberalización y desregulación
estipulada en este nuevo contexto:
“(…) tiene como meta crear las condiciones políticas institucionales adecuadas para
una transformación en la correlación de fuerzas de las clases, tanto nacional como
internacional; he aquí la condición para la reorganización técnica de la producción
capitalista. Esto conduce al cambio estructural y funcional de los Estados que los lleva
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a una incapacidad total para llevar adelante una regulación social y una política de
bienestar en la forma tradicional”. (pág. 4).
Estas nuevas condiciones, conllevan a una configuración de la función social y
económica del Estado y sus instituciones; transformaciones en las cuales el replanteamiento de
las políticas públicas y el denominado gasto social han sido prioritarias.
De acuerdo con los planteamientos de Fuenmayor (2014), como parte de estas nuevas
condiciones, la política pública entendida como “las orientaciones que define el Estado y que
son obligantes para éste y la sociedad”. (pág. 42), ha venido sufriendo una serie de
transformaciones, especialmente a partir de la adopción de enfoques y teorías como la Escuela
Neoclásica y la Teoría de la Elección Racional. Enfoques que conllevan a que la política
pública adquiera un carácter racionalista e individualista.
Según la autora, con la llegada del modelo neoliberal en América Latina y su
incorporación en la agenda Estatal,
“(...) Se validó este tipo de conocimiento convencional en las Universidades y
haciendo uso de éstos, se trasladaron al sector público métodos y modelos para la toma
de decisiones que pretendían la elección de la mejor alternativa posible ante la
búsqueda de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad”. (Fuenmayor,
2014, págs. 47-48).
Orientación ante la cual las políticas públicas dejan a un lado los criterios de índole
social como el bien común, la mejora en la calidad de vida de la sociedad, la solidaridad, la
igualdad de oportunidades y la justicia social; en función de una preocupación prioritaria sobre
la productividad. De igual forma, esto deja en evidencia como la política pública es relativa a
la perspectiva político ideológica que predomina a nivel Estatal.
Se entiende entonces a la globalización como “fase actual o contemporánea del
despliegue histórico del capitalismo como sistema social”. (Ayala, 2016, pág. 6). Momento
singularizado, con sus diversas y diversamente importantes particularidades y facetas
novedosas. El cual supone una discontinuidad relativa en el marco de una continuidad
fundamental y se desarrolla como un momento histórico que adquiere sentido y se singulariza
en el marco del proceso de totalización.
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Lo que podemos derivar de la globalización es, en todos los sentidos, la vigencia del
viejo capitalismo, es decir, una sociedad de clases se basa en la explotación del trabajo vivo.
Al mismo tiempo, sin embargo, se trata de una forma completamente nueva de capitalismo,
con relaciones de clases radicalmente modificadas, con un nuevo significado de política y un
papel completamente distinto del Estado. (Hirsch, 1997, pág. 4).
Es posible identificar actores específicos que han tenido una papel trascendental en el
desarrollo de este modelo, como lo han sido los Organismos Internacionales, el gobierno de
Estados Unidos, el G-7 y los principales bancos y corporaciones, mediante acuerdos formales
(leyes, tratados, créditos, convenios), en los cuales además de estipular el norte en materia
económica y política, se posicionan sobre la naturaleza de las problemáticas vividas en América
Latina y las políticas a implementar para su superación.
Por su carácter, el neoliberalismo puede ser comprendido, ante todo como “(…) una
teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el
bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las
libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por
derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio”. (Harvey, 2005,
pág. 8). La suposición de que las libertades individuales se garantizan mediante la libertad de
mercado y de comercio, es un rasgo cardinal del pensamiento neoliberal. Las libertades que
encarna reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías
multinacionales y el capital financiero.
Los diferentes cambios y trasformaciones acarreadas por el neoliberalismo en el campo
económico, político e institucional, son garantizadas (formalizadas) en parte por políticas
públicas implementadas en los Estados latinoamericanos, las cuales han venido teniendo auge
desde los años 90. Según lo apunta Ayala (2016), estas fueron estipuladas a instancias de los
Organismos Financieros Internacionales (FMI, BM, OMC), “(…) consistentes en el conjunto
de medidas y cursos de acción conocido como Consenso de Washington, compendio del ideario
de políticas aperturistas y desreguladoras inspiradas por el punto de vista neoliberal y
ordenadas a atender los intereses de las grandes corporaciones”. (pág. 45).
Estas políticas se despliegan fundamentalmente en los ámbitos económico, social,
institucional y de relación con la economía internacional, en su nueva fase de despliegue, que
buscan alinear la estructura y el funcionamiento de las economías y sociedades del capitalismo
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periférico con los nuevos requerimientos de ‘los mercados internacionales’. (Ayala, 2016, págs.
45-46).
Esto ha dado pie a una situación sin precedentes, la masiva transferencia de activos y
fuentes de generación de riqueza, disminuyendo la capacidad de las sociedades de la región de
intentar políticas de desarrollo económico, en lo comercial, industrial, tecnológico y de
exportación, relativamente autónomas. Con esto, la región latinoamericana ingresa a un
periodo de dependencia mayor y más complejo.
Según planteamientos de autores estudiosos de la Globalización como Ayala (2016), el
salto en la internacionalización económica, ha inducido un correlativo ajuste en la relación de
las sociedades y economías latinoamericanas con la economía mundial y los centros
metropolitanos de poder, en la yuxtaposición de desarrollo y subdesarrollo capitalista. (pág.
59). Esta relación de dependencia, se caracteriza en gran medida por la incapacidad de las
sociedades del capitalismo periférico para superar las profundas fracturas sociales internas, el
rezago económico y tecnológico y la posición desventajosa en el sistema internacional.
Según señala este autor, la evolución de la economía internacional en las últimas
décadas ha profundizado la dependencia como estructura relacional, de los países de la periferia
capitalista, reforzando la dominación de los centros metropolitanos y haciendo más eficaz la
operación de los dispositivos de control internacionales. (Ayala, 2016, pág. 79).
“Al relocalizarse los centros principales de decisión de las empresas, se enajena la
capacidad de ejercer algún tipo de control sobre las políticas de gestión de las mismas;
esto es, sobre las políticas de inversión y desarrollo. Dando pie a (…) la práctica
liquidación del poco control local que restaba sobre el aparato de producción de
riqueza, sobre todo en los sectores más productivos y rentables”. (Ayala, 2016, pág.
81).
A esto agrega que la economía mundial capitalista se reproduce sobre el desarrollo
desigual de las distintas economías y países; las economías centrales se enriquecen a partir de
la polarización del mercado mundial. La dependencia como mecanismo, como racionalidad
estructurante, presupone un obstáculo para el desarrollo del mercado interno y la
industrialización acumulativa.
Con esto, es posible determinar algunas de las características más importantes de la
globalización como fase actual del modelo de producción capitalista, entre las cuales se han
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puesto sobre la mesa la caída del socialismo, la desregulación Estatal, la penetración masiva
de mercancías, el papel de la deuda y el sistema bancario, la dependencia económica. Junto con
estas, se desarrollaron algunos fenómenos propios de las condiciones de la época, que son
determinantes para comprender el objeto de estudio en cuestión.
Uno de estos es el desarrollo tecnológico experimentado en las últimas décadas, el cual
devino de los avances tecnológicos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Fría. El avance tecnológico de dicho periodo ha sido tal que se le considera una revolución
tecnológica2, la cual tiene un papel muy importante en la economía globalizada, así como en la
política y la cultura.
Para comprender el papel del desarrollo tecnológico en la globalización, se parte de los
aportes de Claudio Katz, quien es estudioso del tema de la tecnología y su rol dentro de las
relaciones de producción capitalistas. Según este autor, el desarrollo tecnológico es un
elemento que forma parte de las fuerzas productivas, lo cual, se afirma en tanto la tecnología
es conocimiento científico aplicado a la producción (materializado en máquinas, artefactos,
procesos de trabajo, sistemas de organización de la producción), mediante lo cual “se
contribuye a la creación de los medios necesarios para realizar una actividad económica dentro
de un modo de producción específico”. (Katz, 1997, pág. 1).
De igual forma, es una fuerza productiva social en la medida en que implica la
utilización de procedimientos científicos bajo el comando del capital, es decir, directamente
configurada por las normas de funcionamiento del sistema capitalista. De acuerdo con Katz
(1997), esto permite comprender un aspecto primordial del desarrollo tecnológico, el cual, en
tanto es parte del desarrollo de las fuerzas productivas, “no actúa siguiendo sus propios
impulsos, sino bajo el mandato de la competencia y la guía de las leyes de acumulación” (pág.
8).
Las fuerzas productivas son concebidas como bienes útiles que evolucionan con la
civilización, las cuales tienen una estrecha relación con las relaciones de producción, mismas
que traban y estimulan simultáneamente su desarrollo, pero no definen su existencia. Por lo
tanto, la caracterización del cambio tecnológico se deriva de la contradicción entre el desarrollo
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
2 Ver Rifkin, J. (2011). La Tercera Revolución Industrial. Editorial Paidós. Barcelona, España.
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Estas están constituidas por valores de uso que facilitan la producción y el consumo, en
cualquier régimen social (Katz, 1997), por lo cual, cada modo de producción tiene un patrón
social de utilización específica de estas fuerzas. Particularmente, en lo que respecta al modo de
producción capitalista, estas han asumido una doble función: la generación de valores de uso y
la acumulación de plusvalía.
En la fase actual del capitalismo, sobresale el impacto del salto cualitativo (revolución
tecnológica) experimentado en las fuerzas productivas a finales del siglo XX, a partir del
despliegue exponencial de las innovaciones en informática y telecomunicaciones impulsados
por el desarrollo de la microelectrónica. Revolución que es producto de “(…) años y décadas
de gastos, o inversiones de capital, en investigación y desarrollo, dirigidas en buena medida
por grandes corporaciones y por lo general apoyadas en subsidios y contratos estatales
(industria aeroespacial, complejo militar industrial)”. (Ayala, 2016, pág. 33).
El desarrollo tecnológico experimentado ha generado la apertura de nuevos mercados
en la economía, y ha generado que mercados que anteriormente no eran tan rentables se
coloquen dentro de la cúspide de la economía mundial, como sucede con el mercado de las
telecomunicaciones actualmente. Según lo plantea Katz (1998), “el eje de este proceso es la
creación de aparatos que generan y retroalimentan la información con finalidades productivas.
Los nuevos instrumentos permiten el procesamiento de datos útiles para el trabajo humano, que
potencian el conocimiento”. (pág. 1). Por lo cual, lo novedoso de este proceso no vendría a ser
la gravitación de la información en la economía, sino el desarrollo de una tecnología para
sistematizar, integrar y organizar el uso económico de la información.
Según lo señala el autor, este paradigma se basa en la utilización de componentes
miniaturizados y la transmisión eléctrica que permiten acelerar el procesamiento de la
información. El mismo se compone de la fabricación de elementos físicos (hardware) y lógicos
(software) de las máquinas. Como se ha venido apuntando, este paradigma ha confluido
estrechamente con la digitalización de las telecomunicaciones, las cuales se articulan con las
máquinas informáticas gracias a la microelectrónica; dando lugar al surgimiento de las
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La proliferación de este paradigma tecnológico, se debe principalmente a que la
informática permite “renovar el diseño, la producción y la comercialización de las mercancías
y moderniza radicalmente los instrumentos y los procesos de trabajo”. (Katz, 1998, pág. 2).
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Además de esto, se debe considerar su capacidad de aumentar la productividad de los procesos
de trabajo, de crear nuevos productos (nuevas necesidades y bienes de consumo) debido a que
estas constituyen un recurso para la reducción de los costos de producción. Lo cual, evidencia
la sumisión de este paradigma tecnológico a las leyes del capital y las exigencias de incremento
de la productividad y el beneficio a las cuales está sujeto.
El impacto de esta revolución tecnológica, además de representar un salto exponencial
en el desarrollo de las fuerzas productivas, ha acarreado una serie de transformaciones a nivel
político e institucional. Como parte de esto, los organismos internacionales y las potencias
capitalistas han formulado toda una serie de programas políticos para impulsar el desarrollo de
este paradigma tecnológico a nivel global, particularmente en países periféricos, en los cuales
desde los años 90 ha aflorado tendencialmente, junto al proceso de apertura del mercado de
telecomunicaciones, una cantidad importante de programas, políticas y agendas que buscan
incentivar y normativizar la incorporación del paradigma en las diferentes economías y
Estados.
Como parte de los intereses económicos y políticos que acechan el despliegue de la
revolución tecnológica en cuestión, las pretensiones de la clase hegemónica fueron articuladas
por las corporaciones multinacionales, las potencias económicas y los organismos
internacionales (BM, UIT, CEPAL, OCDE), mediante diferentes acuerdos, cumbres, tratados
etc, en los cuales se impulsa una ideología específica sobre el impacto del desarrollo
tecnológico en la fase actual del capitalismo, dando lugar a un modelo político-económico
denominado como Sociedad de la Información.
Este modelo, parte del principio de que la revolución tecnológica experimentada por el
desplazamiento de paradigma en las estructuras industriales y en las relaciones sociales ha dado
lugar a una nueva fase del modo de producción y por lo tanto una nueva etapa del desarrollo
social. Esta fase se vendría a caracterizar por la explotación de la información, la cual permite
el aumento de la productividad, convirtiéndose en una vía para el alcance del desarrollo de los
países.
Respecto a esta temática sobresalen los aportes de Mattelart (2002), para quien la
Sociedad de la Información como paradigma tecno informacional “(…) se ha convertido en el
pivote de un proyecto geopolítico cuya función es la de garantizar la reordenación
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geoeconómica del planeta en torno a los valores de la democracia de mercado y un mundo
unipolar”. (pág. 30).
Con lo cual, propone que el modelo Sociedad de la Información, constituye el proyecto
político neoliberal respecto a la explotación y la gestión del nuevo paradigma tecnológico
(Mattelart, 2002). Siendo establecido como paradigma administrativo-político que se
constituye como el fundamento que guía el proceso de integración de la revolución informática,
en la totalidad de los Estados capitalistas a nivel mundial.
El término se Sociedad de la Información, se acoge por parte de la ONU y los países
miembros en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, este se selecciona sobre
otros términos como Sociedad de la Información y el Conocimiento, Sociedad del
Conocimiento o Sociedad Informacional. Durante la década de 1990, se desarrollan amplios
debates sobre la definición de este término, partiendo de diferentes aristas del fenómeno, sin
embargo, a partir de dicha cumbre en 2003, la mayoría Estados y mecanismos acogen el
término Sociedad de la Información, dejándose de lado el debate sobre el mismo.
En resumen, el término información hace referencia a la organización y comunicación
de los datos, mientras que el conocimiento, refiere a la formulación de un juicio razonado a
partir de estos mensajes, un refinamiento de la información3. Debido a las ampliar brechas
sociales, las posturas más críticas, señalan de que no se puede hablar de una Sociedad del
Conocimiento en tanto no haya una apropiación democrática y universal de estos recursos por
parte de todas las personas que componen la sociedad, por lo que, para efectos de esta
investigación, se hace uso del término Sociedad de la Información.
El impacto de este modelo trae consigo una serie de contradicciones las cuales se han
categorizado como brecha digital. Cuestión que adquiere un valor especial en la formulación
de las políticas públicas de inclusión digital, las cuales plantean la necesidad su superación (fin
de último de la inclusión digital), debido a que representa el principal obstáculo para que los
países alcancen el modelo de Sociedad de la Información a plenitud.
En lo formal, ha habido un consenso respecto a la adopción de la definición generada
por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el cual plantea que:
3 Para profundizar en este debate ver Katz, C. (2000). Mercantilización y Socialización de la Información y del Conocimiento. Revista Política y Sociedad. Enero (No. 33): 207-216.
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“(…) mientras algunas personas tienen las más poderosas computadoras, el mejor
servicio telefónico y el más rápido servicio de Internet, así como una riqueza de
contenido en este servicio y una capacitación apropiada para sus vidas. Otro grupo de
personas, no tiene acceso a las más modernas y mejores computadoras, al más
confiable servicio telefónico o al más rápido o más conveniente servicio de Internet.
La diferencia entre estos dos grupos de personas constituye la Brecha Digital”. (Monge
y Chacón, 2002, pág. 9).
Esta es una concepción que introduce de forma indirecta la noción de “uso” o
“utilización”, así como una cualificación diferenciada a las distintas Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC). Esta es una concepción ampliamente debatida a nivel
académico en la región latinoamericana y no existe un consenso sobre la misma; sin embargo,
en lo formal (institucionalidad, leyes, tratados internacionales) se ha utilizado de forma
generalizada.
La brecha digital no es otra cosa más que la exclusión de ciertos grupos sociales de las
ventajas de la informatización y de la utilización de tales herramientas. Lo que viene a ser “un
nuevo síntoma de un viejo mal” (desigualdad estructural de clase) que aparece ante las
particularidades de contexto. Esta puede ubicarse dentro de la desigualdad estructural de este
modelo de sociedad, tratándose de grupos excluidos de la nueva dinámica del modo de
producción.
Esta concepción de la brecha digital es fundamental para comprender la forma en que
se entiende la Inclusión Digital, aspecto que es central en esta investigación. La definición más
aceptada es la realizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2020), para quien
las políticas públicas de inclusión digital son aquella enfocadas en:
“(...) el empoderamiento de las personas a través de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) promover la accesibilidad de las TIC y su utilización en pos
del desarrollo social y económico de las personas con necesidades especiales tales
como las poblaciones indígenas y las personas que viven en zonas rurales, las personas
con discapacidad, las mujeres y las niñas y los jóvenes y los niños”. (pág. 1).
Para esta investigación, se acoge tal definición de la inclusión digital, sin embargo, es
importante hacer una crítica de la misma y los sesgos que pueda tener como definición oficial
de las diferentes propuestas apoyadas por la UIT a nivel global.
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Según lo expuesto por Ayala (2016), las hasta ahora insuperables dificultades de
Latinoamérica para cerrar o estrechar la brecha tecnológica respecto de las metrópolis, “(…)
es explicable por el carácter funcionalmente inequitativo del mercado mundial y por las
relaciones de dependencia, que, entre otros efectos, tienden a establecer un vínculo entre las
elites y oligarquías locales y el gran capital metropolitano que, también en este aspecto, opera
como un obstáculo (que limita y deforma) a las posibilidades del desarrollo de una capacidad
tecnológica autónoma”. (págs. 99-100).
De esta manera se expone de forma general el conjunto de nociones teóricas que
constituyen la basa desde que se abarca el objeto de la investigación. Estas vienen a constituir
la base epistemológica que permite captar la totalidad concreta de la realidad social en la cual
se despliega el objeto a estudiar.
La selección de estas categorías para el abordaje teórico conceptual del objeto de
estudio, responde a un fundamento ontológico que distingue a la teoría materialista de la
historia de otros métodos, el cual es la concepción de la realidad social como un proceso auto
creador y en auto movimiento, que se desarrolla como un todo estructurado y jerarquizado.
Este proceso se enmarca dentro de una totalidad, que remite a una concepción de la realidad
como “(…) un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente
cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos). (Kosik, 1979, pág. 55).
Ante esto, el abordaje de las categorías establecidas tiene por objetivo la articulación
dialéctica de las principales dimensiones de análisis implicadas en el proceso histórico social
del que se desprende el objeto, de manera que el conjunto de relaciones entre cada dimensión
analítica, constituya una totalización a partir de la cual articular y explicar el conjunto de
mediaciones y elementos de análisis.
Esto permiten ubicar al objeto de estudio en su articulación dentro de la totalidad
concreta, en su relación con diferentes hechos histórico-sociales que antecedieron su origen y
diferentes fenómenos, con los que ha venido interactuando históricamente de forma bilateral.
Es por esto que, la comprensión y la articulación crítica de las categorías y su despliegue en lo
real, posibilitan la tarea de captar por medio de la abstracción, la estructura interna y el sistema
de relaciones y determinaciones que ordenan el contenido concreto de la realidad.
Se considera que su articulación es un recurso mediante el cual es posible lograr una
comprensión crítica sobre el tema, posicionándolo dentro de los estudios y discusiones sobre
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la fase más actual o contemporánea del despliegue histórico del capitalismo como sistema
social.
1.5 Estrategia metodológica
La presente investigación se enfoca en el estudio específico de las políticas públicas de
inclusión digital de Costa Rica, durante el periodo 2008-2018. Esto se debe a que es
precisamente en el año 2008, cuando se aprueba el nuevo marco jurídico con el que entran en
vigor.
Como se ha venido definiendo, para la indagación se parte de la dialéctica materialista
como método para acercarse al objeto de estudio. Este es un aspecto fundamental a nivel
metodológico, ya que determina directamente la estrategia mediante la cual se lleva a cabo el
análisis.
La investigación se realiza bajo la modalidad tesis y consiste en un análisis teórico. Por
esta razón, la recolección de datos se basa principalmente en la técnica de análisis bibliográfico
de información que ha sido previamente documentada y el estudio de documentos empíricos,
como leyes y planes estatales.
Dicha información en su mayoría se extrajo de instituciones públicas estratégicas, tales
como: el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), entre otras.
Es importante recalcar también el uso de motores de búsqueda en internet y la consulta
de plataformas digitales como los sitios web de las instituciones, los cuales, potencializan el
alcance de las búsquedas y facilitan el acceso a la información.
Como parte del análisis bibliográfico, la investigación también se centra en gran medida
en el estudio de material de carácter teórico, como libros y artículos científicos. Estas fuentes
son de gran importancia debido al vocación crítica del análisis y el debate teórico que se busca
plantear.
Como segundo recurso metodológico, se emplea a la realización de entrevistas a
personas expertas en el tema, elegidas en razón de su experiencia en el proceso de formulación
de las políticas públicas de inclusión digital en el país o por sus conocimientos sobre el tema.
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El instrumento de entrevista, así como el consentimiento informado se agregan en el apartado
de anexos. (Ver Anexos 3 y 4).
Para esto, se opta por la técnica de entrevista semi estructurada, cuya particularidad se
ajusta de mejor manera a las necesidades que presentan una investigación de carácter histórico-
crítico. Específicamente, este tipo de entrevista destaca por tener un mayor grado de
flexibilidad en comparación con la entrevista estructurada. Según lo plantean Díaz et al (2013),
este tipo de entrevista “(…) ofrece la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes
posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir
formalismos”. (pág. 163).
De esta forma, se pretende establecer un diálogo abierto con base en objetivos
predefinidos, dejando espacio a la posibilidad de ahondar en diferentes aspectos del tema según
la particularidad del momento de la investigación, así como en los conocimientos y la
experiencia de la persona entrevistada.
A partir de estas dos técnicas, la información recogida se sintetiza mediante un ejercicio
de triangulación, en el que se cruzan los resultados de los ejercicios de revisión bibliográfica
con las entrevistas a las personas expertas, lo cual facilita la validación de los datos
recolectados. La idea es que un resultado puede ser más confiable si saca ventaja de métodos
diferentes, lo que también permite superar los sesgos que pueda representar el uso de una sola
técnica de recolección de información.
El estudio tiene un carácter cualitativo, ya que se centra en el análisis de datos
descriptivos. Sin embargo, se considera que el análisis de datos cuantitativos puede constituir
un recurso enriquecedor en algunos momentos de la investigación; por lo cual, se pretende
articular ambos tipos de información, en función de las necesidades que presente el estudio.
La investigación se realizó durante tres ciclos lectivos, en el periodo 2019-2020. Las
técnicas de recolección de datos fueron llevadas a cabo durante los dos primeros ciclos,
mientras que el tercero se dedicó al análisis de datos (triangulación) y la redacción para la
exposición de los resultados.
Por último, cabe destacar que el proceso de recolección de información para el
desarrollo de esta investigación, se articuló con el Taller VI: Análisis y Diseño de Servicios
Sociales, que es parte del plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad
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de Costa Rica. Tuve la oportunidad de desarrollar esta práctica profesional en el Departamento
de Política Pública del MICITT durante el ciclo lectivo 2019, desarrollando un análisis de los
Programas y Proyectos de Inclusión Digital que dirige la institución, en busca de posibles
mejoras para el próximo PNDT.
1.5.1 De lo abstracto a lo concreto
En concordancia con los planteamientos del materialismo dialéctico, en el aspecto
metodológico de la investigación, se parte de la tesis, según la cual, la única vía posible y justa
que permite al pensamiento resolver el problema específico del conocimiento teórico del
mundo que nos rodea, es elevándose de lo abstracto a lo concreto, es decir; mediante la
transformación en concepto de los datos de la intuición y de la representación. Por lo cual, se
parte de que las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por la
vía del pensamiento.
En un primer momento, la realidad se presenta de forma caótica a la conciencia, la cual,
mediante el proceso de aprehensión, va precisando cada vez más hasta que es posible llegar
analíticamente a conceptos más simples de lo concreto representado. A través de esto se llega
a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Este
proceso es descrito por Marx (1980), quien plantea que:
(…) Llegando a este punto se reemprende el viaje de retorno hasta dar de nuevo el objeto abordado, el cual esta vez no tiene una representación caótica de un conjunto sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. En el primer camino la representación plena es volatilizada en una abstracta, en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. (pág. 301).
Desde este punto de vista, elevarse de lo concreto a lo abstracto, por una parte, y
elevarse de lo abstracto a lo concreto, por otra, son dos formas que se implican mutuamente en
el proceso de apropiación teórica del mundo, o sea, del pensamiento abstracto. Cada una de
ellas no se realiza más que a través de su contraria, en unión con ella. Por lo tanto, “(…) solo
este ejercicio permite al análisis teórico resolver su problema central, el cual es la
transformación en concepto de los datos de la intuición y de la representación” (Ilienkov, 2014,
pág. 6).
Lo concreto se convierte en la finalidad, la síntesis de las múltiples determinaciones.
Para Marx (1980):
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“(…) lo concreto es la unidad de la diversidad, el todo tal como aparece en el espíritu, como una totalidad pensada, es un producto del cerebro pensante que se apropia del mundo de la única forma que le es posible. Esto aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación”. (Marx, 1980, pág. 301).
Cada acto de reducción de lo concreto a lo abstracto, debe de tener en cuenta desde el
principio el todo, que encubre la representación, la intuición viva y cuyo reflejo es la meta
suprema de trabajo teórico. Así, la sociedad es concebida como un todo estructurado y
dialéctico, por lo que es posible comprender racionalmente cualquier hecho y su desarrollo
histórico.
Atendiendo a la particularidad del momento histórico actual, el análisis propuesto busca
aprehender el objeto en su vinculación con el movimiento general de la realidad, es decir, el
despliegue del modo de producción capitalista. En este sentido, se busca realizar el análisis una
reflexión crítica sobre el tema en relación con una perspectiva de totalidad, en la cual se
encuentra inmerso el fenómeno en cuestión, como parte del todo.
1.5.2 Recolección de la Información (Camino de Ida)
A partir de los principios metodológicos definidos, es posible detallar el procedimiento
mediante el que se desarrolla la recolección de la información, el cual constituye el primer paso
de la estrategia.
Como se señaló anteriormente, durante la primera fase de recolección de datos, se
implementó la técnica de análisis bibliográfico. Esto se debe a que las principales fuentes de
información están constituidas por documentos institucionales y material bibliográfico.
El análisis bibliográfico se centró en el estudio de acuerdos, informes, leyes e
instrumentos de política pública. Específicamente, se aborda el marco jurídico del nuevo sector
de las telecomunicaciones y los principales acuerdos internacionales en relación a la Sociedad
de la Información, a los cuales se ha comprometido el país.
De esta manera, se delimita un conjunto de documentos que constituyen la matriz en la
que se centra el análisis bibliográfico. Estos documentos son los siguientes:
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Figura 1: Recuadro lista de documentos estudiados.
Lista de Documentos Entidad Año
Objetivos de Desarrollo del
Milenio
ONU 2000
Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información Informe Final
UIT - ONU 2005
Tratado de Libre Comercio
Anexo XIII: Compromisos
Específicos de Costa Rica
en Materia de
Telecomunicaciones
Gobierno de Estados Unidos
Gobierno de Costa Rica – Ministerio
de Comercio Exterior
2007
Proyecto de Ley 16.397 Asamblea Legislativa 2006
Ley No. 8660 Asamblea Legislativa 2008
Proyecto de Ley 16.398 Asamblea Legislativa 2006
Ley No. 8642 Asamblea Legislativa 2008
PNDT 2009- 2014 MINAET 2009
Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU 2015
PNDT 2015-2021 MICITT 2015
Fuente: Elaboración propia.
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En segundo lugar, se compilaron y analizaron de fuentes bibliográficas de información,
las cuales son indispensables para el estudio de temas y categorías de carácter teórico que
transversan la investigación. Dentro de estas fuentes, se ubican libros, artículos científicos y
demás material de carácter significativo que pueda ser provechoso en la investigación.
Para el análisis del material bibliográfico, se hizo uso de fichas documentales
bibliográficas, enfocadas en el análisis de categorías estratégicas definidas según la
particularidad del objeto, entre estas: Apertura de Mercado, Sociedad de la Información,
Estado, Globalización, Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Social, Exclusión, Brecha Digital,
Inclusión Digital. (Ver Anexo 1).
Como se ha venido mencionando, la segunda técnica de recolección de datos es la
entrevista semiestructurada a personas expertas en el tema. Se logró entrevistar a un total de 12
personas, las cuales se considera tienen amplia experiencia en el trabajo y el estudio de la
historia del servicio de telecomunicaciones en el país y las políticas de inclusión digital. Las
entrevistas se realizaron entre los meses de setiembre y diciembre del año 2019.
Específicamente, se tuvo la oportunidad de entrevistar a las siguientes personas:
Figura 2:Recuadro lista de personas entrevistadas
Persona Entrevistada Cargo
Amador Zamora Alejandro Investigador en el PROSIC desde el año
2015.
Arguedas Mora Jorge Político costarricense, líder sindicalista del
ICE en los movimientos de oposición a la
apertura de las telecomunicaciones desde la
década de 1970.
Chinchilla Medina Angélica Directora de Evolución y Mercados de
Telecomunicaciones del MICITT, quien
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cuenta con amplia experiencia de trabajo en
la institución.
Fumero Paniagua Gerardo Exingeniero del ICE, líder en la oposición a
la apertura de las telecomunicaciones y
autor de los principales estudios sobre el
desarrollo de las telecomunicaciones en el
país.
Guillén Cordero Leidy Labora en el Departamento de Políticas
Públicas del MICITT, en donde participa
directamente en la creación de los PNDT.
Jara Gómez Elena Investigadora en el PROSIC del año 2005 al
2010, periodo en el cual se dio la apertura
del mercado de telecomunicaciones.
Monge González Ricardo Fundador y Director de la Comisión
Asesora en Alta Tecnología (CAATEC) y
representante de Costa Rica en la
delegación que asistió a la CMSI.
Morales Rivera Pablo Historiador, experto en el tema del
desarrollo de las telecomunicaciones y la
apertura de mercado en Costa Rica.
Murillo León Mauro Coordinador del Programa Comunidades
Conectadas en el Departamento de
Inclusión Digital en el ICE. Experiencia en
los proyectos de inclusión digital que dirige
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el ICE desde la transformación del sector en
2008.
Ortiz Zamora Luis Abogado experto en apertura de mercados y
regulación, Vicepresidente Asociación
Iberoamericana de Estudios de Regulación
(ASIER).
Pineda Villegas Humberto Director General de FONATEL durante el
periodo 2012-2020.
Silvia Sancho Pereira Coordinadora del Programa Hogares
Conectados en el IMAS.
Fuente: Elaboración propia
Complementariamente se analizaron diferentes fuentes de información como
ponencias, noticias, videos y material multimedia, entre otros, ubicados en sitios de acceso
público, principalmente en internet. Este ejercicio permitió ampliar el conocimiento general
sobre el tema.
Esta etapa de la investigación se dio de forma paralela con mi participación en el Taller
VI Análisis y Diseño de Servicios Sociales, en el departamento de Política Pública del MICITT.
Esta experiencia fue ampliamente enriquecedora, ya que se logró tener contacto directo con las
personas que se encargan de dirigir propiamente las políticas públicas de inclusión digital desde
la institución rectora y el proceso de trabajo que desarrollan. Lo cual facilitó el acceso a
información de primera mano y la posibilidad de realizar consultas directas a personas
funcionarias de la institución.
1.5.3 Triangulación de la Información (Camino de vuelta)
Una vez recolectada la información, inicia el proceso de análisis, el cual se realizó en
torno a los objetivos de la investigación, es decir, en torno a los aspectos teóricos, ideológicos
y la caracterización del modelo de política pública, a cada uno de los cuales se dedicó un
capítulo.
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Las fuentes bibliográficas se someten a un análisis exhaustivo, para lo cual, fue de gran
utilidad el instrumento Ficha de Lectura (Ver Anexo 1) y el uso de la herramienta digital
ATLAS.ti. Esta revisión, se realiza hasta encontrar un agotamiento en cuento a la información
que se considera necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Lo que
permite ubicar una serie de vacíos y aspectos por reforzar, debido a que no logran aprehenderse
a cabalidad mediante esta técnica.
Posterior a esto, los vacíos ubicados en el análisis bibliográfico se abordaron con
especial énfasis durante las entrevistas, ejercicio que cumplió las expectativas, debido al vasto
conocimiento sobre el tema que evidenciaron las personas entrevistadas.
Como primer elemento de análisis, se realizó la reconstrucción histórica de las políticas
públicas de inclusión digital, para lo cual se optó por realizar un estudio de toda la historia del
desarrollo del servicio de telecomunicaciones en el país, el cual data de finales del siglo XIX.
Este análisis se divide en periodos, los cuales se organizan en correspondencia con los
diferentes modelos de gestión que se emplearon en el país, hasta llegar al modelo actual, en el
cual se ubican las políticas en cuestión. Esto se complementa con una breve historia de la
Sociedad de la Información, donde se resume la historia más reciente del modelo.
Para este capítulo, el estudio se centró principalmente en fuentes bibliográficas como
libros, artículos de revista e informes, a través de estos se pudo conocer con bastante amplitud
la historia del servicio de telecomunicaciones, así como acontecimientos determinantes que
definen el modelo actual. Sobre este tema, se determina que en el país se cuenta con obras muy
importantes como las de Fumero (2013), Bull (2008) y Arguedas y Morales (2013); así como
las publicaciones realizadas por el PROSIC.
Esta información se complementó con entrevistas a personas con amplio conocimiento
en la historia de este servicio, como las realizadas propiamente a Gerardo Fumero, Jorge
Arguedas, Pablo Morales, Angélica Chinchilla, Elena Jara y Alejandro Zamora, quienes
directamente ha realizado importantes estudios sobre el tema. Estas entrevistas permitieron dar
solución a los vacíos y aspectos confusos que se ubicaron en el estudio del desarrollo histórico
de las políticas.
De esta manera, se logra trazar con claridad una línea de tiempo con los principales
acontecimientos históricos que antecedieron las políticas aprobadas en el 2008. Ejercicio que
permite llegar a una serie de conclusiones, en relación a la historia de las políticas públicas de
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inclusión digital, las cuales representan un paso fundamental para la consecución del objetivo
general y la resolución del problema de estudio.
En segundo lugar, se realizó un análisis de un conjunto delimitado de fuentes
bibliográficas de carácter empírico (ver figura 1), en las cuales se ubican los fundamentos
político ideológicos que subyacen en las políticas públicas de inclusión digital.
La indagación realizada previamente permitió identificar que es en estos documentos
específicamente, donde se ubica la argumentación bajo la cual se justifican y constituyen estas
políticas. En razón de esto, se procede a hacer un estudio exhaustivo de los mismos, para lo
que se siguen los planteamientos de Gallardo (1982).
El autor define como “Lectura Ideológica”, el análisis ideológico empleado a textos,
los cuales son portadores ideológicos y expresan formas-contenidos, representaciones y
valores. Lo cual, a la vez les brinda un contenido político, en el sentido en que comunican
medios prácticos para llegar a una meta histórica. Según lo señala Gallardo (1982):
“(...) Una lectura ideológica intenta reconstruir las formas-contenidos ideológicos de un
texto; ellos se materializan en representaciones y valores que deciden el sentido
comunicativo, la sensibilidad dominante, en un texto dado”. (pág. 185).
Este ejercicio de análisis puede realizarse en distintos niveles, los cuales se resumen de
la siguiente forma:
● Lectura inmanente: se reconstruyen aquí las representaciones y valores que organizadamente
(consciente o inconscientemente) dan un sentido comunicativo al texto, es decir que lo hacen
portador y exponente de formas-contenidos que opacan el conocimiento -que anulan los
conflictos básicos o los 'desplazan'-, la comunicación y las prácticas objetivas o que las hacen
viables o refuerzan.
● Condiciones de producción y proyección o resonancia de un texto: se trata aquí de las formas-
contenidos textuales en su articulación con las coyunturas de emisión y recepción histórico-
sociales.
● Contextualización socio-histórica: confrontación de las formas-contenidos y su organización
con la realidad histórico-social a la que alude; esta contextualización supone la lectura
inmanente. (pág. 186).
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El autor agrega que la ideología no se debe ver en abstracto, sino que debe
comprenderse en su interrelación con un conjunto de aspectos que componen la realidad social,
entre estos, lo político, que como se señaló anteriormente se relaciona intrínsecamente con lo
ideológico.
La consideración de estos aspectos en el análisis de los fundamentos político
ideológicos, constituye una herramienta fundamental debido a su carácter histórico crítico, lo
que permite que se ajuste con facilidad a los intereses de la investigación, permitiendo llegar a
conclusiones trascendentales para el objetivo general.
El análisis de estos documentos, se complementó con entrevistas a personas
consideradas estratégicas, debido a su conocimiento del tema y su participación en el desarrollo
del nuevo modelo de telecomunicaciones.
Se tuvo la oportunidad de entrevistar a Ricardo Monge Gózales fundador y director
Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC), quien tuvo gran influencia como consultor
en la reestructuración del sector de telecomunicaciones y representó al país en la delegación
que asistió a la CMSI. En esta entrevista, fue muy enriquecedora para comprender la lógica y
la visión de mundo que se interpuso durante la creación del nuevo marco jurídico del sector de
telecomunicaciones.
Así también, se tuvo la oportunidad de entrevistar a Luis Ortiz Zamora, abogado
experto regulación económica y servicios públicos, quién se desempeña como Vicepresidente
de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER). Aunado a su vasto
conocimiento en el tema, Ortiz tuvo una importante participación como consultor en la creación
de SUTEL, por lo que la entrevista realizada brindó insumos muy importantes para alcanzar
esclarecer muchas dudas y vacíos sobre el tema.
Aunado a esto, se realizaron entrevistas a funcionarias del MICITT con un papel
destacado en el desarrollo de los PNDT, como lo son Leidy Guillén Cordero y Angélica
Chinchilla Medina; e importantes actores de la oposición a la apertura del mercado de
telecomunicaciones en el país, como Pablo Morales Rivera y Jorge Arguedas Mora. Con esto,
se logran conocer distintas posiciones y aristas acerca del debate generado en el país en torno
a la reestructuración que vivió el sector, lo que fue muy enriquecedor para la comprensión del
tema y la elaboración de las conclusiones alcanzadas.
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En respuesta al tercer y último objetivo, en el cual se plantea identificar las
características del modelo de política pública de inclusión digital, se realiza un estudio de los
mecanismos mediante los cuales el Estado Costarricense define formalmente el modelo a
emplear para atender la brecha digital, estos son las leyes No 8642 y No 8660; y los dos PNDT
desarrollados hasta la fecha (2009-2014 y 2015-2021).
La lectura de estos instrumentos permite ubicar de forma clara, las características del
modelo implementado y sus diferentes elementos, entre estos: los principales actores y su modo
de organización, los programas y proyectos desarrollados; así como los mecanismos de
financiación, las formas de seguimiento y evaluación, entre otros. Lo que permite caracterizar
de forma efectiva el modelo de política pública que opera en el país, como brazo del Estado
para garantizar la inclusión digital.
Además de estas fuentes bibliográficas, se analizaron algunas otras publicaciones, en
las que se logra ubicar información importante sobre el modelo de política pública
implementado en el país. Entre estas se ubican algunos libros, artículos científicos y
principalmente los informes anuales publicados por el PROSIC.
El estudio de tales documentos se complementó con la realización de entrevistas a
personas expertas, quienes tienen un gran conocimiento sobre la forma en que opera este
modelo, lo cual permitió abordar cualquier duda sobre el tema y profundizar en el mismo.
Destaca la entrevista realizada a Humberto Pineda Villegas, quien se desempeñó como
Director General de FONATEL desde su creación hasta febrero del 2020. En este ejercicio se
generó el espacio para evacuar dudas y conocer con mucha claridad y cercanía, el modelo
implementado en el país.
Además, se tuvo la oportunidad de entrevistar a Leidy Guillén quien trabaja en el
Departamento de Política Pública del MICITT y ha participado directamente en la creación de
los PNDT. Todo esto se complementó con algunas entrevistas hechas a personas funcionarias
que laboran directamente en la gestión de programas y proyectos desde diferentes instituciones,
como: Silvia Sancho Pereira coordinadora del programa Hogares Conectados en el IMAS y
Mauro Murillo León coordinador del programa Comunidades Conectadas en el ICE.
Como se ha venido señalando, posterior al trabajo de recolección de información, la
información se triangula con base en las dos principales fuentes (bibliografía y personas
www.ts.ucr.ac.cr 49
expertas), en función de los planteamientos de cada uno de los objetivos específicos. A través
de lo que se logra alcanzar el objetivo general y plantear una respuesta al problema que guía la
información.
Este proceso de análisis y triangulación de la información, es transversalizado por
categorías y reflexiones teóricas que son rescatadas en la investigación. Por esta razón, paralelo
al análisis de los documentos empíricos, se realiza un análisis de bibliografía (libros y artículos
científicos), vinculada a temas como globalización, política pública, dependencia económica,
la crisis de la década de 1980, entre otros.
La reflexión crítica del tema en torno a estas categorías, permite comprender los
fenómenos sociales expuestos dentro de la recolección de la información, desde una
perspectiva de totalidad, la cual busca acercarse a la esencia del objeto, dejando de lado las
apariencias de los fenómenos sociales.
Así mismo, el ejercicio de triangulación fue complementado con la información y los
conocimientos obtenidos durante la práctica profesional anteriormente mencionada. En esta, se
tuvo la oportunidad de conocer de forma directa, cómo se gestionan en la práctica las tareas del
ente rector, en torno a las políticas públicas en cuestión y tener contacto directo con las personas
encargadas.
El uso de diferentes métodos para el estudio del objeto resultó ventajoso, ya que además
de permitir tener acceso a una cantidad basta de información, al complementarse entre sí,
brindan la oportunidad de superar dudas y vacíos con efectividad. Lo que también permite
vislumbrar la realidad dialéctica y contradictoria que arrojan los procesos investigativos y
superar los análisis abstractos y unilaterales de los fenómenos sociales.
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Capítulo II. Historia de las Políticas Públicas de Inclusión Digital en Costa
Rica
“(…) El orden histórico es mucho más sutil que el de un cuadro, y la integración harto más complicada
que la de cualquier criatura viva. No existen fórmulas generales ni diagramas abstractos capaces de reflejar
cabalmente dicho orden; sólo puede reproducirse en la totalidad concreta de la historia misma, que ni un libro ni
una biblioteca entera, por rica que fuese, podrían contener. Afortunadamente, ciertos aspectos del proceso
histórico reflejan este orden con más sencillez que el resto”. (Childe, 1947, pág. 95).
Para comprender en profundidad la historia de las políticas públicas de Inclusión
Digital, es determinante comprender el desarrollo histórico del servicio de telecomunicaciones
y la forma en que estos servicios se han venido incorporando en la dinámica económica, social
y política del país.
El estudio de este proceso histórico responde a la perspectiva desde la que se aborda el
tema, para la cual, es fundamental el análisis del proceso de cambio experimentado a través del
devenir histórico y las diferentes transformaciones que preceden el estado actual, en lo que
Gordon Childe (1947) denomina como el proceso creador de la historia4.
Según esta concepción, la historia es un proceso creador que traza su propio camino a
medida que avanza y no responde a trascendentalismo o leyes exteriores. Sin embargo, existe
un orden histórico que puede aprenderse en la totalidad concreta de la historia misma, es decir,
en ciertos aspectos del proceso histórico que reflejan el orden con más sencillez que el resto y
son los más decisivos. (Childe, 1947, págs. 93-95).
Según este autor, uno de los elementos que facilitan la aprehensión del orden histórico,
es el análisis del desarrollo de las fuerzas productivas, debido a que determinan en gran medida
las transformaciones en la superestructura ideológica de la sociedad: formas legales, políticas,
institucionales. Por lo cual, el estudio del desarrollo de las fuerzas productivas será transversal
en el análisis histórico, de las cuales forman parte las telecomunicaciones y que han influido
en la transformación del modelo de desarrollo del país.
En el último siglo, se ha venido gestando un modelo determinado en lo que respecta al
desarrollo de las telecomunicaciones, el cual ha sido altamente influenciado por diferentes
formas de gestión que se dieron en determinados momentos históricos. Estos se dividen
4 Ver Childe, G. (1947). Teoría de la Historia. Editorial La Pléyade. Buenos Aires: Argentina.
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cronológicamente según el carácter político ideológico de su gestión, basándose en el
monopolio privado en primera instancia, seguido del monopolio estatal y la apertura de
mercado posteriormente.
Para el análisis de estas etapas del desarrollo de las telecomunicaciones, se cuenta con
estudios importantes como los de Benedict Bull (2008), Gerardo Fumero (2013), Arguedas y
Morales (2013), los del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
(PROSIC) y el conocimiento de personas expertas, los cuales constituyen las principales bases
para el desarrollo de este análisis. Gracias a estos, es posible rastrear con claridad la ruta
histórica tomada en el país en lo que respecta al desarrollo de este modelo.
De esta forma, se procede a estudiar la historia de las Políticas de Inclusión Digital del
Estado costarricense, a través de un orden de desarrollo del servicio de telecomunicaciones en
el país, dividida en ciertos periodos con rasgos muy marcados, facilitando en gran forma su
análisis y su comprensión. Para esto, se parte de los planteamientos de Gordon Childe (1942),
quien señala que:
“(...) la historia no sigue una ruta prescrita, y por el contrario traza su propio camino
a medida que avanza, la búsqueda de un término es, naturalmente, tarea vana. Pero el
conocimiento del curso seguido en el pasado será útil guía para establecer la dirección
probable de la etapa siguiente”. (Childe, 1947, pág. 94-95).
Por lo tanto, con la precaución de caer en esquematismos o someter la historia a leyes
trascendentales, ni deducir que es un proceso desordenado excluyente del juicio racional, se
busca reducir los fenómenos históricos en cuestión, a un orden fácilmente comprensible,
mediante el cual, aprehender de forma general su desarrollo.
Partiendo de la comprensión de la historia de las telecomunicaciones como un proceso
creador, es posible comprender de forma concreta el desarrollo que ha tenido este sector desde
sus estadios inferiores a finales del siglo XIX, a formas más complejas (superiores), como las
políticas actuales y su dinámica dentro del contexto de la Sociedad de la Información. Con lo
cual, se abarcan elementos tan trascendentales en la historia del país como el desarrollo de las
fuerzas productivas, la evolución de los medios de producción y las transformaciones
consiguientes en la esfera jurídica-ideológica.
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2.1 Historia del Servicio Público de Telecomunicaciones en Costa Rica
“La historia del servicio público de telecomunicaciones en Costa Rica, es una historia de una empresa privada ineficiente que el Estado tuvo que asumir” - Pablo Morales
2.1.1 Inicios del servicio de Teléfono y Telégrafo
Los estudios más amplios sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica,
han sido elaborados principalmente por el Ingeniero Gerardo Fumero Paniagua, quien en su
obra Telecomunicaciones en Costa Rica: 140 años de historia en defensa de un servicio
público, compila toda la historia del desarrollo del sector, desde mediados del siglo XIX. Para
este ejercicio se tuvo la oportunidad de entrevistar directamente al autor y profundizar en el
estudio de su obra, lo cual ha sido sumamente enriquecedor para esta dimensión del análisis.
Como parte del proceso de recolección de información, se tuvo la oportunidad de
realizar una entrevista semiestructurada con este autor, la cual se direccionó mayoritariamente
en el abordaje de los principales aspectos históricos que subyacen en el actual modelo de
gestión del servicio público de telecomunicaciones, debido a la especialización y el bagaje con
el que cuenta en dicho aspecto.
Según lo plantea Fumero (2019), los inicios de este servicio datan al año 1857, cuando
el Estado Costarricense emite decretos en los cuales autoriza la realización de concesiones para
que entidades privadas como la Sociedad Internacional de Telégrafo Eléctrico, instalaran líneas
telegráficas en el país.
En 1866 se faculta al Poder Ejecutivo para la contratación de la construcción de una
línea telegráfica entre Cartago y Puntarenas, la cual atravesaría San José, Heredia y Alajuela.
De esta manera, gracias a la articulación entre el Estado y la empresa privada por la vía de la
concesión, en 1868 se transmiten los primeros telegramas en el valle central. (G. Fumero,
comunicación personal, 2 de octubre del 2019).
Para el año 1869 se logra instalar la red hasta la provincia de Puntarenas, en ese mismo
año “(...) el gobierno debió de asumir la administración del servicio por considerarlo de utilidad
pública y en vista de que el contratista -un empresario norteamericano- alegó no poder
continuar prestándolo, dado a que no era rentable”. (Fumero, 2013, pág. 48). Siendo este un
rasgo constante en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, una constante rotación
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entre la gestión privada y la gestión Estatal, debido a la inoperancia de la primera por razones
de rentabilidad.
Por su parte, también la vinculación entre el desarrollo de las redes telegráficas,
telefónicas y los servicios eléctricos, ha sido otro rasgo marcado de la historia de este país, lo
que generó que fueran las mismas compañías las que se encargaran de desarrollar la
infraestructura para brindar estos servicios, como se verá en adelante.
Para la década de 1880, se asigna el desarrollo de la red telegráfica entre San José y
Limón a Minor Cooper Keith, cuya compañía ocuparía un papel trascendental en el desarrollo
infraestructural del país en aquella época. En el año 1886, en la administración del presidente
Bernardo Soto Alfaro (1886-1890), el gobierno establece una pequeña red telefónica, “(...) esta
se utilizó para comunicar las distintas dependencias gubernamentales: el Poder Ejecutivo con
los cuarteles, los ministerios más importantes y las oficinas encargadas de las comunicaciones;
lo que era primordial en caso de un conflicto armado”. (Marín y Naranjo, 1998 en Fumero,
2013, pág. 51). Esta fue una época de alta tensión política en la zona ante la disyuntiva de
restablecer la República Federal de Centro América.
En adelante empieza a hacer auge el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, a
través de concesiones hechas por el Estado a empresarios privados (Silas Hastings, Samuel
Uribe Picón, Francisco Mendiola Boza) y por la iniciativa de diferentes empresas de instalar
pequeños sistemas telefónicos para mantener comunicaciones con intereses privados. (Fumero,
2013, pág. 52).
2.1.2 Monopolio privado (1895-1963)
a) Compañía de Teléfonos de Costa Rica
En 1895, con la creación de la Compañía de Teléfonos de Costa Rica por parte del
empresario Francisco Mendiola Boza, se comienza a dar el servicio de telefonía en el país, a
partir de la concesión que le fue otorgada por el Estado. Esta sería una época de desarrollo
liberal de las telecomunicaciones en el país, la cual duraría más de medio siglo.
El desarrollo de la compañía tuvo muchas dificultades debido a problemas económicos,
por lo cual, en diferentes ocasiones tuvo que ser amparada por el Estado o vender parte de sus
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acciones. La United Fruit Company y el Estado costarricense por su parte, optan por crear redes
propias de forma paralela, las cuales se acordó, no podían vender sus servicios al público en el
país. Estas entidades lograron desarrollar redes con interconexión internacional.
En 1915, la Compañía de Teléfonos de Costa Rica mediante un contrato logra asegurar
que “(...) el servicio no podía ser adjudicado a otra empresa”. (Fumero, 2013, pág. 60). A raíz
de esto, pacta una serie de acuerdos con el Estado, el cual le brinda una protección robusta a
cambio del cumplimiento de una serie de metas y determinadas regulaciones.
Además del establecimiento de metas por parte del Estado, en relación a la cobertura y
la conectividad entre diferentes zonas geográficas, este también se encargaba de regular las
tarifas y aspectos como: la instalación de aparatos, los tiempos de uso de los usuarios, la
confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. Como lo describe Fumero (2013):
“(...) La compañía estaba, además, obligada a darle servicio al gobierno para uso
exclusivamente oficial, libre de costos de suscripción, instalación o traslado. Se
comprometía, además, a instalar 10 aparatos en la ciudad de Puntarenas, uno para cada
autoridad política local y cinco para cada una de las municipalidades de San José,
Cartago, Heredia y Alajuela”. (pág. 62).
Es con estas regulaciones que en el país inicia lo que se consagraría como una tradición
en el modelo institucional en torno a la manera de gestionar el servicio público de
telecomunicaciones, las cuales se enmarcarían bajo la forma jurídico de servicio universal.
El desarrollo alcanzado en los medios de producción en los países centrales del
capitalismo global, generó que en Latinoamérica se empezaran a explotar de forma más amplia
y sistemática, recursos como la producción de energía eléctrica y el espectro radiográfico. Lo
cual, también responde al crecimiento de estos mercados a nivel mundial y al auge de su
explotación a nivel comercial, como servicios que empezaban brindarse de forma masiva a la
sociedad civil.
Esto genera que en el país empieza a surgir una serie de empresas que serían de
trascendental importancia en la historia del desarrollo de estos recursos tecnológicos, como la
Compañía Nacional de Electricidad y empresas de capital estadounidense vinculadas con la
United Fruit Company, como fue el caso de Compañía Radiográfica Internacional
Costarricense S.A (CRICSA). En adelante, estas empresas empezarían a ganar un mayor auge,
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siendo estas las principales en llevar el desarrollo a nivel de infraestructura. Cabe destacar que,
en la mayoría de los casos, estas empresas ofrecían tanto el servicio de electricidad como el de
telecomunicaciones.
En materia de gestión jurídica de estos recursos, durante este periodo se desarrolla un
hito histórico que en adelante determinaría la historia del desarrollo de las telecomunicaciones:
bajo el mandato de Francisco Aguilar Barquero (1919-1920) se declara la telegrafía y la
telefonía como servicios de utilidad pública, los cuales por lo tanto vendrán a ser declarados
como monopolios del Estado. De ahí en adelante, dentro del ordenamiento jurídico del país, el
espectro radioeléctrico se convierte en un bien demanial, por lo cual no podría salir del Estado
de forma definitiva y sólo puede explotarse de forma privada mediante la figura de concesión.
(Fumero, 2013, pág. 63).
Para el año 1927 se registra otro acontecimiento importante en la historia del desarrollo
de las telecomunicaciones en el país, en ese año la empresa estadounidense The Electric Bond
and Share Company, a través de su subsidiaria American and Foreign Power Company, compra
las empresas The Costa Rica Electric Light and Traction Co, la Compañía Nacional de
Electricidad y la Compañía Nacional Hidroeléctrica S.A., adquiriendo de esta forma, las
empresas más importantes que habían en el país en materia de producción de energía eléctrica
y de desarrollo de telecomunicaciones. Como recalca Fumero (2013):
(...) a partir de entonces, ambos servicios (electricidad y telecomunicaciones) fueron
monopolizados por The Electric Bond and Share CO., que ante la falta de regulación
habían crecido desordenados, sin control, con deficiente calidad y elevadas tarifas
(pág.44).
A nivel nacional, este es un contexto caracterizado por el predominio de compañías
estadounidenses que se dedicaban a explotar recursos naturales, dominando sectores
estratégicos de la economía del país, como los ya mencionados, además de la explotación
bananera, que le daba derecho a la compañía (United Fruit Company en este caso) a explotar
grandes extensiones de territorio con exoneración de impuestos.
El monopolio privado en manos de capital extranjero se convirtió en una preocupación
para diferentes sectores a nivel nacional, debido a que eran conscientes del papel que ocupaba
la explotación de la energía eléctrica, la cual, para entonces ya constituía un base para el
desarrollo industrial de los países. Además de esto, en el país había un gran malestar debido a
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las deficiencias en el servicio y los casos de corrupción, mediante los cuales las empresas
extranjeras mantenían condiciones monopólicas para su beneficio.
De esta manera, ya en la década de 1920 surge un movimiento de lucha por la
nacionalización de los recursos derivados de la explotación de la electricidad, el cual se articula
mediante el surgimiento de la Liga Cívica Juan Rafael Mora Porras, la cual se constituirá en el
país como uno de los movimientos políticos más importantes del siglo XX. Según lo expone
Bull (2008), en dicha década:
(...) aflora la oposición contra el predominio de compañías estadounidenses en la
producción de electricidad y en la producción bananera de la costa atlántica. Tal
oposición se representó en la Asamblea Legislativa por medio del recientemente
formado Partido Reformista, pero estuvo primariamente influido por la liga Cívica, un
grupo intelectual vinculado al movimiento regional contra la dominación de E.E.U.U.
-Alianza Popular Revolucionaria Americana-, liderado por el peruano Víctor Raúl
Haya de la Torre. (pág. 120).
Entre sus principales logros se ubica la creación del proyecto de ley que sería aprobado
en 1928 bajo el mandato de Cleto González Víquez, a través de este: “(...) se nacionalizaron las
fuerzas eléctricas que pudieran obtenerse de las aguas de dominio público”. (Fumero, 2013,
pág. 69).
Además, en esta ley se decretó la fundación del Servicio Nacional de Electricidad
(SNE), órgano descentralizado al que se le asignó el otorgamiento de concesiones, fijación y
control de tarifas, la regulación del servicio y la supervisión de su calidad. Su primer presidente
fue Alfredo González Flores, quien en los inicios de su gestión tuvo fuertes conflictos con
representantes de la Electric Bond and Share Company, a partir de lo cual proclama:
“(...) Tengo la absoluta seguridad de que nuestra política se impondrá y de que se
harán respetar las leyes del país. No temo a los norteamericanos que amenazan a los
que no toleran sus abusos, pues otros norteamericanos inspirados en un espíritu de
justicia, están haciendo todo lo posible por restringir esos abusos en su propio país”.
(Gonzales Flores en Betancourt, 1930).
Con esto, en adelante el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) ocuparía un papel
importante en el desarrollo tecnológico del país, la explotación de la electricidad y
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posteriormente en el desarrollo de las telecomunicaciones. Dicho sea de paso, el SNE fue uno
de los primeros entes reguladores que se crearon en la historia de Latinoamérica.
b) The Electric Bond and Share Company
“(...) para fines del año de 1928, controlaba -The Electric Bond and Share Company- el alumbrado
eléctrico, la calefacción y la fuerza motriz de 267 poblaciones de la América Latina”. (Blanshard, en
Betancourt, 1930).
Pese a los avances alcanzados con la nacionalización de la energía eléctrica y el espectro
radiográfico, la Electric Bond and Share Company organizada por la compañía General
Electric, con sede en Nueva York, monopolizó el servicio de electricidad y telecomunicaciones
por las siguientes décadas.
Si bien esta compañía había comprado las principales empresas proveedoras de estos
servicios, cada una seguiría trabajando independiente de las demás. Es hasta el año 1941 que
se funda la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A, a través de la cual se comercializarán los
servicios bajo una misma razón social. (Fumero, 2013, pág. 72).
En 1942 mediante entrada en vigencia de la Ley de Aguas No. 276, se le asigna al SNE
la administración de las aguas nacionales y se le atribuye la función de fiscalización y control
de los contratos telefónicos, con lo cual asume ciertas facultades en torno a la regulación de las
telecomunicaciones. Además de estas tareas, la entidad se encarga de establecer disposiciones
a las empresas para mejorar el servicio.
La segunda mitad de la década de 1940, sería una etapa muy convulsa en la historia
política de este país, grandes conflictos políticos y una marcada fragmentación ideológica,
sumada a un contexto de corrupción y poca transparencia, llevaría a eventos tan dramáticos
como la guerra civil de 1948, cuyo impacto determinará en adelante la historia del desarrollo
del país.
Tras la victoria del bando socialdemócrata, en el cual predominaba un claro corte
ideológico anticomunista, desarrollista y reformista, se instaura la Segunda República y se crea
una nueva constitución, la cual “(...) mantuvo el principio de la nacionalización de las aguas y
otros recursos como el espectro radioeléctrico, los yacimientos de carbón, las fuentes petróleo
e hidrocarburos, los depósitos de minerales radioactivos, los ferrocarriles, los muelles y
aeropuertos”. (Fumero, 2013, pág. 74).
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Inicia el periodo del Estado Desarrollista 1949-1965 (Bull, 2008, pág. 123), durante el
que el Estado promovió la creación de instituciones autónomas en busca de la desconcentración
y el impulso de sectores estratégicos de la economía, los cuales, debido a sus elevados costos,
no resultaban rentables para la iniciativa privada y sin embargo eran fundamentales para el
desarrollo del modelo capitalista en el país. De esta forma, como lo señala Pablo Morales
(2019), “(…) la clase que ascendió al poder tras la guerra civil, se asegura un desarrollo
eficiente de la infraestructura de electricidad”. (P. Morales, comunicación personal, 6 de
noviembre de 2019).
Fue en el propio periodo de la junta de gobierno que se crea el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), institución autónoma a la cual se le entregó el monopolio para la
generación y suministro de electricidad. Su principal responsabilidad sería: “(..) asegurar la
disponibilidad de energía eléctrica como un medio para fortalecer la economía nacional y el
bienestar de los costarricenses”. (Bull, 2008, pág. 122).
Esta surge bajo los conceptos de democratización del servicio eléctrico y el Estado
desarrollista, se le encomienda como promotora de la industria y como una de las principales
herramientas del desarrollo socio económico. La institución pasaría a ser piedra angular en el
discurso sobre el Estado desarrollista de Costa Rica.
A pesar de que se crea el ICE para el desarrollo de la energía eléctrica, las
telecomunicaciones siguieron siendo explotadas por la empresa transnacional, la cual durante
la década de 1950 tendría serias dificultades para satisfacer la creciente demanda y ampliar la
cobertura del servicio en el país, alcanzando un rezago significativo en comparación con el
resto de Centroamérica. Durante esta década se agudizaron los problemas de congestión,
obsolescencia y demanda insatisfecha.
Bajo el primer mandato de José Figueres Ferrer (1953-1958), el Estado asume el
servicio telefónico. Tras diferentes estudios sobre el estado de las telecomunicaciones en el
país y algunos intentos de licitación para su mejora en la administración de Francisco Orlich
Balmorich (1962-1966), se nacionalizan los servicios de telecomunicaciones y la CNFL pasa
a ser del ICE. De igual forma, en esta administración el país se suscribe al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, con el cual pasa a ser miembro de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT).
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Como hecho histórico de trascendencia, a inicios de la década de los 60, el Estado
costarricense adquirió las dos primeras computadoras para el procesamiento de datos en
instituciones como Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio. Las computadoras eran marca IBM, modelo 1401, con sistema operativo unitario
Autocoder. Estas computadoras se utilizaron también en la Dirección General de Estadística y
Censo. (PROSIC, 2006, 89).
2.1.3 Monopolio Estatal (1963-2008)
De esta manera, precisamente en el año 1963, las telecomunicaciones empiezan a ser
gestionadas vía monopolio Estatal, coincidiendo con la entrada del país en un periodo en el
que, como lo señala Bull (2008), el Estado tomó un matiz paternalista (1965-1979) en su
modelo de gestión, en buscaba de reducir las brechas sociales mediante su intervención directa,
para cumplir con su deber de brindar bienestar social a la población.
Entre los principales factores que llevaron a este proceso de nacionalización fueron
entonces la nueva orientación Estatal de promoción y participación en el desarrollo de
actividades económicas estratégicas, las deficiencias del servicio brindado por la CNFL bajo
la gestión de la transnacional y la iniciativa por ser parte de Mercado Común Centroamericano
(Álvarez y Fallas, 1996), con el cual se definiría el inicio de un nuevo modelo de desarrollo
industrial, a la luz de un fuerte proteccionismo e incentivos fiscales; lo cual generaría un
importante crecimiento económico durante esa época..
“(...) A partir del cambio inició una nueva etapa en el desarrollo de las
telecomunicaciones en Costa Rica, caracterizada entre otros aspectos, por la
introducción de grandes innovaciones tecnológicas, acorde con los requerimientos
socioeconómicos del país”. (Álvarez y Fallas, 1996, pág. 17).
En este mismo año, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, crea la
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, la cual surge a partir de la realización de
una conferencia internacional titulada “Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en beneficio
de las regiones menos desarrolladas”, en la cual se estableció como prioridad la creación y el
fortalecimiento de instituciones responsables del desarrollo científico y tecnológico en los
países de América Latina. (MICITT, 2016, pág. 13).
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Como se detalla en MICITT (2016), esto le permitió al Estado lograr mejoras en sus
instituciones, además de captar mayores recursos financieros externos para la inversión en
investigación y para la preparación de recurso humano en áreas estratégicas, definidas según
las necesidades que presenta el proyecto económico. (pág. 14).
Las potestades sobre la gestión de las telecomunicaciones, son atribuidas al ICE a través
de una modificación de su ley constitutiva, “(…) mediante la ley número 3226 se adiciona un
inciso (el h) al artículo 2, del decreto ley 449 de 1949, por medio del cual se amplían las
funciones de este Instituto, encomendándole el establecimiento, extensión, mejoramiento y
operación de los servicios de comunicaciones telefónicas y otros, para lo cual se le otorgó la
concesión por tiempo indefinido”. (Monge y Chávez, 2010, pág. 41).
A partir de esto, a la institución le corresponderá: “(...) Procurar el establecimiento,
mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas,
telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la
concesión correspondiente por tiempo indefinido”. (Ley 3226, 1963).
En esta misma reforma, al Servicio Nacional de Electricidad se le otorgó la facultad de
regular lo concerniente a telecomunicaciones, al igual que lo hacía con la electricidad. Así
queda sentado en el artículo X de la Ley 3226 (1963):
"Artículo 8.- El Servicio Nacional de Electricidad tendrá respecto del Instituto Costarricense de Electricidad, en cuanto al sistema de telecomunicaciones, la facultad reguladora que la ley concede en relación con los servicios eléctricos". (pág. 2).
De igual forma, mediante esa jurisdicción, el ICE pasa a hacerse cargo de la
infraestructura de la CNFL en materia de telecomunicaciones y posteriormente de CRICSA, la
cual se convertiría en una empresa pública y pasaría a denominarse Compañía Radiográfica
Costarricense S.A (RACSA).
Según lo señala la autora Benedict Bull (2008), hubo tres principales razones por las
cuales se optó por asignar a la misma institución encargada de la gestión de la electricidad, la
gestión de las telecomunicaciones. Estas se resumen en:
“(...) Primero, el ICE había ganado una buena reputación por su eficiencia y altos
estándares técnicos, y por lo tanto, también fue considerado como competente para
desarrollar los servicios de telecomunicaciones. En segundo lugar, las
telecomunicaciones se consideraron como un servicio de lujo, del cual se podrían usar
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sus utilidades para subvencionar el desarrollo de la electricidad en las áreas pobres y
rurales. Y, en tercer lugar, la tasa de recuperación de inversiones en las
telecomunicaciones era de aproximadamente un cuarto de la tasa de recuperación de
las inversiones en electricidad. Así, los ingresos por los servicios de
telecomunicaciones asegurarían liquidez en las fases de grandes inversiones en el
desarrollo de electricidad”. (pág. 126).
Con esto, el Estado opta por una sola compañía dividida en diferentes sectores, los
cuales se apoyan mutuamente a nivel técnico y económico.
Para el financiamiento del sector de telecomunicaciones, el Estado optaría por la
realización de préstamos con el Banco Mundial, el cual, como se analizó en el capítulo I, en
aquella época proporcionaba grandes préstamos y bondades crediticias a los países
subdesarrollados.
En 1964 se aprueba el primer Proyecto Nacional de Telecomunicaciones, en que se
establecen las prioridades a corto y mediano plazo para el sector. Se establecieron objetivos
vinculados a la universalidad del servicio, como el suministro a poblaciones que hasta ese
momento habían estado marginadas. (Fumero, 2013, pág. 82). En este se establece la visión de
la institución de llevar sus servicios a todos los lugares del territorio nacional,
independientemente de su condición geográfica o la condición socio económica de sus
habitantes.
Posteriormente, en el año 1966, se forma la Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones (COMTELCA), la cual “(...) se dio a la tarea de elaborar un estudio de
factibilidad que contempló el planeamiento, diseño y organización de la Red Centroamericana
de Telecomunicaciones”. (Álvarez y Fallas, 1996, pág. 20). El proyecto inicia en 1970 con el
financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Como lo
indican Álvarez y Fallas (1996):
“(...) El proyecto tuvo lugar en el marco de las iniciativas de integración económica
regional, el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) y las directrices
estadounidenses del Programa Alianza para el Progreso, hechos incluidos en el
proceso de industrialización diseñado para el área”. (pág. 20).
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Este proyecto contó además con el apoyo y la colaboración de Naciones Unidas (ONU),
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Ministerio de Comunicaciones de la
República de Francia, entre otras entidades.
Con el advenimiento de la década de 1970, junto a los cambios experimentados en la
economía a nivel mundial a raíz del estancamiento de los países potencias, surgen una serie de
transformaciones y nuevos factores que darían con un gran auge y evolución del mercado de
telecomunicaciones a nivel mundial. La confluencia de este conjunto de factores, traería
consecuencias que determinarían en gran medida el desarrollo económico del país y con esto,
el rumbo que tomaría el desarrollo de las telecomunicaciones.
En primera instancia, hay que tener en cuenta que es a partir de entonces, da lugar en el
país, el periodo que Bull (2008) denomina como: Estado empresario, caracterizado
principalmente por su “(...) participación directa en diversas empresas, ya sea como
inversionista mayoritario, como inversionista minoritario, o, concediendo préstamos baratos o
garantías”. (pág. 132). Como parte de esto, 1973 se crea la Corporación para el desarrollo de
Costa Rica (CODESA), entidad mediante la Estado incursionar en tales inversiones
Para entonces se empieza a hablar de una excesiva intervención del Estado en la
economía, lo cual había llevado a grupos importantes del sector empresarial a abandonar el
proyecto del Partido Liberación Nacional. Por otro lado, a nivel mundial se empiezan a
promulgar una retórica de deslegitimación neoliberal en contra de las instituciones públicas, se
promulga la desregulación de la economía y el recorte de gastos públicos como solución a la
crisis que impacta la economía mundial, debido al estancamiento y marcado agotamiento del
modelo económico de la pos guerra, como se planteó en el capítulo I.
En esta época empiezan a surgir ideas sobre la restructuración del modelo productivo
en el capitalismo central y la reconfiguración de las políticas económicas y sociales. De igual
forma, empieza a hablarse de nuevos paradigmas y modelos de gestión de la economía
capitalista, ya para ese entonces, autores como el sociólogo japonés Yoneji Masuda, empezaba
a hablar de la Sociedad de la Información como nuevo modelo social.
Estas visiones se nutren a partir del desarrollo exponencial vivido en el campo de la
microelectrónica y la tecnología digital y su confluencia en las denominadas Tecnologías de la
Información (TIC), el cual, debido a sus alcances, se le ha considerado como una revolución
en las fuerzas productivas. Debido a sus particularidades, este salto tecnológico tuvo un
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impacto que sobrepasa sus logros técnicos y su aprovechamiento económico, alcanzando a
influir en la esfera política social y cultural. Es cuando autores como Fritz Machlup, Daniel
Bell y Marc Uri Porat, comienzan a percibir que “(...) la sociedad evolucionaba hacia un nuevo
modelo de organización, en donde el empleo de tecnologías de la información modifica las
actividades de la estructura social”. (PROSIC, 2006, pág. 87).
En Costa Rica surgen iniciativas por generar la digitalización de la infraestructura
tecnológica, las cuales son impulsadas principalmente por el ICE. Sin embargo, actores como
las universidades públicas, instituciones autónomas y la empresa privada, fueron determinantes
en la incorporación de estos avances.
Para entonces, ante la necesidad de eliminar la duplicidad de funciones, al ICE se le
asigna el manejo de la telefonía internacional, mientras que RACSA asume los servicios de
telemática. Con esto, dicha entidad sería la primera en brindar servicios especializados de
telecomunicaciones, debido a la concesión brindada por el ICE; alcanzando algunos años
después, a ser la primera en ofrecer servicios de conexión a redes informáticas. (Siles, 2008,
pág. 135).
Según lo exponen Álvarez y Jara (2008), el desarrollo de la industria de TIC en Costa
Rica tiene sus orígenes en la década de los años 70, la base su desarrollo tuvo esencialmente
dos cimientos: la inversión pública en educación, salud e infraestructura y el énfasis puesto en
la transferencia tecnológica. (pág. 2).
Como parte del ejercicio de recolección de datos efectuado para esta investigación, se
realizó una entrevista a la autora Elena Jara, politóloga quien durante su labor como
investigadora en el PROSIC (2005-2010), participó en la realización de importantes estudios
el desarrollo de la Sociedad de la Información en Costa Rica5. Se considera que esta entrevista
fue muy estratégica, debido a que Jara se dedicó al estudio del tema antes, durante y después
de la apertura de las telecomunicaciones en el país, periodo cuya aprehensión es de gran
importancia para este estudio.
Según lo señala Jara (2009), dado a la relevancia que empezaron a adquirir la
computación y la informática en el quehacer económico nacional, la Universidad de Costa Rica
inició en 1973 la carrera de Ciencias de la Computación y en 1976 el Instituto Tecnológico de
5 Ver Álvarez, V. y Jara, E. (2008). Desarrollo de las TIC en Costa Rica y su tratamiento en el CAFTA. Red LATN, Working Paper 98. Buenos Aires: Argentina.
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Costa Rica abrió la carrera de Ingeniería en Computación Administrativa, siendo estas las
primeras carreras de informática en Centroamérica. (E. Jara, comunicación personal, 4 de
noviembre del 2019).
Empieza a desarrollarse un mercado de infocomunicaciones, explotando el auge de la
computación y la informática, lo cual venía siendo una tendencia a nivel mundial, por lo que
se vislumbraba que sería un mercado rentable. El exceso de oferta de profesionales en el campo,
dio lugar al surgimiento de los primeros emprendedores de la industria en el país, quienes
empezaron a dar cobertura a las necesidades del comercio, la industria, entre otros. (Álvarez y
Jara, 2008, pág. 4).
Estas iniciativas en muchos casos eran encabezadas por altos funcionarios del ICE con
conocimiento en el mercado y en la materia, quienes podían comprender el potencial que tenía
dicho mercado, por lo cual invirtieron en empresas mediante las cuales posteriormente
vendieron servicios al propio ICE. Autoras como Bull (2008) y Arguedas y Morales (2013), se
refieren a esto como una red de políticos empresarios que aprovecharon su posición para
invertir forma privada en el mercado de las telecomunicaciones.
Tales factores, sumados a las tendencias globales y el creciente auge que tenían en el
país las ideas neoliberales, se empieza a cuestionar el modelo de gestión de las
telecomunicaciones y se piensa en vías para implementar una gestión privada; tras lo cual, en
adelante el ICE enfrentaría una seguidilla de intentos de privatización, marcados por la
corrupción y la impunidad. Cómo se ilustra en la recopilación hecha por Jorge Arguedas y
Pablo Morales (2013), ya para finales de la década de 1970 se empiezan a conocer en el país
casos de corrupción relacionados a concesiones irregulares, los cuales datan del caso de la
licitación 3520 en 1978 y los “Protocolos franceses”6. Lo cual marcará en adelante la historia
del desarrollo del sector de telecomunicaciones y la historia política del país.
A finales de la década 1970, el ICE como ente rector de comunicaciones, en función de
su compromiso social de servicio universal, da inicio al Proyecto Telecomunicaciones Rurales,
el cual: “(...) está orientado a suministrar el servicio telefónico en las zonas rurales del país.
Dado a su importancia para el desarrollo regional, al ser considerado como infraestructura
básica para el desarrollo”. (Memoria ICE, 1980 en Álvarez y Fallas, 1996, pág. 26).
6 Ver Arguedas, J. y Morales. P. (2013). Historia de un saqueo: Las telecomunicaciones en Costa Rica tomadas como botín de políticos empresarios. Editorial Arado. San José: Costa Rica.
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Con esto, el Estado busca proveer a la mayoría de las comunidades alejadas de los
principales centros de población de dicho servicio, con lo que se busca fortalecer algunos otros
sectores que ocupan un papel central en la economía del país como el comercio y el turismo.
En la década de 1980, Costa Rica adopta la iniciativa de pasar de una economía
protegida hacia una economía abierta, capaz de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y
estimular la llegada al país de empresas multinacionales. Para esta década, la globalización y
la ideología neoliberal habrían ganado gran auge y aceptación entre los principales grupos
económicos y políticos, de la mano de los mecanismos internacionales y el gobierno de Estados
Unidos, los cuales como se analizó en el capítulo 1, se encargaron de incorporar este nuevo
paradigma en la región latinoamericana.
Es así como las acciones se orientaron hacia una “estrategia hacia afuera”, propiciando
la inversión extranjera y promoviendo los vínculos con las compañías multinacionales. Como
se analiza en el informe del PROSIC (2006), tras el trauma generado por la crisis de la década
de los ochenta, Costa Rica buscó generar cambios en su modelo económico, inclinándose hacia
una política de inversión extranjera directa (IED), que no sólo apuntaba a estabilizar sus
principios macroeconómicos, sino también a aumentar el abanico de su base de la exportación.
(pág. 224).
Para el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), en un contexto en el cual el país
estaba sufriendo los peores estragos de la crisis y grandes tensiones relacionadas a la deuda con
el FMI, se firma un convenio con el Banco Mundial para el primer préstamo del Programa
Ajuste Estructural (PAE). Hecho que sería determinante en la historia del desarrollo del sector
de telecomunicaciones en el país.
El PAE I tuvo un impacto directo sobre las finanzas y el modelo de gestión del ICE, ya
que en este acuerdo se pactaron medidas drásticas como: congelar los empleos del sector
público por tres años, implementar nuevos mecanismos de auditoría para las finanzas y limitar
la inversión pública, reduciéndose drásticamente el presupuesto para inversiones en
telecomunicaciones. Con esto, de acuerdo con Bull (2008), “la capacidad del ICE para
proporcionar servicios de telecomunicaciones de alta calidad fue severamente restringida”.
(pág. 137). Sumado a esto, a la explosión en el desarrollo de la tecnología digital y el paradigma
infocomunicacional, exigía una alta y constante inversión, para lograr mantener el sistema al
tanto de los novedosos avances tecnológicos.
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Proyectos de gran importancia como el plan de telefonía rural se vieron drásticamente
limitados, así como la capacidad del ICE de atender una demanda cada vez mayor. De esta
forma, en adelante los problemas de eficiencia que sufría la institución para atender la oferta,
serían utilizados como un ideologema neoliberal para justificar la apertura de mercado, como
alternativa para superar los problemas de eficiencia que tiene la gestión monopólica del
servicio.
No obstante, en este contexto se logran importantes avances técnicos en
telecomunicaciones, como la instalación de la Estación Terrena de Tarbaca para
comunicaciones vía satélite, con lo cual, el país se integró en la era espacial de las
comunicaciones, alcanzando altos niveles de seguridad al evitar posibles interrupciones por
averías técnicas o por atentados con explosivos, que para esa época eran frecuentes, ante la
situación socio-política que vivía la región centroamericana. (Fumero, 2013, pág. 90).
Como parte de las nuevas políticas de apertura comercial, el gobierno concede una
degradación arancelaria a las microcomputadoras, al igual que una reducción en el impuesto
de ventas, que disminuyó del 133% a tan sólo un 10%. Como lo explican Álvarez y Jara (2008),
esto tuvo como consecuencia una elevada importación de “micros” al mercado nacional,
situación que contribuyó para iniciar una etapa de despegue de la industria de software. (pág.
3).
Estas medidas, permitió la reducción de costos considerablemente, lo que se refleja en
facilidades para la accesibilidad del hardware para pequeñas y medianas empresas y para
usuarios en general.
De esta manera, la evolución del sector de TIC se da de la mano con el cambio de
modelo de desarrollo del país, dada a la iniciativa adoptada tras la profunda crisis
experimentado en Costa Rica al final de la década de los setenta y principios de los ochenta, la
cual se centra en la necesidad de transformar la economía e impulsar la inversión extranjera en
el sector de tecnologías.
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Para una mejor comprensión del recorrido histórico abarcado hasta acá, en la siguiente
figura se expone un resumen de los principales acontecimientos en el desarrollo del servicio de
telecomunicaciones para entonces.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
En el gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990), de corte marcadamente neoliberal,
se aprueba el PAE II, el cual si bien no establece como condición la privatización del ICE,
afecta indirectamente sus finanzas. A partir de este acuerdo, las cuentas de las instituciones
autónomas fueron incorporadas en las cuentas del FMI, además, el gobierno se comprometió a
suspender las peticiones de préstamos externos, por lo cual empezó a depender de las fuentes
de fondos internos.
Figura 3. Línea de tiempo desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. Periodo 1860-1988.
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Como se verá más adelante, el gobierno de Arias es determinante en lo que vendría de
la historia del desarrollo de las telecomunicaciones en el país. En este se sientan las bases para
la transformación del modelo, proceso que consagraría durante su segundo mandato con la
firma del TLC.
Con los PAE como telón de fondo, empiezan a formularse alternativas para llevar a
cabo la privatización del ICE, como lo fue la iniciativa por formar la Empresa Costarricense
de Telecomunicaciones (ECOTEL)7, diversas propuestas que se formularon a lo interno de la
institución, por parte de altos cargos. Inclusive en determinado momento, el propio presidente
Arias le pidió al ICE evaluar la posibilidad de privatizar partes de la institución. (Bull, 2008,
pág. 140).
Como se ha venido mencionando, el ICE en este contexto sufre las consecuencias de
los ajustes en la gestión financiera, por lo cual, no podía satisfacer la creciente demanda del
servicio de telefonía celular. Esto se vio directamente permeado, además, por la estrategia del
Banco Mundial, el cual (...) no consideraba fondos para la telefonía móvil, ya que esta era
entendida como deseable para el financiamiento con fondos comerciales”. (Bull, 2008, 140).
Posteriormente el desarrollo de esta tecnología fue suspendido por parte de la institución.
En 1989 en el país se empieza a brindar el servicio de telefonía celular a través de una
concesión dada a la empresa Millicom Mobil de forma inconstitucional, caso que se detalla en
profundidad en la investigación de Arguedas y Morales (2013). Esta sería la primera compañía
transnacional en desarrollar los servicios de telefonía celular en Centroamérica, financiada
principalmente por el Banco Mundial, la International Finance Corporation (IFC) y por capital
de inversionistas privados.
Esta compañía desarrolla una red privada de telefonía celular, sin embargo, en 1994
ante una denuncia del Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE), se comprueba que la concesión
dada a la compañía es inconstitucional, por lo que su operación en el país se declara como
ilegal y se le obliga a cesar su funcionamiento en el plazo de un año. Tras una gran tensión
política, ante presiones del gobierno de Estados Unidos que pugnaba por la privatización del
sector y una gran oposición en el país por parte de diversos actores políticos, el gobierno rompe
7 Ver Fumero, G. (2013). Telecomunicaciones en Costa Rica: 140 años de historia en defensa de un servicio público. Editorial UNED. San José: Costa Rica.
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relaciones con Millicom y asigna al ICE la gestión de los servicios de la compañía, por lo que
la institución empieza a brindar el servicio de telefonía celular 1G. (Bull, 2008; pág. 147).
En este conflicto tuvieron gran protagonismo organizaciones sindicalistas como la
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones
(ANTTEC) y la coalición Frente de Organizaciones Laborales (FOL), quienes, mediante
diversas denuncias, huelgas y diferentes mecanismos de presión, lograron que el gobierno
rompiera relaciones con Millicom en 1995. El caso fue llevado a instancias internacionales
mediante una demanda de compensación interpuesta por la transnacional en una corte distrital
en Washington D.C, la cual no prosperaría. (Bull, 2008, pág. 147).
En lo que respecta al desarrollo de la industria de alta tecnología en el país, en este
periodo se dio un gran auge de inversión extranjera en las industrias de electrónica y
dispositivos médicos, sectores que se desarrollan gracias a la política económica de atracción
de inversión extranjera directa. Para entonces, en el país se establece el objetivo de crear un
mercado de alta tecnología que logre encadenar las multinacionales con del desarrollo de
industrias locales. (PROSIC, 2006, pág. 224).
Por su parte, el mercado de desarrollo de software también tendría un auge importante
en el país, el cual, según se detalla en PROSIC (2006), se dio gracias a algunas condiciones
que confluyeron para entonces:
“(...) A mediados de la década de los noventa se dio un “boom” de crecimiento
latinoamericano en el desarrollo de aplicaciones de buena calidad y accesibles. (...) El
pánico generado por el tema de cambio de fechas por el año 2000 incitó al desarrollo
y demanda de nuevos programas y aplicaciones que “combatieran” el YK2000. La
primera oleada de aplicaciones por Internet, se desató una nueva demanda de
productos derivados del sector de software”. (PROSIC, 2006, pág. 224-225).
Con esto surge mercado de desarrolladores de software, ahora especializados, para
enfrentar los problemas de oferta y demanda. Además, se aprovechó la coyuntura por iniciativa
del sector privado para generar una renovación tecnológica y dar impulso al sector.
Iniciando la década de los noventa, se establece en la Universidad de Costa Rica el
primer nodo (computadora conectada a internet) de la red BITNET en la región
centroamericana, esta es una red de gran extensión que conecta instituciones de educación
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superior en Estados Unidos, usada principalmente para divulgar avances en investigaciones y
noticias del ámbito académico. En 1993 se logra la interconexión con la red internet.
Paralelamente, con las conexiones pioneras de la UCR, se estableció la Red Nacional
de Investigación de Costa Rica (CRNet), una red digital que utiliza enlaces de fibra óptica para
interconectar las instituciones académicas y de investigación más importantes del país, y
proporcionan amplio acceso a la información y recursos computacionales del mundo. Estos
logros, no solo permiten la conexión instantánea de un gran número de personas con el resto
del mundo, sino que introducen en el país por primera vez la tecnología inter redes a gran
escala. Por parte del Estado, se creó un grupo llamado CRNet, cuya infraestructura medular se
ubicó en el Instituto Costarricense de Electricidad.
Seguidamente, en el año 1994 Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) incursiona en
el mercado de internet, brindando en primera instancia acceso a este servicio para el sector
comercial y a personas particulares. A principios de julio 1995, entró en operación un dominio
de Internet del sector gobierno que interconectó en su primera fase a 12 ministerios.
Por lo tanto, es en el gobierno del Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), cuando
Costa Rica empieza a explotar el uso del servicio de internet con fines públicos y comerciales.
De igual forma, como se analizará más adelante, es en esta administración cuando el país
empieza a incorporar políticas relacionadas inclusión digital a su agenda.
Para ese entonces, autores como Alvin Toffler y Manuel Castells, desarrollan estudios
importantes a partir de los cuales sostienen que la información está ocupando un lugar central
como recurso estratégico en la economía mundial y que la creciente informatización de la
economía facilita la integración de las economías nacionales y regionales. Con lo cual, empieza
a popularizarse el término Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC).
Las políticas neoliberales impulsadas en los gobiernos venideros, generaron grandes
cambios en el modelo de gestión de Estado y consecuentemente de la visión sobre el desarrollo
del país y de las telecomunicaciones. En esta administración se firma el PAE III, en el cual una
amplia gama de instituciones públicas, fueron postuladas para una posible privatización,
desmonopolización o nuevas regulaciones.
El ICE no fue incluido dentro de esa lista de instituciones, pero el programa afectó
indirectamente a la institución, debido a que en este se solicitan planes para la separación de
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los sectores de telecomunicaciones y electricidad, y principalmente, porque en él se acuerda
transformar el Sistema Nacional de Electricidad (SNE) en una autoridad reguladora de los
servicios públicos autónomos. (Bull, 2008, pág. 144).
Lo cual es de gran trascendencia, debido a que con este cambio se empieza a gestar un
nuevo concepto de regulación de los servicios públicos en el país. Pocos años después se emite
la Ley 7593 del 6 de octubre de 1996, la cual transforma radicalmente el Servicio Nacional de
Electricidad (SNE) y se creó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica
(ARESEP).
A partir de entonces, la ARESEP como autoridad del Estado, pasa a ser el ente que
asume la labor de regular los servicios públicos que se brindan en Costa Rica, tales como "(...)
agua y saneamiento ambiental, telecomunicaciones, energía eléctrica y combustibles y
transporte terrestre, marítimo y aéreo. Sus funciones principales son la fijación de precios y
tarifas, y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad,
continuidad, oportunidad y prestación óptima”. (ARESEP, 2012).
En el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998), el ICE enfrenta grandes problemas
debido a la deuda interna, las limitaciones interpuestas por los PAEs y la negatividad del Banco
Mundial para brindar préstamos para el desarrollo de telecomunicaciones. Por lo cual, gran
parte de los esfuerzos se destinaron a atender los problemas financieros.
Para entonces entra en el escenario global la Organización Mundial de Comercio
(OMC), encargada de regular el comercio de los países a nivel mundial. Esta entidad, desde el
principio puja por la apertura del mercado de telecomunicaciones y ocuparía un papel
importante en los procesos de apertura en la región latinoamericana.
El desarrollo de las telecomunicaciones alcanza un auge importante, el servicio de
internet vive un aumento exponencial, este se duplicó año tras año, pasando de 300 conexiones
residenciales en 1996 a 41 542 en el año 2000. Este servicio demuestra ser de gran rentabilidad,
entrando en un periodo de auge, diversificación y descentralización de dimensiones que hoy
en día no nos dejan de sorprender. Como lo señala Siles (2008), tras casi una década de
desarrollo de esta tecnología en Costa Rica, era necesaria una mayor infraestructura de
conexión. (pág. 208).
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Ante este panorama, se asigna a Roberto Dobles como presidente del ICE, quien se
decantaba ideológicamente por una modernización de la institución inspirada en el modelo
europeo, basado en la competencia privada en las empresas de propiedad estatal, el cual
consideraba ser más apropiado que el modelo de liberalización implementado en el resto de
Latinoamérica. (Bull, 2008, pág. 148).
Con base en esta visión, en 1996 se formulan tres proyectos de ley sobre el ICE, que
pretendían una apertura gradual de sus monopolios. La propuesta estaba compuesta
específicamente por: la Ley de Modernización y Fortalecimiento del Instituto Costarricense de
Electricidad, una nueva ley de telecomunicaciones y una nueva ley de electricidad, estas
últimas de carácter liberal. Según lo señala Bull (2008), este combo en conjunto tenía un
carácter “(..) más similar al modelo de reforma que se introdujo en varios países europeos,
sobre todo los escandinavos, en la segunda mitad de los 90” (pág. 148), el cual buscaba
fortalecer el ente operador del Estado para que operara como una empresa privada, en un
mercado que se abriría gradualmente a la competencia.
La propuesta de Dobles no prosperó, pero en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez
(1998-2002), se recuperan varios elementos de la misma, a partir de los cuales se vuelven a
desarrollar tres proyectos de ley que serán presentados a la Asamblea Legislativa en 1999 de
forma integrada, por lo que a la propuesta se le conocería como “El Combo del ICE”. Estas
propuestas se resumen en:
“(...) La Ley General del sector de telecomunicaciones aseguraría una apertura gradual
del sector a la competencia hacia el año 2002 y se establecería una nueva institución
autónoma reguladora para el sector (...) La Ley de Fortalecimiento institucional del
ICE le otorgaría plena libertad administrativa, técnica y financiera, y lo dejaría afecto
al régimen de las empresas privadas (...) El tercer elemento era una reforma
constitucional, necesaria para transformar el ICE de institución autónoma a empresa
pública”. (Bull, 2008, pág. 157).
El Combo energético fue aprobado por la asamblea en el año 2000, lo cual provocó una
masiva protesta pública en oposición que se extendió por todo el país. Distintas agrupaciones
sociales como sindicatos, grupos ambientalistas, estudiantes, la iglesia católica, entre otras, se
unificaron para combatir esta propuesta, en una clara oposición a la privatización y en defensa
de una institución que ocupaba una posición importante en la historia y el desarrollo del país;
y que ya era parte de la idiosincrasia nacional.
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“(...) Después de la aprobación del combo, a los estudiantes y sindicatos del ICE se
unieron varios otros grupos, y en un plazo muy corto el país entero se paralizó, por los
bloqueos de calles, puentes y puertos, y huelgas en diversas instituciones públicas. El
24 de marzo, la policía reportó 40 manifestaciones diferentes en todo el país y el arresto
de 52 estudiantes y profesores; un número ignorado de manifestantes resultó herido en
choques con la policía y las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, miles de personas
marcharon por las calles de San José para protestar contra el combo”. (Bull, 2008, pág.
159).
Ante la gran convulsión social generada a partir del rechazo de la sociedad a la
implementación de lo que eran claras medidas de privatización, el gobierno se ve forzado a
desistir. Por lo que el primer debate del combo, fue anulado por la Sala Constitucional ante un
recurso de inconstitucionalidad.
Con esto, se detuvo uno de los mayores intentos de privatización que había vivido la
institución y sus monopolios en la historia. La intensidad del conflicto e impacto en términos
políticos, lo convierten en uno de los acontecimientos más significativos de la historia
contemporánea del país.
Este acontecimiento marcaría también la política venidera, constituyó el punto de
quiebre del bipartidismo que se rompería en las siguientes elecciones, el cual ya venía en
declive desde el pacto Figueres-Calderón y los graves casos de corrupción, que revelaban una
co-gobernanza en las últimas décadas por parte de los partidos tradicionales.
El ICE conservaba entonces el monopolio tanto de los servicios de electricidad como
los de telecomunicaciones, estos últimos en adelante bajo la lupa debido a problemas de
eficiencia, principalmente en telefonía celular. A partir de lo que seguiría a cargo del sector, en
medio de un sentimiento de urgencia por brindar un servicio de alta calidad, acorde a las
necesidades que presentaba el país.
Bajo la administración de Rodríguez, se dio un gran impulso al desarrollo de las
telecomunicaciones, incorporando en su plan de gobierno una Agenda Digital, la cual se
analizará más adelante. En conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se concibe la
Red de Internet Avanzada (RIA), basada en la incorporación del uso de tecnología IP, con el
apoyo financiero de la empresa Cisco Systems. Este proyecto inaugura una etapa de
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modernización del sistema nacional de telecomunicaciones, alcanzando a integrar los servicios
de voz, datos y video en una sola red. (Fumero, 2013, pág. 133).
Durante esta administración surge la Cámara de Productores de Software de Costa Rica
(CAPROSOFT), la cual iría progresivamente integrando otros sectores además del software,
tras lo que se convierte en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC), la cual “(...) procura el desarrollo, promoción y uso de las tecnologías digitales,
así como el desarrollo de acciones consensuadas entre la industria, el Gobierno y la academia”.
(CAMTIC, 2018).
Esta entidad concibe a las tecnologías digitales como un sector transversal a todos los
sectores económicos y sociales, lo que las convierte en herramientas indispensables para el
crecimiento de la productividad, la eficiencia y la efectividad de los negocios, las empresas y
las personas (CAMTIC, 2018). Su principal labor es representar al sector empresarial mediante
el impulso de políticas y acciones de promoción para los productos y servicios de tecnología en
el mercado nacional.
El papel de CAMTIC adquiere gran importancia en el país, debido a que se encarga de
dirigir el accionar del sector empresarial en lo que respecta al desarrollo de las políticas públicas
y el desarrollo empresarial del sector de telecomunicaciones.
En el año 2002 el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009),
anunció en un discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el interés de
negociar un tratado de libre comercio con los países de la región de Centroamérica, el cual fue
confirmado ese mismo año en Costa Rica, tras una visita del entonces presidente Abel Pacheco
de la Espriella (2002-2006) a la Casa Blanca.
Este acuerdo plantearía una serie de objetivos respecto a la gestión económica y política
de la zona, los cuales son:
a- Estimular la expansión y diversificación del comercio en la región, b- eliminar los
obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y
servicios, c- promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio,
d- aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y f- hacer valer los
derechos de propiedad intelectual. (COMEX, 2003, capítulo I).
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El tratado se gesta en el marco del proceso de apertura de los mercados de bienes y
servicios de los países centroamericanos, proceso que como se ha venido analizando, inicia en
la década de 1980 con los Programas de Ajuste Estructural y la transición hacia un modelo de
desarrollo exportador y de atracción de inversión directa extranjera, a las naciones
latinoamericanas. (López en Fumero, 2005, pág. 143).
De acuerdo con lo señalado con Salvador López (2005), respecto al contexto en el que
se propone el TLC:
“(...) Los acuerdos comerciales están cada vez más presentes en las economías
mundiales, como parte de un proceso de globalización, cuyo objetivo final es consolidar
la creación de bloques comerciales por parte de las potencias del mundo, tendientes a
formar mercados para sus propias corporaciones”. (en Fumero, 2005, pág. 143).
La negociación de este tratado comercial, al cual se le denominará Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC o CAFTA-DR),
marcaría un hito en la historia de nuestro país, debido a la reorientación que implicaría en el
modelo desarrollo y por la polarización ideológica en torno a su aceptación, dando lugar a un
conflicto político que prácticamente dividió la sociedad.
El servicio de telecomunicaciones adquiere un carácter especial en el tratado, ya que era
uno de los principales mercados a privatizar, junto a otros servicios de gran rentabilidad
comercial como el de seguros. Respecto a estos dos sectores, el TLC proponía la promoción de
la competencia para la mejora de calidad de los servicios y la disminución de su costo final.
Los cambios planteados para la gestión del servicio de telecomunicaciones no se
estipulaban directamente en el TLC, el cual no podía por sí solo transformar el monopolio de
telecomunicaciones, sino que, como lo señalan Arguedas y Morales (2013), necesitaba de las
llamadas leyes de implementación, “(...) particularmente para el sector de telecomunicaciones
habían dos: la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”. (pág. 107).
En un contexto en el cual se escuchan los ecos de un suceso de las dimensiones del
Combo ICE, cualquier medida dirigida a la privatización de los monopolios de la institución
será polémica e impopular, por lo cual, el presidente Pacheco declaró que los servicios de
telecomunicaciones no se negociarán en el tratado.
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Esto generaría que el gobierno se viera sometido a presiones tanto internas como
externas, principalmente del gobierno de Estados Unidos y diferentes entidades representantes
del sector privado. A raíz de lo cual, en el año 2003 el Poder Ejecutivo cede y acuerda incorporar
la apertura del mercado de telecomunicaciones en el capítulo XIII del tratado, al cual, se le
adjunta un anexo titulado Compromisos específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de
Telecomunicaciones, en el cual, como lo sugiere el título, se establece un modelo adecuado a
las particularidades del país.
El CAFTA-RD sería aprobado en la mayoría de los países de la región en el año 2005,
sin embargo, en Costa Rica el tratado es sometido a un profundo análisis por parte de los
diferentes sectores. Como parte de esto, en el año 2003 se crea la Comisión Especial Mixta de
Telecomunicaciones para el asesoramiento en la toma de decisiones, en la cual sobresale el
surgimiento de la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología (INFOCOM), como entidad
que aglutina los intereses del sector privado y que en adelante ocuparía un papel trascendental
en la lucha por la inclusión de las telecomunicaciones dentro del tratado.
Es justamente en este año, cuando en el país el ICE empieza a brindar el servicio de
telefonía móvil mediante la tecnología 2G, mejor conocida como GSM; registrándose un
aumento considerable en la demanda del servicio y en la cantidad de usuarios en el país.
Tras varios años de pugna, ya en el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez (2006-
2010), la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa aprueba el tratado,
decisión impopular que tuvo el rechazo de un amplio grupo de organizaciones sociales y la
sociedad civil, dando lugar el 26 de febrero del 2007, a una de las manifestaciones más
multitudinarias en la historia del país. (Fumero, 2013, pág. 243).
Ante la presión de la oposición, el entonces mandatario acoge la propuesta de tomar la
decisión sobre la aprobación del TLC a partir de un referéndum ciudadano que se celebraría el
7 de octubre de ese año. En el periodo previo a la votación, la fragmentación ideológica se
intensificó, las dos fuerzas contrapuestas se aglutinan en el movimiento Si al TLC y el
movimiento No al TLC. El primero resulta ganador con un 51,22% de los votos contra un 48,12
% del No. Con lo cual, se aprueba la firma del tratado y por ende la reforma en materia de
telecomunicaciones.
Posteriormente, el sector de telecomunicaciones entraría en un proceso de
reestructuración, a partir de las especificaciones acordadas en el tratado. Este nuevo modelo es
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el que se encuentra en vigencia actualmente y de él se desprenden las políticas de inclusión
digital en las cuales se enfoca este estudio. Es por tal razón que al análisis de este periodo se le
dedicará un apartado más adelante.
2.2 Antecedentes de las políticas públicas de inclusión digital en Costa Rica
“En la nueva etapa de desarrollo en la que se encuentra el mundo, conocida como Sociedad de la Información,
el desarrollo intensivo del conocimiento, el avance en materia de infraestructura de las telecomunicaciones e
Internet, además de la promoción del acceso y uso de las TIC constituyen retos que conllevan la necesidad
perentoria de formular una política en materia de SIC”. - PROSIC, 2006.
Antes de proseguir con el desarrollo histórico posterior a la aprobación del TLC en el
2007, es preciso compilar diferentes políticas que el Estado venía implementando para
promover la inclusión digital, previo a la creación del nuevo marco jurídico. Estas, por lo tanto,
constituyen los principales antecedentes de las políticas objeto de estudio.
Para la elaboración de este ejercicio de análisis, se tuvo la oportunidad de entrevistar a
Angélica Chichilla Medina, quien es politóloga y se desempeña actualmente como Directora
de Evolución y Mercados de Telecomunicaciones en el MICITT. La información recabada
durante la entrevista se considera estratégica, debido a que Chinchilla cuenta con una amplia
experiencia laboral en dicho ministerio, lo que le ha permitido conocer de cerca la historia de
la institución y los diferentes programas y proyectos efectuados en el país. (A. Chinchilla,
comunicación personal, 8 de noviembre del 2019).
Según señala Chinchilla (2019), el auge de este sector representaría una alternativa para
desarrollar la reestructuración iniciada a partir de la crisis de los 80, proyectándose como un
posible anclaje para introducir al país en el mercado global. Con lo cual, en el país toma fuerza
la idea de apostar por el desarrollo de estas nuevas tecnologías y la explotación de las
posibilidades que ofrecen, especialmente en las economías de tercer mundo, las cuales en su
mayoría se habían tornado hacia el modelo de inversión extranjera directa.
A partir de esto, a inicios de la década de los 90 en la gran mayoría de países de la
región, empiezan a darse una serie de iniciativas a nivel de política pública y económica,
enfocadas en generar las condiciones necesarias para promover el desarrollo de la Sociedad de
la Información en el país.
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En el caso de Costa Rica, es en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990)
cuando empiezan a desarrollarse las primeras iniciativas tanto a nivel político como privado.
En este periodo, el desarrollo tecnológico tiene un gran impulso por parte del Estado,
particularmente mediante la promulgación de la ley No. 7169 de Promoción del Desarrollo
Científico y Tecnológico, de la cual, surgen mecanismos de gran trascendencia como el
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y posteriormente el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MICIT).
Para el año 1987 se había creado la Fundación Omar Dengo: “(...) por un grupo de
intelectuales y empresarios costarricenses, con el propósito de promover el mejoramiento de
la calidad de la educación costarricense, mediante la introducción de nuevas tecnologías e
innovaciones educativas”. (PROSIC, 2006, pág. 101). Esta se crea con la visión de extenderse
a nivel nacional mediante el trabajo articulado con instituciones estratégicas como lo es el
MEP.
En este convenio surge el Programa de Informática Educativa, a través del cual ambas
entidades se han encargado de crear condiciones de acceso de internet y la instalación de
laboratorios en escuelas públicas del país, logrando mantenerse vigente hasta la actualidad.
En 1988 se crea la Comisión Nacional de Política Informática (COPOIN), la cual
constituye el primer antecede de política nacional enfocada en el desarrollo de la Sociedad de
la Información.
“(...) Esta Comisión definió un primer Programa Nacional de Informática, que incluía
la coordinación centralizada de los proyectos sectoriales e institucionales en tecnología
de información, incluyendo el Programa de Informática Educativa MEP-FOD (PIE
MEP-FOD) como un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación Pública (MEP)
y la Fundación Omar Dengo”. (PROSIC, 2006, pág. 89).
Como se señala en PROSIC (2006), a esta comisión se le asignó responsabilidad de
coordinar de forma centralizada los proyectos sectoriales e institucionales en tecnología de
información. Además de estos esfuerzos, la comisión elaboró el primer diagnóstico en el país
sobre la disponibilidad de equipo computacional y realizó los primeros estudios sobre el nivel
de desarrollo de la telemática. (pág. 98).
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En adelante el país entraría en un proceso de incorporación a la Sociedad de la
Información, esto mediante el impulso de políticas y programas nacionales enfocados en la
promoción del mercado de infocomunicaciones y la apropiación social de estos recursos para
el aprovechamiento de sus potencialidades. Para esto, los gobiernos posteriores insistirán en la
creación de diferentes estrategias.
2.2.1 Programa Nacional de Informática (1990-1994)
A inicios de la administración de Calderón Fournier (1990-1994), entra en vigencia la
ley no. 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico propuesta años atrás, con
la cual se reestructuró el Poder Ejecutivo, creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MICIT). Este asume la rectoría del sector científico nacional, el cual según MICIT (s/f), en su
momento se planteó como un ente “(...) necesario para el desarrollo económico del país,
considerando las tendencias mundiales y el fenómeno de la industrialización del conocimiento”
(MICIT, s/f, pág. 14).
También se encargará de crear instancias de coordinación, por lo cual se vuelve a
establecer una Comisión Nacional de Políticas en Informática (CAPOIN), la cual retoma los
objetivos y acciones de su predecesora. Esta comisión adquirió más importancia en dicha
administración, al ser incorporada en el plan de acción del MICIT y el del Gobierno de la
República.
Con base en los resultados de la comisión de 1988, CAPOIN formula el segundo
Programa Nacional de Informática, a este se le asigna el objetivo de: “(...) promover la
utilización de la Informática como instrumento para proponer cambios en el ambiente
tecnológico y cultural del país, coadyuvando a los propósitos de crecimiento económico
sostenido con justicia social” (Morales y Rivera, 1994, pág. 102).
Según el análisis elaborado en PROSIC (2006), el accionar de este programa se puede
clasificar en tres categorías:
1) Aspectos relacionados a los usuarios: formación de usuarios en el uso de la
informática, promoción del acceso a la informática en escuelas de zonas vulnerables, cabinas
para el acceso público a computadoras con internet y apoyo al sector privado, particularmente
el trabajo con la Cámara de Industrias de Costa Rica. (pág. 90).
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2) Aspectos técnicos: Desarrollo de redes de internet de carácter público, tanto
nacionales como internacionales, entre estas el establecimiento de nodos conectados a internet
en la universidad de Costa Rica. (pág. 90).
3) Aspectos relacionados con la aplicación de la tecnología: creación de Centros de
Información Especializados en Ciencia y Tecnología y proyectos de gestión tecnológica de
apoyo a los programas de modernización industrial del país. (pág. 90).
2.2.2 Programa Nacional para el Desarrollo Tecnológico (1994-1998)
En la administración de Figueres Olsen (1994-1998), la estrategia para el alcance de la
Sociedad de la Información fue estipulada en el Programa Nacional para el Desarrollo
Tecnológico. El programa fue creado con la particularidad de dirigirse al acceso masivo de la
población a las denominadas Autopistas de Información, para el aprovechamiento de las
potencialidades de estos medios de transporte de información en términos de desarrollo
económico y social.
Según lo señala Siles (2008), en este momento el desarrollo de internet ingresa en el
ámbito de la política pública y las TIC empiezan a establecerse como recursos decisivos para
mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense. Esto se plasma en el objetivo general
del programa, el cual es:
“(...) proveer al individuo los medios de acceso a las tecnologías de la información y
las comunicaciones (...) contribuyendo de esta manera a la construcción de una
sociedad que brinde mayores oportunidades en términos de un desarrollo social,
económico y cultural, mejorando la calidad de vida de la población”. (MICIT, 1995
en Siles, 2008, pág. 173).
El programa se enfocó principalmente en el desarrollo de infraestructura de internet en
el país y promover el auge de las autopistas de información. Para lo cual, se toma la iniciativa
de unificar una serie de proyectos que existían en esa época, para construir las futuras autopistas
de información nacionales y servicios que permitieran a los costarricenses un amplio acceso a
la información a nivel global. (PROSIC, 2006, pág. 91).
Este es un contexto en el que el desarrollo de las TIC tiene un gran auge internacional.
Como parte de esto, en el país se experimenta un crecimiento importante a nivel de desarrollo
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tecnológico, es en ese contexto cuando el país logra conectarse con el resto del mundo a través
de las redes, mediante proyectos como la Red de Internet Avanzada.
Con esta política también se pondría en marcha el proyecto GOBnet, el cual fue una
iniciativa del gobierno para formar una red entre distintas instituciones gubernamentales, con
el fin de permitir el acceso a internet y el desarrollo de distintas aplicaciones y servicios en
línea. (Siles, 2008, pág. 174).
2.2.3 Programa Impulso (1998-2002)
En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), se da una particular
promoción a la incorporación de las TIC y el uso de internet. Esto se desarrolló mediante una
serie de iniciativas estipuladas bajo el nombre de Programa Impulso, el cual estaba constituido
por una serie de proyectos que tenían el propósito de desarrollar una economía del
conocimiento.
Como lo señala el propio presidente Rodríguez en CAATEC (2001), el país necesita de
un modelo de desarrollo basado en el conocimiento de las personas y el uso intensivo de la
tecnología, para lo cual es indispensable el impulso de iniciativas que apoyen el desarrollo
tecnológico y respondan a factores de competitividad para el desarrollo en materia digital y del
mundo de Internet. A las iniciativas de dicha índole, contenidas en el Programa Impulso, se les
daría el nombre de Agenda Digital. (pág. 25).
Como lo señala Siles (2008), dentro de las principales novedades presentadas por este
programa, destaca el abandono de la noción de Autopistas de la Información como finalidad
de las políticas, dando lugar a la noción de Mundo Digital8, a partir de la que se busca trascender
el simple transporte de información y abarcar un espectro más amplio de la economía, la
política y la cultura.
El programa hizo énfasis en acciones para incrementar el acceso a las TIC, centrando
el desarrollo de infraestructura para el abaratamiento del costo de internet. Tales acciones se
centraron principalmente en: “(...) modernizar la infraestructura de telecomunicaciones,
universalizar el acceso a internet, promover una tecnología basada en las TIC, impulsar el
8 Influenciada por las ideas del informático Nicholas Negroponte. Ver Negroponte, N. (1995). El Mundo Digital. Ediciones B, S.A. Barcelona, España.
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gobierno digital y modificar el marco regulatorio para facilitar la transición a la dicha
economía”. (Rodríguez en CAATEC, 2001, pág. 25). Es a partir de entonces que en el país se
empieza a hablar acerca del desarrollo del modelo de gobierno digital9.
Como se señala en CAATEC (2001), con base en esta propuesta se realizaron un
conjunto de acciones de gran trascendencia, como lo fue el desarrollo de la Red de Internet
Avanzada y la Red Nacional de Investigación Avanzada a cargo del ICE y del MICIT, el
desarrollo de los proyectos costarricense.com y Punto.com para proveer a toda la población de
acceso gratuito a correo electrónico, reducción de tarifas de internet, promoción de la
aplicación intensiva de las TIC en el sector privado, desarrollo de sistemas y contenidos web
de gobierno digital y el impulso de leyes sobre propiedad intelectual y de protección de
patentes.
2.2.4 Plan de Gobierno Digital (2002-2006)
En el Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), se da continuidad a la política de
masificación del acceso a las TIC, mediante un extenso plan gubernamental denominado Plan
de Gobierno Digital. Este plan será la estrategia adoptada en el país para la incorporación del
modelo Sociedad de la Información.
Según el análisis elaborado en PROSIC (2006), los propósitos del plan se pueden
resumir en los siguientes puntos: Que el país cuente con una plataforma capaz de aprovechar
los avances en el campo de las TIC, garantizar la inserción del país en la nueva economía
globalizada, romper la brecha digital garantizando el acceso universal a internet y hacer del
Gobierno Digital una plataforma para una gestión pública ágil y transparente. (pág. 93).
Destaca que en esta propuesta se establece la brecha digital como una problemática
nacional, por lo que se posiciona la necesidad de incluir a las poblaciones vulnerables para que
aprovechen las ventajas que la Sociedad de la Información como uno de los principales asuntos
por atender.
A partir de esto, el gobierno postula un total de cuatro ejes de acción, a través de los
cuales se llevaría a cabo el plan. Según PROSIC (2006), dichos ejes son:
9 Gobierno Digital o e-Gobierno, es el uso de dispositivos tecnológicos de comunicación, como computadoras e Internet para proporcionar servicios públicos a la sociedad.
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● Infraestructura: dirigido a lograr alcanzar anchos de banda adecuados y un
servicio de telecomunicaciones avanzado.
● Economía sustentada en el conocimiento: Desarrollo de servicios de valor
agregado que motiven el uso de TIC en el mercado costarricense,
fortalecimiento tecnológico de PYMES y estímulo a empresas desarrolladoras
de software.
● Preparación para la Sociedad del Conocimiento: Fortalecimiento al programa
de Informática Educativa, ampliación de la infraestructura computacional para
facilitar el acceso en hogares y empresas, instalación de terminales de internet
en lugares públicos y centros comunitarios; y el programa aula móvil, dirigido
a reducir la brecha digital existente entre regiones a nivel nacional.
● Gobierno Digital: Consolidación del Portal del Gobierno e instituciones del
aparato Estatal, interoperabilidad de las bases de datos institucionales y
automatización de procesos administrativos. (pág. 93).
Con estas medidas el gobierno pretendía acelerar la incorporación del país a la SIC.
Para entonces, las discusiones en torno al desarrollo de estas políticas empezaban a ganar auge
en la discusión política, como parte de la polarización en torno al debate sobre la privatización,
implícito en la firma del TLC.
2.2.5 Programa Gobierno Digital (2006-2010)
En la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), el Gobierno Digital
adquiere papel estratégico, siendo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel
Dengo”, como la ruta para la inserción de país en la Sociedad de la Información.
Para esta administración, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el referente
principal de los lineamientos y acciones más importantes a las que se comprometen las
autoridades públicas. (PROSIC, 2007, pág. 13). Este PND contiene algunas referencias
dispersas sobre el Gobierno Digital a lo largo de todo el documento, al igual que ocurre en el
Programa de Gobierno.
Según lo determina PROSIC (2007), el Decreto Ejecutivo Nº 33147-MP constituirá la
base programática del proyecto “Gobierno Digital 2006-2010”, el cual es suscrito por el
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Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia. Con este se crea la Comisión
Intersectorial de Gobierno Digital: “(...) órgano de definición política de alto nivel que tiene el
encargo de diseñar y planificar las políticas públicas en materia de gobierno digital y compra
de equipo de computación y software que realicen las instituciones públicas”. (PROSIC, 2007,
pág. 15).
La comisión se constituye por el Vicepresidente de la República, el Ministro o
Viceministro de la Presidencia, el Ministro o Viceministro de coordinación interinstitucional,
el Ministro o Viceministro de Planificación Nacional, el Ministro o Viceministro encargado de
las carteras de Agricultura y Ganadería, Economía, Industria y Comercio, el Ministro o
Viceministro de Ambiente y Energía y el Ministro o Viceministro de Ciencia y Tecnología.
Los contenidos de este programa se ubican en tres áreas del programa de gobierno: en
la de Políticas Sociales, la de Políticas Productivas y en la Reforma al Marco Legal e
Institucional. Parten de la misión de “(...) proveer servicios eficientes y de calidad a ciudadanos
y empresas, así como agilizar y hacer más transparente la gestión pública mediante el uso
creativo de las tecnologías digitales”. (PROSIC, 2008, pág. 2).
Las acciones se desarrollaron mediante un conjunto amplio de proyectos e iniciativas a
mediano y largo plazo, entre las que sobresalen: el desarrollo de un portal de gobierno digital,
la realización en línea de trámites como licencia y pasaporte, sistemas de recepción de
documentos, fomento de Cafés Internet, abaratamiento de computadoras y equipo de internet,
ventanilla digital de pago de servicios públicos entre otros. (PROSIC, 2008, págs. 6-7).
Por otro lado, en este periodo da inicio el programa Centros Comunitarios Inteligentes
(CECI) desarrollados por el MICIT, los cuales se desprenden de las metas sectoriales para el
Sector Ciencia y Tecnología del Plan Nacional de Desarrollo. Según se expone en PROSIC
(2008), en este se establece como meta la creación de 320 de estos centros para reducir la
brecha digital y fomentar la ciencia y la tecnología con las poblaciones vulnerables. (pág. 13).
Con esto el Estado comienza a desarrollar una red de centros de acceso público y uso
de las tecnologías digitales, con la pretensión de brindar cobertura a nivel nacional, priorizando
a comunidades en donde la brecha digital y la brecha social son mayores. El programa es parte
del Departamento de Promoción Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MICIT y
se encarga de principalmente del desarrollo de proyectos de capacitación.
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Según se detalla en MICITT (2015), los CECI se conforman por un laboratorio
equipado con computadoras, mediante los cuales se busca promover el desarrollo
socioeconómico del país mediante la alfabetización digital de las personas. Este
empoderamiento tecnológico se promovería en las comunidades por medio del acceso al
conocimiento, la información y la creatividad. (pág. 1).
Otro proyecto prioritario desarrollado durante esta administración, fue el de Ciudades
Digitales, el cual propone la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación
para brindar servicios inteligentes a las y los habitantes de las comunidades, mejorando el nivel
de desarrollo humano, económico y cultural. Con lo cual, el proyecto apuesta por el impacto
en el desarrollo local a través de la inclusión digital de las comunidades. (PROSIC, 2008).
Para la puesta en marcha del programa se seleccionaron tres comunidades piloto:
Alajuela, Grecia y Los Santos, en cada una de las cuales se planea brindar servicios especiales
dirigidos a la comunidad. Según PROSIC (2008), como parte de estos se busca crear un portal
“Ciudad Digital”, realizar actividades de formación-educación, actividades para promocionar
el comercio-industria-servicios, la seguridad, la salud y el mejoramiento de procesos en los
gobiernos locales. (pág. 25).
Dentro de las iniciativas implementadas en estas comunidades se encuentran: el
desarrollo de portales municipales que brindan opción de realizar trámites para obtener
permisos de construcción en línea, se instalaron Centros Comunitarios Inteligentes, y se
habilitó el servicio de red Wifi gratuito en los alrededores de los parques centrales. (PROSIC,
2008, pág. 25).
Como ya se señaló anteriormente, durante este periodo entra en vigencia el TLC y con
este la reestructuración del sector de telecomunicaciones, a partir de lo que en el país se redacta
una nueva política de desarrollo de las telecomunicaciones que entra en vigencia en el 2008 y
abarcará las políticas de inclusión digital vigentes hasta la fecha. Para el análisis de tales
acontecimientos se desarrollará un apartado más adelante.
A manera de cierre, en el siguiente recuadro se compilan las políticas enfocadas en la
Sociedad de la Información, las cuales se ubicaron en el país previo a la entrada en vigencia de
las políticas de inclusión digital y que por lo tanto constituyen sus principales antecedentes.
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Figura 4: Principales antecedentes de las políticas públicas de inclusión digital
Políticas Sociedad de la Información Año/Periodo
Programa de Informática Educativa –
Fundación Omar Dengo, MEP.
1987
Comisión Nacional de Política Informática
(COPOIN)
1988
Programa Nacional de Informática 1990-1994
Programa Nacional para el Desarrollo
Tecnológico
1994-1998
Programa Impulso 1998-2002
Plan de Gobierno Digital 2002-2006
Programa Gobierno Digital 2006-2010
Fuente: Elaboración propia.
2.3 Breve historia de la Sociedad de la Información
Las raíces de la noción de Sociedad de la Información tienen una larga tradición en la
sociedad occidental, esta se puede ubicar ya en el pensamiento de Francis Bacon (1561-1626)
y la mística del número, relacionado con la búsqueda de perfectibilidad en las sociedades
humanas y quién además fue pionero en la elaboración de códigos binarios para la encriptación
del lenguaje.
La influencia de este autor, sería determinante en el pensamiento de Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), quien sentó las bases de la cibernética, al proponer la idea de que el
pensamiento puede manifestarse en el interior de una máquina por medio de la automatización
de la razón, a través de la aritmética binaria.
Tal y como lo expone Armand Mattelar (2002), en su obra Historia de la Sociedad de
la Información, la evolución de esta noción puede rastrearse durante el desarrollo de la
modernidad y la idea de una gestión racional y tecnológica de la sociedad, sin embargo, para
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efectos de este estudio, interesa prioritariamente la historia más contemporánea, debido a que
es donde se establece la noción actual de Sociedad de la Información.
Las ideas de Leibniz se materializarían en la segunda guerra mundial, con la aparición
de las máquinas de encriptación desarrolladas por los servicios secretos alemanes y descifradas
por Alan Turing, a partir de lo cual, Estados Unidos empezaría un periodo de desarrollo
exponencial de esta tecnología. En 1948, Norbert Wiener influenciado por el pensamiento de
Leibniz, publica la obra Cibernética y Sociedad, en el cual enfatiza en cómo la información
empieza a ocupar una posición diferente, más allá de ser simplemente un conjunto de datos
(estadística), sino como un conjunto de medios de recogida, utilización, almacenamiento y
transmisión de informaciones descentralizadas. A partir de entonces, la información se situará
en el origen de lo que vendría a ser la segunda tercera industrial. (Wiener, en Díaz, 2012, pág.
171).
En la década de 1960, en Japón se despliega un debate público acerca de la sociedad de
la información, en donde se considera fue Yoneji Masuda quién acuñó el término10. Este debate
fue estimulado en gran medida por influencia de una perspectiva biologicista de la evolución
social, desde la cual la Sociedad de la Información constituye un estadio superior en la escala
evolutiva del desarrollo social.
Para entonces, en Estados Unidos crece el debate sobre la transición hacia un nuevo
estadio del desarrollo por parte de la sociedad occidental-capitalista, por lo que se empieza a
debatir en torno a nociones como aldea global, post capitalismo, sociedad postmoderna, etc.
Dentro de estas teorías, gana auge la propuesta del sociólogo Daniel Bell, quien abogaba por
la entrada de la sociedad occidental en una era post industrial, caracterizada de forma general
por ser libre de ideologías, la nueva centralidad adquirida por el conocimiento como fuente de
innovación y de formulación de políticas públicas, desmaterialización del trabajo; y la
centralidad de la ciencia y la tecnología en el desarrollo. (Mattelard, 2002, pág. 85).
En la década de 1970, una vez terminada la carrera espacial que ocupó la agenda del
desarrollo tecnológico años atrás, el presidente Richard Nixon cambia el organigrama
gubernamental de toma de decisiones en el ámbito de las tecnologías del cable, la informática
y el satélite. Como lo señala Mattelard (2002), al darse por concluida la fase de innovación
10 Los planteamientos de este autor se sintetizan en su obra de 1980 titulada: De la Sociedad Post-Industrial a la
Sociedad de la Información.
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tecnológica de la conquista espacial, el desarrollo tecnológico se enfocaría en aplicación de la
electrónica a necesidades sociales, para el mejoramiento en ámbitos como educación, salud
pública, sistema judicial, servicio postal, dispositivos de alarma en caso de urgencia política y
desastre, entre otros. (pág. 114).
De esta manera, el término Sociedad de la Información empieza a utilizarse en la agenda
política del gobierno de Estados Unidos, para referirse a los cambios en las estructuras
administrativas de gobierno, producidas por la innovación tecnológica. Para 1975, la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más
ricos del planeta, adopta este concepto dentro de su agenda. (Mattelart, 2002, pág. 106).
Ya en 1971, en Japón se ensaya el primer intento de establecer un modelo de Sociedad
de la Información, a través de un plan nacional cuya meta se alcanzaría en el año 2000. Se
plantea entonces el desarrollo de una “Computopolis automatizada”, con gestión automatizada
de distintos servicios controlados por un ordenador centralizado, albergado en una torre en
Tokyo. Este experimento constituyó una base importante de análisis para los grandes países
industriales, con miras a su incursión en este paradigma tecnológico.
En 1978, el entonces presidente de Francia Valéry Giscard, solicita a Simon Nora y
Alain Minc un análisis sobre la informatización de la sociedad. Como resultado de este estudio
surge un informe, en el cual, partiendo de un contexto de crisis y estancamiento, los autores
plantean la necesidad de desarrollar políticas públicas para potencializar desde el Estado el
cambio de paradigma que implicaba la combinación de telecomunicaciones e informática, que
denominaron telemática y que comenzaba a desarrollarse. (Mattelard, 2002, pág. 109).
El informe Nora-Minc como ha sido llamado, adquirió gran importancia debido a su
aporte en la construcción y propagación del modelo de Sociedad de la Información, el mismo
tuvo eco en muchos de los gobiernos de los países de primer mundo y los mecanismos
financieros internacionales, los cuales estaban en busca de alternativas para el incremento de
la productividad, que venía en caída durante la última década. Su trascendencia radica en que
en él se postulan las bases de lo que se define como un nuevo modo global de regulación de la
sociedad.
Durante la década de 1980, se desarrolla el proceso de liberalización del sector de
telecomunicaciones en Estados Unidos, dando fin a la gestión monopólica del espectro
radiográfico y los diferentes servicios relacionados. Este proceso se desarrolla a cabalidad con
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el desmantelamiento de la American Telephone and Telegraph (ATT), lo cual “(...) provoca
una onda de choque mundial que precipita la liberalización de las telecomunicaciones, sobre
un fondo de cambio tecnológico”. (Mattelard, 2002, págs. 121-122). En Europa, la
liberalización del sector de telecomunicaciones empieza a desarrollarse tendencialmente
durante las próximas décadas, lo cual llevará a la apertura de un incipiente mercado mundial
de telecomunicaciones.
En la década de los 90, el vicepresidente de Estados Unidos Al Gore (1993-2001),
encabeza el proyecto denominado National Information Infraestructure para el desarrollo y
explotación de lo que se le denominará como “Autopistas de la Información”, noción
desarrollada con base en un informe de Jacques Delors11 sobre crecimiento, competitividad,
empleo y la importancia del Estado y las Políticas Públicas en el nuevo contexto tecnológico.
(Matterlard, 2002, pág. 123). Posteriormente, a través de este mismo proyecto se pone en
marcha la iniciativa denominada Infraestructura Global de Información, que como su nombre
los sugiere, enlaza autopistas de información a nivel global.
En esos años, la Unión Europea pone en marcha el Plan de Acción "Europa hacia la
Sociedad de la Información” (1993/1994). Posteriormente publicaría un informe titulado
Europa y la Sociedad de la Información Global (conocido como Informe Bangemann),
considerado como el primer acercamiento para diseñar una política común de desarrollo
informático para una región específica en el mundo. Además, este informe contiene un
conjunto de recomendaciones dirigidas a identificar prioridades y potencializar las capacidades
de articular pasos similares en diferentes países.
En el año 1995, el Grupo de los Siete (G7) ratifica el concepto de Sociedad Global de
la Información, al mismo tiempo que reiteran solemnemente su voluntad de lograr lo antes
posible, la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones. (Mattelart, 2002, pág.
127). En este acto, el propio Al Gore pronunció un discurso titulado “La Promesa de un Nuevo
Orden Mundial de la Información”, siendo la primera cumbre mundial en la cual se consagra
el tema.
Durante el año 2000, se desarrollaría una serie de eventos en los cuales se determina la
forma en que se incorporaría la Sociedad de la Información a nivel global. En primer lugar, se
firma la Declaración del Milenio por parte de los gobiernos pertenecientes a la ONU. En esta
11 Político francés, quien fue presidente de la Comisión Europea en el periodo 1985-1995.
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carta se reafirmó la fe en la organización y a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Mediante esto, la ONU establece una serie de objetivos respecto a la
eliminación de la pobreza en el mundo, dentro de los cuales se incorpora la eliminación de la
brecha digital como uno de los objetivos importantes en la lucha contra el subdesarrollo.
Se desarrollaría también la Cumbre Económica y Social Europea en Lisboa. Esta
cumbre adquiere una importancia particular, ya que en ella la Unión Europea estipula como
objetivo estratégico: convertir Europa en una economía del conocimiento más competitiva y
dinámica.
Ese mismo año, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas elaboró una
serie de reuniones dedicadas a la temática: "El desarrollo y la cooperación internacional en el
siglo XXI: la función de la tecnología de la información en el contexto de una economía
mundial basada en el saber". Con esto, se aprobó la denominada Declaración de Florianópolis,
en la cual, se apunta al uso de las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
para el desarrollo de las naciones. Con esta los países miembros reconocieron la importancia
de adoptar políticas públicas proactivas para impulsar la inserción de los países en la Sociedad
de la Información y enfrentar adecuadamente la brecha digital. (CEPAL, 2011).
En el año 2001 se desarrolla a cumbre del Grupo de los Ocho (G8), en Génova Italia.
Esta cumbre además de ser recordada por la multitudinaria manifestación del movimiento
antiglobalización en la ciudad y los violentos enfrentamientos que provocaron la movilización
de veinte mil policías y militares; sobresale porque en ella se promulga la iniciativa de apoyo
a los denominados “e-gobiernos” para los países pobres, como medida para fortalecer la
democracia y el Estado de derecho.
Con el auge de la Sociedad de la Información a nivel mundial, surge la necesidad de
proteger una amplia diversidad de derechos, que aparecen con las nuevas tecnologías de la
Información y la Comunicación y su incidencia en la dinámica social.
Ante este panorama se empieza a hablar de Derechos Humanos de Cuarta Generación,
los cuales, de acuerdo con Ortega (2010), se sustentan en la necesidad de asegurar a todos los
individuos el acceso a las TIC y fomentar el flujo e intercambio de información, alentando la
transferencia de conocimientos. (Ortega en Arias y Chávez, 2010, pág. 17).
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Como parte de los derechos de cuarta generación, empieza a hablarse de: el derecho de
acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la
información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro
radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de
cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación
informativa, el derecho al Habeas Data y a la seguridad digital, entre otros.
Con esto, el paradigma de la Sociedad de la Información, se convierte en el pivote de
un proyecto geopolítico cuya función es la de garantizar la reordenación económica global en
torno a los valores de la democracia de mercado y en un mundo unipolar.
En esos años, la Unión Internacional de Telecomunicaciones como mecanismo
especializado en telecomunicaciones de la ONU, organiza la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI). En esta cumbre abre el espacio para que diferentes actores
como organismos internacionales, empresas privadas, países, sociedad civil, discutan acerca de
las oportunidades del nuevo ambiente de información y cómo buscar soluciones a la brecha
digital.
Previo a esta cumbre, a nivel latinoamericano se celebraría la Conferencia Ministerial
Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información, organizada por la CEPAL y la UIT en Bávaro, República Dominicana. En
esta, se llevan a cabo discusiones relativas al tema de la Sociedad de la Información, el acceso
universal y el norte a seguir en la región latinoamericana, en cuanto a la inserción en el nuevo
paradigma. En esta conferencia, los países participantes afirman:
“(...) conscientes de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y
uso de las tecnologías de la información y comunicación, se comprometen a
desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, la cual refleja e incide en
las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al
conocimiento, entre los países y dentro de ellos”. (CEPAL, 2003, pág. 1).
Con esto, los países latinoamericanos generarían un consenso inicial para acudir a la
CMSI, la cual, se desarrolló en dos fases: la primera fue realizada en diciembre del 2003 en
Suiza, en esta se adoptó una declaración de principios y un plan de acción.
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En el año 2005, se desarrolla una segunda fase de la CMSI en Túnez, debido a la
necesidad de retomar algunos puntos en los cuales no se pudo lograr consenso en el primer
foro. En esta se establece otra serie de compromisos, entre los que sobresale el acceso universal
y sin discriminación a la SIC.
Las negociaciones de las CMSI fueron complejas y no se logró llegar a un consenso
total entre las y los actores participantes. Sin embargo, se logró concretar puntos determinantes
como el establecimiento del objetivo central de: “(...) Eliminar la brecha digital existente en el
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo, específicamente
las Telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de acción y políticas para reducir dicha
desigualdad”. (CMSI, 2005).
De igual forma, se establecería como meta: “(...) que todos los países deben alentar
antes del 2005 la preparación de ciberestrategias nacionales, en particular las encaminadas a
la creación de las capacidades humanas necesarias, habida cuenta de las circunstancias de cada
país”. (PROSIC, 2006, pág. 89).
Entre los acuerdos alcanzados en la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de
América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
destaca el Compromiso de Río, el cual instituye el Plan de Acción de la Sociedad de la
Información en América Latina y el Caribe, conocido como eLAC2007. La eLAC se ha venido
actualizando mediante el desarrollo de diferentes conferencias, en las cuales se renuevan los
compromisos y se debate sobre los desafíos emergentes del desarrollo de la Sociedad de la
Información.
Con esto la Sociedad de la Información se establecería en occidente como nueva fase
de desarrollo para los países afectados por la crisis, incorporándose progresivamente en los
diferentes acuerdos y planes de desarrollo a nivel mundial. En Costa Rica, el modelo empieza
a incorporarse ya desde los proyectos de promoción al desarrollo tecnológico y de apertura del
sector de telecomunicaciones planificados desde los años 90, consolidándose progresivamente
hasta su definitiva ratificación en el CAFTA-RD, como se analizará más adelante.
El concepto de Sociedad de la Información, como construcción política e ideológica, se
ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar
la instauración de un mercado mundial abierto y autorregulado. Esto ha sido llevado a cabo
contado con la estrecha colaboración de organismos multilaterales, desde donde se promueve
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el abandono de las regulaciones nacionales o medidas proteccionistas en los países
subdesarrollados.
2.4 Políticas Públicas de Inclusión Digital del Estado Costarricense (2008-
2018)
Para el año 2008 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana (TLC), el cual genera la apertura del mercado de
telecomunicaciones en el país que conduce a una reestructuración del orden jurídico e
institucional del sector y de su gestión por parte del Estado.
El TLC viene a fomentar la apertura de mercado buscando una libre competencia entre
empresas operadoras en tres servicios, telefonía celular, Internet y redes privadas. Esto implicó
un cambio en la estructura del mercado de las telecomunicaciones y en el modelo de
administración pública. Las pautas para esta transformación se definen en el capítulo XIII del
TLC, en el anexo denominado Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de
Servicios de Telecomunicaciones. Como lo señala Zamora (2017):
“(...) En el marco de este tratado Costa Rica asumió una serie de compromisos para la apertura del mercado de telecomunicaciones. Formalmente el país se encuentra sujeto al Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Evidentemente dichos instrumentos internacionales se encuentran vigentes y rigen algunos de los elementos posteriormente dispuestos por la Ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, y la Ley No. 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”. (pág. 86).
De esta forma, surge el nuevo marco jurídico que definirá los diferentes aspectos
relacionados a la gestión política y económica del sector. Dentro de estos destaca la
modificación a la ley No. 449 de constitución del ICE y la ley No. 3226 de 1963, que como se
analizó anteriormente, otorgan al ICE el monopolio de las telecomunicaciones.
En primera instancia surge a Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, la cual configura la gestión del sector de
telecomunicaciones en Costa Rica. Principalmente, esta ley divide el papel del Estado en tres
roles, dándole facultades como rector, regulador y operador.
En la ley define como ente rector al Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET), en este se crea el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones
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encargado de colaborar en la realización de las políticas públicas. Esta entidad se encargará de
la creación de planes y proyectos destinados al fomento del servicio de telecomunicaciones.
En segundo lugar, se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como
ente regulador de telecomunicaciones, ante la necesidad de regular de forma más estricta la
actividad de telecomunicaciones ante la entrada de nuevos operadores del servicio. El artículo
59 de la Ley No. 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, determina la
naturaleza jurídica de la SUTEL como un órgano de desconcentración máxima, en este se
indica lo siguiente:
"Artículo 59.- Superintendencia de Telecomunicaciones: Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables”.
Con esto, SUTEL tiene la potestad para administrar financieramente y realizar las
competencias que le fueron asignadas, sin tener que esperar la autorización de un superior
jerárquico. Ambas entidades (Viceministerio de Telecomunicaciones y SUTEL) tienen una
estrecha relación de coordinación.
En lo que respecta al rol de operador, se mantiene el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) como una empresa Estatal en el nuevo mercado de telecomunicaciones,
mediante esta ley se establecen los cambios a implementar en la institución para su desarrollo
en una nueva etapa, en la que debe competir con empresas extranjeras. Sus objetivos radican
principalmente en: “(...) reforzar el mercado de las telecomunicaciones y, por ende, fortalecer
a la institución estatal para que pueda competir desde los mismos estándares de calidad que
los otros operadores”. (Monge, 2013, pág. 141).
Para complementar esta ley, se crean tres reglamentos: el Reglamento de Acceso
Universal, Servicio Universal y Solidaridad, el Reglamento del Régimen de competencia en
Telecomunicaciones y Reglamento de Accesos e Interconexión de Redes de
Telecomunicaciones.
En segundo lugar, se crea la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) No. 8642, la
cual se constituye como la ley marco del desarrollo del sector de telecomunicaciones. Esta
tiene como objetivo: “(…) establecer el ámbito y los mecanismos de regulación de las
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telecomunicaciones, que comprende el uso y la explotación de las redes y la prestación de los
servicios de telecomunicaciones”. (Ley 8642, 2008).
De igual forma, define los mecanismos de financiamiento, asignación, administración
y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de acceso universal,
servicio universal y solidaridad. Esto responde a lo establecido en el artículo 13.8 del TLC, en
el cual se establece que: "(...) cada parte administrará cualquier obligación de servicio universal
que mantenga de una manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutral, y
garantizará que la obligación de servicio universal no sea más gravosa de lo necesario para el
tipo de servicio universal que se ha definido". (pág.120). Este carácter de universalidad es un
rasgo esencial de la regulación de las telecomunicaciones en el país, debido a que este principio
en el contexto latinoamericano sólo ha sido ratificado por Uruguay y Costa Rica.
Ante la necesidad de garantizar el compromiso de acceso universal, en la LGT se
establece la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y un Plan
Nacional de Desarrollo de las Comunicaciones (PNDT), en el cual, se estipula la política
nacional de inclusión digital para el cierre de la brecha digital y el acceso universal a toda la
población.
El FONATEL es un fondo económico extraído del cobro parafiscal de un 1,5% que se
hace a todas las empresas operadoras y otros incentivos, mediante el cual, se pretende destinar
recursos a proyectos sociales que tengan como finalidad garantizar el servicio a las
telecomunicaciones a toda la población, generando así un impacto social positivo en aquellos
sectores que cuenten con acceso limitado a las telecomunicaciones.
La LGT, en el artículo 34, se refiere al FONATEL como:
“(…) instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en esta Ley, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones”. (Ley 8642, 2008).
Este fondo es parte de los aspectos destacables de la regulación del servicio público en
la actualidad, debido a la particularidad de los propósitos para los que fue creado. Los cuales,
se resumen en estandarizar el acceso al servicio de telecomunicaciones a todos los sectores de
la población por igual, cumpliendo con el ideal de acceso universal.
www.ts.ucr.ac.cr 96
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), es
definido como "(...) instrumento de planificación y orientación general del sector
telecomunicaciones, por medio del cual se definen las metas, los objetivos y las prioridades
del sector”. (Ley 8642, 2008).
Mediante este plan, en el país se establecen propósitos para el sector de
telecomunicaciones, ocupándose de temas como el fomento de la competitividad, el desarrollo
humano sostenible y sostenibilidad ambiental. Por lo cual, es el instrumento base para la
planificación y la orientación del sector a corto, mediano y largo plazo. (Zamora, 2017, pág.
147).
Es en la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), en la cual se
lleva a cabo la transformación del sector. Parte de lo cual se decreta el primer Plan Nacional
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (2009-2014), con el eslogan: “Costa Rica: Un país
en la senda digital”. Este es formulado por el MINAET, entidad en la cual se ubicaba el
Viceministerio de Telecomunicaciones entonces.
El plan responde a la necesidad de resolver las limitaciones que experimenta el país
para desarrollar la apertura de telecomunicaciones, de igual forma, sus objetivos se alinean con
los de el plan de gobierno “Hacia la Costa Rica desarrollada del bicentenario (2006-2010) y
con los del Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”.
En palabras de Jorge Rodríguez Quirós, entonces ministro del MINAET, el PNDT se
establece como “(...) instrumento de orientación general que guíe el desarrollo del sector de
Telecomunicaciones y lo convierta en pieza angular de una sociedad digital, caracterizada por
la incorporación y uso de nuevas tecnologías”. (Rodríguez 2009, en MINAET, 2009, pág. 5).
Es justamente en el año 2009, cuando en el país se empieza a ofrecer el servicio de
telefonía móvil a través de la tecnología 3G. En este año también ingresan los primeras
empresas operadoras privadas en el mercado nacional de telecomunicaciones, ofreciéndose
además servicios a través de operadores virtuales12.
12 Un operador virtual es una compañía de telefonía móvil que no posee una concesión de espectro de frecuencia
y por tanto carece de una red propia de radio, por lo que debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa, en
este caso, el ICE. Ver Soto, S. (2012). Operadores móviles virtuales en Costa Rica. Tesis para optar por el grado
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
www.ts.ucr.ac.cr 97
En el año 2012, durante la administración de Laura Chinchilla, se aprueba la ley No.
9046: “Traslado del sector de telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología”, mediante la cual, se asigna al
MICITT la gestión del Viceministerio de Telecomunicaciones y eventualmente la promoción
del desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), se crea el segundo Plan
Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones con el lema “Costa Rica: Una Sociedad
Conectada”, estipulado para el periodo 2015-2021. En este plan, se determinó que, para lograr
un impacto en el desarrollo del país desde el Sector de las Telecomunicaciones, se deben
alinear los esfuerzos en tres pilares, estos son: Inclusión Digital, Economía Digital y Gobierno
electrónico transparente.
Debido a la delimitación de este estudio, el análisis se enfoca en el primer pilar,
Inclusión Digital, el cual se establece a partir de la identificación de dos aspectos clave para
lograr que la población costarricense pueda acceder a los beneficios de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento:
● Las limitaciones que enfrentan algunos sectores para acceder a los servicios de
telecomunicaciones, por lo que es necesario dar especial atención a grupos en situación
de vulnerabilidad mediante el desarrollo de acciones focalizadas que les permitan
mejorar sus condiciones de acceso a las Telecomunicaciones. (MICITT, 2015, pág. 67).
● La necesidad de propiciar el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas que
les permitan a diferentes grupos de la sociedad hacer un uso productivo y significativo
de estas herramientas. (MICITT, 2015, pág. 67).
Para esto se vuelve a establecer una segunda Agenda de Solidaridad Digital, la cual,
definiéndose como la herramienta que dirige el conjunto de acciones a corto, mediano y largo
plazo, destinadas a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, proporcionándoles acceso a las telecomunicaciones.
Es a partir de este plan cuando se empieza a trabajar en coordinación con la Estrategia
Nacional para la reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo, “(...) cuyo objetivo es
www.ts.ucr.ac.cr 98
brindar las herramientas necesarias para que las familias desarrollen sus capacidades”.
(MICITT, 2015, pág. 67).
Con esta estrategia se busca garantizar el acceso a “(...) un sistema de protección social,
al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y a las ventajas de la tecnología para la
población en situación de vulnerabilidad del país”. (MICITT, 2015, pág. 67).
Tales acciones están alineadas con las estrategias nacionales orientadas a la lucha contra
la pobreza desde distintos frentes, específicamente con el objetivo estratégico de Reducción de
la Pobreza y la Desigualdad establecido por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, ya que se considera que este sector puede
aportar para la reducción de la exclusión social de manera directa.
En dicho plan se dedica un subcapítulo dentro del capítulo V: Propuestas Estratégicas
Sectoriales, titulado Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en el cual se destacan los
acelerados cambios en los procesos productivos y en los avances científicos y tecnológicos
como elementos que en la actualidad desempeñan un papel fundamental en la toma de
decisiones y el desarrollo de políticas públicas. (MIDEPLAN, 2014, pág. 433).
Este plan ilustra datos muy relevantes acerca de la situación que vive el sector de
telecomunicaciones tras la apertura de mercado. Según se señala, el valor agregado aportado
por el sector de telecomunicaciones fue de 364.510 millones de colones en el año 2013, lo que
representó el 1,47 del Producto Interno Bruto. Del año 2010 al 2013, la generación de empleo
en el sector aumentó 8,6 % alcanzando un total de 10.442 empleados el 0,2% de la población
del país. (MIDEPLAN, 2014, pág. 434).
En este documento se hace énfasis en la necesidad de impulsar el aprovechamiento del
nuevo régimen de telecomunicaciones, tras la apertura del sector y las supuestas ventajas que
este ofrece para la economía del país, así como las ventajas que esto ofrece para la validación
de derechos de las personas, en tanto genera nuevas posibilidades para potenciar el acceso a
nuevos y mejores servicios.
En el año 2017 le fue aprobada una reorganización administrativa al MICITT,
fundamentada en las atribuciones que le competen por ley y a los procesos que debe atender
para la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
www.ts.ucr.ac.cr 99
en temas como la gobernanza digital, y la administración de la información que se genera en
torno a ésta. (MICITT, 2018).
Según datos de SUTEL (2018), para el año 2017 el sector de telecomunicaciones
registró ingresos por 807 296 millones de colones, aumentando en un 4% respecto al año
anterior; ingresos que representaron un 2,4% del PIB. Esto evidencia un claro auge en el sector
y una tendencia al crecimiento en el último periodo, la cual alcanzó un 7% entre el 2013 y el
2017. (pág. 42). En este periodo se alcanza un total de 12 186 empleados, del cual un total de
3344 son mujeres. (pág. 43).
Este auge se ilustra claramente en el nivel de inserción de la telefonía móvil registrado en el
país entre el año 2008 cuando se abre el mercado y el 2015. Esto es ilustrado por PROSIC
(2017), en el siguiente gráfico:
Fuente: PROSIC, 2017, pág. 93.
En lo que respecta al desenvolvimiento de la brecha digital, el MICITT publicó en el
año 2017 el Índice de Brecha Digital (IBD) 2006- 2016; el cual expone los datos más recientes
con los que se cuenta a nivel nacional sobre la materia. En síntesis, en este informe se señala
que:
“(…) La evolución del IBD desde el año 2006 y hasta el 2016, presenta una tendencia decreciente, pasa de 4,7 a 2,1; lo que representa una disminución de 56%. Es importante destacar que, desde la apertura del sector de las telecomunicaciones en el 2008, la brecha digital en el país ha decrecido a una tasa promedio de 9% anual. En los últimos cuatro años, el IBD se ha mantenido en la categoría de brecha baja,
Figura 5: Gráfico de inserción de la telefonía celular en Costa Rica 2008-2015.
www.ts.ucr.ac.cr 100
disminuye entre el 2013 y el 2016 un 29%. Para el último año, la disminución corresponde a un 10%”. (pág. 4).
Lo anterior se expresa con gran claridad en el siguiente gráfico, en el cual se expone el
desenvolvimiento que ha tenido el fenómeno de la brecha digital en el periodo analizado:
Fuente: MICITT, 2019, pág. 6.
Según se señala en el estudio, estos números responden principalmente a un incremento
muy significativo en la cantidad de líneas de telefonía móvil, aunado al incremento que se ha
dado en el número de cuentas a Internet, utilizando para conectarse dispositivos como tabletas
y teléfonos celulares inteligentes, al tiempo que se reduce el uso de computadoras. Estos datos
revelan que los mercados de telecomunicaciones del país, se comportan conforme a la
tendencia mundial en cuanto a la adopción de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (MICITT, 2017, Pág. 10).
Debido a la amplia cantidad de acontecimientos registrados desde el año 1988 al 2018,
en lo que respecta a la historia de las políticas públicas de inclusión digital, se crea el siguiente
recuadro con el fin de mostrar de manera resumida lo que se considera la historia de las
políticas públicas de inclusión digital del Estado costarricense.
Figura 6: Índice de Brecha Digital 2016- 2018
www.ts.ucr.ac.cr 101
Fuente: Elaboración propia (2020).
Figura 7: Resumen Historia de las Políticas de Públicas de Inclusión Digital en Costa Rica.
www.ts.ucr.ac.cr 102
2.5 Conclusiones
A partir del ejercicio de reconstrucción histórica de las políticas públicas, es posible
reflexionar a manera de conclusión, sobre algunos aspectos que fueron determinantes para el
surgimiento y la definición del modelo actual, lo cual representa un gran avance en la
comprensión de estas políticas. De igual forma, constituye una base de conocimiento que, desde
esta perspectiva de estudio, se considera indispensable para poder avanzar de forma concisa
hacía el análisis de los demás apartados de la investigación.
En primer lugar, se concluye que, a lo largo de la historia del desarrollo del sector de
telecomunicaciones en el país, su gestión se ha visto envuelta por el debate político entre una
administración pública o privado de los recursos naturales, en este caso, el espectro
electromagnético. Como particularidad de este proceso, los periodos de gestión privada
terminaron con la compra por parte del Estado de las empresas debido a problemas de
eficiencia.
Con el monopolio del ICE, la gestión pública se mantendría por un periodo prolongado,
alcanzando importantes resultados en la cobertura del servicio de telecomunicaciones y
brindando grandes aportes a la historia del desarrollo del país. Sin embargo, para finales del
siglo XX, se restaura el debate en torno al modelo de gestión, lo que daría paso a la
reestructuración del sector.
Por lo tanto, la apertura de los mercados hacia una gestión liberalizada, solo ha sido
posible a partir de la superación de una fase previa de maduración técnica, que se alcanzó
después de décadas de financiación pública del desarrollo de las telecomunicaciones, así como
de la formación de una demanda a nivel social de productos del sector.
Específicamente, su desarrollo en el país ha sido financiado a través de la deuda externa,
adquirida en el periodo del Estado desarrollista, caracterizado por una gran inversión de dinero
por parte de Estado Unidos y mecanismos financieros internacionales para el desarrollo de
infraestructura y la explotación de mercados incipientes en países subdesarrollados. De igual
forma, muchas empresas privadas que participaron en el desarrollo del servicio de
telecomunicaciones, fueron financiadas por tales mecanismos económicos.
www.ts.ucr.ac.cr 103
A partir de esto, se determina que el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el
país, ha sido conducido en gran medida por los planes de la política económica de Estados
Unidos, los mecanismos internacionales y sus intereses en la zona, siendo en las últimas
décadas, el impulso del mercado global.
Esta situación devela a su vez una nueva faceta de la relación de dependencia que tiene
el país con la potencia económica mundial, constituyendo un caso muy ilustrativo para el
estudio de las novedades en dicha dinámica.
En cuanto al desarrollo tecnológico, se concluye que en efecto el mundo ha
experimentado una revolución tecnológica que ha tenido impacto directo en el modelo
económico y político del país, que se ha visto directamente influida por la transformación
tecnológica desarrollada en los principales centros de la economía mundial y los nuevos usos
de la información con finalidades productivas en el modelo capitalista.
Por lo que la incorporación del modelo Sociedad de la Información a nivel mundial,
responde a un proceso complejo determinado directamente por el desarrollo histórico del
modelo económico, teniendo como telón de fondo una crisis económica mundial y la transición
hacia un modelo neoliberal, centrado en la privatización y la inversión extranjera directa en los
mercados de tercer mundo.
Dentro de este nuevo patrón impera un perfil abrumadoramente mercantil, de modo que
las telecomunicaciones se expanden como una actividad basada directamente en el lucro. La
expansión de este mercado, es un aspecto clave de la globalización del capital, ya que permite
alcanzar sectores y países cuyo desenvolvimiento no estaba directamente regulado por el
mercado, por lo que asume una función esencial en la colonización mercantil.
Como parte de esta política privatización, desde la década de 1980 realizaron diferentes
intentos para abrir el mercado de telecomunicaciones. Tarea que resultó no ser nada sencilla,
debido a que requería de un cambio a nivel constitucional, una reestructuración del sector,
además de no contar con el apoyo popular. De esta forma, la apertura requirió de una largo y
polémico proceso, inmerso en prácticas antidemocráticas y dramáticos casos de corrupción,
hasta su consecución 2007.
Este proceso ha sido acompañado por un giro en la política de Estados Unidos y los
mecanismos financieros, los cuales optaron por dejar de financiar el desarrollo de
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telecomunicaciones (especialmente telefonía celular) en modelos Estatales de gestión
monopólica y declararon el sector de interés para la explotación privada. Lo que a su vez ha
sido complementado por otras estipulaciones que han afectado de forma indirecta la
administración y la financiación de la institución. Situación que evidencia una estrategia que
ha venido desde varias décadas atrás, mediante la cual se vinieron preparando las condiciones
para la apertura.
Cabe mencionar que los intentos de apertura generaron una polarización ideológica,
que, sumada a un clima de corrupción en los últimos gobiernos, dio pie a grandes luchas
sociales que dividieron el país y dieron lugar a eventos con un profundo impacto socio-
histórico, como lo han sido el Combo ICE y el referéndum popular del TLC.
La adopción de la estrategia de inversión extranjera directa, ha sido trascendental para
el desarrollo del servicio de telecomunicaciones y el impulso de la Sociedad de la Información
en el país durante las últimas décadas, ya que el mercado de infocomunicaciones y el desarrollo
de la industria de Alta Tecnología, han sido promovidos estratégicamente para atraer inversión
extranjera y convertir al país en un nodo de la economía mundial.
A raíz de esto se han creado proyectos y acciones por parte del Estado, enfocadas en la
financiación y la promoción social de este paradigma tecnológico. Los primeros
planteamientos se postulan en la Ley 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y
Tecnológico, promulgada en la primera administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990),
con lo que da inicio una estrategia Estatal de incorporación de la Sociedad de la Información,
que ha sido tendencia en todos los gobiernos desde entonces.
El futuro del servicio de telecomunicaciones en el país y las estrategias políticas para
su gestión, se definió con la firma del TLC. A partir de ese momento, se crea un sector nuevo,
centrado en la competencia y con regulación autónoma por parte del ente regulador del Estado.
Antes del TLC, el país carecía de una institución y una política que articula los esfuerzos
destinados a la incorporación de la Sociedad de la Información y atender la brecha digital.
El conflicto político-ideológico alrededor del cual de definió el desarrollo del servicio
de telecomunicaciones, generó que en el país se estableciera un modelo de apertura particular,
influenciado por el modelo europeo de apertura. La particularidad socio-histórica del contexto
nacional, pesó para la implementación de un modelo con algunas diferencias del que se
www.ts.ucr.ac.cr 105
desarrolló en el resto de países centroamericanos, dando lugar a un modelo propio de gestión
del servicio de telecomunicaciones.
Capítulo III. Fundamentación de las políticas públicas de inclusión digital
en Costa Rica
“Desde el día en que inicié mi viaje para aspirar, por segunda ocasión, a la Presidencia de la República, y le
señalé al país la ruta que nos llevaría al siglo XXI, les prometí a los costarricenses poner a Costa Rica a caminar
de nuevo. Les prometí construir un país no sólo más solidario y más desarrollado, sino también un país más
moderno. Un país donde las oportunidades no se nos fueran de las manos por causa del rezago tecnológico que
acumulábamos, o por culpa de las trabas impuestas a la iniciativa privada. Para lograrlo, les dije a los
costarricenses que era necesario liberar al sector privado de las ataduras que durante mucho tiempo lo
condenaron a la ineficiencia, permitiendo que, de manera democrática y regulada, la iniciativa privada se
ocupara de algunas funciones productivas asumidas exclusivamente por el Estado en el pasado. Poco a poco, y
con la ayuda de las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa, he ido cumpliendo con esa promesa”.
– Oscar Arias, en MNAET (2009).
En este capítulo, se presenta un análisis en el que se identifican los principales
fundamentos político-ideológicos que dan sustento y rigen las políticas públicas de inclusión
digital en Costa Rica.
El estudio se basa en la fundamentación teórica que se les da a las políticas públicas a
nivel jurídico, en donde se toma como elemento principal el marco jurídico que da origen a el
sector de telecomunicaciones, tal como se le conoce hoy en día. Este se conforma por: la Ley
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas Del Sector Telecomunicaciones
No. 8660 y La Ley General de telecomunicaciones No. 8642, además de instrumentos de
política pública, como Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones (2009-2014
y 2015-2021).
Así mismo, es indispensable el estudio de algunos convenios internacionales asumidos
por el país en materia de telecomunicaciones a nivel internacional, como lo son: acuerdos sobre
derechos humanos de la ONU, el anexo XIII del TLC de especificaciones para Costa Rica y
los Informes emitidos en las Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Se considera
que, a nivel ideológico, son los que han tenido mayor peso sobre la ruta elegida en el país en
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materia de telecomunicaciones. Es en ellos, donde el país se compromete con la comunidad
internacional a incorporar el modelo Sociedad de la Información.
Acorde con la metodología definida para esta investigación, la información recabada
en las fuentes bibliográficas, fue complementada con entrevistas hechas a personas expertas en
el tema, las cuales han ocupado papeles estratégicos en el desarrollo del sector en momentos
clave. Este ejercicio fue muy enriquecedor, ya que se pudo corroborar y descartar información
que no ha sido compilada a nivel bibliográfico, además de conocer de cerca las ideas y la visión
de mundo desde la cual se creó el actual sector de telecomunicaciones.
Entre estas destacan las realizadas al director de CAATEC Ricardo Monge, al Luis
Ortiz Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER),
quien participó como asesor en la creación de la SUTEL y a Jorge Arguedas, político
costarricense que ha participado en las luchas por la defensa de las instituciones públicas de
telecomunicaciones desde la década de 1970.
El análisis se centra en los fundamentos político-ideológicos, en razón de que, desde el
materialismo histórico, estos se refieren a la organización misma de la sociedad, relacionándose
con las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de bienes,
por lo que se ubican en el nivel de la superestructura. Esta comprende elementos de la vida
social como: las formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento
histórico concreto.
Desde esta perspectiva, la sociedad está compuesta por tres niveles que se pueden
graficar en un esquema vertical, en su primer nivel se encuentra la base o infraestructura
(división y organización del trabajo), en la capa media se encuentra la estructura (relaciones de
producción y las relaciones sociales) y la superestructura está en la parte alta, conformada por
instituciones e ideologías13. Cabe recalar que esos niveles no designan grados sucesivos o
supuestos de crecimiento y desarrollo, sino la superposición de pisos (metáfora del edificio
social). (Lefebvre, H. en Sánchez, 1970, pág. 22).
13 Ver Sánchez, A. (1970). Estructuralismo y Marxismo. Editorial Grijalbo. México D.F: México.
www.ts.ucr.ac.cr 107
Fuente: Elaboración propia a partir de Lefebvre, H. en Sánchez, 1970, pág. 22.
En el caso particular de esta investigación, se parte del análisis de la jurisdicción, como
base empírica en la que se define implícita y explícitamente, los principios político- ideológicos
que conforman la superestructura ideológica de la sociedad. Según lo señala Lefebvre (1970):
“(...) La forma jurídica tiene por contenido las relaciones sociales; depende de ellas,
pero a la vez les impone un orden social. El derecho elaborado cumple así una de las
funciones más importantes. Se pasa así del derecho a las instituciones. Estas dependen
de las ideologías que suscitan, mantienen o combaten”. (en Sánchez, 1970, pág. 30).
De esta forma, las instituciones y las ideologías no quedan estancadas a su nivel, el de
las superestructuras, sino que cumplen funciones que se extienden al conjunto de la sociedad.
Estas se encargan en gran medida de traducir la visión de mundo dominante en políticas y
acciones concretas del Estado para regular aspectos particulares de la realidad.
La ideología ocupa un papel central en las políticas públicas, ya que constituye el marco
en el cual se establece la visión de mundo hegemónica. Esta es definida por Eagleton (1998),
como:
“(...) un proceso de legitimación del poder de un grupo o clase social dominante.
Específicamente, la ideología puede conceptuarse como conjuntos unificadores,
orientados a la acción, racionalizadores, legitimadores, universalizadores y
naturalizadores”. (pág. 71).
Figura 8: Estructura de la Sociedad (esquema sincrónico)
www.ts.ucr.ac.cr 108
Siendo un carácter particular de esta perspectiva, su vinculación con las clases sociales
y la lucha por el poder político. En un sentido más amplio, la ideología puede identificarse
como una doctrina, un conjunto de ideas, creencias, que buscan imponerse como verdad en
función de la producción y la legitimación de las relaciones de poder.
El aspecto político y el ideológico, se encuentran fuertemente vinculados y
entrelazados, puesto que dentro de todo ese juego de intereses y relaciones de poder que se
desarrollan desde el ámbito político, se encuentra presente una ideología claramente
establecida, que sale a posicionarse, a direccionar y sustentar acciones acordes a sus intereses.
Lo político es concebido siguiendo los planteamientos de Gallardo (1982), según el
cual, esta dimensión remite a una articulación y condensación de estructuras de poder y
dominación, que se sintetizan en un factor de cohesión de los diversos niveles de una formación
social y que reconocemos como Estado. (págs. 100-101).
Con lo cual, se refiere a distintos niveles que configuran el sistema de dominación, estos
son: lo económico, lo social, lo ideológico y lo político. En esta dimensión se ubica la política
pública, cuyo núcleo es el poder del Estado, el cual responde a intereses particulares de la clase
social hegemónica, cuyas ideas son expresión de las relaciones materiales dominantes.
De esta forma, se establece el interés particular de una clase como medida necesaria
para proteger el interés común, mediante la cual se da sustento a las teorías, posiciones,
elementos que consolidan el poder, los discursos y la visión de mundo dominante. Lo cual,
deriva en preceptos que sustentan el accionar del Estado, siendo operativizados a través de las
instituciones y las políticas públicas. Según lo plantean Schuster y Morales (2015):
“(...) la ideología como proceso de legitimación del poder puede materializarse en
políticas públicas, ya que éstas son en sí mismas la expresión de una determinada
doctrina y creencias respecto a cómo debe irse modelando la sociedad; además
presentan una dimensión material, tanto porque se traducen en determinadas prácticas
o porque generan instituciones que van otorgándole valor y estabilidad en el tiempo”.
(pág. 50).
Las políticas públicas más allá de dar soluciones específicas sobre cómo manejar los
asuntos públicos, expresan la visión de las clases dominantes de cómo gestionar tal o cual
aspecto de la sociedad, materializando los principios ideológicos en acciones que determinan
el desarrollo de la sociedad y realidad de las personas.
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Lo político guarda una relación inherente con lo ideológico, en el sentido de que son el
resultado histórico de determinadas condiciones sociales. Por lo cual, su estudio es estratégico
en tanto es compatible desde una perspectiva de totalidad, es decir, desde la percepción de la
realidad como un todo orgánico, en el que no se puede entender un elemento sin perder su
relación con el conjunto. En este caso, los elementos político-ideológicos no se pueden
comprender sin ver cómo se relacionan con el conjunto de la vida social junto con el momento
histórico. (Lowy, 1991, pág. 16).
En función del reconocimiento de los fundamentos ideológicos de las políticas públicas
de inclusión digital por Costa Rica en los documentos seleccionados, se parte de los elementos
fundamentales de una lectura ideológica, planteados por Gallardo (1982), los cuales se
detallaron en el capítulo I.
Para efectos de un mayor orden se estudian primeramente las fuentes de carácter
internacional y posteriormente se analizan la jurisdicción y las principales fuentes a nivel
nacional. Se considera que es en estos documentos donde se estructura el sector y las políticas
de inclusión digital.
3.1 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
En el año 2000 los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
se reúnen en Nueva York para adoptar la denominada Declaración del Milenio. Con esta
declaración los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir la
pobreza extrema, para lo que se estableció una serie de objetivos con plazo límite de 2015, a
los cuales se les denomina Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los ODM se enfocan en alcanzar el desarrollo humano pleno de los países desde
diferentes áreas, para lo cual se definen un total de ocho objetivos. Según ONU (2000), estos
objetivos son:
1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2- Lograr la educación primaria universal.
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3- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
4- Reducir la mortalidad infantil.
5- Mejorar la salud materna.
6- Combatir VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades.
7- Garantizar la sostenibilidad ambiental.
8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
A partir del establecimiento de estos objetivos y el compromiso adquirido por Costa
Rica para su cumplimiento, se definen varias metas para cada objetivo. Es específicamente en
el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”, correspondiente al segundo
mandato de Oscar Arias 2006-2010, donde el poder ejecutivo establece acciones estratégicas
directamente vinculadas con los ODM.
La importancia de esta declaración, radica en que en ella se posiciona a las TIC como
herramientas que pueden facilitar la consecución de cada uno de los objetivos, por lo cual, la
definición de políticas en materia de desarrollo de las Telecomunicaciones se torna
especialmente importante para el desarrollo social y la consecución de los ODM.
El octavo objetivo adquiere particular importancia, debido a que, para el fomento de
una alianza mundial para el desarrollo, se establece como requisito la promoción de la telefonía
celular e internet. Sobre lo cual, la ONU declara como estrategia ofrecer conectividad a internet
en el mundo en desarrollo, ayudar a concretar los objetivos de salud, educación, empleo y
reducción de la pobreza. (ONU, 2000, pág. 51).
Como parte de esta visión, la ONU elabora una serie de recomendaciones dirigidas a
ampliar el acceso a las TIC, las cuales se resumen en MICITT (2015) de la siguiente forma:
1- Formular estrategias nacionales de TIC, que se adapten a estrategias de desarrollo más
amplias.
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2- Introducir más flexibilidad en los derechos de propiedad intelectual, relacionadas con
el comercio para acelerar la difusión de tecnologías para el desarrollo, a los países en
desarrollo, incluyendo las energías renovables y la adaptación al cambio climático.
3- Redoblar los esfuerzos para aumentar tanto la infraestructura básica, como las
infraestructuras que facilitan las TIC, en particular en los países de bajos ingresos.
4- Crear incentivos para que el sector privado desarrolle tecnologías adecuadas para las
poblaciones de bajos ingresos, como aquellas que abordan el tema de la adaptación del
cambio climático y las energías renovables.
5- Ampliar la aplicación de los precios diferenciados para reducir el costo de las
principales tecnologías, en los países en desarrollo, de manera que estas resulten
asequibles a todos.
En estas se evidencia un particular interés en la promoción de determinados aspectos
que se consideren estratégicos para el desarrollo social, posicionando las telecomunicaciones
y el acceso a las TIC entre ellos.
En adelante, esta declaración adquiere gran importancia, siendo referenciada en los
acuerdos y políticas venideros relacionados al desarrollo de las telecomunicaciones tanto a
nivel nacional como internacional, constituyendo un fundamento canónico en los discursos
políticos.
Una vez concluido el periodo de vigencia de los ODM, en el año 2015 los países
miembros de la ONU acuerdan una agenda común hacia el año 2030, a la cual se le denomina
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos responden a los desafíos globales a los que
se enfrenta la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación
ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.
Los ODS por su parte aumentan a un número de 17 objetivos, con lo que se busca
diversificar la composición de la agenda, comprendiendo aspectos que van desde la
preservación del medio ambiente hasta la gobernabilidad. Según ONU (2015), estos objetivos
son los siguientes:
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1- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible.
3- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las
edades.
4- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.
7- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
8- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos.
9- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación.
10- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
12- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para
lograr el desarrollo sostenible.
15- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
16- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
17- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
Al igual que con los ODM, en estos objetivos se liga el desarrollo social e individual
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), debido las oportunidades que
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ofrecen en el contexto de la Sociedad de la Información. Con lo que la ONU ratifica el valor
de las TIC, como herramientas necesarias para el desarrollo social sostenible.
De esta forma, se relaciona las TIC con la consecución de cada uno de los diecisiete
ODS, constituyéndose como herramientas con un amplio grado de aplicabilidad a los distintos
objetivos, las cuales contribuyen a acelerar su cumplimiento. Esto se visualiza en los
planteamientos de UIT (2018), donde se señala:
“(...) Las TIC pueden lograr resultados a una escala, velocidad, calidad, precisión y
costo que eran inconcebibles hace tan sólo una década. Son medios para suministrar
bienes y servicios de calidad en los ámbitos tales como la atención sanitaria, la
educación, las finanzas, el comercio, la gobernanza y la agricultura. Pueden contribuir
a reducir la pobreza y el hambre, mejorar la salud, crear nuevos puestos de trabajo,
mitigar el cambio climático, mejorar la eficiencia energética y a hacer que las ciudades
y las comunidades sean sostenibles”. (pág. 1).
Con lo que se establece que la infraestructura y los servicios de TIC eficientes y
asequibles, permiten a los países participar en la economía digital y aumentar su bienestar
económico general y su competitividad. Con lo cual, se les asigna a estas herramientas un gran
potencial para implementar esquemas sostenibles en áreas que van desde las instituciones
políticas hasta las fuentes de energía. Además, se les atribuye un potencial adicional por su
expansión a nivel global, que facilita un mayor flujo de información para promover tanto la
actividad productiva como la medición del desempeño de la política pública.
Las agendas establecidas por la ONU desde el año 2000 para la atención de las
principales problemáticas a nivel global, se convierten entonces en elementos protagónicos. En
estas se establecen principios que serán fundamentales para la definición de las políticas
enfocadas en el desarrollo de las telecomunicaciones, a nivel global.
3.2 Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información Informes Finales
Como se mencionó en el capítulo anterior, durante los años 2003 y 2005, la ONU en
conjunto con la UIT, desarrollaron la Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información,
para abordar los desafíos planteados por el desarrollo de la Sociedad de la Información, a través
de un enfoque estructurado e integrador.
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De ambas cumbres se extrae un sólo documento titulado Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información Informes Finales, de diciembre del 2005, en el cual, según el
entonces secretario general de la UIT Yoshio Utsumi (2005), se acuerdan los fundamentos de
la Sociedad de la Información, las bases para su aplicación y su seguimiento. (En UIT, 2005,
pág. 2) En la primera cumbre se definieron los principios ideológicos y el plan de acción,
mientras que en la segunda se define la agenda para los países miembros.
Particularmente en la CMSI del año 2003, celebrada en Ginebra Suiza, se establecen
los principios de la Sociedad de la Información, bajo el lema “Construir la Sociedad de la
Información: Un Desafío Global para el nuevo milenio”. (UIT, 2005, pág. 9).
En primera instancia, los países se comprometen a impulsar la Sociedad de la
Información, de forma conjunta y según los planteamientos de la cumbre. Ante lo cual, los
países presentes declaran:
“(...) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de
la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que
todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento,
para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad
de vida”. (UIT, 2005, pág. 9).
Este acuerdo es tomado sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. Así mismo, corresponde con la
promoción de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio. Con lo cual, busca
dirigir el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para la promoción
de diferentes metas vinculadas al desarrollo social, como por ejemplo la erradicación de la
pobreza, universalizar la enseñanza, promover la igualdad de género, garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, entre otros. (UIT, 2005, pág. 9).
Con esto, bajo ciertas condiciones favorables, estas tecnologías pueden potenciar el
desarrollo económico y constituir un instrumento eficaz para acrecentar la productividad,
generar crecimiento económico, crear empleos y fomentar la ocupabilidad, es decir como
recursos al servicio del desarrollo. Lo cual se resume en UIT (2005), donde se señala:
“(...) El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes
para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir
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muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan,
por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio
de millones de personas en todo el mundo”. (UIT, 2005, pág. 10).
De esta forma, se brinda un carácter particular al desarrollo de este modelo, debido a
que su impacto no se considera un mero salto técnico o evolución de las herramientas, sino que
tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de la vida de los individuos.
Posicionando a las TIC como recursos para el aprovechamiento de oportunidades y la
validación de otros derechos y no como fines en sí mismas.
A partir de esto, se hace referencia a una noción muy importante, como lo es la de
Brecha Digital, la cual es definida vagamente como la distribución desigual de las ventajas de
la revolución de las tecnologías de la información entre los países desarrollados y los países en
desarrollo. (UIT, 2005, pág. 12). Esta se posiciona como un grave riesgo para las naciones, ya
que puede acrecentar el rezago y la marginación.
La brecha digital, por tanto, se vincula con uno de los principales problemas que afecta
el desarrollo de los países subdesarrollados, agravando la desigualdad económica y limitando
la validación de derecho, a la vez que limita la posibilidad de cumplir con las metas y los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. (UIT, 2005, pág. 62).
En función del abordaje de la brecha digital de una forma centrada en el individuo y las
particulares de cada contexto, en la cumbre se establece una lista de grupos sociales
considerados como vulnerables desde el punto de vista del acceso a la Sociedad de la
Información. Estos grupos son: personas jóvenes, personas en condición de pobreza, pueblos
indígenas y las mujeres. (pág. 12).
Con esto se busca el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura
y los servicios de las TIC, constituye uno de los principales retos a nivel global y uno de los
principales elementos a considerar para la toma de decisiones. Para atender las limitaciones
vinculadas a la inclusión digital, los países definen que las acciones a realizar, requieren de la
articulación de tres sectores, estos son: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
En primer lugar, se establece que los gobiernos de los respectivos países tienen una
función y una responsabilidad determinante en el desarrollo de la Sociedad de la Información,
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según se acordó en la cumbre, a estos “(...) incumbe la función de dirigir la formulación y
aplicación de ciberestrategias nacionales exhaustivas, orientadas al futuro y sostenibles”. (UIT,
2015, pág. 27).
Con esto, se vincula a los gobiernos particularmente en el proceso de toma de
decisiones, desarrollo y aplicación de políticas dirigidas a crear un entorno favorable para la
inversión privada para el desarrollo de infraestructura y que al mismo tiempo permita atender
al cumplimiento de las obligaciones del servicio universal.
En segundo lugar, al sector privado se le atribuye gran importancia debido a su papel
en el desarrollo de infraestructura y la diversificación de servicios. En la cumbre se establece:
“(…) La aportación del sector privado es importante para el desarrollo y la difusión
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en ámbitos como
infraestructura, contenido y aplicaciones. El sector privado no es sólo un actor del
mercado, sino que desempeña un papel en el contexto más amplio de desarrollo
sostenible”. (UIT, 2005, pág. 27).
Con esto el sector privado trasciende su mero papel económico y de mercadeo, para
convertirse en un actor con responsabilidad y peso en un nivel más profundo de la sociedad,
posicionándose como un referente clave para la toma de decisiones y la gestión de los asuntos
públicos.
Como tercer actor se posiciona a la sociedad civil, la cual se define como un actor
importante en la construcción de una Sociedad de la Información de forma equitativa, por lo
que los países se comprometen a generar espacios para que estos grupos puedan presentar
propuestas para construir y evaluar las políticas públicas de los gobiernos. Como parte de esto,
la Sociedad Civil tendría representatividad en la segunda parte de la CMSI en Túnez.
Una vez definidos estos actores, en la cumbre se define que la construcción de una
Sociedad de la Información integradora requiere nuevas modalidades de solidaridad,
asociación y cooperación entre los gobiernos y demás partes interesadas, es decir, el sector
privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Brindándole una importancia
particular al impulso de las iniciativas público privadas. (UIT, 2005, pág. 12).
Una vez definidos tales principios, estos son traducidos en un plan de acción que se
centra en los siguientes objetivos:
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“(...) construir una Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del
conocimiento y las TIC al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la
información y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo
acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio,
y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la Información en los
planos nacional, regional e internacional”. (UIT, 2005, pág. 28).
A partir de estos se definen siete líneas de acción, en las cuales deberán centrarse los
esfuerzos para alcanzar la Sociedad de la Información. Estas se definen en UIT (2005) y son
las siguientes:
1- El papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC
para el desarrollo.
2- Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento básico para la
Sociedad de la Información.
3- Acceso a la información y al conocimiento.
4- Creación de capacidad: desarrollo de las aptitudes necesarias para aprovechar
plenamente los beneficios de la Sociedad de la Información.
5- Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC.
6- Entorno habilitador favorable a la competencia y que incentive la inversión privada.
7- Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la vida.
8- Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local. (pág. 31).
Como parte de estas líneas de acción, se incorpora lo que se le denominará como
Agenda de Solidaridad Digital, la cual tiene gran importancia en esta investigación, ya que ha
sido de gran influencia para las políticas públicas que serían incorporadas en Costa Rica años
más tarde. Según se definió en la cumbre, esta agenda tiene el objeto de:
“(...) fijar las condiciones necesarias para movilizar los recursos humanos, financieros
y tecnológicos que permitan incluir a todos los hombres y mujeres en la Sociedad de
la Información emergente”. (UIT, 2005, pág. 50).
Con lo cual, se busca dar solución a las necesidades de utilizar más eficientemente los
recursos existentes, para generar nuevos ingresos y lograr conseguir los recursos necesarios
para la participación universal y solidaria en la Sociedad de la Información.
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Como parte de esto, en la declaración de principios se propone la creación de Fondos
de solidaridad digital, mediante los cuales atender las necesidades concretas y urgentes según
el contexto. Estos son definidos como “(...) mecanismos financieros innovadores y de
naturaleza voluntaria, a los que pueden contribuir voluntariamente todas las partes interesadas,
que tiene por objeto transformar la brecha digital en oportunidades digitales para el mundo en
desarrollo” (UIT, 2005, pág. 74).
Los fondos se idean para brindar atención a las necesidades más concretas y urgentes
que enfrenta cada país en términos del desarrollo de la Sociedad de la Información y conseguir
financiamiento para promover el acceso solidario a estos recursos.
Estas iniciativas denominadas “agendas”, se establecen como los mecanismos
preferentes a través de los cuales definir prioridades y estrategias, movilizar recursos de
financiamiento, brindar seguimiento y evaluación, además de diferentes funciones
direccionadas específicamente al alcance de la universalidad.
En la CMSI los países definen los principios generales para la creación de Agendas de
Solidaridad Digital por parte de los países participantes, a los cuales, les corresponderá
desarrollar estas de la mejor forma posible, según las particularidades y necesidades de su
población. Este tema se estudiará con mayor detalle más adelante, en el análisis de la Agenda
de Solidaridad Digital desarrollada por el Estado Costarricense.
De esta forma, los países miembros de la ONU participantes en la cumbre, definen los
principios bajo los cuales deberán guiar la realización de las políticas públicas para la
incorporación de la Sociedad de la Información. Si bien en la cumbre los principios se definen
de forma muy general, en adelante se analizará cómo las políticas de inclusión digital del
Estado Costarricense responden a los mismos, siendo esta cumbre el marco político ideológico
general.
3.3 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC)
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Como se expuso en el capítulo anterior, en el año 2008 el país entra en vigencia el
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominican (TLC
o CAFTA-DR), con la intención de ser un pacto mediante el cual permitir libremente el flujo
de servicios y bienes entre los países involucrados.
La importancia de este tratado para el análisis político ideológico, está en que el mismo
evidencia y expresa el triunfo de intereses de grandes potencias, corporaciones e instituciones
supranacionales que se sobreponen a los intereses del Estado y sus habitantes. Con lo cual, se
incorpora al país un nuevo modelo de gestión de la política económica y pública, vinculado a
la visión de mundo hegemónica.
Este tratado responde a las medidas de ajuste que se ha venido desarrollando desde la
década de 1980, constituyendo uno de los principales mecanismos que impulsan el nuevo
modelo de desarrollo para la región. Este se basa en la teoría económica el libre comercio, la
cual, desde el punto de vista liberal, se considera puede beneficiar a los países y permitir su
especialización, así como dar un uso más eficiente a los servicios y eventualmente aumentar el
bienestar general. A esto Vargas (2003) agrega:
“(...) El CAFTA es mucho más que el comercio de bienes: se trata de liberalización
de sectores tales como servicios, compras gubernamentales, libres movimientos de
capitales e inversiones, configurándose así la creación de un territorio económico
único que tendría enormes impactos sobre las políticas de desarrollo”. (pág. 115).
El mismo contiene una amplia gama de iniciativas y reglamentos enfocados en la
liberalización de mercado y las nuevas formas de gestión, a las cuales se someterán los
diferentes países incluidos dentro de la negociación.
Se considera que este tratado representa el máximo mecanismo del proyecto neoliberal
para la conversión de Centroamérica a una nueva fase de liberalización comercial, la cual, más
allá de las transformaciones económicas, conlleva cambios en diferentes niveles de la
estructura social, ejemplificando como las transformaciones en la base y la estructura conllevan
a un replanteamiento político ideológico, es decir en el nivel de la superestructura.
Los cambios en la gestión de los mercados y los servicios, traen consigo la necesidad
de modificar las estructuras jurídicas desarrolladas bajo el monopolio Estatal. En el caso de
Costa Rica, la inserción del TLC requirió inclusive la necesidad de elaborar cambios a nivel
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constitucional y la reforma de un amplio conjunto de leyes. Estas transformaciones darían lugar
a un conjunto de mecanismos jurídicos y políticos, en los cuales subyace los fundamentos
adoptados por el Estado Costarricense.
Se adopta un nuevo modelo económico y social que corresponden con los fundamentos
y la visión de mundo neoliberal, lo cual acarrea cambios que van desde las políticas de corte
económico hasta las políticas sociales, con la premisa de reducir el tamaño de los gobiernos,
mejorar la eficacia de los servicios públicos y el pago de la deuda externa.
En el caso particular de la gestión de las telecomunicaciones, en el TLC se incluye el
capítulo XIII, el cual se enfoca en las especificidades para el proceso de apertura para dicho
sector. Este fue ejecutado de forma homogénea en los países vinculados al tratado, a excepción
de Costa Rica, debido a la disputa política desarrollada en torno a la apertura del monopolio de
las telecomunicaciones.
La lucha desarrollada en oposición a la apertura neoliberal generó que se tuviera que
realizar un replanteamiento de dicho capítulo y crear un anexo específico para la apertura en el
país, como se mencionó anteriormente. De esta manera, se crea el anexo XIII titulado
Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Telecomunicaciones, por lo tanto, no
es el capítulo XIII sino el Anexo XIII, el que contiene los compromisos de Costa Rica sobre la
nueva gestión del sector. En el informe PROSIC (2012) se analizan las diferencias entre estos
apartados con mayor profundidad14.
3.3.1 Anexo XIII: Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Telecomunicaciones
El anexo está compuesto por cuatro secciones que son: preámbulo, modernización del
ICE, compromisos selectivos y graduales del mercado y principios regulatorios. En la primera
sección, el preámbulo, se reconoce la particularidad del modelo de apertura y gestión a
implementar en el país, declarándose lo siguiente:
14 Ver PROSIC (2012). Informe Hacia la Sociedad de la Información. Universidad de Costa Rica. San José: Costa
Rica.
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“(...) El Gobierno de la República de Costa Rica: reconociendo la naturaleza única de
la política social costarricense en materia de telecomunicaciones y reafirmando su
decisión de asegurar de que el proceso de apertura en su sector de servicios de
telecomunicaciones se base en su constitución política (...) asume a través del presente
Anexo los siguientes compromisos específicos en materia de telecomunicaciones”.
(TLC, 2007, pág. 1955).
Ante esto, pese a la apertura del mercado y el rompimiento del monopolio Estatal, en
el país se mantendrán ciertos principios conforme a los definidos en la constitución política de
1949, los cuales se centran en el beneficio de las personas usuarias. Según se establece en el
Anexo XIII, “(…) la apertura se fundamenta entonces en los principios de gradualidad,
selectividad y regulación, y en estricta conformidad con los objetivos sociales de universalidad
y solidaridad, en el suministro de los servicios de telecomunicaciones”. (COMEX, 2007, pág.
1955).
Estos dos últimos principios adquieren trascendental importancia para poder avanzar
en el análisis de las políticas públicas de inclusión digital del Estado Costarricense, debido a
que, como se analizará más adelante, el fundamento de las políticas subyace en gran medida
en estos principios.
A partir de esto, Costa Rica se compromete a poner en vigencia un nuevo marco
regulatorio para los servicios de telecomunicaciones, que sería adaptado según los
compromisos asumidos por el Estado costarricense ante las demandas populares del Combo
ICE, en el cual la sociedad civil rechazó una apertura total del mercado de telecomunicaciones.
Para este marco regulatorio se define un conjunto de principios regulatorios, de los
cuales, la gran mayoría se centra en aspectos meramente técnicos. Sin embargo, se considera
que en cuatro de estos principios se establecen fundamentos político ideológicos que tendrán
gran importancia en el desarrollo de las políticas públicas de inclusión digital en el país. Estos
se detallan en el inciso IV del Anexo XIII del TLC y son los siguientes:
1- Servicio Universal: En el anexo se señala que el país mantiene el derecho a definir su
propio tipo de obligaciones de servicio universal que desee mantener, sin que estas
obligaciones se consideren anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas
de manera transparente, no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean
más gravosas para el tipo de servicio universal definido.
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De esta forma, en el país se mantiene el principio de universalidad definido en la
constitución política de 1949, bajo el cual se regía la política del ICE durante el periodo
de monopolio, el cual, según indica Fumero (2005), se centra principalmente en garantizar
servicios al costo y brindar servicios subsidiados para los grupos sociales menos
favorecidos. (pág. 73-74). El principio de universalidad queda por definir entonces en la
legislación que el país deberá aprobar.
2- Independencia de la Autoridad Reguladora: En este se establece la creación de una
autoridad reguladora para el servicio de telecomunicaciones, independiente e imparcial
ante todo proveedor del servicio. La cual tiene la autoridad de imponer sanciones efectivas
para el cumplimiento de obligaciones e incluir jurisdicción sobre aspectos como la
administración del espectro, servicio universal, fijación de tarifas, otorgamiento de
licencias entre otras.
3- Transparencia: Se establece que los diferentes procedimientos y acuerdos con los
diferentes proveedores, así como toda información relacionada a ofertas, concesiones,
licencias, proyectos y resultados de trabajo deben de estar puestas a disposición del
público.
4- Competencia: Bajo este principio se le asigna al Estado costarricense un papel de
regulador de la competencia, enfocado en gran medida en la reducción de prácticas
competitivas desleales. De igual forma, esta función se definirá con mayor profundidad en
la jurisdicción del sector.
Dentro de lo establecido en este capítulo, sobresalen también las disposiciones
referentes al ICE. En el anexo se señala que dicha institución debe permitir el uso de su
infraestructura a otros operadores y que este uso será remunerado. Por lo que se incentiva una
promulgación de un nuevo marco jurídico que modifique el funcionamiento del ICE,
sugiriendo su fortalecimiento y modernización como preparación para una competencia en
igualdad de condiciones.
De esta forma, se presentan los principales elementos de carácter político-ideológico
ubicados en el tratado de apertura de mercado pactado con Estados Unidos, en el cual se definen
los principios generales, bajo los cuales se erige la nueva estructura jurídica.
Estos principios, junto con los ubicados en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, constituyen la base de los principios rectores del sector en el país, constituyendo
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la base de lo que serán las políticas públicas de inclusión digital. Con esto, es posible proseguir
con el análisis de la jurisdicción creada en el país, en la cual se definen con mayor amplitud y
claridad los fundamentos político ideológicos que subyacen en ellas.
A partir de los compromisos adquiridos en el TLC, se crea un nuevo marco jurídico
para el sector de telecomunicaciones, el cual entra en vigencia en el año 2008. Este se compone
de dos leyes, encargadas en términos generales, de atender necesidades como: regular el acceso
al espectro radiográfico, la explotación y comercialización de los servicios de
telecomunicaciones, así como al fortalecimiento y modernización de las entidades públicas que
en la actualidad brindan servicios de telecomunicaciones.
Estas leyes son: la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 promulgada el 4
junio de 2008 y publicada en el diario La Gaceta 135 del 30 de junio de 2008 y la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones,
No. 8660, promulgada el 28 de junio de 2008 y publicada en La Gaceta 13 de agosto de 2008.
Según lo plantea Sáenz (2013):
“(…) La introducción de estas dos leyes, promueve el cambio en el esquema del
mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, sobre todo porque inicialmente el
mercado se manejaba desde la institución estatal del ICE y con la sanción de tales
normas (a partir de lo que dictaba el TLC) ya no sería un monopolio estatal, el mercado
pasa a tener competidores y, por ende, estos necesitan ciertas condiciones para operar,
sobre todo, en un ambiente de competencia leal”. (pág. 84).
Estas leyes constituyen el marco legal que pasa a regir el sector de telecomunicaciones
y por ende las políticas públicas de inclusión digital que entraran en vigencia en el país. Como
se ha venido indicando, estos se basan en lo establecido en el Anexo XIII del TLC y el nuevo
modelo de desarrollo.
Es por esta razón que dichas leyes concentran los fundamentos político ideológicos que
subyacen en las políticas públicas de inclusión digital. Si bien en el capítulo II se analizaron
los principales acontecimientos históricos que dieron lugar a la creación de estas leyes, en este
capítulo se analizan directamente a través de una lectura ideológica, con la finalidad de
identificar sus fundamentos.
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3.4 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del
Sector de Telecomunicaciones No. 8660
Como se ha venido mencionando, mediante esta ley se modifica el marco jurídico y se
definen las condiciones para que las entidades estatales que prestan servicios relacionados a las
telecomunicaciones, puedan incorporarse y competir en el mercado.
En el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas
del Sector de Telecomunicaciones No. 16.397, presentado por el Poder Ejecutivo en octubre
del 2006, se detallan una serie fundamentos desde los que se justifica la presencia de esta ley
en el orden jurídico, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera.
En primer lugar, se realiza una contextualización en torno a la evolución del mercado
de telecomunicaciones en las últimas décadas y del papel que este sector ha logrado ocupar en
la economía y la sociedad a nivel global. Se señala que esta nueva revolución tecnológica es
una de las principales fuerzas de impacto para la creación de una nueva era, constituyendo la
vía para un proceso radical de cambio, al que se le denomina “convergencia” y a un nuevo
“megasector” denominado como Sector de las Infocomunicaciones.
“(...) En pocas palabras, se puede afirmar que este proceso de “convergencia” es
simultáneamente una tendencia tecnológica, regulatoria y de mercado. De manera
simple, es el uso de una sola tecnología para proveer varios servicios muy variados.
Es también la combinación e integración de equipos de los usuarios finales, antes
separados, en un solo equipo (teléfono, TV, radio, computadora, etc.). Es igualmente
la sustitución de un servicio por otro, la convergencia ha obligado a desarrollar un
marco regulatorio con neutralidad tecnológica y neutralidad en servicios”. (Proyecto
de Ley 16.397, 2006, págs. 1-2).
Esta noción adquiere gran importancia, siendo uno de los principales fundamentos para
la creación del nuevo sector, a raíz del cual se establece como uno de los objetivos principales
de la reforma “(...) la promulgación del marco regulatorio de las telecomunicaciones a raíz de
la noción convergencia”. (Proyecto de Ley 16.397, 2006, pág. 6).
De igual forma, se considera que el impacto de dicho proceso, no se limita a lo
tecnológico, sino que también conlleva a cambios en cuanto a la estructura de mercado y de
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regulación, por lo que se establece como necesario orden jurídico estructurado y altamente
eficiente.
Este vendría a ser otro de los fundamentos utilizados para justificar la creación del
nuevo sector, haciéndose énfasis en la falta de uno antes de la apertura. Según se señala, las
leyes con las cuales contaba el país, además de haber sido promulgadas bajo condiciones
nacionales y mundiales muy distintas a las actuales, resultan omisas y dispersas. (Proyecto de
Ley 16.397, 2006, pág. 3).
Tales “rezagos” en el marco normativo, generan que el Estado sea insuficiente para
responder a los cambios tecnológicos que se producen en el sector telecomunicaciones. Lo
cual, se considera poco ventajoso y presenta el riesgo de que cada día se postergue más el
desarrollo de infraestructura y el acceso eficiente a las nuevas tecnologías.
Con esto, se llega a la conclusión de que es necesario dotar al país de nuevas
“capacidades” en el sector si se quiere evitar que el cambio tecnológico termine por rebasar el
ordenamiento jurídico e institucional. (Proyecto de Ley 16.397, 2006, pág. 6).
Se aprueba la ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del
Sector de Telecomunicaciones No. 8660. Como primer aspecto, en esta ley se define el papel
del Estado, el cual se divide en tres roles: Rector, Regulador y Operador. En el artículo 1 de
esta ley se dispone:
Artículo 1: Créase, por medio de la presente ley, el sector telecomunicaciones y se
desarrollan las competencias y atribuciones que corresponden al Ministerio de
Ambiente Energía y Telecomunicaciones -potestad que posteriormente pasaría al
MICITT-, que por medio de su jerarca ejercerá la rectoría de dicho sector. Además, se
modernizan y fortalecen el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus
empresas; también, se modifica la Ley N.º 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos, de 9 de agosto de 1996, para crear la Superintendencia de
Telecomunicaciones, en adelante denominada SUTEL, que será el órgano encargado
de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las
telecomunicaciones. (Ley 8660, 2008).
Con esto, se define al MICITT como ente rector, a la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUTEL) como ente regulador y se realizan las adecuaciones al ICE para
www.ts.ucr.ac.cr 126
que se incorpore como empresa que participa en el mercado, junto con otras empresas de
carácter privado.
Así mismo, se establece que toda administración pública, tanto la centralizada como la
descentralizada, incluyendo a aquellas que pertenezcan al régimen municipal, las instituciones
autónomas, las semiautónomas y las empresas públicas y privadas que desarrollen funciones o
actividades relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y
servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia del Sector
Telecomunicaciones debe responder a los objetivos y metas del sector. Con lo cual, la ley viene
a cumplir un papel centralizador, que como se señaló anteriormente, era una carencia que había
a nivel nacional.
3.4.1 Objetivos de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas
del Sector de Telecomunicaciones No. 8660
Esta ley es fundamental debido a que es la que la reestructuración institucional,
marcando pautas centrales para el nuevo modelo y por ende las políticas públicas del sector.
En ella se puede ubicar aspectos esenciales para entender la fundamentación ideológica con la
que estos cambios son realizados.
Algunos de estos se pueden evidenciar en evidenciar en los objetivos que se le asignan
a la ley, en los cuales se puede ubicar claros rasgos políticos e ideológicos, en el interés de
orientar el modelo conforme a prioridades específicas. Los objetivos son:
Objetivo 1: Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), a sus empresas y a sus órganos adscritos, de la legislación que le permita
adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los
servicios en cuestión.
Objetivo 2: Complementar el Decreto-Ley N.° 449, de 8 de abril de 1949, Reglamento
para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, y sus reformas, para dotar
al ICE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que
continúe con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad
y telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y fuera de él.
www.ts.ucr.ac.cr 127
Objetivo 3: Flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación
pública que tienen el ICE y sus empresas.
Objetivo 4: Garantizar y reafirmar la autonomía administrativa y financiera del ICE y
sus empresas.
Objetivo 5: Garantizar la rendición de cuentas y la evaluación de resultados por parte
del ICE y sus empresas.
Estos objetivos hacen alusión a la necesidad de realizar cambios en la estructura jurídico
institucional del país, para responder de forma adecuada a las nuevas condiciones que presenta
la convergencia y el mercado abierto a la competencia para las empresas estatales e
internacionales que brindan los servicios. Tras lo cual, se establece como fundamento la
necesidad de asegurarle al ICE una competencia leal en un ambiente de apertura.
La realización de estos cambios, enfocados en la dinámica de un mercado centrado en
la competencia, se conciben en términos de “modernización”, posicionando este nuevo marco
del sector como un estadio superior, haciendo alusión a una evolución progresiva de formas
más simples a formas más complejas. Por lo que se posiciona la gestión liberalizada del servicio
de telecomunicaciones como un paso natural y necesario del desarrollo.
De esta forma, como fundamento central se posiciona la necesidad de hacer una reforma
a las instituciones para lograr la adaptación a nuevas condiciones tecnológicas y de mercado,
lo cual requiere de una reforma jurídica y la incorporación de una nueva perspectiva de
desarrollo. En general, esta necesidad de reformar y adaptar a las nuevas condiciones sociales
y económicas a nivel global, es empleado a lo largo de la ley como requisito para la
modernización.
Por otro lado, se hace alusión a la finalidad de flexibilizar los mecanismos de
contratación pública, haciendo alusión a las formas de gestión de los recursos humanos, es
decir, la mano de obra. Con esto se sugiere un cambio en las relaciones laborales, principio que
se relaciona al modelo liberal de gestión. Lo que remite al abandono de los acuerdos obrero-
patronales pactados en el Estado desarrollista, por relaciones más liberalizadas.
En última instancia, dentro de estos objetivos se establece como fin, garantizar una
efectiva rendición de cuentas por parte de la institución. Esto adquiere gran importancia en el
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nuevo modelo de gestión y se vincula de igual forma con principios propios de la visión de
mundo neoliberal.
Objetivo 6: Crear el Sector Telecomunicaciones y su rectoría, dentro del marco de
sectorización del Estado, así como desarrollar las competencias y atribuciones que
competen al ministro rector del Sector, quien, en conjunto con el presidente de la
República, elaborará el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. (Ley
8660, 2008).
Este objetivo hace alusión a la creación del ente rector y la asignación de sus funciones,
como se analizó en el capítulo anterior, en primera instancia fue posicionado en el MINAE, sin
embargo, sería reubicado en el MICITT años más tarde. Su creación se funda en la necesidad
de formular las políticas de uso y desarrollo de las telecomunicaciones.
Además, atribuye al ente rector la responsabilidad de crear un plan nacional de
desarrollo para el sector, a través del cual, el país defina políticas de mediano, corto y largo
plazo. Los fundamentos de la creación de tal plan, se relacionan con una mayor eficiencia en
el proceso de apertura y el desarrollo efectivo del sector bajo el nuevo modelo de gestión, en
aras de incrementar la productividad.
Objetivo 7: Reformar la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N.°
7593, de 9 de agosto de 1996, para constituir la SUTEL, encargada de regular, aplicar,
vigilar y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. (Ley 8660, 2008).
Este objetivo, se encuentra directamente relacionado con el principio de Independencia
de la Autoridad Reguladora, establecido en el anexo XIII del TLC. Así mismo, alude a una
necesidad de especialización por parte del mecanismo regulador, dirigida a fortalecer la
regulación y mantener un desenvolvimiento óptimo de la competencia en el mercado.
La SUTEL se establece como una autoridad reguladora, altamente especializada en
telecomunicaciones, con un carácter imparcial con respecto a todos los operadores de redes y
proveedores de servicios de telecomunicaciones.
Esta se fundamenta en la necesidad de: Aplicar el ordenamiento jurídico de las
telecomunicaciones, administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el
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cumplimiento de las obligaciones de acceso y servicio universal, promover la diversidad de los
servicios de telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, establecer estándares
de calidad, sancionar infracciones de los operadores, entre otros. (Ley 8660, 2008).
Las funciones asignadas a esta superintendencia se vinculan con los principios rectores
de la política pública nacional establecida en la constitución política, como lo son el garantizar
protección de derechos humanos y la universalización de los servicios. Así mismo, se basa en
principios de carácter más económico, como la promoción de la inversión y la innovación en
el mercado de telecomunicaciones. A este mecanismo se le asigna también, la responsabilidad
de alinear los intereses de los diversos sectores hacia el desarrollo de la Sociedad de la
Información. (SUTEL, 2020, pág. 1).
Posterior a la definición de los objetivos, en la ley se definen los principios rectores del
ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, los cuales son: universalidad, solidaridad,
beneficio del usuario, transparencia, competencia efectiva, no discriminación, neutralidad
tecnológica, optimización de los recursos escasos, privacidad de la información y
sostenibilidad ambiental. Estos principios rectores únicamente son enlistados en la ley, sus
definiciones están contenidas en la Ley General de Telecomunicaciones.
De esta forma, los fundamentos político ideológicos de esta ley, se centran en la
“organización del sector” en función de las disposiciones contenidas en la Ley General de
Telecomunicaciones, con las que se acaba con el monopolio estatal.
Según la fundamentación empleada para el desarrollo de esta, el nuevo entorno de
convergencia tecnológica que emerge en este mercado, exige buscar un nuevo modelo que se
adapte fácilmente a la continua evolución de los productos digitales y servicios de
Infocomunicación, requerimientos que no podían ser asumidos plenamente por el modelo
monopólico vigente durante décadas.
Con esto, se justifica la emisión de las nuevas “reglas del juego” para las entidades
públicas que participan en este mercado y se aspira a mejorar las capacidades del país, con la
visión de aprovechar las oportunidades y superar los desafíos que plantea el entorno global del
mercado de telecomunicaciones.
De forma general, tiene un gran peso la idea de que una estructura institucional pública
práctica y sostenible es fundamental para la solidez de las políticas y del marco legal y
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reglamentario del Sector de las Telecomunicaciones. En este sentido, resulta indispensable la
aprobación del marco legal que permita dicha modernización.
3.5 Ley General de Telecomunicaciones No. 8642
Como ya se había mencionado anteriormente, la segunda ley que compone el sector es:
la Ley General de Telecomunicaciones No 8642. Esta ley adquiere gran importancia porque en
ella se detallan los principios y fundamentos sobre los cuales se basa el nuevo sector. En razón
de lo cual, se considera es la principal fuente para identificar los principios político ideológicos
que sustentan las políticas públicas de inclusión digital en el país.
Al igual que con la Ley No. 8660, la justificación brindada para la aprobación de esta
ley, se ubica en el proyecto de ley número 16.398 Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones. Como se señala en PROSIC (2008), el proyecto de ley contiene en su
exposición de motivos, una serie de argumentos con los que se justifica la apertura del mercado
de las telecomunicaciones en el país.
En primera instancia, en el texto se recurre al análisis de datos, en los cuales se
cuantifican las brechas en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país, haciendo
énfasis en las diferencias en términos de acceso entre regiones y estratos socioeconómicos, así
como el nivel de ingresos de las familias. Mediante lo cual se evidencia un rezago en cuanto a
la calidad y oferta de nuevos servicios15.
Estos problemas de eficiencia, como se ha venido señalando, fungen como fundamento
para señalar que la gestión de las telecomunicaciones es más eficientemente en mercados en
competencia, además de la idea de que ofrecen mejores condiciones para generar empleo e
inversión. Según se expone en PROSIC (2008), el fundamento parte de que la flexibilidad de
los mercados abiertos es más óptima para adaptarse a los cambios que conlleva la revolución
tecnológica, la cual implica una proliferación de nuevos productos digitales y servicios de
15 Ver Proyecto de Ley 16.398 (2006). Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Asamblea Legislativa.
San José: Costa Rica.
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telecomunicaciones, así como una convergencia tecnológica difícil de regular y de potenciar
con modelos monopólicos. (pág. 40).
Ahora bien, a pesar de establecerse la apertura como un principio fundamental para el
desarrollo del nuevo sector, se escoge un modelo de apertura peculiar, el cual no se circunscribe
totalmente a los principios del neoliberalismo, sino que, como se ha venido esbozando,
conservada ciertos principios propios de la Constitución Política de país. Como parte de esto,
se define:
“(...) Abogamos por impregnarle un rostro social al proyecto, que incorpore una visión
de acceso y servicio universal para todas y todos, garantizando que los avances
tecnológicos estén al alcance de las escuelas, colegios y centros de salud y se
establezcan centros de acceso a Internet de banda ancha en las comunidades rurales y
urbanas menos desarrolladas, y en particular, en albergues de menores, adultos
mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas”. (Proyecto de Ley
16.398, 2006, pág. 1).
Con esto se hace referencia directa a uno de los principales fundamentos de la LGT,
que es su preocupación por el acceso universal y solidario a las TIC y los beneficios de la
Sociedad de la Información, siendo este uno de los principales aspectos que particularizan el
sector de telecomunicaciones y el principal fundamento sobre el que subyacen las políticas
públicas de inclusión digital del Estado costarricense. Tal y como lo señalan Arias y Chávez
(2010):
“(...) El marco propuesto por la LGT en cuanto al trato igualitario tanto para los
proveedores de los servicios de telecomunicaciones como para los usuarios de estos
servicios, se deben tomar en consideración dos aspectos vitales de la ley que están
íntimamente relacionados con el desarrollo pleno del principio constitucional de
igualdad, a saber: el principio de solidaridad y el principio de universalidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones”. (pág. 141).
Estos principios se desprenden del derecho de igualdad, que tiene su base en el artículo
33 de la constitución política, el cual establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá
practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. El fundamento del
ordenamiento en torno al principio de igualdad, se basa también en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en los artículos 1,2 y 7 y la Convención Americana de los Derechos
Humanos en su artículo 24, en los cuales se proclama que todas las personas son iguales ante
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la ley y que por este motivo no deben de presentarse actos que discriminen ni afecten la
integridad .de las personas. (pág. 139).
De acuerdo con Arias y Chávez (2010), el principio de solidaridad encuentra cabida en
el numeral 74 de la constitución política, en el tanto dispone:
“(...) Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su
enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social
y que indique la ley serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al
proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin
de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.
De esta forma, la ley está constituida por una serie de propuestas sustentadas en los
principios de igualdad, universalidad, solidaridad y justicia social. Junto con estos se destacan
otros postulados como eficiencia, apertura, modernidad y regulación, estableciendo
disposiciones que buscan garantizar la transparencia, evitar la corrupción y ser coherentes con
una visión solidaria de Estado. (Proyecto de Ley 16.398, 2006, págs. 1-2). Esto último, es
comprendido en correspondencia con la Constitución Política de 1949, en la cual se estipula la
solidaridad como un principio de suma importancia para el desarrollo humano.
En relación a estos aspectos, en el Costa Rica la participación del Estado adquiere un
rol protagónico, el cual se fundamenta en la perspectiva de que el mercado no puede resolver
por sí solo los problemas del sector, por lo que según Ortiz (2019), la apertura debe tener como
“seguro de vida” eficientes mecanismos de regulación y de solidaridad. (L. Ortiz,
comunicación personal, 27 de noviembre del 2019).
Así mismo, se considera necesario para definir los servicios que deben estar al alcance
de todas y todos, establecer las obligaciones de los operadores y adoptar un modelo de
financiamiento apropiado para el cumplimiento de los fines de universalidad y solidaridad. Con
lo cual, es necesaria la participación del Estado para regular la prestación de estos servicios,
con miras a lograr una plena satisfacción de las necesidades. (Proyecto de Ley 16.398, 2006,
pág. 2).
Sumado a esto, el Proyecto de Ley 16.398 establece a las telecomunicaciones como un
servicio esencial para el desarrollo humano, en razón de lo cual, establece que no pueden ser
gestionadas como “meras mercancías”. (pág. 7). Con lo que el acceso a las TIC y las ventajas
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de la Sociedad de la Información, se vincula más con una cuestión de validación de derechos
y de desarrollo social, que con un fenómeno meramente de mercado.
Por otro lado, se define el principio de Convergencia, el cual determinará en gran
medida el desarrollo del sector, debido a que su aprovechamiento se considera puede ser muy
ventajoso para el país. Según se define en el Proyecto de Ley 16.398: la convergencia está
íntimamente ligada a la revolución de la informática y es una de las principales fuerzas de
impacto para la creación de una nueva era. Según se señala en la ley, esta se caracteriza por:
1 Un crecimiento exponencial de la capacidad y velocidad de las redes de nueva generación
multipropósito (alámbricas e inalámbricas).
2 Un acceso a las redes de nueva generación a través de dispositivos convergidos multi producto,
multiuso y multiservicio, con interactividad y movilidad plenas.
3 Múltiples productos o paquetes digitales (empaquetados informáticamente), de muy variada
índole, transportados por las redes de nueva generación. (pág. 3).
La convergencia se estipula como un recurso estratégico para convertir el sector
telecomunicaciones en uno de los motores más importantes de la economía nacional,
incrementando el dinamismo de las actividades productivas y el comercio en todos sus sectores.
De esta forma se visualiza a las telecomunicaciones como:
“(...) elemento estratégico, vital en los procesos competitivos, generador de
oportunidades, integrador desde la visión de un mundo comunicado y sin duda
impactará positivamente en la educación, la ciencia, el desarrollo social y generará
más y mejor democracia”. (Proyecto de Ley 16.398, 2006, pág. 3).
Con esto, las telecomunicaciones se postulan como una panacea al desarrollo
económico y social del país y la adecuación de la legislación nacional a la convergencia
tecnológica, como ineludible para enrumbar al país hacia la ruta de la Sociedad de la
Información.
3.5.1 Principios rectores establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones
Como se hizo alusión anteriormente, esta ley es fundamental para el análisis político
ideológico, ya que es el documento en el que se establecen y se definen explícitamente los
fundamentos base que rigen el sector de telecomunicaciones en el país. Además, en esta se
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brindan definiciones importantes y se definen conceptos que son fundamentales dentro del
marco político ideológico de la política, por lo que se consideran centrales para comprender la
visión de mundo a la cual responde el sector y con este, las políticas públicas de inclusión
digital.
En el Título Primero de la ley No. 8642, específicamente en el artículo 3, se definen
propiamente los principios rectores, estos vendrán a inspirar el marco normativo, la actuación
de la administración y en general la aplicación del ordenamiento en todos sus extremos.
Varios de estos principios se enfocan en aspectos de carácter técnicos, por lo cual, se
han escogido los principios que se refieren a aspectos político ideológicos. Estos son:
1- Universalidad: Este principio implica la prestación de un mínimo de servicios de
telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país sin
discriminación alguna, debiendo el Estado garantizar su acceso, calidad y precio
conforme con las posibilidades económicas y tecnológicas vigentes.
2- Solidaridad: Este principio refiere al establecimiento de mecanismos que permitan el
acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales
especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad
y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables.
3- Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios
finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y
disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir
información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato
equitativo y no discriminatorio.
4- Transparencia: establecimiento de condiciones adecuadas para que los operadores,
proveedores y demás interesados puedan participar en el proceso de formación de las
políticas sectoriales de telecomunicaciones y la adopción de los acuerdos y las
resoluciones que las desarrollen y apliquen.
5- Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que todos los
operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a fin de
procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del Derecho
constitucional y la libertad de elección.
www.ts.ucr.ac.cr 135
6- No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador,
proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o
igual.
7- Privacidad de la información: obligación de los operadores y proveedores, de
conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la
intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, así como proteger la
confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores.
8- Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes y la
prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de
contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los operadores y
proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.
3.5.2 Objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones
Una vez conocidos los principios y definiciones en las cuales se basa esta ley, se ubican
los objetivos subyacentes que de ellos se desprenden.
De acuerdo a la delimitación de este apartado, se identifican los objetivos que tienen
mayor contenido político ideológico, ya que como se ha mencionado anteriormente, esta ley
contiene muchos elementos de orientación meramente técnica. Los objetivos identificados son
los siguientes:
1) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones.
2) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de
telecomunicaciones.
3) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones,
garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.
4) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como
garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con la
Constitución Política.
5) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo
para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.
www.ts.ucr.ac.cr 136
6) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la
sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad
ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.
7) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que
contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación,
equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos.
8) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la
convergencia.
9) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados.
3.5.3 Definición de conceptos clave
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley No. 8642, presenta un conjunto de definiciones
que son de gran importancia para comprender la perspectiva de mundo desde la cual se
fundamenta las políticas de inclusión digital. Se ofrece un amplio conjunto de definiciones, de
las cuales, debido al carácter de este apartado, se abordan las que tienen más relación con el
tema de la inclusión digital:
1- Acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles
al público en general, de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto
de los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica
del usuario.
2- Acceso: puesta a disposición de terceros por parte de un operador de redes públicas o proveedor
de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, de sus instalaciones o servicios con
fines de prestación de servicios por parte de terceros.
3- Servicio universal: derecho al acceso a un servicio de telecomunicaciones disponible al
público que se presta en cada domicilio, con una calidad determinada y a un precio razonable
y asequible para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y
condición socioeconómica.
4- Servicios de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, en
el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios de
telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o
televisiva.
www.ts.ucr.ac.cr 137
5- Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen al público
en general, a cambio de una contraprestación económica.
6- Agenda digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a acelerar el
desarrollo humano del país, mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC).
7- Agenda de solidaridad digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes
a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente vulnerables,
proporcionándoles acceso a las TIC.
8- Banda ancha: tecnología que permite el transporte de señales utilizando medios de transmisión
con un ancho de banda suficiente para garantizar capacidad, velocidad y continuidad en la
transferencia de cualquier combinación de voz, datos, gráficos, video y audio en cualquier
formato.
9- Brecha digital: acceso diferenciado entre países, sectores y personas a las TIC, así como las
diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el
impacto que tienen sobre el desarrollo humano.
10- Competencia efectiva: circunstancia en la que ningún operador de redes o proveedor de
servicios de telecomunicaciones, o grupo de cualquiera de estos, puede fijar los precios o las
condiciones de mercado unilateralmente, restringiendo el funcionamiento eficiente de este, en
perjuicio de los usuarios.
11- Convergencia: posibilidad de ofrecer a través de una misma red diversos servicios, simultáneos
o no, de telecomunicaciones, información, radiodifusión o aplicaciones informáticas.
12- Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de
telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o no
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.
13- Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de
telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida
concesión o autorización, según corresponda.
14- Sociedad de la información y el conocimiento: sociedad integrada por redes complejas de
comunicaciones y conocimiento que conlleve la utilización masiva de herramientas electrónicas
y digitales con fines de producción, intercambio y comunicación para desarrollar conocimiento.
15- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): técnicas de trabajo y recursos
tecnológicos que permiten ofrecer servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las
telecomunicaciones.
16- Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos,
datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas
radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
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17- Usuario final: usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones sin explotar redes públicas
de telecomunicaciones y sin prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
Con esto, se define la forma en que el Estado costarricense comprende cada uno de
dichos elementos, plasmando su visión de mundo en este listado de conceptos y principios, con
lo que se determinan las reglas que las normas deben cumplir y la forma en que se entiende
conceptualmente cada uno de estos aspectos, que de paso son claves para el sector.
En esta ley también se define la creación de los PNDT, elementos que como se ha
detallado anteriormente, constituyen otra base importante para identificar los fundamentos
ideológicos que subyacen en las políticas objeto de estudio, motivo por el cual, se dedicara un
apartado particularmente enfocado en su estudio.
Antes de proseguir con dicha parte del análisis ideológico, se considera importante
realizar una síntesis de los principales actores e instrumentos, en los cuales se ubican los
fundamentos ideológicos que han sido analizados hasta ahora. El lugar que estos ocupan y la
forma que se interrelacionan para dar sustento a las políticas públicas de inclusión, se puede
ilustrar de la siguiente forma:
Fuente: Elaboración propia.
Figura 9: Diagrama fundamentos ideológicos de las políticas públicas de inclusión digital en CostaRica
www.ts.ucr.ac.cr 139
3.6 Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Se considera de gran importancia rescatar algunos aspectos ubicados en los PNDT, los
cuales se destacan debido a que en ellos se ubica un claro contenido ideológico y político. Por
lo que se considera, son una fuente primaria para el análisis ideológico de las políticas.
Su importancia radica dos razones principalmente: primero porque contienen apartados
en los que se desarrollan con mayor amplitud algunos de los principios rectores y segundo,
porque contienen discursos políticos de autoridades de gran relevancia, mediante los cuales es
posible hacer un estudio más exhaustivo de los fundamentos político ideológicos.
En primer lugar, se considera importante la visión del PNDT 2009-2014, la cual se
sintetiza en: “Hacer de las telecomunicaciones una fuerza motora que potencie el desarrollo
humano, basado en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. (MINAET, 2009, pág.
59).
Mediante esta visión, se promueven las telecomunicaciones para el desarrollo de la
Sociedad de la Información en el país, de manera que contribuya al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y calidad
de vida de todas y todos los costarricenses. (MINAET, 2009, pág. 59).
De esta forma, en el nuevo modelo el desarrollo de las telecomunicaciones se establece
como el primer eslabón sobre el que se levanta la estrategia nacional para acelerar el progreso
económico y social, así como mejorar el nivel de vida de los habitantes del país. Para esto se
plantea que es necesario ampliar las oportunidades para que los diversos sectores de la
sociedad, puedan sacar provecho de los beneficios y potencialidades de los recursos
tecnológicos.
La competitividad y la productividad se postulan como vía para el desarrollo económico
y social, en un modelo en el que la explotación del conocimiento mediante el uso de las TIC se
convierte en una de las principales fuentes de producción de riqueza. Ligado a estos, el plan se
basa en los planteamientos de Iglesias (2006), quien señala que:
“(...) El conocimiento es el recurso más valioso que el país puede tener. A su vez, es
el recurso más vulnerable; se desprecia, cambia y queda obsoleto rápidamente. Por
esto, para competir y sobrevivir económicamente en el futuro, el país no solamente
www.ts.ucr.ac.cr 140
debe dotarse de nuevas bases o capacidades competitivas, sino, también, de la
capacidad para mejorarlas. Para ello debe formular y ejecutar estrategias eficaces de
mejoramiento de su capacidad de generación local, adaptación y utilización de
conocimientos”. (en MINAET, 2009, pág. 59).
Con lo cual, se justifica la dirección del plan desde una visión de las telecomunicaciones
como fuerza potenciadora del desarrollo humano. Estas se basan en los principios de
inclusividad, universalidad, solidaridad, desarrollo humano, competitividad y sostenibilidad.
Dichos principios se estipulan como los principales fundamentos del plan, en este se dedica un
apartado a su descripción.
3.6.1 Principios de los Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
3.6.1.1 Desarrollo Humano Sostenible
Dentro del esquema lógico con el cual son presentados estos principios en el plan, se
vincula el desarrollo humano con la tecnología, relación que según MINAET (2009), radica en
el papel que ocupa la tecnología en el modelo de desarrollo, lo que hace posible que esta se
oriente hacia la promoción del desarrollo en términos de desarrollo humano.
En ese sentido, se considera que hay una doble afectación entre las nuevas tecnologías
y el desarrollo: por un lado, elevan en forma directa las capacidades humanas, gracias a sus
aportaciones en diferentes sectores, como la salud, la educación, etc. Por otro, constituyen un
medio para lograr el desarrollo, en razón de sus repercusiones positivas en el crecimiento
económico. (MINAET, 2009, pág. 60).
A su vez, se considera que el desarrollo humano es un medio crucial para potenciar el
desarrollo tecnológico, debido a su vocación al aumento de las capacidades individuales y
sociales. Con esto, la combinación de dichos elementos adquiere un carácter de
complementariedad, lo cual es aprovechable para el mejoramiento de las condiciones
económicas y sociales:
“(...) el desarrollo humano y los avances tecnológicos se refuerzan, mutuamente, con
lo que se crea un primer círculo virtuoso. (…) Por otro lado, la relación entre progreso
tecnológico y crecimiento económico constituye un segundo círculo virtuoso que
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potencia el primero mediante efectos directos del crecimiento económico sobre el
desarrollo de capacidades”. (MINAET, 2009, pág. 60).
A partir de esto, a las telecomunicaciones se le atribuyen cualidades estratégicas para
el desarrollo y la reducción de la pobreza, así como la capacidad de mejorar la eficiencia de
otros servicios básicos, que se sustentan en redes de infraestructuras como agua potable,
electricidad, comunicaciones, entre otros.
Así mismo, se destaca como otro de sus atributos, el poder que tienen para mejorar la
vida de las personas, gracias al aumento de las capacidades para la participación creativa y
rentable en la sociedad. (MINAET, 2009, pág. 60).
En síntesis, a partir del principio de desarrollo humano sostenible se aspira a que las
telecomunicaciones ejerzan un rol estratégico en el desarrollo político económico, social y
cultural del país, al tiempo que sean un vehículo para el logro de una mayor inclusión y
bienestar social.
3.6.1.2 Competitividad
En segundo lugar, se exalta el papel de la competitividad para el desarrollo de un sector
de servicio de telecomunicaciones de alta calidad. Esto en razón de que las TIC son
consideradas elementos fundamentales para el mejoramiento de la productividad, el
crecimiento económico y los estándares de vida, por lo que su estimulación y la liberación de
su desarrollo, se convierte en un requisito para dar rienda suelta a sus potencialidades.
Con esto, se plantea que la mejor manera de permitir el desarrollo es liberando el
mercado de trabas y generando las mejores condiciones para que, a través de la competencia,
se pueda dar un servicio eficiente, universal y de bajo costo.
Este principio hace especial énfasis también en la importancia de mejorar las
condiciones para aprovechar el desarrollo de los nuevos productos y servicios que se generan
en un contexto de alta innovación tecnológica, los cuales son fundamentales para la
competitividad del país y son más aprovechables en un mercado liberalizado, exento de
regulaciones que limiten su desarrollo. (MINAET, 2009, págs. 60-61).
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En síntesis, este se define a las telecomunicaciones como un sector fundamental para
competitividad nacional, tanto desde el punto de vista económico como social. A la vez que se
estipula que, la mejor alternativa posible para la promoción de este sector, es su liberalización.
3.6.1.3 Sostenibilidad ambiental
Este principio gira en torno a la reflexión sobre el impacto ambiental de la construcción
de una nueva infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías en el territorio nacional,
lo cual trae consigo impactos ambientales positivos y negativos, que deben de ser tomados en
cuenta para un desarrollo sostenible.
La perspectiva ambiental se posiciona como una parte esencial en el desarrollo de la
operación de los servicios de telecomunicaciones y su crecimiento organizacional. (MINAET,
2009, pág. 61). Apostando por un enfoque novedoso y positivo sobre las ganancias ambientales
que obtendrá el país a partir de la expansión de las TIC, en la gestión empresarial, en los
hogares, en el sector gubernamental y el conjunto de la población.
Con ello, el Estado busca garantizar que el desarrollo de las telecomunicaciones se
realice con el menor impacto sobre el ambiente, al tiempo que ayude a mejorar la gestión
ambiental del país.
3.6.2 Discursos políticos ubicados en los Planes Nacionales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
Como parte del análisis ideológico realizado a los planes, ubica una serie de discursos
políticos en ambos planes, emitidos por a manera de prólogo por autoridades de gran peso en
el sector, como el presidente de la república, el ministro del MICITT y el Viceministro de
Telecomunicaciones. Debido al contenido de estos discursos, se considera que son estratégicos
para comprender la lógica en la que se enmarca el nuevo modelo.
En primer lugar, en el PNDT 2009-2014 se ubica el discurso hecho por el ex-presidente
Oscar Arias Sánchez, quien como se analizó en el capítulo 2, fue uno de los principales
impulsores históricos de la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Según
Arias (2009), las políticas contenidas en el PNDT responden a la promesa de modernizar el
país.
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Para ello señala que es determinante, no dejar escapar oportunidades por causa del
rezago tecnológico y/o las trabas Estatales impuestas a la iniciativa privada, a lo cual agrega:
“(...) es fundamental liberar el sector privado de las ataduras que durante mucho
tiempo lo condenaron a la insuficiencia, permitiendo que de manera democrática y
regulada la iniciativa privada se ocupara de algunas funciones productivas asumidas
exclusivamente por el Estado en el pasado”. (Arias, en MINAET, 2009, pág. 3).
De esta forma, el entonces mandatario ubica a las políticas promulgadas en el PNDT,
como parte de las reformas legales y técnicas necesarias para crear las condiciones que
permitan la competencia en telecomunicaciones y procuren que los beneficios de la
competencia lleguen a la totalidad de la sociedad.
También hace referencia a la Agenda de Solidaridad Digital, la cual coloca como
evidencia de que el país no renuncia a un esquema solidario de las telecomunicaciones tras la
apertura del mercado, lo cual considera importante ya que, según lo plantea “(...) ni la iniciativa
privada, por un lado, ni el interés público por otro, podrán permitirnos dar el salto al desarrollo,
sólo la unión de ambos podrá hacerlos”. (Arias en MINAET, 2009, pág. 3).
De igual forma, destaca la importancia del papel del sector privado, asignando a los
empresarios un papel especial para alcanzar el cumplimiento de lo planteado en la normativa
para el desarrollo del sector de telecomunicaciones y el logro de un sistema de competencia
que sea emblema del progreso tecnológico y la justicia social en Latinoamérica. Lo cual
sintetiza de la siguiente forma: “(...) el bienestar de una empresa debe ser reflejo del bienestar
del país y el bienestar del país debe ser producto del bienestar de una empresa”. (Arias en
MINAET, 2009, pág. 4). Por lo que concluye haciendo énfasis en que la inversión privada es
indispensable para el desarrollo humano.
Por su parte, en este mismo plan se ubica una presentación hecha por quien fuese el
ministro rector en ese periodo, Jorge Rodríguez Quirós. En esta el jerarca detalla una serie de
argumentos, bajo los que se justifica la importancia de la promoción de las telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información en el país.
En primera instancia, se basa en los planteamientos de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información (CMSI) a la cual hace referencia directamente, definiendo que, a
través de la política generada, se busca posibilitar que cada persona adquiera las competencias
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y los conocimientos necesarios para comprender la sociedad de la Información, participar
activamente y aprovechar plenamente sus beneficios. (MINAET, 2009, pág. 5).
Como parte de su discurso, Rodríguez (2009) concluye contundentemente:
“La Sociedad de la Información no es una opción, es el camino que debemos seguir
para expandir nuestro desarrollo”. (en MINAET, 2009, pág. 5).
Por su parte, en el segundo PNDT (2015-2021), se ubica el discurso del entonces
presidente Luis Guillermo Solís Rivera, quien define a las TIC como el pivote de la revolución
productiva de nuestros tiempos, por lo que la evolución de las telecomunicaciones deviene de
vital trascendencia en la búsqueda de los niveles de desarrollo humano a los que aspira el país,
cuyo fundamento es el intercambio y el procesamiento de datos y su consecuente generación
de conocimiento y riqueza.
El exmandatario hace énfasis en la necesidad de aprovechar los retos y oportunidades
de la era digital, para lo cual las TIC son primordiales para alcanzar la meta de un país inclusivo
y solidario, donde la tecnología contribuya a perfeccionar el perfil a nivel global y garantizar
sus beneficios a las poblaciones vulnerables.
De esta forma, señala que las prioridades del sector deben concentrarse en la
competitividad basada en la innovación y el talento humano, la modernización de la
institucionalidad del sector y la reducción de la brecha digital. Acciones determinantes para la
atracción de flujos crecientes de inversión de alto valor, mediante los cuales apuntalar la
eficiencia en la prestación de más y mejores servicios. (Solís, 2015 en MICITT, 2015, pág. vi).
Por su parte, se ubica un discurso elaborado por Marcelo Jenkins Coronas entonces
ministro del MICITT. Este señala que atender elementos como la banda ancha, la inclusión
social, el empoderamiento de las y los habitantes y la transparencia, es crucial en la sociedad
moderna, ya que estos son factores aglutinantes y potenciadores de las capacidades individuales
y colectivas. Como también lo son para la transformación productiva de los diferentes sectores
sobre los cuales descansa la economía costarricense, dentro de un contexto internacional y en
la búsqueda de una sociedad más justa, más equitativa y más próspera. (Jenkins en MICITT,
2015, pág. viii).
Aunado a esto, señala que la meta debe vincularse con alcanzar el liderazgo global en
el uso de las telecomunicaciones a distintas escalas de la sociedad, para redefinir el desarrollo
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en este nuevo contexto, en el cual las TIC se perfilan como la nueva columna vertebral de la
economía de las naciones.
El jerarca elabora su reflexión con base en la relación entre incremento de
disponibilidad, uso y apropiación de las TIC, con incrementos sustanciales en los distintos
componentes del índice de desarrollo humano, por lo cual, concluye señalando el deber de
hacer de las TIC y las telecomunicaciones, pilares del crecimiento económico y del bienestar
social para las y los habitantes.
Por último, se ubica la presentación del entonces Viceministro de Telecomunicaciones
Emilio Arias Rodríguez, quien de igual forma hace énfasis en algunos fundamentos de las
políticas públicas en materia de telecomunicaciones y su importancia para país.
El jerarca reflexiona sobre la necesidad de aprovechar al máximo los beneficios que
brindan las telecomunicaciones para impactar la vida de las y los habitantes, debido a sus
posibilidades para el alcance de mayores niveles de bienestar social, prosperidad económica.
Según Arias (2015), el uso responsable y seguro de los avances tecnológicos, han
demostrado ser herramientas efectivas para el crecimiento y desarrollo de los países dentro de
una sociedad inclusiva, en un entorno en el cual estas tecnologías convergen en sectores como
salud educación, cultura, seguridad ciudadana, economía, transporte, industria ambiente,
gobierno, entre otros, manteniendo como foco la generación de mayores oportunidades y
ventajas competitivas a nivel global. (MICITT, 2015, pág. X).
Ante esto, el cumplimiento del régimen de acceso universal, servicio universal y
solidaridad y la reducción de la brecha digital se convierten en elementos que inciden
directamente en la reducción de la pobreza y que son indispensables para garantizar a toda la
sociedad, el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, oportunos, eficientes,
competitivos y asequibles.
Con base en estas razones, el jerarca concluye haciendo referencia a la necesidad de
crear mayores oportunidades de bienestar económico, a partir del desarrollo de productos,
servicios, contenidos digitales, el uso eficiente del espectro radiográfico, la promoción del uso
de medios digitales y el acceso de la sociedad a estos recursos.
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3.7 Conclusiones
El análisis de los fundamentos político ideológicos, permite llegar a una serie de
conclusiones respecto a los intereses que subyacen en las políticas de inclusión digital
promulgadas en Costa Rica y la forma en que estos intereses se proyectan a nivel de política
nacional.
En primer lugar, se concluye que hay un proyecto alineado ideológicamente a nivel
mundial, en torno a la gestión del servicio de telecomunicaciones, que es promulgado por los
países potencia y los principales mecanismos internacionales como la ONU, la OMC y la
OCDE. Este aglutina la gran mayoría de países a nivel global y los compromete a una serie de
principios en torno a la gestión de dicho sector, determinando la forma en que se gestionan
estos recursos prácticamente a nivel global.
Como parte de este proyecto, se ha impulsado la reapertura de los mercados de
telecomunicaciones, los cuales se venían gestionando como monopolio Estatal después de la
Segunda Guerra Mundial, bajo influencia de las ideas Keynesianas. Este proceso de apertura,
arranca desde la administración de Thatcher en Inglaterra y su base político ideológica se ubica
en el Consenso de Washington y la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos.
A partir de lo planteado en las Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la Información,
se ubican dos principios generales a los que se compromete la comunidad internacional, estos
son: la construcción de una Sociedad de la Información a nivel mundial y la promoción de un
desarrollo equitativo en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los cuales los
Objetivos de Desarrollo Sostenible dan continuidad.
Así mismo, concuerdan en la postura de que la evolución en el mercado de
infocomunicaciones, constituye el paso de una sociedad industrial a una sociedad de servicios,
donde la capacidad de los países para generar riqueza, depende de la gestión de la información
y los recursos tecnológicos. Posicionándose el fenómeno como una nueva etapa en desarrollo
del modelo de producción capitalista, proceso que se ilustra en el siguiente gráfico:
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Figura 10: Diagrama paradigmas tecnológicos dominantes
Fuente: Martínez, 2013, pág. 48.
Con el advenimiento del nuevo milenio y los compromisos definidos por la comunidad
internacional mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarrollo de la Sociedad de
la Información adquiere un carácter particular, debido a que empieza a ser relacionada con el
desarrollo equitativo, la reducción de la pobreza y la validación de derechos.
Respecto a las transformaciones en los medios tecnológicos, a nivel nacional se adopta
la noción de convergencia, la cual se establece como la definición hegemónica de las
transformaciones tecnológicas vividas en las últimas décadas y como base para el desarrollo
de la Sociedad de la Información. Se considera que las capacidades de estas nuevas tecnologías
son necesarias para el desarrollo económico y social, al punto de que pueden convertirse en un
motor para la economía, bajo un adecuado modelo de gestión, el cual debe de ser liberal.
Se concibe a la convergencia y la revolución de las infocomunicaciones como una
panacea al desarrollo, mediante la cual, el país puede introducirse de lleno en la economía
global, por lo que constituye un motor fundamental para el desarrollo económico y social y la
superación de problemáticas sociales que impiden el desarrollo.
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Por su parte, en el país se imponen los planteamientos impulsados desde los primeros
intentos de apertura, en estos se estipula que, para un óptimo aprovechamiento de la
convergencia, es indispensable un cambio en relación a la forma en que se venía gestionando
el sector en el modelo desarrollista, es decir, el modelo de monopolio público, por lo que es
determinante la transformación del sector y sus formas jurídicas.
Ante esto, el país opta por buscar una alternativa al modelo de gestión pública y
monopólica, que se tacha de ser considera obsoleto e incapaz de lograr una gestión adecuada
de las nuevas condiciones tecnológicas y globales, por lo que se impone como única alternativa
posible, la apertura de mercado y la gestión del servicio de telecomunicaciones centrada en la
competencia de diversos proveedores.
Este principio de competencia es complementado con los de apertura, eficiencia y
regulación, a partir de ellos se crea la nueva jurisdicción, estableciéndose como la base del
proceso de transformación. Esta transformación se entiende en términos de modernización de
las instituciones públicas y del modelo Estado, lo cual, se refleja claramente en el título de la
ley 8660.16
En el país se instaura el sentimiento de que el ICE y los servicios de infocomunicaciones
particularmente están en una crisis17, estableciéndose como necesidad la apertura del sector. A
raíz de esto, en el país se impone la postura de que el monopolio de los servicios públicos lleva
inevitablemente a la ineficiencia, debido a que, con este modelo, los países no logran ponerse
a la altura de los requerimientos de la revolución tecnológica, por lo que no queda otra salida
que el cambio.
A lo largo de los documentos analizados, se ubica un discurso en torno a la
modernización, que se utiliza ampliamente para justificar la creación del nuevo sector de
telecomunicaciones. Este término no es definido en detalle, solo se le brinda contenido
positivo, vinculado al fortalecimiento y la mejora, por lo que se proyecta la apertura y la
creación del nuevo sector, como una evolución natural y un estadio superior en lo que respecta
al desarrollo de las instituciones y del Estado.
El principio de competencia, es relacionado de forma axiomática con eficiencia,
disminución de los costos de los servicios y más y mejores opciones para las y los
16 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. 17 Término que suele usarse de forma abstracta y adquiriendo un contenido diferente según el contexto.
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consumidores. La competencia se considera necesaria en un contexto de alta innovación
tecnológica, caracterizado por el constante surgimiento y desaparición de empresas
desarrolladoras, las cuales, al competir por tener los mejores productos y los mejores precios,
contribuyen con el desarrollo tecnológico y social. Este principio es propuesto desde la CMSI,
sin embargo y se reafirma en el TLC.
Los principios de apertura y competencia se imponen con una clara influencia de la
visión liberal de gestión de la economía y los recursos naturales, sin embargo, esta visión no se
instaura de forma radical en el país, por causa del conflicto político social en cuanto a la
apertura, tras el cual desaparece el principio de privatización en la nueva base político
ideológica del sector y se habla solo de competencia.
Tal y como lo evidencia el análisis del capítulo II, la declaración del espectro
radiográfico como un bien demanial perteneciente al Estado en el siglo anterior, evidencia la
existencia de un debate ideológico complejo y de larga data respecto a los principios desde los
cuales, la sociedad costarricense debe gestionar el sector de telecomunicaciones. Por lo que la
visión ideológica que da sustento a este sector, ha sido determinada por el debate político en
torno a su apertura, dando lugar a una síntesis resultante del conflicto de intereses.
Como parte del consenso, el país logra mantener sus principios de Estado Social de
Derecho, estipulados en la constitución política en relación al servicio de telecomunicaciones.
La resistencia a un modelo de apertura de privatización total, como los vividos en el resto de
Centroamérica y la amplia mayoría de países de América Latina, dio lugar al desarrollo de un
modelo de apertura y gestión de telecomunicaciones excepcional en la región. Según señalan
Arias y Chávez (2010):
“(...) Se aporta un orden y un respeto al derecho constitucional de nuestro país, con la
apertura del mercado de telecomunicaciones, no solo desde la óptica del principio de
legalidad para la concepción de las normas, sino por el respeto a los derechos
constitucionales de los ciudadanos que pudiesen de alguna forma verse afectados
mediante esta apertura de mercado”. (pág. 154).
Se siguió un modelo basado en el de los países europeos, principalmente al de
Inglaterra, Francia, España y los países escandinavos, donde se opta por no vender ni
desmantelar la empresa nacional de telecomunicaciones, sino adaptarla para que pueda
www.ts.ucr.ac.cr 150
competir con otros proveedores privados, en lo que Ricardo Monge define como “Competencia
Monopolística”. (R. Monge, comunicación personal, 20 de noviembre del 2019).
Tras el rechazo hacia la privatización, se opta por un paradigma que se basa
principalmente en la competencia. Se impulsa la creación del sector bajo un esquema de
fortalecimiento al operador público, la creación de una entidad de regulación especializada y
la implementación de una entidad rectora para la fijación de políticas de dirección del sector.
Se opta por un modelo de liberalización de las telecomunicaciones, que en lugar de ser
solo una empresa estatal que se encarga de ofrecer servicios de telecomunicaciones, se permite
que haya competencia regulada. Por esta razón, en el TLC el país se compromete a crear un
ente regulador fuerte, con ciertas condiciones y potestades, buscando impedir que el mercado
se gestione a la libre y manteniendo cierto margen de intervención del Estado, solo que ya no
dentro del mercado dando servicios, sino en una función meramente reguladora.
Según señala Ortiz (2019), para la creación del nuevo marco jurídico, se parte del
principio de que “la regulación es la sombra de la liberalización”, el cual es propio de las
corrientes europeas de liberalización de mercado. Lo que evidencia como el Estado
costarricense apuesta por una regulación y una política de control del mercado y del
comportamiento de los agentes que compiten en él. (L. Ortiz, comunicación personal, 27 de
noviembre del 2019).
Una de las principales influencias de la normativa Europea, se ubica en el artículo 6 de
la LGT, en el cual se establece el uso del concepto “servicio disponible al público”, lo que
implica una ruptura con el concepto tradicional de servicio público que regía hasta entonces
para los servicios de las telecomunicaciones, el cual, de acuerdo con lo planteado en PNDT
205-2021, surgió de la doctrina del Derecho Administrativo, sobre la base del “Arret Blanco”,
proveniente de la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés. (pág. 35).
De esta forma, la legislación del país se distancia de la tesis clásica del servicio público,
adoptando la doctrina moderna de servicio disponible al público, nueva tendencia regulatoria
que ha venido siendo puesta en práctica en la comunidad europea en los últimos años.
Según lo señala Ortiz (2019), esta es una nueva etapa en el desarrollo del Derecho
Administrativo, en la cual, el énfasis es velar por mantener condiciones óptimas de
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competencia mediante la regulación, para potenciar el desarrollo del sector. (Ortiz,
comunicación personal, 27 de noviembre de 2019).
Las nuevas tendencias europeas de las cuales se nutre, convergen en la tesis de que las
personas privadas también puedan prestar servicios que están claramente ligados a actividades
de interés general. El anexo 13 del TLC se enmarca dentro de esta nueva tesis, amparada
igualmente, en el principio constitucional del derecho a la libertad de elección, consagrado en
el numeral 49 de la Constitución Política. (MINAET, 2009, pág. 36).
Con la adopción de este paradigma, adquieren gran importancia los principios de
Universalidad y Solidaridad, los cuales al igual que en las legislaciones europeas, son la base
para el desarrollo de políticas enfocadas a la validación de derechos relacionados al uso de las
TIC y la Sociedad de la Información.
Por lo que, en lo referente a las políticas de inclusión digital, el modelo de regulación
se establece bajo la idea de dirigir los esfuerzos e inversión de los actores privados, hacia la
consecución de ciertas metas y objetivos definidos por el Estado, para un óptimo desarrollo del
sector y del país. Con esto, se busca adaptar la estructura propia del mercado y su regulación,
de manera que los beneficios del crecimiento del sector se traduzcan en el desarrollo integral
de la sociedad.
Estos principios son los más determinantes en el nuevo sector y son la base que sustenta
específicamente a las políticas de inclusión digital. Su establecimiento en la jurisdicción
nacional brinda un carácter particular del modelo costarricense, en una zona donde la
privatización se impuso ampliamente. Al mismo tiempo, son la clave para entender la lógica
bajo la cual se desenvuelven estas políticas.
En general, la transformación del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, se
justifica desde el discurso del desarrollo. Las posibilidades que brinda a la sociedad, las cuales
se conciben en un sentido dual de desarrollo técnico-económico y desarrollo humano, se
proponen como la esperanza para la superación de la brecha entre los países desarrollados y
los países subdesarrollados.
Como parte de esto, se hace uso del término inclusión, propio de las nuevas corrientes
del derecho administrativo, con el que se hace alusión a que hay un acceso diferenciado entre
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países, sectores y personas a las TIC en este caso, a raíz de lo que se ven excluidos de participar
y gozar de sus beneficios.
De esta forma, se reconoce la desigualdad entre los países subdesarrollados y los
desarrollados, con respecto al acceso a las TIC y en general, a la dinámica de esta nueva
revolución tecnológica, lo cual viene a justificar la necesidad de generar esfuerzos por
solucionar las limitaciones e “incluir” a los países en este nuevo modelo global.
Junto con la visión apologética de la convergencia y la revolución tecnológica, se
impone la idea mecanicista de que, al cerrar la brecha tecnológica, se cierra consecuentemente
la brecha de la pobreza. Por lo que, se le asigna al desarrollo de la Sociedad de la Información
un carácter de obligatoriedad, estableciéndose como un paso indispensable para poder dar
solución a los problemas que enfrenta la sociedad en este contexto. Premisas desde las cuales,
se configura la nueva estructura del sector, en función de crear las condiciones para la
incorporación de este nuevo modelo en la economía nacional.
Por tanto, en términos generales, a nivel ideológico, en el país impera la visión de que
las políticas públicas de inclusión digital y la reestructuración del sector de telecomunicaciones
en el país, son un pilar para el desarrollo económico y social en el futuro próximo.
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Capítulo IV: El modelo costarricense de política pública de Inclusión
Digital
En correspondencia con el objetivo específico número 3, en este capítulo se realiza una
caracterización del modelo empleado por el Estado costarricense para el desarrollo de las
políticas públicas de inclusión digital.
En el Capítulo III se identificaron los fundamentos político ideológicos que subyacen
en las políticas, los cuales vienen a ser la base del modelo de política pública en el país. A
partir de lo cual, ahora es posible enfocar el análisis en las estrategias y acciones estipuladas
para la inclusión digital y la forma en la que el Estado se organiza para atender la brecha digital.
La particularidad del modelo de política pública, como se viene mencionando, subyace
en la estructura jurídica e institucional establecida en el país para el desarrollo de las
telecomunicaciones, donde se establece un sector centralizado, bajo el que se organiza un
conjunto de actores, mecanismos, recursos, funciones y responsabilidades que caracterizan el
accionar del Estado y regulan la competencia.
De esta forma, para lograr conocer la particularidad del modelo de política pública, se
considera que el análisis debe centrarse en los principales actores, mecanismos e instrumentos
que constituyen las políticas de inclusión digital, los cuales definen el modo de intervención.
Para lograr caracterizar el modelo de política pública que se estableció en el país, el
estudio se centró en el análisis de los principales mecanismos del sector y su dinámica en las
nuevas condiciones. Así como también, en el estudio de los PNDT, en los cuales se hace un
especial énfasis, debido a que contienen los programas y proyectos que componen las políticas
públicas de inclusión digital.
Al igual que en los capítulos anteriores, la información recolectada para la elaboración
de este capítulo, fue complementada con entrevistas hecha a personas estratégicas, en razón de
su expertis en el tema. Como parte de este ejercicio, destacan las entrevistas hechas a Leidy
Guillén Cordero y Angélica Chinchilla Medina, funcionarias del MICITT que participan
directamente en la realización de los PNDT, Humberto Pineda Madrigal director de
FONATEL, Silvia Sancho Pereira coordinadora del Programa Hogares Conectados en el
IMAS y Mauro Murillo León del departamento de Inclusión Digital del ICE.
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4.1 Principales actores y mecanismos del modelo costarricense
En primera instancia, el modelo costarricense de telecomunicaciones es compuesto por
tres mecanismos Estatales, como lo son: el ICE, la SUTEL y el Viceministerio de
Telecomunicaciones, siento estos últimos dos los encargados directos de gestionar las políticas
de Inclusión Digital.
Fuente: Elaboración propia.
El modelo de política pública establecido en Costa Rica, se basa en la interacción del
ente rector y el ente regulador, con base en lo estipulado en el marco jurídico. La participación
del ICE se limita a la de un operador más en el mercado, suscrito a las mismas obligaciones
que los operadores privados.
Como se expuso en el capítulo anterior, en la jurisdicción (Leyes 8660 y 8642) se crea
un conjunto de mecanismos y actores para responder a los principios de universalidad y
solidaridad, encomendados tanto al MICITT como a la SUTEL, los cuales cumplen un papel
determinante en su rol de instancias jerárquicas.
La dinámica desarrollada por estos actores y la forma en que se organizan, son parte
del modelo de política pública establecido por el Estado costarricense para la inclusión digital,
por lo que su análisis constituye una base fundamental para elaborar una caracterización
detallada del mismo. Dichos actores, son los siguientes:
4.1.1 Régimen de Garantías Sociales: Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad
En el Título II de la LGT, Régimen de Garantías Sociales, se incorpora un capítulo
titulado Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad de las Telecomunicaciones, el
cual, tiene el propósito de establecer el ámbito y los mecanismos de regulación de las
Figura 11: Diagrama sector de telecomunicaciones en Costa Rica
www.ts.ucr.ac.cr 155
telecomunicaciones para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio
universal y solidaridad
Para esto en el capítulo se establecen los mecanismos de financiamiento, asignación,
administración y control de los recursos destinados al cumplimiento de tales objetivos y se
asigna a la SUTEL como responsable de garantizar que los operadores y proveedores cumplan
lo establecido en este capítulo y lo que reglamentariamente se establezca, tal y como se
analizará más adelante.
Según señala Pineda (2019), debido a la importancia que tienen este capítulo para el
cumplimiento de las metas de la LGT y el desarrollo general del sector de telecomunicaciones,
se opta por la creación de un reglamento para su regulación, denominado Reglamento de
Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, en conformidad con las atribuciones que
le confiere el inciso n) del artículo 53, de la Ley Nº 759318 y el inciso 2) del artículo 77 de la
Ley Nº 8642.
Según se establece en el artículo 32, los objetivos de este régimen son los siguientes:
● Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna,
eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país
donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la
infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente
rentable.
● Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y
a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades
sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con
discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de
salud públicos.
● Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el
disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio
del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de
dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.
18 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
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Los mismos se desprenden de la definición de cinco aspectos prioritarios en el contexto
costarricense, los cuales son:
1- Accesibilidad al servicio en zonas remotas que suponen elevadas inversiones.
2- Zonas no rentables que no generan suficientes ingresos.
3- Usuarios con escasos recursos económicos.
4- Usuarios con necesidades sociales especiales.
5- Reducir la brecha digital y garantizar el disfrute de los beneficios de la sociedad de
la información y el conocimiento.
En el artículo 33 del régimen, se asigna al Viceministerio de Telecomunicaciones como
responsable de formular las políticas públicas y de definir las metas y las prioridades necesarias
para el cumplimiento de los objetivos, mediante el desarrollo de un instrumento medular como
lo es el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
4.1.2 El Viceministerio de Telecomunicaciones y los PNDT
El Viceministerio de Telecomunicaciones es la entidad encargada dirigir las políticas
de desarrollo de las telecomunicaciones, en las que se ubican las políticas enfocadas en la
Inclusión Digital.
Como entidad rectora, en el artículo 39 de la Ley 8660, se le asigna al Viceministerio
las siguientes funciones:
1- Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones.
2- Coordinar, con fundamento en las políticas del sector, la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
3- Velar por que las políticas del sector sean ejecutadas por las entidades públicas y
privadas que participan en el sector telecomunicaciones.
4- Dictar el Plan Nacional de Telecomunicaciones, así como los reglamentos
ejecutivos que correspondan, coordinar las políticas de desarrollo de las
telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la Sociedad
de la Información.
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5- Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el
desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza.
6- Brindar apoyo técnico al rector en materia de gestión integral de residuos.
Como señala Guillén (2019), el Viceministerio centraliza las del sector mediante la
formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, el cua incluye los
objetivos de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. (L. Guillén, comunicación
personal, 8 de noviembre del 2019).
Según lo define MINAET (2009), el PNDT puede considerarse como:
“(...) un marco general, donde se desarrollan los distintos planes que tienen las
entidades del Estado en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). Es la hoja de ruta que el Estado seguirá para garantizar que las
telecomunicaciones promuevan el desarrollo del país de manera sostenible, en
armonía con la naturaleza y generando oportunidades para todos los sectores de la
población”. (pág. 15).
De esta forma, el Viceministerio de Telecomunicaciones como brazo técnico
especializado del MICITT, planifica y elabora el PNDT como instrumento que articula y
prioriza los proyectos que se ejecutarán en un periodo de vigencia establecido.
Las metas, objetivos y prioridades para el cumplimiento de estos compromisos, son
definidas por el Poder Ejecutivo mediante el PNDT, como principal instrumento para el
desarrollo de las políticas sectoriales en concordancia con los lineamientos que se propongan
en el Plan Nacional de Desarrollo. Su dictado corresponde a la Presidencia de la República y
al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica, los cuales intervienen en el trámite por medio
de sus jerarcas.
Responde a la función básica administrativa de planificación, que, de conformidad con
el ordenamiento jurídico costarricense, recae sobre la Presidencia de la República y los
ministros de Gobierno. Las entidades del Poder Ejecutivo con responsabilidad en el PNDT,
están obligadas a asegurar su cumplimiento en el periodo acordado.
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El plan es sometido a la consideración y aprobación de la Presidencia de la República,
con el fin de que sea integrado al Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, es remitido a la
Contraloría General de la República, a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (ARESEP), la SUTEL y la Asamblea Legislativa, para su información.
Como una característica importante del modelo costarricense, se ubica entonces el
establecimiento de un órgano rector especializado, el cual mediante un instrumento de política
pública como lo es el PNDT, define la hoja de ruta para combatir la brecha digital y e
incorporar el país en la Sociedad de la Información.
4.1.3 Agenda Digital y Agenda de Solidaridad Digital
En el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), se establece que el
PNDT deberá contener una Agenda Digital, como un elemento estratégico para la generación
de oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de
la Sociedad de la Información. Esta deberá contener, a su vez, una Agenda de Solidaridad
Digital, que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha
digital.
Según el inciso 3 del artículo 6 de la LGT, la Agenda Digital se enfoca en acciones
dirigidas a acelerar el desarrollo humano del país, mediante el aprovechamiento de las TIC.
Constituyendo el elemento estratégico del plan para la generación de oportunidades, el
aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la Sociedad de la
Información.
Por su parte, la Agenda de Solidaridad Digital es el conjunto de acciones enfocadas en
garantizar el desarrollo humano específicamente de las poblaciones económicamente
vulnerables, proporcionándoles acceso a las TIC. Como lo sugiere su nombre, esta agenda
atiende las metas específicas de acceso y servicio universal solidario.
Si bien, los PNDT contienen las políticas públicas para el desarrollo de las
telecomunicaciones, la Agenda de Solidaridad Digital, adquiere un carácter particular para esta
investigación, ya que como se ha venido señalando, contiene propiamente las políticas de
inclusión digital que impulsa el país, atendiendo directamente las estipulaciones del Régimen
de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad de las Telecomunicaciones.
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Como se analizará más adelante, las agendas creadas en el país contienen importantes
variantes en cada uno de los PNDT, las cuales se establecen debido a las particularidades del
contexto y las necesidades que se presenten en el país, según las debilidades y los avances
alcanzados.
Estas agendas tienen gran influencia dela Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI), donde se postulan los principios generales y se idean las bases para el
desarrollo de este tipo de mecanismos a nivel global. El formato de agenda ha sido empleado
prácticamente a lo largo de América Latina, siendo tendencia en los nuevos modelos
implementados tras la apertura. Sin embargo, en el caso particular de Costa Rica, las agendas
se formulan con base en los principios del Estado Social de Derecho, como se analizó en el
capítulo anterior, lo que las hace le convierte en un modelo excepcional.
4.1.4 SUTEL y FONATEL
Para el financiamiento de los proyectos de la Agenda de Solidaridad Digital, en el
artículo 34 de la LGT se crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), como
instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los
objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la ley.
La administración de los recursos de FONATEL, es responsabilidad de la SUTEL. De
esta manera, a la SUTEL además de su función de ente regulador de la competencia, se le
encomienda la responsabilidad de gestionar los recursos y definir los proyectos a desarrollar,
adquiriendo un rol fundamental en el sector, en el que se establece como instrumento de
servicio universal.
Para la administración del fondo, SUTEL conforma una estructura organizativa basada
en los principios de racionalidad y sostenibilidad presupuestaria. Esta estructura está integrada
por un Director General, un profesional jefe y dos profesionales especialistas. La racionalidad
de esta estructura organizativa para la administración del fondo responde a la limitación
establecida por ley de que los costos de administración de FONATEL, los cuales no deben
superar el 1% de los recursos del Fondo. Esta capacidad administrativa interna mínima se
complementa con servicios comunes de la organización de SUTEL y con los recursos
específicos para la gestión de los proyectos y programas del fondo. (FONATEL, 2014, pág.
18).
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Para el financiamiento de FONATEL, se establece un conjunto de fuentes para la
recaudación de los recursos económicos, las cuales se definen en el artículo 38 de la LGT.
Estas son: a) Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones, cuando
corresponda. b) Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen
a favor de FONATEL. c) Las multas y los intereses por mora que imponga la entidad
reguladora. d) Los recursos financieros que generen los recursos propios de FONATEL. e)
Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos brutos producidos por los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de
telecomunicaciones disponibles al público, la cual se establece anualmente.
Esta contribución parafiscal se justifica en el beneficio individualizable que para los
operadores y proveedores representa la maximización del uso de las redes de
telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de comunicaciones,
impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y solidaridad.
Quienes aportan a esta contribución son los operadores de redes públicas de
telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al
público. La tarifa se establece por la SUTEL en cada período fiscal respectivo. Esta podrá ser
fijada dentro de un mínimo de 1,5% y un máximo de un 3%.
La administración tributaria de esta contribución especial parafiscal, estará a cargo de
la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo que, para esta
contribución, resulta aplicable el título III, Hechos Ilícitos Tributarios, del Código de Normas
y Procedimientos Tributarios.
Los recursos de FONATEL, se asignan por la SUTEL de acuerdo con el Plan Nacional
de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Según se establece en el capítulo 36 de la LGT, tales
fondos son asignables para financiar:
1- Las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores y
proveedores en sus respectivos títulos habilitantes
2- Los proyectos de acceso y servicio universal, los cuales serán adjudicados por medio de un
concurso público que llevará a cabo la SUTEL. El procedimiento establecido se realizará de
conformidad con la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus
reformas, y lo que reglamentariamente se establezca.
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La SUTEL como ente regulador, es autorizada para que administre los recursos
financieros del fondo, mediante la constitución de fideicomisos dirigidos a las empresas
proveedoras de servicios de telecomunicaciones, en función del cumplimiento de sus fines.
Según se indica en el capítulo 35 de la LGT:
“(…) El fiduciario deberá observar las obligaciones que le imponen las disposiciones
legales vigentes, así como las que se derivan del contrato de fideicomiso que se
suscriba. Los recursos que se administren en los fideicomisos, deberán invertirse en
las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez. Los fideicomisos y su
administración serán objeto de control por parte de la Contraloría General de la
República”. (pág. 28).
De esta forma, como instrumento para la gestión de los proyectos y programas que se
desarrollen con los recursos de FONATEL, se opta por la figura del Fideicomiso, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 35 de la LGT. Para esto, se crea en alianza con el Banco Nacional
de Costa Rica, el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional
de Telecomunicaciones, lo cual se formaliza en la Contratación Directa No. 2011CD-000091-
SUTEL, titulada Selección de un banco para la constitución de un fideicomiso como
instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se ejecuten con
los recursos de FONATEL. (FONATEL, 2012, pág. 18).
Según lo estipula FONATEL (2012), el fideicomiso invertirá aquellos dineros que
estén por asignarse, en las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez, tal como lo
establece el artículo 35 de la LGT. A su vez, realizará la gestión de los proyectos y programas
con cargo a FONATEL que se desarrollen por medio del fideicomiso, hará la gestión en el
monitoreo y mantenimiento de los mismos y apoyará a la SUTEL con información requerida
para las actividades de rendición de cuentas previstas en la ley.
Las operaciones realizadas por medio de estos fideicomisos son declaradas de interés
público, por lo que gozan de exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para las
adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones que haga y las rentas que
obtenga para el cumplimiento de sus fines.
La SUTEL deberá presentar a la Contraloría General de la República y al jerarca del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, informes semestrales y un informe
anual a la Asamblea Legislativa. Estas entidades tienen la facultad de solicitar los informes
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adicionales que sean necesarios, en busca de garantizar la transparencia y el uso eficiente de
los recursos de FONATEL.
Los proyectos desarrollados por FONATEL, deben entenderse como complementarios
a las acciones y medidas que desde el Estado y el mercado se implementan para proveer de
servicios de telecomunicaciones a la población. Como parte de estos se ubica el financiamiento
de la Agenda de Solidaridad Digital.
Según se establece en el artículo 32 de la LGT, el FONATEL financiará la conectividad
en las comunidades donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento
de la infraestructura, hacen que el suministro de estos servicios no sea financieramente
rentable. Además, se dirige a apoyar el equipamiento y el uso de herramientas como canastas
de subsidios o aplicaciones de tarifas diferenciadas donde exista mayor concentración de
población en situación de vulnerabilidad.
Este fondo es parte de los aspectos destacables de la regulación del servicio público en
el país, debido a la particularidad de los propósitos para los que fue creado. Los cuales se
resumen en estandarizar el acceso al servicio de telecomunicaciones a todos los sectores de la
población por igual.
Con el fin de realizar una ejecución eficiente de los recursos, se crea el Plan Anual de
Proyectos y Programas con cargo a FONATEL. Este es un instrumento para comunicar,
organizar y dar seguimiento a los programas y proyectos el fondo durante su historia de vida.
La iniciativa por establecer programas de carácter anual, es justificado en razón de la
naturaleza permanente y dinámica del fondo en cuanto a su financiamiento, a la recepción de
iniciativas y a la asignación de sus recursos. (FONATEL, 2012, pág. 20).
Según lo establece FONATEL (2012), el propósito fundamental de este proceso de
administración del portafolio de proyectos y programas, es seleccionar y administrar un
conjunto de proyectos y programas para lograr objetivos específicos del fondo. Las iniciativas
de proyectos y programas que se propongan para ser consideradas en el Plan deben ser
valoradas para determinar su admisibilidad con respecto a su pertinencia.
Las propuestas, proyectos y programas del portafolio, transitan por un proceso
constituido por varios estados, el cual inicia con la recepción de una propuesta o iniciativa de
acceso o servicio universal presentada por un interesado. Posteriormente, las iniciativas o
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propuestas pertinentes a los objetivos del Régimen de Acceso Universal, Servicio Universal y
Solidaridad y los instrumentos de política pública correspondientes, son admitidas para
evaluación.
Las iniciativas o propuestas Admitidas deben ser valoradas técnica y económicamente,
desde las perspectivas social y privada, con el propósito de establecerse formalmente como un
Proyecto o Programa, para ser sometido a conocimiento del Consejo de SUTEL. Este Consejo
resuelve sobre la aprobación del proyecto o programa presentado. Los proyectos o programas
Aprobados que se registren en el Plan son priorizados y sometidos al proceso de planificación,
especificación y asignación, con el propósito de ponerlos en ejecución. (FONATEL, 2012,
pág. 20).
Posteriormente se da seguimiento y se controla la ejecución de los proyectos o
programas asignados. Este proceso es un trabajo conjunto entre la empresa asignada, los
beneficiarios, la organización de FONATEL e instrumentos como el Fideicomiso de Gestión
de los Proyectos y Programas con cargo a FONATEL, a los que la SUTEL puede recurrir. En
tanto las prestaciones de estos proyectos o programas en ejecución sean realizadas y recibidas,
se ponen en producción. (FONATEL, 2012, pág. 21).
Como parte de esto, se crea el Manual de Selección y Estructuración de Proyectos, el
cual, según PROSIC (2013), tiene como principal propósito clarificar la metodología utilizada
para valorar los proyectos presentados ante la SUTEL, con el fin de optar por recursos del
fondo. (pág. 93).
Para el desarrollo de estos proyectos, se establece el compromiso de garantizar
estándares de diseño universal y accesibilidad, a fin de que las personas con discapacidad
puedan tener acceso a estos servicios. También se asegurará la transparencia, la amplia
participación de todos los posibles oferentes, la calidad, la rendición de cuentas, la
optimización de los servicios y la compartición de infraestructura.
Los mecanismos y actores mencionados, conforman el sector creado por el Estado
específicamente para el desarrollo de las telecomunicaciones. Sin embargo, estos entes
trabajan en coordinación con un conjunto de instituciones del Estado, las cuales, de una u otra
forma, son estratégicas para el desarrollo en conjunto de programas y proyectos de inclusión
digital.
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Con lo expuesto hasta aquí, es posible generar un esquema general desde el cual
comprender la forma en que se organizan los actores y los instrumentos, eo cual se ilustra en
la siguiente figura:
Figura 12: Actores Política Pública de Inclusión Digital
Fuente: Elaboración propia.
4.1.5 Red de Actores Interinstitucionales
Existe un amplio conjunto de intereses vinculados a diferentes sectores de la sociedad,
en lo que respecta a la inclusión digital, por lo que para el desarrollo de las políticas públicas,
es indispensable la coordinación con otros actores que se consideran como complementarios,
tanto públicos como privados.
Los actores complementarios cumplen un rol de aliados estratégicos, mediante los para
acceder a sectores estratégicos de la población, los cuales han sido establecidos como
prioritarios en la normativa internacional. Estas instituciones y entidades cumplen un rol de
colaboradoras y responden a las directrices e intereses establecidos tanto por el MICITT como
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por la SUTEL. Así como son indispensables para que estas instituciones eviten duplicidad de
funciones con otras entidades de la institucionalidad nacional.
Como parte de esto, se crea una red organizativa denominada Red de Coordinación
para un Mayor Impacto de los Beneficios de Servicio Universal. Esta red de actores
interinstitucionales, forma parte de la estrategia país desarrollada para el cumplimiento de las
metas propuestas en el PNDT. Con esto, se busca alcanzar y articular esfuerzos para combatir
el fenómeno de la exclusión y la cuestión social desde diferentes frentes, dando prioridad a los
sectores más vulnerables, en búsqueda de generar oportunidades de desarrollo, educación y
productividad de los mismos y cumplir los propósitos de universalidad y solidaridad.
En coordinación con un grupo importante de instituciones estratégicas, se busca
fortalecer las acciones enfocadas en el desarrollo de las telecomunicaciones y la inclusión
digital, así como generar un contexto de complementariedad entre distintos programas
desarrollados por múltiples instituciones, cuyos objetivos pueden vincularse también con los
del acceso universal y solidario.
Según se indica en FONATEL (2014), las relaciones interinstitucionales se organizan
en función de dos tipos de vínculo, los cuales son: por un lado, los que tienen que ver con
relaciones de comunicación, coordinación e intercambio de información, como las establecidas
con: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y con la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS). (pág. 17).
Por otro lado, las que tienen que ver con relaciones formales establecidas mediante
convenios, contratos y cartas de entendimiento, como los establecidos con: 11 municipalidades
de las zonas norte y sur del país, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de
Educación Pública (MEP), Banco Nacional de Costa Rica, Ministerio de Cultura y Juventud
(MCJ), Ministerio de Salud, Instituto de Estadística y Censos (INEC), MICITT, UCR, CICAP,
PROSIC. (FONATEL, 2014, pág. 17).
Para comprender con mayor rigurosidad el papel de esta red de actores, es necesario
analizar cada uno de los PNDT, debido a que debido a que tanto las instituciones que conforman
la red como su papel, pueden variar según el contexto. Esta es otra de las razones por las cuales
más adelante se realizará un análisis específico de cada uno de los PNDT.
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Fuente: FONATEL, 2014, pág. 17.
De esta forma, una vez ubicados los principales actores y mecanismos que dan forma al
modelo de política pública establecido en el país, es posible proseguir con el análisis específico
de cada uno de los Planes Nacionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones que han tenido
videncia en el país, dentro del periodo de estudio establecido, el cual abarca los únicos dos
planes creados hasta la fecha.
4.2 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009 - 2014:
“Costa Rica: Un país en la senda digital”
Acorde a lo definido en el marco jurídico del sector de telecomunicaciones, en el año
2009, bajo la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), entra en vigencia
el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009 - 2014: “Costa Rica: Un país
en la senda digital”. Con el que se consagra el nuevo modelo de gestión del desarrollo de las
telecomunicaciones establecido tras la apertura de mercado.
Figura 13: Diagrama de Red de Actores Interinstitucionales
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El mismo orresponde a lo que se estableció como la primera etapa del desarrollo de las
telecomunicaciones en el país tras la apertura, definida como fase inicial de apertura.
Según se plantea en PROSIC (2009), de forma general, el plan se aboca en que la
liberalización conlleve una mayor eficiencia, en aras de incrementar la productividad nacional,
en concordancia con las aspiraciones de construir la “Costa Rica Desarrollada del
Bicentenario”. El objetivo primordial es beneficiar a una mayoría de costarricenses y
principalmente a quienes hasta ahora no han tenido la posibilidad del acceso a tales servicios.
(Pág. 48).
En concordancia con planteado en la ley, el documento define las principales líneas de
políticas, objetivos, acciones estratégicas y metas, enfocadas en guiar el desarrollo futuro de las
telecomunicaciones, como impulsor de la Sociedad de la Información en Costa Rica. (PNDT,
2009, pág. 15).
De esta forma, el PNDT 2009-2014 es presentado como un marco general donde se
desarrollan los planes del Estado en materia de Tecnologías de la Información (TIC). Se estipula
como “(...) la hoja de ruta que seguirá el Estado en el periodo establecido, para garantizar que
las telecomunicaciones promuevan el desarrollo del país de manera sostenible, en armonía con
la naturaleza y generando oportunidades para todos los sectores de la población”. (MINAET,
2009, pág. 15).
4.2.1 Elaboración del PNDT 2009-20014
La elaboración del plan se basa en dos investigaciones previas. La primera consiste en
un diagnóstico del sector de telecomunicaciones, elaborado a partir de un estado del arte del
tema de la Sociedad de la Información a nivel internacional, latinoamericano y nacional;
además de un análisis de la situación de las telecomunicaciones en Costa Rica y su evolución
normativa.
Para dicho ejercicio se toma en cuenta una serie de instrumentos normativos y de
planificación, que orientan sobre la dirección de las políticas en materia de telecomunicaciones,
los cuales, se incorporan como parte de las políticas en este campo. Dentro de tales instrumentos
se encuentra:
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Como primer elemento, el PNDT se basa en el Decreto de Sectorización de MIDEPLAN
D.E 34582-MP-PLAN del año 2008, en el cual, se establece una nueva conformación sectorial,
donde todas las instituciones pasan a estar debidamente ubicadas al menos en un sector de
actividad, siendo este el que mejor se adapte al cumplimiento del mandato que les es
encomendado.
En este decreto se definen como funciones de los ministros rectores dirigir y coordinar
las estrategias y las políticas públicas sectoriales de la administración central y descentralizadas.
Así también se establece la rectoría del Ministro de Ambiente y Energía sobre el Sector de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Lo cual, como se analizó en el capítulo II, cambiaría
en el Gobierno de Laura Chinchilla con el traslado del Viceministerio de Telecomunicaciones
al MICITT.19
En segundo lugar, se toma como referencia el Programa de Gobierno ¡Sí! Hacia la
Costa Rica Desarrollada del Bicentenario, el cual corresponden al programa ofrecido por el
Partido Liberación Nacional para la administración 2006-2010. En este programa se reafirma
el artículo 46 de la Constitución Política, tras su reforma en 1996, en la cual se introduce como
derecho fundamental la libre competencia entre los proveedores de bienes y servicios del
mercado.
En el programa el gobierno busca materializar ese principio mediante una apertura
gradual, selectiva y regulada de los monopolios existentes. Por lo que al PNDT se le asigna
una función determinante como mecanismo dinamizador de la apertura, respecto a la
organización y el accionar del nuevo sector y las nuevas políticas del Estado.
En tercer lugar, se basa en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo
Obregón”: 2006-2010, en el que se establecen un conjunto de elementos relacionados al
desarrollo de las telecomunicaciones, como: incluir en el marco regulatorio el concepto de
convergencia, mantener los principios de universalidad y solidaridad, la creación y
fortalecimiento de la rectoría en telecomunicaciones e incentivar el desarrollo de
infraestructura. Ante lo cual, ubica como desafío desarrollar un sistema nacional de
telecomunicaciones, internacionalmente competitivo en términos de calidad, variedad y precios
de los servicios ofrecidos. (MINAET, 2009, pág. 50).
19 Ley No. 9046. Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Además de estos, se consultan otros marcos como lo son los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), como agenda común de los países miembros de la ONU y la Estrategia
Siglo XXI, iniciativa que nace de la sociedad costarricense para la promoción desarrollo integral
del país mediante la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.
La segunda investigación que se elaborada como base para la realización del PNDT, es
un estudio comparativo de casos sobre las tendencias en telecomunicaciones a escala
internacional y la participación de gobiernos, empresas y centros académicos de investigación
a nivel global, mediante el cual se busca crear un PNDT acorde con las tendencias
internacionales. Como se indica en MINAET (2009):
“(...) Para esto se construye un Benchmarking sobre las estrategias para el impulso de
las TIC de seis países exitosos en la materia según el Índice Global de Tecnologías de
la Información 2009, publicado por el Foro Económico Mundial, los cuales son:
Singapur, Noruega, Suecia, Finlandia, Corea y Chile”. (pág. 53).
La comparación se lleva a cabo mediante un conjunto de seis categorías, las cuales se
emplean como indicadores, estas son: ambiente, educación, salud, sector empresarial,
infraestructura y gobierno digital.
Particularmente el caso de Singapur es referenciado como un referente internacional,
del cual el país puede aprender mucho en cuanto al desarrollo de la Sociedad de la Información,
por lo que, se establece como el ejemplo a seguir para el primer PNDT. (MINAET, 2009, pág.
54).
Por último, en el PNDT 2009-2014 se hace referencia a un conjunto de empresas
privadas y centros académicos como lo son: Sunrise (Suiza), Telefónica Chile, Universidad
China de Hong Kong, Universidad de Cambridge, Universidad de Stanford, Universidad
Tecnológica de Nanyang (Singapur) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que
vienen a ser de gran influencia para el plan.
4.2.2 Lineamientos para la elaboración del PNDT 2009-2014
La elaboración del PNDT 2009-2014, se estableció como base un conjunto de
lineamientos guía, los cuales según MINAET (2009), son los siguientes:
4.2.2.1 Lineamientos Generales
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1 El Plan no solo incorpora líneas de acción en los temas tradicionales en planes de esta
naturaleza, tales como: la instalación de teléfonos públicos, el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC), la conectividad en las escuelas y la telemedicina. Apuesta
también, de manera adicional, hacia nuevas áreas de intervención, por ejemplo: el aumento en
el acceso a Internet de banda ancha, la instalación de centros de acceso públicos a las TIC, la
creación de nuevas habilidades cognitivas, la digitalización de procesos internos y externos en
entidades públicas y la gestión de los sistemas de salud.
2 Para la atención y el cumplimiento de las metas definidas en el Plan, estas adoptarán una
perspectiva de corto, mediano y largo plazo.
3 El Plan se ha concebido como un instrumento de orientación general para la gestión que el
Estado lleva adelante con utilización de TIC. En ese sentido, no se trata solo de un ejercicio de
guía para los propósitos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), sino,
también, de dirección global de la acción de gobierno.
4 El Plan contiene una Agenda Digital, como elemento estratégico para la generación de
oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Contiene también una agenda de solidaridad
digital, que busca garantizar tales beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha
digital.
5 El Plan considera medidas con respecto al acceso para las personas físicas a opciones o paquetes
de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con
el objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para las personas con necesidades sociales
especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio no sea financieramente rentable, o las
personas que no cuenten con recursos suficientes.
6 El Plan toma en cuenta las metas definidas por el Legislador en el Transitorio VI de la Ley
General de Telecomunicaciones, en cuanto acceso universal, servicio universal y solidaridad.
(MINAET, 2009, pág. 17).
4.2.2.2 Lineamientos sobre Servicio Universal
1 Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde
una ubicación fija.
2 Que todos los usuarios finales puedan contar con acceso a Internet de banda ancha,
posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas en las comunidades donde
los costos para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es elevada.
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3 Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico una guía telefónica y se
actualice, como mínimo, una vez al año.
4 Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico desde una
ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal citados en este transitorio, en
condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
5 Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los usuarios finales que sean
personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias,
opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de
explotación comercial, con el objeto de garantizar que las personas con necesidades sociales
especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio no es financieramente rentable, o las
personas no cuenten con recursos suficientes, puedan tener acceso al servicio telefónico o hacer
uso de este.
6 Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios,
tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares, de acuerdo con
condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias. (MINAET, 2009, pág. 18).
4.2.2.3 Lineamientos sobre Acceso Universal
1 Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos en todo el territorio nacional.
2 Que se establezcan centros de acceso a Internet de banda ancha en las comunidades rurales y
urbanas menos desarrolladas y, en particular, en albergues de menores, adultos mayores,
personas con discapacidad y poblaciones indígenas.
3 Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las escuelas y los colegios públicos que sean
parte de los Programas de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública.
4 Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a los hospitales, clínicas y demás centros de
salud comunitarios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
5 Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las instituciones públicas, a fin de simplificar
y hacer más eficientes sus operaciones y servicios, e incrementar la transparencia y la
participación ciudadana. (MINAET, 2009, pág. 20).
4.2.3 Ejes del PNDT 2009-2014
Este plan se divide en cuatro ejes, en los cuales se definen las líneas de acción. Por un
lado, se establecen tres ejes correspondientes a la Agenda Digital, los cuales son: Eje de
Telecomunicaciones, Eje Económico y Eje Ambiental. Por otro lado, se define el Eje Social
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que corresponde a la Agenda de Solidaridad Digital, constituyendo las políticas de inclusión
digital, para el periodo 2009-2014.
Según se estipula en la jurisdicción costarricense, la Agenda Digital comprende el
conjunto de líneas de acción que buscan acelerar el desarrollo humano del país, mediante el
acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC). Por su parte, la Agenda de Solidaridad Digital responde a las metas de acceso universal,
servicio universal y solidaridad, en concordancia con el transitorio VI de la Ley General de
Telecomunicaciones.
4.2.3.1 Agenda Digital
a. Eje de telecomunicaciones
El objetivo de este eje es: “Garantizar que las telecomunicaciones sean un factor
habilitador esencial que potencie la SIC”. (MINAET, 2009, pág. 80).
Se enfoca en el desarrollo de infraestructura, de manera que el país cuente con más y
mejores servicios de telecomunicaciones para la población. En este, se define a la
infraestructura como una condición necesaria e indispensable, a la que se le debe dar prioridad
especial.
Se señala que “(…) el país requiere una plataforma de telecomunicaciones moderna,
eficiente e inteligente, que responda a las necesidades del entorno, esté a tono con los últimos
avances tecnológicos y sean fácilmente accesibles y asequibles a todos los sectores de la
población, contribuyendo con ello a la reducción de la brecha digital”. (MINAET, 2009. Pág.
62).
Así mismo, en este eje se hace referencia a la banda ancha y el acceso a altas
velocidades de transferencia de datos para la sociedad. Para esto define una línea estratégica
de redes y sistemas con la cual busca aumentar la conexión a internet de banda ancha. Además,
se ubican otra línea de acción que se enfoca en temas de Seguridad de las Telecomunicaciones.
b. Eje Económico
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El objetivo de este eje es: “Garantizar las disponibilidad y uso de las TIC como
herramienta para mejorar la gestión pública y privada, incentivar la innovación y procurar la
satisfacción del consumidor”. (MINAET, 2009, pág. 81).
Se centra en la realización de acciones, que permitan facilitar los encadenamientos
productivos y lograr avances en cuanto a la eficiencia y productividad. Para lo cual, será
necesario incorporar las TIC en todas las fases de la producción, en la administración pública
y estimular el desarrollo con políticas competitivas y una correcta asignación de los recursos.
Dentro de sus diferentes líneas estratégicas, abarca aspectos como: la competencia, la
protección del consumidor, la productividad, la logística y la innovación.
c. Eje Ambiental
Este tiene el objetivo de: “Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible de las
TIC y potenciar las posibilidades que estas ofrecen para mejorar la calidad ambiental del país”.
(MINAET, 2009, pág. 84).
En este se propone la necesidad de garantizar la normativa del país en ese campo y su
actualización, de forma que sea posible aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar
la calidad del ambiente y fomentar políticas públicas para un adecuado tratamiento de los
residuos tecnológicos.
Las líneas de acción propuestas en este eje, giran en torno a la protección de la
normativa ambiental vigente en el país, minimizar los impactos ambientales de las TIC, una
gestión adecuada de residuos electrónicos, entre otros temas relacionados.
El eje Social constituye la Agenda de Solidaridad Digital, por lo que, debido a su
importancia, se dedica un apartado enfocado en su abordaje.
4.2.4 Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014
Como se ha venido señalando, la Agenda de Solidaridad Digital se define en el Eje
Social del PNDT. En esta, se establecen las metas y prioridades en torno a acceso universal,
servicio universal y solidaridad.
Según lo señala Guillén (2019), para la formulación fueron fundamentales los análisis
y estudios previos realizados, en los cuales se lograron determinar los aspectos más críticos del
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país en materia de inclusión digital, determinándose como prioridades dos grandes áreas:
infraestructura y apropiación social. (L. Guillén, comunicación personal, 8 de noviembre del
2019).
De esta forma, se define una agenda centrada fundamentalmente en la ejecución de
acciones destinadas a promover el desarrollo de infraestructura en zonas rurales y alejadas, así
como el uso de las TIC en campos como el educativo, la salud, en la esfera individual y en el
desarrollo social de la población.
Para esto se establecen un conjunto de líneas de acción y líneas estratégicas, en las que
se define la estrategia de orientación y organización de las actividades relacionadas a la
inclusión digital. Estas se exponen en MINAET (2009) y se resumen a continuación:
4.2.4.1 Líneas de acción de la Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014
1 Impulsar una estrategia dinámica para llevar los servicios y beneficios de las
telecomunicaciones a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que por sus
condiciones de vulnerabilidad económica y social no disponen de los recursos ni las
condiciones para asegurarse dichos servicios.
2 Generar las condiciones y conocimientos para el desarrollo de aplicaciones de valor agregado
que permitan obtener el máximo provecho de las nuevas tecnologías. De ahí que el enfoque en
materia social no debe circunscribirse únicamente a llevar conectividad o dotar de equipos
terminales, también es indispensable generar capacidades para su uso.
3 Utilizar activamente las TIC como herramienta para la reducción de las brechas económica,
social, digital y de oportunidades. La universalización de los servicios de información y
comunicación será condición fundamental, aunque no exclusiva, para la inserción de los
individuos como ciudadanos, para construir una sociedad de la información
4 Utilizar activamente las TIC como herramienta para la reducción de las brechas económica,
social, digital y de oportunidades. La universalización de los servicios de información y
comunicación será condición fundamental, aunque no exclusiva, para la inserción de los
individuos como ciudadanos, para construir una sociedad de la información en favor de los
intereses y necesidades individuales y comunitarias, con responsabilidad y sentido de
ciudadanía.
5 Contribuir a la mejora del sistema educativo, mediante la incorporación y uso de las TIC.
Incentivar la inversión privada y pública dirigida al desarrollo del servicio y acceso universal,
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para garantizar el derecho de la población a disponer de comunicaciones dentro de un marco
justo, equitativo y solidario.
6 Lograr un salto cualitativo en la prestación de los servicios de salud que recibe la población,
mediante la incorporación y el uso de las herramientas que ofrecen las TIC.
7 Asegurar la incorporación de tecnologías con criterios de accesibilidad que permitan su uso
para las personas con discapacidad. (MINAET, 2009, págs. 66-67).
4.2.4.2 Líneas Estratégicas de la Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014
Las líneas estratégicas agrupan los objetivos en los que se centra la Agenda de
Solidaridad Digital, junto con estos, se exponen las acciones y medidas a realizar para el
cumplimiento respectivo de cada uno de ellos. Estos se exponen en el siguiente recuadro:
Figura 14: Líneas estratégicas Agenda de Solidaridad Digital 2009-2014
a- Línea Estratégica de: Acceso Universal, Servicio Universal y
Solidaridad
Objetivo Específico 1: Garantizar acceso universal
Acciones y medidas
1 Ampliar el acceso a Internet de banda ancha a todos los usuarios finales,
posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas, donde los costos
para instalación y el mantenimiento de infraestructura son elevados.
2 Extender la cobertura de la red de telefonía pública a todo el país, que garantice una
oferta continua suficiente en aparatos, accesibilidad, que permite también efectuar
llamadas de emergencia de forma gratuita.
3 Elaborar un manual con la definición de indicadores para medir el cumplimiento de
objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
4 Desarrollar una política nacional de financiamiento para proyectos de capacitación
en el uso de las TIC en los centros de acceso establecidos en la acción de fomento
del uso de comercio electrónico, cultura, educación ambiental, valores democráticos
y entretenimiento.
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Objetivo Específico 2: Asegurar servicios de telecomunicaciones a los habitantes del país
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y geográfica.
Acciones y medidas.
1 Instalar centros de acceso a Internet de banda ancha de acceso y servicio universal o
comercial, dirigidos a las comunidades rurales y urbanas, en condiciones accesibles
para todas las personas.
2 Ampliar el servicio telefónico para los usuarios finales con discapacidad.
3 Diseñar e implementar paquetes de tarifas diferenciados.
4 Crear una política de promoción para desarrollo y divulgación de software,
aplicaciones y contenidos en Internet innovadores, orientados a grupos en
condiciones de vulnerabilidad social y económica, incluidos los indígenas,
analfabetas digitales, personas con discapacidad y adulto mayor.
b- Línea estratégica Educación y capacitación
Objetivo Específico 1: Garantizar la incorporación y el uso de las tecnologías de
información y comunicación en el sistema educativo.
Acciones y medidas
1 Dotar de conectividad a Internet de banda ancha comercial a las instituciones del
sistema educativo público en los niveles de la educación preescolar, básica y
diversificada.
2 Dotar a cada circuito escolar de un centro de capacitación docente, equipado con
videoconferencia, multimedia e Internet.
Objetivo Específico 2: Asegurar la alfabetización digital de los habitantes del país.
Acciones y Medidas
1 Dotar de conectividad de Internet de banda ancha comercial a todas las bibliotecas
públicas del país, asegurando la creación de áreas de bibliotecas virtuales dentro de
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ellas y fomentando el acervo cultural del país, la literatura costarricense, archivo
histórico.
2 Activar una línea de financiamiento para la ejecución de un programa quinquenal de
capacitación comunitaria (utilizando los centros de acceso público a Internet),
orientado al desarrollo de capacidades, el uso productivo de las tecnologías digitales
y el cierre de la brecha de conocimiento para diferentes sectores de la población
costarricense.
Objetivo Específico 3: Garantizar la generación de aplicaciones de valor agregado con el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a desarrollar la
creatividad y habilidades de la población estudiantil.
Acciones y Medidas
1 Aumentar el número de laboratorios de informática educativa en primaria y
secundaria, con proyectores, equipos de audio y recursos digitales para apoyar la
enseñanza en los centros educativos, en especial en los circuitos educativos con
mayor brecha digital y deserción.
2 Aumentar el número de estudiantes y educadores con una computadora personal y
acceso a Internet en las escuelas unidocentes.
3 Crear un programa de financiamiento para el desarrollo de proyectos aprendizaje
virtual que apoyen el desarrollo de las capacidades de estudiantes, educadores y
comunidades, con especial atención en grupos vulnerables.
3- Líneas de acción sobre Salud
Objetivo Específico 1: Asegurar la prestación de los servicios de salud de la población del
país, por medio de la aplicación intensiva de las tecnologías de información y comunicación
en los servicios que presta el Estado en este campo.
Acciones y medidas
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1- Dotar de conectividad a Internet de banda ancha a los hospitales, clínicas y demás
centros de salud comunitarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a
todas las sedes del Ministerio de Salud en todo el país.
2- Desarrollar la red tecnológica de educación en salud a la población. Esta red utilizará
estrategias tales como software especializado, portales web especializados, sistemas
de teleconferencia comunitaria, etc. Se dará énfasis a poblaciones de zonas urbano-
marginales, poblaciones indígenas, el binomio madre-hijo(a), la población con
discapacidad y las personas adultas mayores.
Fuente: Elaboración propia con base en MINAET, 2009, págs. 86-87).
4.2.5 Programas y proyectos de FONATEL 2009-2014
Según lo señala Pineda (2019), con el fin de responder de forma efectiva a los objetivos,
metas y acciones de la Agenda de Solidaridad Digital, en el Plan Anual de Proyectos y
Proyectos de FONATEL del año 2012, se incorpora un conjunto de programas mediante los
cuales se inicia a ejecutar los recursos del fondo, que, por asuntos legales y administrativos,
empiezan a ejecutarse hasta ese año. (Pineda, comunicación personal, 28 de octubre del 2019)
4.2.5.1 Programa de Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en Comunidades no
Conectadas o Sub Conectadas del País (Comunidades Conectadas)
Para el análisis de este programa, se tuvo la oportunidad de entrevistar a Mauro Murillo
León, quien es coordinador del Programa de Comunidades Conectadas del Departamento de
Inclusión Digital del ICE. El mismo ha podido conocer el programa y su desarrollo desde su
origen.
Este programa procura dotar de acceso a telefonía fija e Internet a poblaciones rurales,
alejadas y vulnerables, que no cuentan con este acceso en las condiciones de capacidad y
calidad definidas.
Por otro lado, busca proveer estos servicios de telecomunicaciones a instituciones
prestatarias de servicios públicos ubicados en estas poblaciones, tales como Centros
Educativos, Centros de Acceso a Internet o Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y
Centros de Atención de la Salud.
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Según señala lo indica Murillo (2019), las metas asignadas a este programa durante su
primer periodo de desarrollo son:
1 Que en las poblaciones atendidas por el programa esté disponible el acceso a servicios
de telefonía fija e Internet.
2 Que los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en las poblaciones
atendidas, tales como Centros Educativos, Centros de Acceso a Internet o Centros
Comunitarios Inteligentes (CECI) y Centros de Atención de la Salud, reciban los
servicios de telefonía fija e Internet pagados con recursos de FONATEL.
3 Que el acceso a los servicios y la prestación de los servicios se mantengan disponibles
en las poblaciones atendidas mientras sean requeridos y cuenten con los aportes de
FONATEL que correspondan, de acuerdo con las condiciones específicas de cada
poblado y proyecto. (M. Murillo, comunicación personal. 17 de octubre del 2019).
El programa se organiza en fases anuales, en las que se busca focalizar la atención de
las zonas prioritarias del país, determinadas según la LGT. La definición de las poblaciones y
los centros de prestación de servicios públicos que se incluyan dentro de cada proyecto
específico, se realiza en la etapa de estructuración del proyecto, a partir de la información que
se obtenga de las diversas fuentes e instituciones interesadas.
Al final del 2014 estaban en desarrollo 20 proyectos en el marco del Programa
Comunidades Conectadas:
• 1 Proyecto para Comunidades del Cantón de Siquirres.
• 1 Proyecto para Comunidades de Roxana de Pococí.
• 5 Proyectos para la Atención de la Zona Norte Superior (Región Huetar Norte).
• 6 Proyectos para la Atención de la Zona Sur (Región Brunca).
• 6 Proyectos para la Atención de la Zona atlántica (Región Caribe).
• 1 Subprograma para la Atención de la Zona Pacífico Central y Chorotega (Región Pacífico).
Por último, dentro de este programa se incluye el Subprograma para la Atención de
Territorios Indígenas, con la finalidad de atender las necesidades de acceso a servicios de
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telecomunicaciones, en los Pueblos Indígenas dentro de los Territorios Indígenas del país. Los
habitantes dentro de estos territorios son parte de las poblaciones objetivo que deben ser
atendidas, de acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 32 de la LGT.
Este subprograma se realiza en coordinación con el MEP, institución con a que se
realizan foros de consulta pública en pueblos indígenas para recoger información sobre los
requerimientos de servicios de telecomunicaciones dentro de estos territorios. Así mismo, se
suscribe un convenio con la Universidad de Costa Rica, en el marco del cual se prevé el apoyo
de esta institución en el desarrollo de una estrategia para ejecutar proyectos en estos territorios.
4.2.5.2 Programa de Promoción del Uso de Servicios de Telecomunicaciones para
Poblaciones Vulnerables (Hogares Conectados)
Según FONATEL (2014), este programa consistente en brindar un subsidio directo, con
recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al pago del servicio de acceso a Internet
de banda ancha de acceso y servicio universal y a una terminal para su uso, destinada a los
hogares con ingresos comprendidos entre los deciles de menores ingresos (D1 al D6), según la
Encuesta Nacional de Hogares (ENHO) del 2014. (pág. 13).
Con esto, el programa constituye un mecanismo para facilitar la asequibilidad del
servicio de Internet de banda ancha a los hogares ubicados en áreas geográficas que cuentan
con acceso a los servicios, pero no tienen recursos suficientes para acceder a estos o que, en
general, están en condiciones de vulnerabilidad económica o social.
Para este programa se establecen como poblaciones vulnerables objetivo, las citadas en
la Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (No 006
MIDEPLAN), publicado en La Gaceta 134 del 14 de julio del 2014.
Las poblaciones objetivo citadas en dicha directriz son: pueblos indígenas, mujeres,
población joven, adultos mayores, población con discapacidad, población afro-descendiente,
entre otros. Ante esto, su ejecución se calendarizaría para el segundo semestre del 2015.
(FONATEL, 2009, pág. 14).
4.2.5.3 Programa de equipamiento para Centros de Prestación de Servicios Públicos
Este programa consiste en dotar de computadoras y tabletas con conexión de banda
ancha a los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP´s), incluyendo Centros
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Educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), los Centros Comunitarios Inteligentes
(CECI´s), Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral
(CEN-CINAI) y a los hospitales, áreas de salud y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS).
Se pretende que las instituciones involucradas, faciliten datos a la SUTEL para definir
las características y las cantidades del equipamiento por proveer.
Pese a que el programa se formula dentro del periodo de este plan, en vista del grado
de avance alcanzado en su desarrollo, los requerimientos de articulación con los instrumentos
de política pública aplicables y la coordinación necesaria con las instituciones encargadas de
los CPSP’s, su entrada en vigencia se calendariza para el siguiente PNDT. Según FONATEL
(2014), se proyectó completar la primera entrega de este programa durante el primer semestre
del 2015 y el primer semestre del 2016. (pág. 15).
4.2.5.4 Programa de Centros Comunitarios Inteligentes y Puntos de Acceso Comunitario
a Internet.
Como lo sugiere su nombre, este programa está compuesto por dos subprogramas, el
primero, el Subprograma de Centros Comunitarios Inteligentes y el segundo, el Subprograma
de Puntos de Acceso Comunitario a Internet.
El primero consiste en la proveer la conectividad y el equipamiento requeridos para la
instalación y funcionamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes del MICITT, como
medios para la alfabetización y el desarrollo de capacidades digitales en poblaciones
vulnerables, particularmente en cuanto al acceso al uso de las tecnologías digitales y los
servicios de telecomunicaciones. (FONATEL, 2014, pág. 15).
El segundo subprograma consiste en la provisión de Puntos Públicos de Acceso
Comunitario a Internet, en espacios públicos de comunidades seleccionadas a partir de las
prioridades definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo y que tengan los menores índices
de desarrollo.
Según se señala en FONATEL (2014), se concibe este subprograma como una
extensión del acceso público provisto en los centros de acceso a internet de banda ancha
definidos en el PNDT, a áreas públicas abiertas, tales como: parques, plazas, polideportivos y
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otras áreas públicas propuestas por las comunidades. Centrándose en la instalación y
mantenimiento de puntos de acceso inalámbrico a Internet cuya provisión y mantenimiento se
haga con recursos de FONATEL. (pág. 16).
Estos puntos de acceso serían abiertos a la comunidad y no tendría costo para las
personas usuarios. Se propone que las políticas y los controles de uso y seguridad para estos
puntos sean definidos e implementados por el MICITT y los Centros Comunitarios Inteligentes
asociados.
4.2.6 Seguimiento y Evaluación del PNDT 2009-2014
Dentro de los contenidos del PNDT, el MINAET (2009) incorpora el seguimiento y la
evaluación, colocándoles como componentes esenciales de todo ejercicio de planificación, los
cuales constituyen herramientas indispensables para obtener información sobre los resultados
alcanzados, que pueda ser útil al proceso de rendición de cuentas de las instituciones públicas
y al impacto final de las acciones e iniciativas contenidas en el plan. (pág. 70).
Para llevar a cabo tal ejercicio, se propone la creación de una base de información y
datos sobre el sector de telecomunicaciones, mediante la cual medir periódicamente el impacto
de las políticas; además del análisis de indicadores de avance y resultados. Mediante lo que se
busca dar cuenta de los cambios que genera la incorporación de las TIC en las poblaciones
objetivo.
Los objetivos de la evaluación se definen en MINAET (2009), estos pueden resumirse de
la siguiente manera:
1 Suministrar a la Rectoría la información oportuna y actualizada para la toma de
decisiones respecto al avance y cumplimiento de las metas establecidas en el plan.
2 Identificar los ajustes necesarios para hacer frente a las cambiantes condiciones del
entorno y para adaptar el proceso de implementación del plan a las nuevas condiciones.
3 Dar cuenta de los impactos que tiene la puesta en marcha de las acciones previstas en
el plan en el mejoramiento de calidad de vida de las personas.
4 Garantizar un registro confiable y actualizado de información sobre los avances del país
en materia de telecomunicaciones.
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5 Difundir la información recabada, mediante los procesos de seguimiento y evaluación,
de manera que pueda ser ampliamente conocida y analizada por parte de los diversos
sectores de la sociedad.
6 Fortalecer las políticas, los planes y los proyectos y programas que el Poder Ejecutivo
lleva adelante en el campo de las telecomunicaciones, realizando las acciones
correctivas que se desprendan de la evaluación.
7 Verificar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y
solidaridad establecidos por el Legislador en la Ley General de Telecomunicaciones,
así como de la normativa ambiental nacional aplicable al sector. (pág. 70).
Según se define en el PNDT, para las labores de seguimiento y evaluación se establece
una serie de etapas. La primera se centra en verificar el logro de las metas planteadas,
empleando los indicadores de desempeño especificados en la matriz de objetivos, acciones y
metas del plan.
Para el segundo momento, se plantea una evaluación de impacto, dirigida al análisis de
los cambios permanentes y las mejoras de la calidad de vida producidos después de culminada
la implementación del plan; para esto se pondrá énfasis en estudiar la sostenibilidad de los
cambios alcanzados y sus efectos. Además, en esta segunda etapa, se hace uso de indicadores
de satisfacción de usuarios para medir la percepción de los habitantes y empresas respecto a la
implementación del PNDT y el proceso de desarrollo del uso y apropiación de las TIC.
(MINAET, 2009, pág. 71).
En cuanto a la periodicidad del seguimiento y la evaluación, se establece que, en un
plazo de cuatro meses, luego de publicado el Plan, la Rectoría del Sector Telecomunicaciones
deberá diseñar la metodología y el instrumental técnico necesario para el seguimiento y
evaluación del PNDT.
Según indica MINAET (2009), para efectos de seguimiento, la Rectoría se encarga de
elaborar un informe semestral sobre el estado de avance de las metas y proyectos definidos en
el plan. Al finalizar cada año, se presentará un informe de rendición de cuentas, el cual incluirá
los resultados obtenidos por el plan y las propuestas de ajuste para el período siguiente. (pág.
72).
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4.3 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015 - 2021:
“Costa Rica: Una Sociedad Conectada”
En el año 2015, durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018),
se crea el segundo PNDT correspondiente al periodo 2015-2021. El mismo constituye la
segunda etapa del desarrollo de las telecomunicaciones tras la apertura, denominada “Inclusión
social y consolidación de la competencia a través de la calidad”.
Este es creado en el marco de las leyes número 8660 y 8642 y presenta las principales
acciones que el Estado impulsará en el periodo delimitado de 5 años, en busca de profundizar
el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC en Costa Rica, mediante una Agenda Digital
y una Agenda de Solidaridad Digital. (MICITT, 2015, pág. 15).
En este nuevo plan, o nueva fase, se considera indispensable redoblar esfuerzos para
concretizar los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, como estrategia
para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, mejorar la calidad de los
servicios disponibles al público y el aumento de la oferta.
Con base en esto, para este PNDT se establece como visión:
“(…) Transformar a Costa Rica en una sociedad conectada, a partir de un enfoque
inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones; de forma segura, responsable y productiva”. (MICITT, 2015, pág.
49).
Según MICITT (2015), la hoja de ruta establecida con base en esta visión, tiene como
motivación tres grandes aspiraciones a saber:
1 Concretizar proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad de las
Telecomunicaciones/TIC.
2 Crear un entorno habilitador que permite la innovación de la radiodifusión sonora y televisiva
hacia su digitalización.
3 Construir participativamente las bases del Modelo de Ciudades Digitales a través de un
gobierno electrónico cercano. (pág. 50).
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Cabe destacar que este plan se vincula con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2015-2030, específicamente con el objetivo 8 referente al trabajo
decente y crecimiento económico. (MICITT, 2015, Pág. 49).
4.3.1 Elaboración del PNDT 2015-2021
De forma general, la elaboración de este PNDT se llevó a cabo a través de diversas
etapas, las cuales se vinculan con la responsabilidad de responder a las necesidades detectadas
por el sector a nivel nacional, las tendencias mundiales sobre la materia y en estrecha
vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.
Entre los ejercicios realizados para la elaboración del plan se ubica: un diagnóstico del
sector de telecomunicaciones, un proceso de consulta a instituciones vinculadas con el primer
PNDT, articulación de esfuerzos de trabajo con diferentes actores como instituciones, empresas
proveedoras etc. Lo que se complementa con consultas a nivel cantonal con los gobiernos
locales, un espacio de consulta pública general sobre propuestas y consultas públicas no
vinculantes emitidas mediante el Diario Oficial La Gaceta. (MICITT, 2015, págs. 17-18).
El estudio de casos a nivel internacional y la comparación de estos con el desarrollo de
las telecomunicaciones en el país, es una de las principales estrategias realizadas para la
elaboración de este plan. Para esto se recurre a un conjunto de indicadores tanto nacionales
como internacionales de telecomunicaciones, mediante los cuales se analizan determinados
aspectos de interés.
Para esto la institución recurre a un amplio número de instrumentos, los cuales se
sintetizan a continuación:
4.3.1.1 Índice de Conectividad (Network Readiness Index)
Desarrollado por Foro Económico Mundial, es un instrumento que mide la propensión
de los países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC. Según esta entidad, ofrece
una perspectiva general sobre el estado del desarrollo de las TIC en el mundo, permitiendo a
las personas tomadoras de decisiones “(...) un marco conceptual útil para evaluar el impacto de
las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) a un nivel global y una evaluación
comparativa de la preparación para las TIC y el uso de sus economías” (MICITT, 2015, pág.
21).
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Se considera que este índice proporciona información valiosa sobre las condiciones
actuales del mercado y el estado de la conectividad en todo el mundo. De igual forma, ayuda a
identificar los puntos que se deben mejorar para acelerar el Internet y aumentar el internet como
un todo, logrando de esta manera un impacto positivo.
4.3.1.2 Índice de Desarrollo de Gobierno Digital
Este es un instrumento desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el cual, representa la voluntad y capacidad de los gobiernos de usar tecnologías, tanto
en línea como móviles en la ejecución de sus funciones.
Se centra en el estudio de casos de diferentes países, teniendo como base una serie de
aspectos, que se consideran son los más importantes para el desarrollo del gobierno electrónico:
alcance y calidad de los servicios en línea, el estado de desarrollo de la infraestructura en las
telecomunicaciones y el capital humano inherente. (MICITT, 2015, pág. 24).
El índice está conformado por otros tres índices, los cuales son: el índice de servicios
en línea, el índice de infraestructura de telecomunicaciones y el índice de capital humano.
4.3.1.3 Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (IDT)
Este índice es elaborado por la UIT, como fuente de análisis para conocer el crecimiento
de la Sociedad de la Información a escala mundial. Representa el nivel de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en 154 países del mundo y compara los progresos
realizados en la reducción de la brecha digital.
Según UIT (2009), el principal objetivo del IDT es proporcionar indicadores claros que
permitan a los legisladores y otras entidades evaluar el desarrollo nacional con una perspectiva
mundial. (pág. 1).
Para esto se enfoca en el nivel y la evolución cronológica del desarrollo de las TIC en
los países y su comparación entre sí, los progresos del desarrollo de las TIC en los países
desarrollados frente al de los países subdesarrollados y el comportamiento de la brecha digital.
(UIT, 2009 en MICITT, 2015, pág. 26).
Este índice se compone de tres subíndices: acceso, utilización y capacidades, los cuales
corresponden a aspectos y componentes diferentes del proceso de desarrollo de las TIC.
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4.3.1.4 Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA)
Es un instrumento desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
tiene el objetivo de medir el tamaño de la brecha digital en América Latina y el Caribe,
mediante la medición del estado de desarrollo de la banda ancha. (BID, 2012 en MICITT, 2015,
pág. 27).
El índice presenta un rango entre 1 y 8, siendo 8 el mejor puntaje. Considera 37
variables claves para el desarrollo de la banda ancha, la cuales se agrupan en cuatro pilares:
Políticas Públicas y Visión Estratégica, Regulación Estratégica, Infraestructuras, Aplicaciones
y Capacitaciones.
De esta forma, el BID proporciona una herramienta para los tomadores de decisiones y
formuladores de políticas para detectar, en una base de país, los puntos fuertes y áreas de mejora
en el desarrollo de planes específicos, concretos y viables.
4.3.1.5 Índice de Brecha Digital (IBD)
Según se detalle en MICITT (2015), este índice es desarrollado y monitoreado por el
Viceministerio de Telecomunicaciones, con el propósito de medir la diferencia que existe entre
quienes tienen acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación y quienes no, entre
quienes teniendo acceso no saben cómo utilizarlas y entre quienes las utilizan, pero reciben
diferentes niveles de calidad. (pág. 37.)
El IBD se construye con bases en el Índice de Acceso Digital (IAD), para el cual se
tomó como insumo el Informe Measuring the Information Society: The ICT Development
Index, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El mismo está
integrado por cuatro componentes, los cuales son: Acceso, Uso, Calidad y Educación.
(MICITT, 2014, pág. 2).
El cálculo de este índice se realiza a partir de la recopilación de información
directamente con los operadores de los servicios de telecomunicaciones, así como a partir del
uso de estadísticas oficiales.
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4.3.1.6 Ranking Distrital de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Este instrumento fue desarrollado por el MICITT durante el año 2013, basándose en
datos del X Censo de Población y VI de vivienda, realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).
Fue elaborado con el objetivo de identificar aquellos distritos que poseen los más altos
porcentajes de personas que residen en viviendas sin acceso a tecnologías, estableciendo el
acceso a algunos de estos elementos como indicadores: telefonía fija, telefonía móvil,
televisión por suscripción, pantalla, computadora de escritorio, otros. (MICITT, 2015, pág. 37).
4.3.1.7 Mapas Sociales
Se trata de una herramienta que es parte de la estrategia para el combate a la pobreza
del Gobierno de la República, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el cual, a través del Consejo Presidencial gestiona el trabajo en conjunto entre el
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). Esta herramienta permite identificar, dónde se encuentran las mayores
concentraciones de pobreza y pobreza extrema en el país.
Según INEC (2017), la plataforma posibilita el conocimiento de ámbitos territoriales
de interés y es un apoyo para la investigación y la docencia. Además, permite detallar
características de estas áreas y fundamentar así la toma de decisiones públicas que promuevan
el desarrollo social.
La plataforma contiene datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y se espera que
paulatinamente se vayan incorporando datos de otras instituciones.
4.3.1.8 Índice de Desarrollo Social
Este índice es elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), con el objetivo de ordenar los distritos y cantones de Costa Rica
según su nivel de desarrollo social, con base en un conjunto de indicadores debidamente
establecidos. (MIDEPLAN, 2020, pág. 1).
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De esta forma, el ministerio busca conseguir información estratégica para la
formulación de proyectos, programas, políticas y planes que prioricen las zonas más rezagadas,
con el fin de reducir las brechas que aquejan a la población.
Según se detalla en MICITT (2015), el índice se basa en el análisis de las posibilidades
que tienen las personas habitantes de dichas zonas, de acceder y disfrutar de un conjunto de
derechos básicos, que se agrupan en cuatro dimensiones a saber: económica, participación
social, salud y educativa. Posteriormente, se construye a partir de un conjunto de 11 índices
socioeconómicos, cuya principal fuente de datos son las estadísticas administrativas de las
instituciones públicas.
4.3.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
El PNDT 2015-2021 se encuentra estrechamente alineado con las estrategias nacionales
orientadas a la lucha contra la pobreza desde distintos frentes, específicamente con el objetivo
estratégico de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, establecida por el Poder Ejecutivo en
el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, en el cual, se establece
como premisa la idea de que el sector de telecomunicaciones puede aportar de manera directa
a la reducción de la exclusión social.
De esta forma, el desarrollo de las telecomunicaciones se convierte en una apuesta del
gobierno para generar nuevos negocios, mejorar la prestación de servicios públicos, fortalecer
los procesos de capacitación, educación y atención a la salud, así como nuevas fuentes de
ingreso, lo que sumará a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
El plan se alinea particularmente con tres de los objetivos del PND, los cuales son:
Reducción de la pobreza y la desigualdad, impulsar el crecimiento económico y reducción de
la corrupción y fortalecer la transparencia. Por lo cual es parte de la estrategia país para superar
las limitaciones que se considera imposibilitan el desarrollo.
Como parte de esta vinculación, el MICITT trabaja en coordinación con el Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza
extrema Plan Puente al Desarrollo”, “(...) cuyo objetivo es brindar las herramientas necesarias
para que las familias desarrollen sus capacidades”. (MICITT, 2015, pág. 67).
www.ts.ucr.ac.cr 190
La estrategia Plan Puente al Desarrollo concibe el acceso a las tecnologías de
información y comunicación como una herramienta básica para el mejoramiento de los
servicios públicos, la educación, la salud, el trabajo y el acceso a conocimiento y la
información, que en la Sociedad de la Información son determinantes para el desarrollo
personal.
Por lo cual, como parte de su finalidad busca garantizar el acceso a “(...) un sistema de
protección social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y a las ventajas de la
tecnología, para la población en situación de vulnerabilidad del país”. (MICITT, 2015, pág.
67).
Ante esto se define una estructura para el PNDT 2015-2021, que consta del
establecimiento de tres pilares: Inclusión Digital, Economía Digital y Gobierno Electrónico y
Transparente, los cuales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos trazados por el
Poder Ejecutivo en el PND, mencionados anteriormente.
4.3.3 Pilares del PNDT 2015-2021
De esta forma, el PNDT se estructura en torno a tres pilares, los cuales se consideran
son los ámbitos de intervención más estratégicos para el desarrollo de las telecomunicaciones
en el país.
La Agenda Digital vendría a estar conformada por el pilar de Economía Digital y el de
Gobierno Electrónico y Transparente. Mientras que el pilar de Inclusión Digital contiene la
Agenda de Solidaridad Digital y las líneas de acción de Alfabetización Digital.
Si bien los tres ejes se enfocan en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, es
el pilar de Inclusión Digital el que contiene específicamente las políticas públicas de inclusión
digital que son el tema de esta investigación, por lo cual el énfasis se enfoca en su análisis.
4.3.3.1 Pilar de Economía Digital
Busca promover la creación de nuevas economías y acciones estatales para lograr una
mayor celeridad en su acceso y uso por parte de las empresas, particularmente de las pequeñas
y medianas, a través de lo cual brindar un mayor dinamismo de la actividad económica.
www.ts.ucr.ac.cr 191
Tiene por objetivo crear mayores oportunidades de bienestar económico y social para
la población, mediante un crecimiento en el acceso a las tecnologías digitales que permita
generar nuevos negocios a partir del desarrollo de productos, bienes, servicios, contenidos
digitales e ideas innovadoras. (PNDT, 2015, pág. 76).
Con lo cual, el Estado busca que los servicios de telecomunicaciones tengan una mayor
capacidad y calidad, que le permita satisfacer los requerimientos de las empresas y los usuarios,
brindando mayor disponibilidad, variedad y calidad de los servicios. Por lo que es parte esencial
de la promoción de la competencia efectiva entre los operadores y proveedores, en busca de
incentivos para que las compañías hagan mayores inversiones en el país.
4.3.3.2 Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente
Este pilar parte de la concepción de que las Telecomunicaciones y las TIC, constituyen
una poderosa herramienta para potenciar una serie de elementos que son estratégicos para el
mejoramiento del gobierno y de la transparencia.
Entre tales posibilidades se atribuyen: eliminar la corrupción y robustecer la
transparencia, la simplificación de trámites, informar permanentemente a la población de los
procesos y contrataciones públicas, fiscalizar la acción pública, rendir y exigir cuentas de la
gestión institucional, abrir espacios para la participación ciudadana y la mejora en los servicios
públicos. (MICITT, 2015, pág. 54).
De esta forma, para este pilar el MICITT (2015) define como objetivo:
“(...) Avanzar hacia una relación más cercana y abierta entre la administración pública
y los habitantes, de manera que incremente la eficiencia estatal, facilite el acceso a
servicios públicos innovadores, promueva la transparencia, toma de decisiones del
Estado y la participación activa de la sociedad”. (pág. 72).
Con esto, el Estado se propone potenciar a la persona como agente de cambio,
fomentando su participación en los intereses nacionales y con ello fortaleciendo la
transparencia y asegurando su empoderamiento como fiscalizador de la administración de los
recursos públicos, empleando el espacio virtual como un medio para optimizar los recursos
públicos y acercar el gobierno a la población.
www.ts.ucr.ac.cr 192
4.3.4 Agenda de Solidaridad Digital 2015-2021
Esta agenda se establece a partir de la identificación de dos aspectos, que se consideran
clave para lograr que la población costarricense pueda acceder a los beneficios de la Sociedad
de la Información. Según MICITT (2015), estos son:
1 Las limitaciones que enfrentan algunos sectores para acceder a los servicios de
telecomunicaciones, por lo que es necesario dar especial atención a grupos en situación de
vulnerabilidad mediante el desarrollo de acciones focalizadas que les permitan mejorar sus
condiciones de acceso a las Telecomunicaciones/TIC.
2 La necesidad de propiciar el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas que les
permitan a diferentes grupos de la sociedad hacer un uso productivo y significativo de estas
herramientas. (pág. 67).
Tal y como lo señala Pineda (2019), los mismos responden a la forma en la que se
concibe la brecha digital desde la LGT, que como se expuso en el capítulo anterior, es entendida
como: “(...) el acceso diferenciado entre países, sectores y personas a las TIC, así como las
diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el
impacto que tienen sobre el desarrollo humano”. (pág. 6).
En esta definición se hace referencia a dos dimensiones de la brecha digital, la primera
que tienen que ver con el acceso a la infraestructura y el equipo necesario y mientras que la
segunda se relaciona con la apropiación social y el uso para un aprovechamiento responsable
y productivo de las mismas. Por lo que estas dos dimensiones, definen el norte de las políticas.
A partir de estos aspectos, MICITT (2015) establece como objetivo para el pilar de
Inclusión Digital:
“(…) Reducir la brecha digital de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías
Digitales, con el fin de que la población en condiciones de vulnerabilidad, disfrute de
los beneficios de las Telecomunicaciones/TIC como herramienta para su superación,
desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos”. (pág. 68).
De este se desprenden los lineamientos del pilar de Inclusión Digital, los cuales
corresponden a los aspectos clave previamente definidos. Estos de detallan en MICITT (2015)
y son los siguientes:
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1 Los proyectos de alfabetización digital tendrán como principal objetivo promover el desarrollo
de habilidades y capacidades para aprender, crear, participar y utilizar de forma segura y
significativa las tecnologías digitales por parte de la población con atención prioritaria a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad definidas en la Estrategia Nacional de Pobreza. (pág.
68).
2 De igual forma, deberán ser inclusivos, atendiendo a la población en general, incluyendo a las
poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son aquellas personas que se
encuentran en desventaja económica, poniendo énfasis en habitantes con discapacidad, niñez y
juventud, adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarias, y a las instituciones
públicas que los atienden. (pág. 68).
Entre estos sobresale un aspecto importante a considerar sobre dicha política y es su
focalización en ciertos grupos sociales como los anteriormente mencionados, los cuales se
establecen como poblaciones en situación de vulnerabilidad. Según se señala en el MICITT
(2015), “(...) se entiende poblaciones en situación de vulnerabilidad, como aquellas personas
que se encuentran en desventaja económica”. (pág. 69).
El establecimiento de estos grupos específicamente como prioritarios, deviene desde
los planteamientos formulados en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)
y han sido reafirmados en la estructura ideológica del nuevo sector.
De esta forma, se crean dos líneas de acción para el Pilar de Inclusión Digital: Por un
lado, las líneas de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, que constituyen la
Agenda de Solidaridad Digital y se enfocan en lo relacionado al acceso. En segundo lugar, se
crean las líneas de acción de Alfabetización Digital, mediante las que se busca el
empoderamiento de las TIC a través de la red de actores interinstitucionales. (MICITT, 2015,
pág. 71).
Según lo señala Pineda (2019), en primera instancia los programas y proyectos de
alfabetización digital quedan por fuera de la Agenda de Solidaridad Digital, encomendándose
su desarrollo principalmente a la red de actores interinstitucionales. Sin embargo, con la
incorporación del Programa 6 Talento 4.0 Ciudadanos Conectados en 2018, pasan a ser
incorporados en esta agenda.
Como parte de la primera línea de acción, se encomienda a FONATEL para financiar
la conectividad en las comunidades donde el costo de las inversiones para la instalación y
www.ts.ucr.ac.cr 194
mantenimiento de la infraestructura generan que el suministro de estos servicios no sea
económicamente rentable.
Los lineamientos enfocados en la apropiación social y Alfabetización Digital, contienen
las iniciativas que serán desarrolladas para fomentar el empoderamiento en el uso de las
tecnologías por parte de toda la población de país. Según lo establece MICITT (2015):
“(…) Los proyectos de alfabetización digital tendrán como principal objetivo
promover el desarrollo de habilidades y capacidades para aprender, crear, participar y
utilizar de forma segura y significativa las tecnologías digitales por parte de la
población con atención prioritaria a las poblaciones en situación de vulnerabilidad
definidas en la Estrategia Nacional de Pobreza”. (pág. 68).
De esta forma, se definen las líneas a seguir que rigen el eje de Inclusión Digital y con
esto las líneas de acción establecidas por el Estado para la atención de la denominada brecha
digital. Para este periodo, destaca la integralidad que deviene desde el concepto de Brecha
Digital establecido por la LGT, el cual se integra con los aspectos clave, las líneas de acción,
hasta los programas y proyectos en los que se desagregan estas últimas.
4.3.5 Programas y Proyectos de FONATEL 2015-2021
Para el desarrollo de las líneas de acción estipuladas en el pilar de Inclusión Digital, se
definen una serie de programas y proyectos.
En correspondencia con la primera línea de acción, relacionada a la primera dimensión
de la inclusión digital (acceso/infraestructura), se crean cinco programas dirigidos por
FONATEL, entre los cuales se encuentra: Programa 1: Comunidades Conectadas, Programa 2:
Hogares Conectados, Programa 3: Centros Públicos Equipados, Programa 4: Espacios Públicos
Conectados y el Programa 5: Red de Banda Ancha Solidaria. Los cuales se resumen a
continuación:
4.3.5.1 Programa 1: Comunidades Conectadas
Según lo indica la SUTEL, este programa pretende “(...) ampliar la oferta de servicios
de telecomunicaciones a la población y Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP’s)
ubicados en zonas rurales, alejadas y catalogadas en condición de vulnerabilidad social,
www.ts.ucr.ac.cr 195
económica y cultural”. (pág. 1). Los centros definidos son: escuelas y colegios públicos, Sedes
de Ebais, CEN Cinai y Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).
Para esto, la inversión y los esfuerzos realizados se centran en el desarrollo de
infraestructura a través de FONATEL, en zonas del país donde el costo de las inversiones para
la instalación y el mantenimiento de la infraestructura, hacen que el suministro de estos
servicios no sea financieramente rentable para las empresas privadas. De esta forma, se trabaja
en garantizar uno de los aspectos indispensables para el desarrollo y explotación de las
telecomunicaciones, que es el acceso a las herramientas TIC e internet.
Las zonas o regiones del país, en las cuales FONATEL debe desarrollar este programa,
son definidas de acuerdo a la información obtenida en el Ministerio de Planificación (Decreto
Ejecutivo 16068-MP-PLA), el Ranking Distrital de Acceso de Tecnologías de Información y
Comunicación 2013 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y
estudios de campo.
Además, en lo que respecta a las escuelas y colegios públicos, Ebais, Cen Cinai y CECI
donde FONATEL lleva y financia los servicios de telecomunicaciones, estos son definidos por
las instituciones beneficiarias, es decir, entre ellas: el Ministerio de Educación Pública (MEP),
la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), el Ministerio de Salud y el MICITT.
El programa dio inicio en 2015, desde entonces y hasta el cierre del 2018, se han puesto
en marcha 32 proyectos en sus diferentes fases, cubriéndose las 6 regiones de planificación
definidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y
los 24 territorios indígenas. De igual forma, el programa atiende parte de los 75 distritos
prioritarios definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Según lo establece la SUTEL (2019), la empresa de telecomunicaciones que realice los
proyectos, “(...) se escoge mediante un concurso público, se adjudica al operador que cumpla
con lo requerido y presente la mejor oferta económica, de manera que optimice los recursos
disponibles”. (pág. 1). Las obligaciones estas empresas abarcan además actividades de
sensibilización, difusión y capacitación adecuado a las zonas rurales, durante el plazo de 5 años
del contrato.
Para el desarrollo de los proyectos en los territorios indígenas sur y atlántico, el ICE
participó como oferente único, tras lo cual “(...) se le adjudica mediante el fideicomiso SUTEL–
www.ts.ucr.ac.cr 196
Banco Nacional de FONATEL, como operador encargado de llevar conectividad y servicios
de telefonía móvil, fija el internet”. (ICE, 2018, pág. 1), priorizando las zonas más cercanas
geográficamente y progresivamente alcanzar las de más remoto acceso.
La empresa proveedora adjudicada fue el ICE, por lo tanto, es la encargada de llevar
los servicios a de banda ancha y telefonía a los pueblos indígenas de las comunidades de:
Cabécar Tayní, Talamanca Cabécar, Cabécar Bajo Chirripó, Cabécar Chirripó (Alto),
Talamanca Bribrí y Bribrí Keköldi en la Zona Atlántica. Mientras que, en la Zona Sur, se
llevará el servicio a Guaymí de Conte burica, Guaymi de Altos De San Antonio, Guaymi De
Abrojos-Montezuma, Brunka de Curre, Térraba, Cabécar de Ujarrás, Bribrí de Salitre y Bribrí
de Cabagra. (ICE, 2018, pág. 1).
Existen también algunas zonas indígenas que fueron adjudicadas a otros operadores,
como lo es el caso de COOPESANTOS en Quitirrisí, Claro en China Kichá y Telefónica en
Guatuso Malecu.
4.3.5.2 Programa 2: Hogares Conectados
Para el análisis de este programa, se contó con la oportunidad de entrevistar a Silvia
Sancho Pereira, coordinadora del Programa Hogares Conectados en el Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS), mediante lo cual se tuvo acceso a una amplia cantidad de información
de primera mano y conocimiento sobre el desarrollo del mismo.
Este programa es una iniciativa para dotar de una conexión de Internet fijo de dos megas
y una computadora portátil, a los hogares precalificados en las bases de datos del Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS). Su objetivo es:
“(...) reducir la brecha digital, facilitando las mismas oportunidades a las familias en
situación de pobreza, para que tengan acceso a una computadora y puedan utilizar
Internet de manera segura, responsable y productiva, para buscar información clave e
importante, para el estudio, para el trabajo y para la vida diaria”. (IMAS, 2019, pág.
1).
Según lo señala Sancho (2019) el Programa consiste en “(...) dar un subsidio con
recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, a familias que están en vulnerabilidad
socioeconómica para la adquisición del servicio de Internet fijo y una computadora portátil, en
www.ts.ucr.ac.cr 197
correspondencia con el objetivo de reducir la brecha de conectividad e inclusión a la Sociedad
de la Información”. (S. Sancho, comunicación personal, 20 octubre 2019).
De esta forma, se busca fomentar el acceso y el uso de Internet por parte de las familias
beneficiarias, como una herramienta para reducir la pobreza, generar inclusión social y empleo,
es decir acceder a las ventajas de la Sociedad de la Información por medio de la tecnología.
Las familias postuladas para el programa son seleccionadas de las bases de datos del
IMAS, con características propias de la población objetivo, es decir, familias que son parte de
la Estrategia Puente al Desarrollo, familias indígenas, familias con personas adultas mayores,
familias con jefaturas femeninas, familias con miembros con discapacidad y que reciben
beneficios de la oferta programática institucional tales como Avancemos, Formación Humana,
Ideas Productivas, entre otros. (SUTEL, 2019).
Según se señala en SUTEL (2019), las familias deben haberse sometido primero a un
análisis socioeconómico por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Una vez se
haya elaborado el estudio y se haya definido a la familia como beneficiaria, esta deberá acudir
a alguna de las ocho empresas operadoras autorizados y buscar la opción de su preferencia
(Cable Visión, ICE, Tigo, Coopeguanacaste, Cabletica, Telecable, Coopesantos y Coopelesca).
La persona jefa de familia deberá firmar un contrato para recibir la computadora y la conexión
de internet en su hogar y pagar una cuota que se define según la clasificación socioeconómica
establecida por el IMAS. Esta consiste en clasificar a las familias según tres grupos: Quintil 1
recibe 80% de subsidio, Quintil 2 recibe 60% de subsidio y el Quintil 3 Recibe 40% de subsidio.
(SUTEL, 2019, pág. 1).
El programa inició concretamente en el año 2016 con un plan piloto, desde entonces el
cumplimiento de este se ha venido desarrollando y alcanzando los objetivos propuestos. Con
relación a la meta de 140.496 familias beneficiadas al año 2021, al 23 de setiembre del año
2019, se han postulado un total de 339.666 familias a las bases de datos y actualmente 135.022
familias ya se encuentran recibiendo el servicio del programa. (S. Sancho, comunicación
personal, 20 octubre 2019).
4.3.5.3 Programa 3: Centros Públicos Equipados
Según lo señala SUTEL (2019), este programa consiste en dotar de computadoras y
tabletas con conexión de banda ancha a los Centros de Prestación de Servicios Públicos
www.ts.ucr.ac.cr 198
(CPSP), incluyendo Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), los
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), Centros de Educación y Nutrición y de Centros
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y a los hospitales, áreas de salud y clínicas de la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De esta forma, se gestiona una dotación amplia de equipo de cómputo para la
modernización de estos CECI y su traslado a un modo de gestión centrado en el uso de
herramientas digitales e internet. Para esto se estableció como meta entregar un total 40 mil
dispositivos en dos etapas, durante el periodo 2016-2018.
Las instituciones que son parte de este programa seleccionan los centros que recibirán
los equipos. Para adquirir las computadoras, FONATEL realiza concursos públicos que se
adjudican a las empresas que cumplan con los requisitos técnicos y ofrezcan la mejor oferta
económica. Durante el 2018, se espera entregar un total de 23.822 computadoras, adquiridas
bajo la modalidad de concurso público las instituciones beneficiadas.
Según se detalla en el Informe Anual 2018 de FONATEL, para este programa se han
realizado dos licitaciones: “(...) una para la ejecución del proyecto 1 correspondiente a la
dotación de 18 533 dispositivos y otra relativa la ampliación de éste; dotación de 18 598
dispositivos. En total, deben entregarse 36 831 dispositivos a las instituciones que así lo
solicitaron”. (FONATEL, 2018, págs.39-40).
El informe detalla que al 31 de diciembre 2018 se habían entregado un total de 36 000
dispositivos tecnológicos y productos de apoyo para su uso. Los CPSP beneficiados fueron el
MEP, el Ministerio de Ciencia, Tecnologías y Telecomunicaciones (MICITT), a través de los
CECI, los CenCinai y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). (SUTEL, 2018, pág.
37). Con lo cual el programa alcanza el 90% de cumplimiento de una meta de 40 000
dispositivos.
4.3.5.4 Programa 4: Espacios Públicos Conectados
Según lo estipula SUTEL (2019), este programa pretende proveer una red nacional de
internet Banda Ancha de acceso gratuito vía conexión inalámbrica en 515 puntos: más 400
parques y plazas, 28 estaciones de tren, 61 bibliotecas públicas y 7 Centros Cívicos por la Paz.
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Mediante los fondos del FONATEL, se inicia con el desarrollo de una red de alta
capacidad conformada por diversos puntos de acceso a internet gratuito, en aras de garantizar
igualdad de oportunidades a los usuarios y promover el uso productivo.
Para lograr un uso responsable y productivo de estas redes, se definen una serie de
principios que regulan su uso: “(...) estas redes públicas tendrán restricción de tiempo y
navegabilidad para mitigar el uso indebido de Internet, por ejemplo: acceso a material
pornográfico o violento. Además, cuenta con los mecanismos de detección y bloqueo de
intrusos y protección contra ataques”. (SUTEL, 2019).
Los distritos beneficiados han sido seleccionados por FONATEL, en función de la
densidad poblacional y su ubicación con respecto a mapas de pobreza e indicadores de acceso
a las TIC. Dentro de esos distritos se seleccionaron las principales comunidades y se definió el
número de zonas de acceso.
Además de la generación de puntos de acceso gratuito a internet, el programa plantea
como objetivo “(...) empoderar a la población usuaria por medio de diferentes eventos y
capacitaciones de servicios disponibles, aplicaciones móviles, trabajo y entretenimiento, uso
seguro y responsable de las TIC”. (SUTEL, 2019). Con lo cual se definen iniciativas concretas
para complementar el acceso brindado a las y los usuarios con empoderamiento y
alfabetización.
Como parte de estas iniciativas, mediante este programa se ha elaborado un convenio
que permite la navegación por medio de la red “Eduroam” a usuarios de las universidades
públicas asociadas a esa red. De esta forma, se conforman iniciativas interorganizacionales
mediante las cuales busca expandir la red de acceso gratuito.
Este proyecto fue adjudicado por el Consorcio ICE-RACSA-PC Central,
Coopeguanacaste y Telecable mediante concurso público, es “(...) se irá ejecutando por fases
dependiendo de la complejidad para construir infraestructura de telecomunicaciones. En esta
fase, se adjudicó la conexión a Internet de 515 zonas digitales en todo el territorio nacional.
Estas se entregarán en 3 etapas, dependiendo de la complejidad y necesidad de construcción de
infraestructura”. (SUTEL, 2019).
El programa también busca apoyar ciertos sectores estratégicos de la economía,
facilitando la conexión y el acceso gratuito al público. Como parte de esto en, febrero del 2019
www.ts.ucr.ac.cr 200
se firmó un convenio de colaboración entre la SUTEL, el Ministerio de Ciencia Tecnología y
Telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), para brindar acceso gratuito a internet en 11 Parques
Nacionales. El convenio se iniciará en los Parques Nacionales: Santa Rosa, Rincón de la Vieja,
Volcán Tenorio, Volcán Arenal, Tortuguero, Cahuita, Volcán Poás, Volcán Irazú, Carara,
Manuel Antonio y Marino Ballena.
4.3.5.5 Programa 5: Red de Banda Ancha Solidaria (Red Educativa)
Mediante esta red, el Estado se propone extender y mejorar la conectividad de Banda
Ancha en comunidades y centros de prestación de servicios públicos, ubicados prioritariamente
en zonas donde el servicio no es financieramente rentable para que los operadores quieran
invertir. A través de lo cual, se busca garantizar el acceso a internet como un derecho humano
mediante el incremento de la cantidad y la calidad de conexiones.
Por otro lado, este programa también se propone desarrollar una red de banda ancha
gestionada y centralizada, que conecte los centros educativos del Ministerio de Educación
(MEP), permitiendo el acceso a los contenidos y aplicaciones requeridos por el MEP, por parte
del personal administrativo, estudiantes y, docentes, las oficinas regionales. (SUTEL, 2019).
Cabe destacar que, según se detalla en el Informe Anual 2018 de FONATEL, mediante
acuerdo 001-052-2018 del 14 de agosto 2018 el Consejo de la SUTEL, indicó al Viceministerio
de Telecomunicaciones que para la propuesta de ajustes del Plan Nacional de
Telecomunicaciones este programa: “(...) no posee la definición necesaria de tiempo, alcance
y costo que le permita a FONATEL avanzar en las labores de pre-factibilidad, factibilidad,
formulación, audiencia previa, concurso, adjudicación, ejecución, financiamiento y gestión del
Proyecto”. (pág. 41).
Por tanto, el programa está a la espera de la definición del alcance por parte del Poder
Ejecutivo, sin ser desarrollado a la fecha.
4.3.5.6 Programa 6: Talento 4.0 Ciudadanos Conectados
Según se indica en el Informe Anual 2018 del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL), resulta importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo de las
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Telecomunicaciones (PNDT) vigente, requirió de la adhesión de un sexto programa dentro de
la Agenda de Solidaridad Digital, el cual se enfoca específicamente en la alfabetización digital.
Mediante la incorporación de este nuevo programa, se busca abordar la brecha digital
en su arista de “uso y aprovechamiento”, según las recomendaciones elaboradas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el 2017, desde donde se hace énfasis en la
necesidad de implementar acciones de alfabetización digital que complementen los programas
y proyectos hasta ahora ejecutados (enfocados en el acceso) y optimizar los resultados que de
estos puedan derivarse. (FONATEL, 2018).
De igual forma, agrupa bajo un mismo concepto las diferentes acciones que se están
ejecutando o se esperan ejecutar en materia de sensibilización, difusión, apropiación,
capacitación, uso productivo, empoderamiento y en general de alfabetización digital, que en
este contexto se consideran necesarios para el correcto cumplimiento de los fines de las
políticas de inclusión digital.
Según FONATEL (2018), los objetivos del programa son los siguientes:
1 Optimizar el aprovechamiento de las prestaciones provistas a través de los programas y
proyectos de FONATEL.
2 Reducir la brecha digital.
3 Garantizar mayor igualdad de oportunidades y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la
información y el conocimiento, por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de
infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. (pág.
42).
Los objetivos corresponden a las líneas estratégicas del PND, específicamente con el
punto 1: Concretizar proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad de las
Telecomunicaciones/TIC, en donde se establece que el Estado también velará por la constante
alfabetización digital, la capacitación y el empoderamiento de todos los habitantes, para que
puedan mejorar su calidad de vida y acceder a los servicios que por este medio brinda el propio
Estado en materias como salud, educación, ambiente.
El programa se incorpora hasta el Plan Anual de Programas y Proyectos 2018 y se
encuentra en etapa de iniciación. Según lo detalla Pineda (2019), el programa, avanza a través
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de las acciones ejecutadas en otros programas de la cartera del FONATEL. Para el año 2018,
este inicia con la realización de actividades de sensibilización en el marco del Programa
Comunidades Conectadas. (Comunicación personal, 2 de noviembre del 2019).
4.3.6 Programas y Proyectos de Alfabetización Digital
Con concordancia con lo establecido en las líneas de acción de Alfabetización Digital
del plan, relacionadas a la segunda dimensión de la inclusión digital, se crean los programas de
empoderamiento de la población en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
el Programa Nacional de Formación Docente en TIC y la Plataforma Tecnológica
Tecno@prender.
Estos se desarrollan en forma paralela a los de la Agenda de Solidaridad digital, por lo
que, en primera instancia, no entran a la partida presupuestaria de FONATEL y su
financiamiento se asigna a los actores interinstitucionales.
4.3.6.1 Programa 1: Empoderamiento de la Población en TIC
El principal objetivo de este programa es el de “Incrementar el uso y la apropiación
responsable, segura y productiva de las tecnologías digitales de la población en general”.
(2015-2021. pág. 99).
A través de este se pretende la disminución en la brecha de uso de las tecnologías
digitales de la población, de manera tal que se logre un uso responsable y seguro y se fomente
la innovación social.
Se establece como meta alcanzar un total de 62 267 personas certificadas en módulos
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) mediante la utilización de las TIC, para el año
2018. Para esto la institución asigna un presupuesto de 3163 millones de colones.
4.3.6.2 Programa 2: Programa Nacional de formación docente en TIC
Este programa tiene como principal objetivo el fortalecer las capacidades de los
docentes involucrados en el programa Tecno @prender, en el uso de las Tecnologías de
Información y la Comunicación para la implementación de metodologías educativas impartidas
en el aula. (MINAET, 2015, pág. 102).
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Como parte del programa, se busca incrementar la habilidad de las personas docentes
en lo que respecta a la aplicación de las TIC en las metodologías educativas que se imparten
en el sistema de educación formal. Según lo señala MEP (2016), el programa es:
“(...) una iniciativa orientada al desarrollo de la educación costarricense, por medio de
la inclusión de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
para apoyar el currículo educativo, favoreciendo el acceso y uso productivo de la
tecnología en la comunidad educativa, estimulando el desarrollo de un pensamiento
crítico y divergente, la promoción de la innovación en las prácticas de los docentes, a
través de ambientes óptimos de aprendizaje”. (pág. 3).
Para este se pretende entregar herramientas tecnológicas, trabajar en formación docente,
realizar acompañamiento a las comunidades educativas y dotar de infraestructura física,
equipamiento óptimo y fortalecer la conectividad en los centros educativos.
4.3.6.3 Programa 3: Plataforma Tecnológica Tecno@prender
Es un programa enfocado en generar procesos educativos por medio de las Tecnologías
de Información y Comunicación, específicamente con dispositivos móviles, tales como
celulares, tabletas, computadoras laptops y otros dispositivos que sean posibles de mover de
un lugar a otro con facilidad.
Como objetivo define el fomentar la inclusión digital en las aulas del país, a partir de
la implementación de la plataforma tecnológica educativa, en busca del incremento del uso de
las tecnologías digitales de los niños y los jóvenes en el sistema educativo. (MICITT, 2015,
pág. 102).
Por su parte, en MEP (2017) se define el programa como una iniciativa orientada al
desarrollo de la educación costarricense, por medio de la inclusión de las tecnologías digitales
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para apoyar el currículo educativo y favorecer el
acceso y uso productivo de la tecnología en la comunidad educativa. (pág. 1).
Como parte de las tareas de seguimiento de este programa, se establece como indicador
la implementación de la plataforma tecnológica educativa en un determinado número de
centros educativos del Ministerio de Educación Pública.
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4.3.7 Seguimiento y Evaluación del PNDT 2015-2021
Las estipulaciones referentes al seguimiento y evaluación del PNDT 2015-2021, son
establecidas en MICITT (2015), con base en el artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, donde se
encomienda al MICITT la tarea de “Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por
las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones”. (Ley 8660,
2008).
De esta forma, corresponde a la Rectoría de Telecomunicaciones, a través del
Viceministerio de Telecomunicaciones, llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las
metas del PNDT, según el método establecido por el Viceministerio de Telecomunicaciones,
mientras que el cumplimiento de las metas, corresponde a cada institución designada como
responsable. El seguimiento a cada institución involucrada, para garantizar la realización
efectiva de los programas, corresponde a la SUTEL.
Se según MICITT (2015), su metodología de evaluación conllevará una valoración de
las prioridades, el alcance y contenido de los objetivos, resultados, metas y sus indicadores, así
como de los lineamientos y políticas inmersas, a fin de que sean compatibles con los cambios
legales, políticos, económicos, técnicos, sociales y demás condiciones del entorno. (pág. 81).
En el caso particular de las metas que conforman los programas de la Agenda de
Solidaridad Digital, corresponde a la SUTEL presentar un Informe Semestral de
Figura 15: Diagrama sobre Seguimiento y Evaluación del PNDT 2015-2021
www.ts.ucr.ac.cr 205
Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, con base en el artículo 40 de la
Ley General de Telecomunicaciones, donde se debe detallar el avance de cada una las metas
contenidas en el PNDT. (MICITT, 2015, pág. 81).
Fuente: MICITT, 2015, pág. 82.
4.4 Conclusiones
A partir del ejercicio de análisis desarrollado en este capítulo, se logra llegar a una serie
de conclusiones, a través de las cuales es posible vislumbrar la particularidad del modelo de
política pública, implementado por el Estado Costarricense para la inclusión digital.
Como primer de estos aspectos, se concluye que el modelo de política pública
implementado en el país no es una invención genuina del Estado costarricense, sino que su
configuración es determinada a partir de directrices y recomendaciones elaboradas a nivel
internacional. Particularmente, para la creación de la Agenda Digital, la Agenda de Solidaridad
Digital y el Fondo de Solidaridad Digital, que son los principales instrumentos de política
inclusión digital, se parte de los planteamientos formulados en la Cumbre Sobre la Sociedad
de la Información.
Por su parte, la configuración de este modelo responde a lo acordado en el CAFTA-DR,
como se analizó en los capítulos anteriores. Es decir, las medidas promulgadas en Costa Rica,
responden a lineamientos brindados por el Gobierno de los Estados Unidos y la ONU (CEPAL,
UIT) en materia de telecomunicaciones.
De esta forma, el país se adscribe a un modelo de política global sugerido para los países
subdesarrollados, en procura de la resolución de deficiencias específicas, cuya superación es
requisito para una efectiva transición hacia el nuevo modelo Sociedad de la Información.
A partir de tales directrices, el país crea un sector centralizado, que se enfoca
específicamente en el desarrollo de las telecomunicaciones y la inclusión digital. Si bien, previo
a la apertura de mercado existían algunas políticas enfocadas en fines propios de la inclusión
digital. Como se evidencia en el capítulo 1, es hasta la transformación del sector en 2008 que
se implementa un modelo estructurado que centraliza la gestión de estas políticas.
El modelo costarricense se particulariza por su centralidad en dos instituciones
principalmente, las cuales se encargan del desarrollo de las políticas: Por un lado, el MICITT
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se encarga de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la SUTEL
se encarga de regenerar los recursos para el desarrollo de los mismos.
El PNDT es el instrumento que incluye las políticas públicas de inclusión digital. Este
se basa en la formulación de las denominadas Agendas: la Agenda Digital que vela por el
desarrollo de Telecomunicaciones en general y la Agenda de Solidaridad Digital, que vela por
garantizar a los grupos vulnerables su inclusión en la Sociedad de la Información.
De esta forma, el desarrollo de políticas públicas de inclusión digital en Costa Rica, se
lleva a cabo mediante la elaboración de una Agenda de Solidaridad Digital, en la cual se define
el conjunto de programas y proyectos mediante los cuales el país busca superar la brecha
digital.
Por su parte, para el financiamiento de las políticas se crea un Fondo de Solidaridad
Digital, a cargo de la SUTEL. Este se nutre a partir de un impuesto solidario hacia las empresas
proveedoras de telecomunicaciones que compiten en el nuevo sector tras la apertura de
mercado y otras fuentes de ingresos como donaciones. La propuesta de crear este tipo de fondos
para el financiamiento solidario de políticas públicas, deviene directamente de la agenda
formulada en la CMSI.
Esta iniciativa es parte de la incorporación del sector privado como un agente
protagónico en la atención de la política pública, iniciativa que es parte del nuevo modelo de
apertura y liberalización del mercado, en el cual se impulsa la generación de políticas basadas
en la alianza público-privada. Con esto, se empieza a implementar un nuevo modelo de política
pública en relación al modelo que imperaba en el país décadas atrás.
De estos principios se desprende directamente la Agenda de Solidaridad Digital, en la
cual la universalidad se relaciona con el acceso a las telecomunicaciones a todas las personas
sin importar la zona del país en la que se encuentren; mientras que la solidaridad se relaciona
con el acceso de personas en condición de pobreza y/o económicamente vulnerables.
El desarrollo del modelo se ha estructurado en dos etapas, las cuales responden a la
necesidad de superar las deficiencias que tiene el país, asociadas al subdesarrollo económico y
la dependencia tecnológica. La primera comprende el primer PNDT y parte importante
segundo, tiene que ver con la necesidad de dar solución a los rezagos en infraestructura a lo
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largo del país y la dotación de espacio y equipo tecnológico a las poblaciones vulnerables para
promover su incorporación en el nuevo modelo.
La segunda etapa que se ha empezado a desarrollar más recientemente, tienen que ver
con la apropiación social y la alfabetización respecto al uso de estos recursos, aspecto que se
considera indispensable para que las personas efectúen un óptimo aprovechamiento de los
recursos tecnológicos. Lo cual, a la vez se relaciona con el hecho de que el modelo Sociedad
de la Información, dependen de una ciudadanía con determinado nivel de capacitación en el
uso de la tecnología digital.
De esta forma, el segundo de nivel de desarrollo de las telecomunicaciones, depende
directamente del éxito en el progreso del primero. Es por esta razón que las políticas de
inclusión digital en Costa Rica, dentro del periodo de estudio delimitado, se enfocan
mayoritariamente en el desarrollo de infraestructura y la creación de facilidades para el acceso.
Según se pudo evidenciar a lo largo del estudio, el segundo nivel ha sido poco
desarrollado, apenas hasta en los últimos periodos se han elaborado mayores esfuerzos para su
avance, pero no se han alcanzado los resultados planeados.
Las deficiencias que cuenta el país en cuanto al desarrollo de telecomunicaciones,
definen las acciones y prioridades del Estado, el cual se ha enfocado en el desarrollo de la
infraestructura a lo largo del país, a través de licitaciones y el financiamiento a empresas
operadoras, para que den cobertura en los lugares que no son rentables económicamente, la
creación de espacios públicos de acceso gratuito y la dotación de equipo a través de donaciones
y subsidios.
Del mismo modo, las políticas se basan en la estipulación de un conjunto de poblaciones
vulnerables, en torno a las cuales se focaliza su accionar. Este grupo se han venido definiendo
desde la CMSI y se reafirman tanto en la jurisdicción nacional como en el PNDT.
Junto a dicho listado de grupos vulnerables, se definen un conjunto de zonas
geográficas y territorios prioritarios, en razón del grado de desarrollo de las telecomunicaciones
y su falta de atractivo para la inversión de las empresas proveedoras por su poca rentabilidad
económica y que, por lo tanto, sin la intervención estatal no podrían acceder al servicio.
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De esta forma, el modelo se basa en la atención focalizada de las zonas del país y de
los grupos sociales más vulnerables. Para esto se recurre a una serie de instrumentos e
indicadores, mediante los cuales se trata de identificar estos focos y dirigir acciones específicas.
El modelo se vincula estrechamente con el desarrollo nacional, adquiriendo un papel
estratégico para la atención de temas sociales más generales, como la pobreza, la vulnerabilidad
y validación de derechos. Se considera que la inclusión digital cumple un papel estratégico en
la sociedad, debido a que es transversal para el cumplimiento de un conjunto de derechos que
trascienden el tema de las telecomunicaciones, por lo que en su desarrollo se han incorporado
de forma articulada instituciones estratégicas, con las que se comparten ciertas metas e
intereses.
La articulación con estas instituciones es un aspecto fundamental del modelo, debido a
que el sector de telecomunicaciones por sí mismo carece de recursos técnicos para el trabajo
con políticas de carácter social. Por lo que las instituciones se convierten en un brazo necesario
para lograr llegar de forma directa y más eficiente a las poblaciones vulnerables.
De esta forma, el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, se relaciona con el
fortalecimiento de otros sectores como lo son: Salud, Economía, Seguridad, Educación,
Transparencia, Género, Ambiente; los cuales, en el paradigma de la Sociedad de la
Información, se consideran estratégicos para el desarrollo del país y la eficiencia del Estado.
Junto con esta preocupación por el desarrollo social, el modelo de política pública de
inclusión digital, coloca en su centro el desarrollo individual, mediante una propuesta centrada
en la persona, lo cual también deviene de las directrices de actores internacionales. De esta
forma, se posiciona la inclusión digital como un aspecto que puede potencializar las
capacidades y las oportunidades de las personas, mediante el aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información.
De forma general, lo que el Estado busca es maximizar las posibilidades de las personas
de acceder a las herramientas (TIC), mediante la optimización de la red de telecomunicaciones,
la diversificación los servicios y la ofertas de más y mejores opciones, promoviendo su uso en
distintos niveles de la sociedad y la producción.
La definición de este modelo se ha ido detallando con el tiempo, en un proceso de
prueba y error constante, debido al ritmo con el que está evolucionando el sector de
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telecomunicaciones en las últimas décadas. Lo cual no quiere decir que haya sido un proceso
improvisado, ya que la definición del modelo se basa en amplios esfuerzos por parte de las
instituciones del sector, como han sido los estudios de caso, el desarrollo de instrumentos para
lograr determinar el grado de desarrollo de las telecomunicaciones; así como el estudio y la
implementación instrumentos internacionales de medición.
El implementar políticas públicas de carácter social en un sector como el de
telecomunicaciones, ha implicado un proceso de aprendizaje continuo, así como la maduración
y en ocasiones la reformulación de dichas políticas, al tener que adaptarse a un entorno
sumamente dinámico, como lo es el de la tecnología.
De forma general, se determina que el modelo de política pública para la Inclusión
Digital establecido en Costa Rica, es una iniciativa novedosa por parte del Estado de incorporar
los principios de solidaridad y universalidad dentro del proceso del desarrollo de las
telecomunicaciones. A través del cual, suma un nuevo actor institucional en la lucha por la
superación de limitaciones y problemáticas vinculadas a la cuestión social.
Conclusiones Generales
A partir del análisis elaborado, se llega a algunas conclusiones en torno al problema de
investigación que guía el estudio, el cual, se centra en indagar el papel de las políticas públicas
de inclusión digital aprobadas por el Estado Costarricense tras la apertura del mercado de
telecomunicaciones, con la vinculación del país con el modelo Sociedad de la Información.
De forma general, se concluye que las políticas públicas de inclusión digital puestas en
marcha a partir de la creación de la Agenda de Solidaridad Digital del PNDT, responden a un
modelo económico y político de orden mundial, que se implementa en los países alineados al
proyecto capitalista occidental, como respuesta a dos elementos fundamentalmente: la crisis
vivida a finales del siglo XX en la economía capitalista y la necesidad de reafirmar el modelo
de democracia liberal, debilitado tras una época de conflictos geopolíticos, guerras civiles,
dictaduras, golpes de Estado, corrupción, etc.
Esta necesidad de renovación por parte del modelo capitalista en occidente, coincide
con la revolución tecnológica experimentada, resultado de un siglo de alto desarrollo
tecnológico a nivel industrial y militar. Con esta, se genera un salto en las fuerzas productivas,
el cual, como se ha venido mencionando, se centra en la explotación de las TIC y la transmisión
www.ts.ucr.ac.cr 210
de información, a través de cadenas de producción globales conectadas en tiempo real mediante
el sistema de infocomunicaciones.
De esta forma, la Sociedad de la Información viene a ser el resultado de la confluencia
entre el agotamiento del modelo fordista y la revolución en el sector de telecomunicaciones.
Su incorporación en los diferentes países es un proceso propio de la globalización, en donde
ocupa un papel protagónico, ya que la implementación de recursos como las TIC y el internet
de banda ancha, son indispensables para la expansión económica y cultural a nivel global.
En este sentido, la Sociedad de la Información se circunscribe al fenómeno de la
globalización, el cual tiene como características, la creciente integración de las naciones y de
las personas, mediante el creciente intercambio de bienes, servicios y capitales.
Como parte de este proyecto, se ha impulsado a nivel mundial la reapertura de los
mercados de telecomunicaciones, principalmente en Latinoamérica, los cuales se venían
gestionando como monopolio Estatal después de la Segunda Guerra Mundial, bajo influencia
de las políticas Keynesianas. Este proceso de apertura arranca desde la administración de
Thatcher en Inglaterra, y su base político ideológica se ubica en el Consenso de Washington y
la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos.
La globalización también se caracteriza por la drástica desigualdad económica y social
que se vive entre los países centrales o desarrollados y los países periféricos o subdesarrollados,
lo cual es un aspecto clave para comprender el fenómeno de la brecha digital. Los primeros
logran asumir con antelación y eficacia el cambio en la base tecnológica, realizando
importantes inversiones a largo plazo como el desarrollo de infraestructura y la alfabetización
de la sociedad, mientras que, para los segundos, realizar el cambio tecnológico representa un
gran reto.
Es en este punto donde toma lugar el papel de las políticas públicas de inclusión digital,
las cuales, en el país se formulan para atender las deficiencias que imposibilitan el cambio en
la base tecnológica y por lo tanto la vinculación del país con el modelo Sociedad de la
Información.
Dichas deficiencias se relación con dos aspectos fundamentalmente: la carencia de una
red de infraestructura de alto rendimiento (como la red de Banda Ancha) a lo largo del país y
la poca apropiación de estos recursos por parte de la sociedad, especialmente de los grupos
www.ts.ucr.ac.cr 211
históricamente vulnerables, para los cuales, la brecha digital representaría una nueva forma de
exclusión y de privación de derechos.
Por lo tanto, las políticas públicas de inclusión Digital son mecanismos del Estado que
buscan resolver las deficiencias propias de una economía capitalista de tercer mundo, que
imposibilitan una incorporación plena del país en el modelo Sociedad de la Información y que
el mercado por sí solo no puede resolver.
El Estado asume el compromiso de intervenir directamente para atender y solucionar
tales problemáticas, de manera que el país no asume un modelo radicalmente liberal como el
propuesto en el consenso de Washington y opta por un modelo de influencia europea, con una
mayor interferencia Estatal en materia de regulación.
De esta forma, además de las labores de regulación, el Estado se encarga de la
realización de tareas de carácter social a través de las políticas públicas de inclusión digital. En
Costa Rica, estas políticas tienen la particularidad de basarse en dos principios propios de la
tradición institucional costarricense, como lo son la universalidad y la solidaridad: el primero
se relaciona a la necesidad de brindar acceso universal en todas las zonas del país, mientras el
segundo se relaciona con la necesidad de garantizar el acceso a los recursos tecnológicos para
toda la población. Con lo cual, el país opta por un modelo híbrido, influenciado tanto por las
nuevas tendencias globales como por los principios del Estado Social de Derecho, establecidos
en la constitución de la Segunda República.
Con esto, la agenda se posiciona como un mecanismo de gran importancia para el
desarrollo del país, así como para su posicionamiento en un nuevo contexto internacional, en
el cual el acceso, uso y apropiación de las TIC, determinará parte de la importancia de una
nación en el escenario internacional.
La particularidad de contar con una Agenda de Solidaridad Digital, se relaciona
estrechamente con la forma en que se dio la apertura del mercado de telecomunicaciones. Esta
se llevó a cabo en medio del mayor conflicto social en la historia reciente del país, debido a la
resistencia de un importante sector de la población hacia una total privatización del sector de
las telecomunicaciones, encarnado por una institución emblemática en la historia del desarrollo
del país, como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
www.ts.ucr.ac.cr 212
Este fue un conflicto que se desarrolló en el marco de la oposición que hubo a lo largo
de América Latina a la apertura de mercados, la privatización de instituciones públicas y la
globalización. En el caso de Costa Rica, la lucha en contra del proyecto de privatización de las
telecomunicaciones conocido como Combo ICE, tuvo un alto impacto en la política del país,
trayendo consecuencias de gran trascendencia histórica como: el fin del bipartidismo y la
derrota de los grupos que abogaban por el desmantelamiento y la privatización definitiva de
las instituciones y empresas públicas de telecomunicaciones en el país (al menos por esa vía).
Este conflicto fue determinante también en los acuerdos pactados en el TLC sobre la
gestión de las telecomunicaciones, los cuales fueron reelaborados ante la presión de los sectores
populares sobre el entonces gobierno, de no aprobar la total privatización del sector propuesta
en primera instancia. Circunstancia ante la que el Gobierno de Estados Unidos opta por un
modelo de apertura de telecomunicaciones específico para el caso costarricense, conservando
al ICE como institución pública, así como la visión de una gestión solidaria y universal de estos
recursos.
El referéndum del TLC constituye un hito histórico trascendental, es en este dónde se
define el rumbo elegido en el país en busca de su incorporación en el mercado global, así como
en el modelo Sociedad de la Información. Mediante su entrada en vigencia, se resuelve de cierta
forma el conflicto social vivido en las últimas décadas en torno a la privatización del Estado.
Con el triunfo del movimiento Si al TLC, el país adopta un nuevo modelo de Estado que
determina la forma de hacer política pública y gestionar los recursos de la sociedad, alineado
con los intereses del modelo capitalista globalizado.
Las políticas públicas de inclusión digital son parte de este nuevo modelo de Estado,
por lo que se considera que son una base empírica para conocer cómo se implementa el nuevo
paradigma de política pública en la realidad del país y los nuevos modos de intervención del
Estado, en un contexto complejo de globalización cultural y neoliberalismo económico.
En este nuevo modelo de desarrollo, el sector privado pasa a ocupar un papel
preponderante, involucrándose de forma directa en la política pública. En el caso propiamente
del desarrollo de las políticas de inclusión digital, el sector privado ocupa un papel esencial en
los diferentes niveles de gestión, desde la generación de los recursos económicos hasta la
ejecución de los programas y proyectos. Por lo que se convierte en un actor central en el
compromiso de atenuar la brecha digital.
www.ts.ucr.ac.cr 213
El país apuesta entonces por la alianza público privada para el desarrollo de las
telecomunicaciones y el abordaje de la brecha digital, constituyéndose como recurso primario
del cual depende para lograr incorporarse al modelo Sociedad de la Información.
Se concluye que la entrada en vigencia de las políticas de inclusión digital, fue un
proceso que se dio de forma tardía en el país. Mientras que en los demás países de
Centroamérica el proceso de apertura se dio en cuestión de meses, en Costa Rica el proceso de
apertura y de formulación y puesta en vigencia del PNDT, tomó años de estudio y discusión;
siendo uno de los últimos países en implementar este tipo de políticas en Latinoamérica, como
lo muestra CEPAL (2010) en la siguiente figura:
Fuente: CEPAL, 2010, pág. 103.
Estas políticas, a su vez corresponden a un nuevo momento en la relación de
dependencia, tanto a nivel de desarrollo tecnológico como económico, hacia los países potencia
mundial (especialmente hacia Estados Unidos) y los mecanismos internacionales. Estos
definen el modelo a seguir por parte del país, así como los indicadores, parámetros y las pautas
para el desarrollo efectivo del mismo.
Figura 16: Línea de tiempo sobre las Políticas Nacionales Telecomunicaciones en América Latina yCaribe
www.ts.ucr.ac.cr 214
El análisis realizado permite corroborar que en el país históricamente ha habido una
dependencia económica y tecnológica respecto al desarrollo de las telecomunicaciones, que ha
permitido la imposición de los intereses de la política económica de Estados Unidos
principalmente y las instituciones financieras internacionales en la zona, siendo en las últimas
décadas el impulso del mercado global.
Esta influencia es evidente en los diferentes niveles de la estructura social,
principalmente en lo que respecta al marco jurídico establecido, el modelo de política
implementado y la perspectiva desde que se concibe el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones por parte de las autoridades del Estado.
Como se ha venido señalando, se relaciona la inclusión digital con la solución de
problemáticas históricas y estructurales como la pobreza o la discriminación de los grupos
vulnerables de la población; así como con oportunidades para el desarrollo tanto social como
individual y la validación de derechos. De lo cual, se han desprendido todo tipo de discursos
políticos con una retórica apologética, posicionando la inclusión digital como una panacea para
la superación de los problemas vinculados a la desigualdad estructural y el subdesarrollo.
Esto se debe en gran medida al impacto que está teniendo la revolución tecnológica, en
lo que respecta al rendimiento de diferentes sectores de la economía y de la sociedad. Ante este
contexto, se plantea que la inclusión digital, pese a no ser una necesidad primaria dentro de un
esquema de necesidades básicas, es transversal para el mejoramiento de la sociedad en muchas
dimensiones y la protección de un amplio conjunto de derechos históricos, relacionados con el
contexto.
Ligado a esto, se determina que, tanto en el país como a nivel global, impera una visión
abstracta sobre la Inclusión Digital y la Sociedad de la Información, influenciada por el
evolucionismo económico (Schumpeter) y el futurismo, que en las últimas décadas ha tenido
gran impacto en el modelo de desarrollo tecnológico de occidente. El nuevo modelo es
comprendido como estadio superior en la evolución de la economía, sin una historización en el
contexto del capitalismo contemporáneo, ni a articulación alguna con los procesos de
producción y de trabajo, elementos sin los cuales no se puede alcanzar una comprensión
concreta del fenómeno desde una perspectiva de totalidad.
Con lo cual, se considera que existen intereses no manifiestos en la forma en que se está
gestionando el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel global, lo cual se relaciona con el
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gran impulso que han venido recibiendo los países por parte de Organismos Financieros
Internacionales, para la promulgación y desarrollo de políticas sociales para atender la brecha
digital. Tal interés forma parte de una tendencia ideológica detrás del consumo de bienes
tecnológicos, que se vuelve indispensable en un contexto de alta innovación tecnológica en el
que la sobreproducción es un peligro latente.
En este sentido, la brecha digital adquiere gran importancia en la medida en que capital
afronta serios problemas de valoración por causa de la rapidez con la que avanza el proceso de
innovación tecnológica, especialmente la velocidad con la cual surgen nuevas TIC que
desplazan a las ya existentes, viéndose amenazada la ganancia.
Se concluye que las políticas encierran una finalidad eminentemente económica, que se
expresa en aspectos como la preocupación por el aumento de los índices de consumo
tecnológico y la activación de importantes sectores productivos, que a partir de la revolución
tecnológica están teniendo un auge descomunal, ocupando los mayores índices de
productividad y acumulación en la economía global. Así mismo, esto se ve reflejado en el
hecho de que en la jurisdicción costarricense las telecomunicaciones ni siquiera son
consideradas como un servicio público.
Por otro lado, las políticas públicas de inclusión digital se relacionan directamente con
la protección de los Derechos Humanos, específicamente con la más reciente generación
(conocida como Cuarta Generación), que tiene que ver con los cambios estructurales vividos a
partir de la revolución tecnológica, el desarrollo del Sociedad de la Información y los nuevos
deberes y derechos que entran en juego en el campo civil.
En esta generación se proclaman derechos como: el derecho de acceso a la informática,
derecho de acceso a la Sociedad de la Información en condiciones de igualdad y no
discriminación, derecho al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los
servicios en línea, derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la seguridad digital.
Los mismos componen un campo novedoso de intervención para el Estado, de cual son parte
las políticas públicas de inclusión digital.
Existe un amplio debate acerca de la definición de los Derechos Humanos de Cuarta
Generación, los cuales no han sido estrictamente establecidos aún por los mecanismos
formales, sin embargo, refieren a la protección del acceso a las nuevas tecnologías, donde
surgen nuevos derechos o toman nuevas dimensiónes derechos pertenecientes a las primeras
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tres generaciones. Estos se vinculan con el proceso de la innovación tecnológica y la
globalización, fenómenos que se encuentra en pleno desarrollo y poco a poco va adquiriendo
una mayor prioridad en la agenda del Estado y los mecanismos internacionales.
Actualmente la sociedad transita por lo que se considera como una hipotética cuarta
mega etapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contando a partir de la Primera
Revolución Industrial, que da inicio hace apenas unas décadas y su desarrollo estaría
proyectado hacia la tercera década del siglo XXI. Con esto, hasta cierto punto se puede prever
que en el futuro próximo los esfuerzos tanto del Estado como del sector privado, deberán
centrarse en lograr mantenerse al tanto de los estándares que este proceso implica, labor en la
cual un instrumento como la Agenda de Solidaridad Digital adquiere un rol estratégico.
Fuente: Fernández et al, 2018, pág. 69.
Por último, si bien no se ubica ninguna relación o participación por parte de Trabajo
Social como profesión en la gestión de las políticas públicas de inclusión digital, en el país
existen varios proyectos relacionados con la inclusión digital y la protección de los derechos
de cuarta generación, desarrollados desde el Trabajo Social y diferentes campos de las Ciencias
Sociales. Lo cual evidencia el potencial que tienen la profesión para gestionar este tipo de
políticas, como una profesión que históricamente se ha especializado la protección de los
derechos humanos y la gestión universal y solidaria de los servicios públicos.
Figura 17: Línea de tiempo sobre revoluciones industriales
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Recomendaciones
● En primer lugar, se recomienda al Trabajo Social en el ámbito profesional, involucrarse
con el tema de la inclusión digital y su defensa como derecho humano en los diferentes
campos, para lo cual, es necesario su estudio, problematización y promoción. En este
contexto, es fundamental que la profesión se vincula en la defensa de los Derechos
Humanos de Cuarta Generación y el desarrollo de las políticas públicas de inclusión
digital, mediante el desarrollo de iniciativas nuevas o la incorporación del tema en
espacios tradicionales en los cuales se ha desenvuelto la profesión históricamente. En
un contexto de tantos cambios a nivel económico y social, es imperativo para la
profesión lograr incorporarse en los nuevos espacios de la política pública,
especialmente los que se vinculan con la solidaridad, universalidad y la defensa de los
Derechos Humanos.
● A nivel académico, se recomienda al Trabajo Social la incorporación de la inclusión
digital dentro de la malla curricular y su abordaje tanto a nivel teórico como práctico.
Se considera que el aporte que puede dar la academia en la producción de conocimiento
y el estudio crítico del tema, es trascendental para una comprensión concreta del mismo
y el desarrollo de herramientas que puedan ser útiles para la incursión de la profesión
en este campo de la política pública.
● Para futuras investigaciones se recomienda el abordaje de temas como: la
implementación de sistemas informáticos para la gestión de la política pública
(SINIRUBE- IMAS, EDUS- CCSS, UPAD, etc.), mapeo y estudio socio histórico de
programas y proyectos nacionales (que no son parte de la Agenda de Solidaridad
Digital) e internacionales que desde el Trabajo Social se dedican al abordaje de brecha
digital y la validación de los DDHH de Cuarta Generación, Gobierno Digital y
Transparencia; así como la vinculación de la inclusión digital con diferentes temáticas
que son de gran importancia en la época como: medio ambiente, educación, niñez y
adolescencia, trabajo, seguridad, cultura, entre otros. Cabe destacar que, en Costa Rica
durante el año 2017, entra en vigencia la Política Nacional para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la formación, empleo y el disfrute de los productos de ciencia,
tecnología, las telecomunicaciones y la innovación 2018-2027, de la cual no se ubican
estudios a la fecha.
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● A las instituciones del sector de telecomunicaciones, se recomienda velar por un mayor
crecimiento de sus capacidades y recursos, debido a la responsabilidad que les ha sido
encomendada en el marco de la Sociedad de la Información, modelo en el cual se
posicionan como instituciones pilares para el desarrollo del país en las próximas
décadas. El contexto demanda de un mayor protagonismo y promoción de las políticas
públicas por parte de estas instituciones y el Estado en general, ante lo cual, es necesaria
una mayor especialización y un mayor protagonismo a nivel de innovación en la
realización de las mismas. Para esto es fundamental un abordaje interdisciplinario del
tema y una mayor articulación tanto a nivel intra como interinstitucional. Esto es
indispensable debido a la complejidad del fenómeno y la diversidad de campos del
conocimiento que envuelve, que van desde la alta tecnología, hasta el trabajo con
población en condición de vulnerabilidad social.
● A las instituciones que no pertenecen al sector de telecomunicaciones, pero que se
vinculan con las políticas públicas de inclusión digital, se recomienda una mayor
especialización y promoción del tema, así como una mayor incorporación del mismo
dentro de sus respectivas agendas. Junto a esto, es muy importante redoblar los
esfuerzos por lograr desarrollar un trabajo más articulado con las instituciones del
sector de telecomunicaciones, así como una mayor apertura por modernizar la base
tecnológica con la que trabajan. Esto se considera estratégico en dos vías: puede
optimizar el funcionamiento de las propias instituciones y puede permitir al Estado
mayor efectividad en la validación de derechos de la ciudadanía.
● A las Ciencias Sociales en general, se recomienda una mayor incorporación dentro del
debate del desarrollo tecnológico en la sociedad actual. Es necesario posicionar a la
tecnología como una disciplina perteneciente al campo de las Ciencias Sociales, lo cual
es posible en tanto el desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad es
configurado directamente por las normas de funcionamiento del sistema capitalista e
implica la utilización de procedimientos bajo el comando del capital, así como su
relación con múltiples aspectos de la vida social. El abordaje del tema del desarrollo
tecnológico desde una perspectiva social, es indispensable para robustecer el debate que
existe sobre el tema a nivel teórico, contribuir en el estudio y la producción de
conocimiento sobre los temas de la actualidad y posicionar a las Ciencias Sociales en
nuevos espacios de estudio y de intervención.
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Anexos
Anexo 1: Ficha de lectura
Ficha de lectura – Análisis material bibliográfico
Título Datos bibliográficos
Tipo de documento
País
Resumen del texto
Aspectos históricos
Aspectos epistemológicos
Aspectos políticos ideológicos
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto
Categorías
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Forma en que se entienden los siguientes aspectos:
Apertura de mercado
Sociedad de la Información
Estado
Política pública
Globalización
Desarrollo Tecnológico
Desarrollo Social
Exclusión
Brecha digital
Inclusión digital
Conclusiones
Observaciones personales e interpretación
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Anexo 2: Entrevista semiestructurada
Universidad de Costa Rica
Escuela de Trabajo Social
Juan Félix Barrantes Castro
B20839
Instrumento de investigación
1. Entrevista semiestructurada a_________________________________________.
Fecha __/___/____ Persona entrevistadora: ________________________________ Lugar
_______________________________ Hora inicio-finalización ______________
Nombre: _________________________________________________________
Institución para la que labora: ______________________
Tiempo en la Puesto:_____________________ Firma ________________________
Buenos días/tardes, el presente es un documento formal en el que se establece un
acuerdo entre las partes involucradas en correspondencia al interés del trabajo final de
graduación modalidad tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social.
Se define que toda aquella información recabada durante las sesiones de trabajo en las
que se desarrolla la siguiente entrevista semiestructurada será utilizada estrictamente con fines
académicos y resguardando la debida discreción.
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La siguiente entrevista se basa en 10 preguntas que corresponden a los principales ejes
de interés para el estudio en cuestión, con una duración aproximada de una hora; para lo cual,
además se solicita su permiso expreso para ser grabado en audio. En cualquier momento de la
entrevista usted puede negarse a responder cualquiera de las preguntas.
1- Describa desde su perspectiva ¿cómo fue el proceso de negociación realizado para la
formulación de las políticas de inclusión digital
2- ¿De qué forma se concibe el desarrollo tecnológico y cómo se expresa en los
planteamientos de la política?
3- ¿De qué forma se entiende la sociedad de la información?
4- ¿De qué forma se beneficia la sociedad costarricense alcanzando la Sociedad de la
Información?
5- ¿Cómo se entiende la exclusión social y de qué forma se plasma tal concepción en las
políticas de inclusión digital?
6- ¿Cuáles son los fines de la inclusión digital?
7- ¿Cuáles fueron los principales actores políticos interesados en impulsar la
promulgación de las políticas de inclusión digital en el país?
8- ¿Cuáles considera usted son los aspectos positivos y negativos de la promulgación de
las políticas de inclusión digital en el país?
9- ¿Cómo describe el modelo de política pública empleado en Costa Rica para la
realización de las políticas de inclusión digital?
10- ¿Desea agregar algo más que no se haya contemplado antes?
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Anexo 3: Consentimiento informado
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
Fecha _______________
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Para ser participante de investigación)
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL DEL ESTADO
COSTARRICENSE: ¿HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN?
Nombre de la persona participante: __________________________________________
A) PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:
El presente Trabajo Final de Graduación elaborado por estudiantes de la carrera de
Trabajo Social para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de
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Costa Rica, pretende realizar un análisis de las políticas públicas de inclusión digital del estado
costarricense en el marco de la Sociedad de la Información.
B) ¿QUÉ SE HARÁ?:
Se le realizará una entrevista semi estructurada en forma dirigida, en la cual usted como
persona participante pueda expresar todas las opiniones con respecto a la temática abordada.
La entrevista se realizará en un tiempo aproximado de 1 hora, sin embargo, esta se puede
extender en cuanto usted desee. La entrevista será grabada con el fin de recuperar todas las
opiniones expresadas con el objetivo de enriquecer el análisis por parte de las investigadoras.
C) RIESGOS:
● La participación en la investigación cuenta con el riesgo de generar inconformidad o
malestar con respecto al abordaje de la temática, ya que esta se encuentra permeada de
temas los cuales pueden resultar susceptibles o íntimos.
D) BENEFICIOS:
● Como resultado de su participación en la presente investigación, no se verán
beneficiados directamente, sin embargo, sus aportes son fundamentales para desarrollar
la investigación.
E) Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las
investigadoras sobre el mismo y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus
preguntas o dudas con respecto a su participación. Para consultas adicionales o posteriores
puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los
teléfonos 2511-4201 o 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
F) Recibirá una fotocopia del presente consentimiento informado para su uso personal.
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G) Es necesario destacar que la participación en la presente investigación es voluntaria. Cuenta
con el derecho de negarse a responder alguna pregunta o de manifestar su deseo de no continuar
con la investigación.
H) No perderá ningún derecho legal por participar en la presente investigación ni por firmar el
presente documento.
CONSENTIMIENTO
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas para despejar dudas y estas han
sido abordadas en forma satisfactoria. Por lo tanto, accedo a participar en esta investigación.
Nombre, cédula y firma de la persona participante
__________________________________________________________________
Nombre, cédula y firma de la investigadora la cual solicita el consentimiento
__________________________________________________________________
