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Regulación y Control del Cannabis / Uruguay

Ley Nº 19.172 Law Nº 19.172

Ministerio de Relaciones Exteriores

República Orientaldel Uruguay

Junta Nacional de Drogas Edificio Torre Ejecutiva, Piso 10 | Plaza Independencia 710

CP 11000 - Montevideo, UruguayTeléfono: (598 2) 1503935 - Fax: (598 2) 1501219 - [email protected] - www.infodrogas.gub.uy

Ley Nº 19.172

Ley Nº 19.172

URUGUAY - DICIEMBRE DE 2013

Marzo de 2014

Impreso en UruguayPrinted in Uruguay

ÍNDICE

Exposición de motivos ........................................................................................pag. 7

Ley Nº 19.172 .....................................................................................................pag 21

Statement ............................................................................................................pag 39

Law Nº 19.172.....................................................................................................pag 55

Exposición de Motivos- 7

Exposición de Motivos

MINISTERIO DEL INTERIORMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASMINISTERIO DE DEFENSA NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICASMINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍAMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALMINISTERIO DE SALUD PUBLICAMINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCAMINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTEMINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTEMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 08 de agosto de 2012

Sr. Presidente de la Asamblea GeneralPresente

El Poder Ejecutivo, actuando en Con-sejo de Ministros, tiene el honor de re-mitir a ese Cuerpo el presente Proyecto de Ley a los efectos de establecer un marco normativo que permita regular el mercado del cannabis, a efectos de contribuir a reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales, los que por tener que abastecerse en el mercado ile-gal, se ven necesariamente denigrados e involucrados en actividades delictivas

y en prácticas con alto riesgo, exponién-dose así, además, a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológica-mente más riesgosas, como es el caso de la pasta base de cocaína entre otras.

1.- Los usos de drogas y sus regula-ciones en la historia de la humanidad

Existen pruebas que se remontan a mi-les de años atrás que demuestran el cul-tivo y uso de diversos tipos de drogas por parte de los seres humanos ya por aquéllos entonces. Y cuando los euro-peos llegaron a nuestro Continente en-contraron drogas (entre ellas el tabaco) que eran consumidas por los habitantes de América también desde tiempos in-memoriales.

8 - Regulación y control del Cannabis / Uruguay

Tan antiguo como el uso, ha sido el in-tento de las sociedades humanas por controlarlo y fiscalizarlo.

Durante milenios, las distintas socieda-des controlaron y regularon el uso de drogas por la vía de la cultura y los me-canismos informales de control social, desempeñando las religiones un papel central en ello.

Por otra parte, la modalidad de control global por parte de la ley penal y la po-lítica criminal, es relativamente nueva, remontándose sus orígenes recién a la segunda década del siglo XX cuando se comienzan a establecer las bases de lo que, 40 años después, en el año 1961, será la Convención Única de Estupefa-cientes.

Esta Convención y las políticas que de ella derivan, fueron como todo produc-to de la cultura humana, resultado de su tiempo con sus potencialidades y sus debilidades y deben ser -al día de hoy- críticamente revisadas, modificadas y mejoradas.

Durante décadas fue impensable que en el marco de los organismos interna-cionales se cuestionara la Convención; mucho menos que se pensara en mo-dificarla o mejorarla. No obstante, en diferentes Estados Nacionales y regio-nes, en particular América Latina, se han dado en las últimas dos décadas

diferentes pasos tendientes a flexibilizar los enfoques de políticas sobre drogas basados en este instrumento legal que deja poco margen para otros abordajes y que ha mostrado ser un instrumento ineficiente, ineficaz y contradictorio para el logro de los objetivos que se propone.

2. – La guerra fracasada contra las drogas

Hace un año, en junio de 2011, la Co-misión Global de Política de Drogas (www.globalcomissiondrugs.org) en-tregaba un muy importante Informe en cuya Introducción se dice:

“La guerra mundial a las drogas ha fra-casado. Cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50 años, y cuando el Presi-dente Nixon lanzara la guerra a las dro-gas del gobierno norteamericano hace 40 años, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que estaban involu-crados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis, y al eventual logro de un “mundo sin drogas”.

En la práctica, la escala global de los mercados de drogas ilegales -amplia-mente controlados por el crimen organi-zado- ha crecido de modo espectacular


en este período. Mientras que no están disponibles estimaciones exactas del consumo global en el período completo de 50 años, un análisis solamente de los últimos 10 años muestra un extenso y creciente mercado.

Estimaciones de Naciones Unidas indi-can que el consumo anual de opiáceos entre 1998 y 2008 aumentó 34,5% (de 12,9 a 17,35 millones de consumidores); 27% el de cocaína (de 13,4 a 17 millo-nes) y 8,5% el de cannabis (de 147,4 a 160 millones).

A pesar de la creciente evidencia en cuanto a que las actuales políticas no están alcanzando sus objetivos, la ma-yoría de los organismos políticos a nivel nacional e internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto en cuanto a alternativas. Esta falta de lide-razgo en políticas de drogas ha moti-vado el establecimiento de nuestra Co-misión, y nos orienta en nuestra visión que este es el tiempo correcto para una revisión seria, exhaustiva y de gran al-cance de las estrategias para responder al fenómeno de las drogas. El punto de partida para esta revisión es el reconoci-miento que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sani-tarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada.

Los miembros de la Comisión han acor-dado en cuatro principios fundamentales que debieran guiar las estrategias y las políticas de drogas nacionales e inter-nacionales, y han hecho once recomen-daciones para la acción. Los Miembros de la Comisión Global para Política de Drogas son: Ex Presidentes y Primeros Ministros: Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernes-to Zedillo (México), Ruth Dreifuss (Suiza), George Papandreou (Grecia). Ex funcio-narios internacionales: Kofi Annan, ex secretario general de la ONU (Ghana), Javier Solana, ex encargado de exterio-res de la UE (España), Louise Arbour, ex Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU (Canadá); Asma Jahagandir ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (Pakistán), Michel Kazatchki-ne director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Francia). Intelectuales: Ma-rio Vargas Llosa (Perú), Carlos Fuentes (México). Ex funcionarios gubernamen-tales: Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal (EEUU), George Shultz, ex secretario de Estado (EEUU), Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Esta-do en el Ministerio Federal de Salud (Alemania), Thorfvald Stoltenberg, ex Ministro de Asuntos Exteriores y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Noruega). Empre-


sarios: John Whitehead, banquero y funcionario, presidente de la fundación World Trade Center Memorial (EEUU), María Cattaui, miembro del Consejo Pe-troplus Holdings, ex Secretaria General de la Cámara de Comercio Internacional (Suiza), Richard Branson, Grupo Virgin, y cofundador de The Elders (Reino Unido).

Debe quedar muy claro que Uruguay se ha destacado internacionalmente en su lucha contra el consumo de drogas le-gales e ilegales. Para el caso del tabaco, el Gobierno anterior definió una drásti-ca política aceptada por la población y continuada por este Gobierno. Debido a ello nuestro país enfrenta en estos momentos juicios internacionales mul-timillonarios por parte de la poderosa empresa tabacalera Phillips Morris. Sin embargo no abatiremos nuestras posi-ciones al respecto. Importa señalar que no abandonaremos nuestras políticas de combate a las drogas por esas tan previ-sibles consecuencias. El Poder Ejecutivo seguirá trabajando con todos los medios posibles a su alcance para disminuir y de ser posible erradicar el consumo de drogas legales e ilegales como lo hace-mos y haremos en el combate contra toda práctica perjudicial para la salud.

Es en ese marco ineludible, que comen-zamos por comprobar y afirmar que, la-mentablemente, estamos ante el fracaso estrepitoso de una estrategia internacio-

nal (que hemos acompañado regional y nacionalmente) diseñada hace relati-vamente poco tiempo exclusivamente contra drogas declaradas ilegales que ni son todas ni son las que más daño producen. Que se ha fracasado en esta ¨Guerra¨ a las drogas queda evidenciado en cuatro dramáticos aspectos:

Uno: que a pesar de ella, y luego de medio siglo de dura aplicación, el consumo se ha expandido y con él sus pésimas conse-cuencias. Ha crecido en lugares donde ya se consumía pero además invade lugares donde antes no se consumía.

Por la otra parte, las incautaciones lo-gradas mediante tanto despliegue y tan-to gasto son irrisorias en todo el mun-do al compararlas con el tamaño de los diversos mercados. Pero no estamos, forzosamente, ante la ineficacia de los aparatos represivos dedicados a tal me-nester sino ante una difícil realidad que explicaremos más adelante.

Dos: la humanidad ha despilfarrado co-losales sumas de dinero y otros recursos de vasta gama, incluídos los humanos y los de la ciencia, en el camino equivoca-do de una guerra equivocada. Y lo peor: han sido países pobres lo que han dila-pidado en ello recursos que no tienen, dejando de aplicarlos en actividades que no pueden esperar. Por ejemplo: las necesidades básicas de sus pueblos y


hasta el combate a la verdadera delin-cuencia.

Pero, además de la ya citada, hemos pa-gado el error con durísimas consecuen-cias sociales. Entre ellas la inundación de las cárceles (una gran internación compulsiva en masa) y el desborde de los sistemas judiciales como así también la doble moral y la perversión que acom-pañan forzosamente a todo comercio ilí-cito. El consumidor es denigrado obliga-toriamente al quedar sometido a ese tipo de comercio si quiere acceder a lo que desea: esto, la doble moral y la anomia, no le sale ni le saldrá gratis a ninguna sociedad porque también abre puertas hacia otras calamidades.

Tres: al ponerse la puntería sobre la Oferta se ha casi abandonado la ac-ción sobre la Demanda. Muy pocos, por no decir poquísimos recursos, han sido destinados a combatir el consumo mediante acciones de todo tipo direc-tamente vinculadas a la prevención, la información y la persuasión, a la repa-ración de los daños y a la atención en general de los usuarios; a las campañas de propaganda; y a la investigación.

La comparación de lo que se ha gastado y gasta en represión con lo que se de-bería gastar en este otro frente, es una de las manifestaciones más crudas del fracaso.

Cuatro, la peor consecuencia de todas: ha dado origen, como previenen los ma-nuales elementales de economía, a una suculenta “reserva de mercado”, mono-polio de hecho y derecho para las activi-dades criminales. Un mercado obligado a pagar por las drogas precios siderales dejando en manos de cada vez más poderosas mafias, la rentabilidad y la acumulación, sin impuesto alguno, que dichos precios generan. Estamos pues, también, ante una clara competencia desleal y subsidiada, incluso de empre-sas de fachada para el lavado, contra las empresas que cumplen con la Ley.

Cada eslabón de esa larga “cadena pro-ductiva” “disfruta” de tales beneficios que, acumulados, hacen prácticamente imposible e ilusorio pretender derrotar a los traficantes con los siempre escasos recursos e los Estados.

Algunos consideran que este “negocio” es el de segunda magnitud mundial des-pués del petróleo. Sea como sea, todas las cuentas lo muestran como inmenso.

La colosal masa monetaria de un tráfi-co que los consumidores finales pagan al contado, tiene forzosamente conse-cuencias financieras planetarias y así vemos hoy a uno de los más poderosos bancos del mundo (el HSBC), acusado por el Congreso de los Estados Unidos, no solamente de lavar ese dinero sucio


sino también de dirigir las operaciones del narcotráfico. Acusación que por otra parte, y referida a éste y a otros grandes y medianos bancos del mundo, es a esta altura antigua.

Son conocidas desde hace mucho (desde las Guerras Imperiales del Opio y desde mucho antes) las íntimas cone-xiones del narcotráfico con el sistema financiero, la venta ilegal de armas, y el tráfico de oro y diamantes indispensa-ble para el lavado de tanto dinero. Tanta concentración de poder tiene muy faci-litado su camino hacia la corrupción en cualquier nivel y actividad de la socie-dad. Es asunto comprobado, conocido y, ahora mismo, lo seguimos sufriendo. La prensa de todo el mundo y en todas sus formas, lo detalla: políticos, perio-distas, jueces, fiscales, militares, poli-cías… Hasta lograr imponer Presidentes en campañas electorales.

En muchos lugares y momentos, el Estado queda sustituido o anulado; la sociedad desestabilizada y a merced de bandas criminales, y la democracia des-truida. No se trata de amenazas: lo po-demos observar. Salir de ello o intentar impedirlo cuando llega a cierto grado, cuesta mares de sangre y sufrimiento.

En suma: el “remedio” ha resultado ser mucho peor que la “enfermedad”.

3.- Las políticas de Drogas en Uruguay en la segunda década del siglo XXI

Uruguay por su parte, ha definido a par-tir de la Junta Nacional de Drogas (JND) una estrategia para el Periodo 2011 – 2015 (y sus Bases Programáticas) que entre otros aspectos plantea:

• Basarse en la perspectiva de que la temática de las drogas es un proble-ma social complejo, multidimensional y multicausal, fuertemente anclado en los factores políticos y culturales de la sociedad. Exige una presencia activa del Estado en sus obligaciones funda-mentales y una participación activa y protagónica de la sociedad, desple-gando un fuerte compromiso en to-das las áreas de la administración e incorporando el conjunto de organiza-ciones de la sociedad civil y el sector privado.

• Asumir su responsabilidad en la cons-trucción de las políticas públicas de drogas y en proteger las garantías inherentes a los derechos individua-les y colectivos. La Estrategia Nacio-nal se define desde una visión de la complejidad del fenómeno drogas en la continuidad y complementación de acciones desde diversas áreas de intervención, bajo el concepto de res-ponsabilidad compartida y cogestión de los riesgos entre el Estado y el con-


junto de la sociedad. Tiene entre sus objetivos la construcción de políticas públicas que promuevan y aseguren desde los controles inherentes a las obligaciones del Estado hasta los que surgen de la comunidad organizada o se realicen con la participación activa de la sociedad.

Asume la política en drogas como un continuo, desde un enfoque plástico y singular, que va desde la promo-ción de hábitos y valores saludables, prevención, reducción de daños, tra-tamiento y rehabilitación, hasta la re-inserción social, control de la oferta de drogas y prevención y control del lavado de activos.

• La complejidad social del fenómeno de consumo y tráfico ilícito de drogas requiere su incorporación a las políti-cas de desarrollo. El enfoque de inclu-sión e integración social forma parte de una estrategia que tiene el objetivo de generar un desarrollo humano sus-tentable, justo y equitativo reduciendo las vulnerabilidades y los daños con políticas a nivel local que incluyan el amparo y la promoción de recursos sociales de reinserción laboral, educa-tiva, recreativa y cultural.

• Privilegiar como piedras angulares las acciones en el ámbito local a través de la descentralización y municipa-

lización de la política de drogas, con un compromiso compartido con los gobiernos y actores municipales y co-munitarios; la prevención en el ámbito laboral con una acción permanente y concertada de empresarios y trabaja-dores tanto a nivel público como pri-vado; un enfoque socio sanitario des-de la Atención Primaria en Salud, y la sistematización e institucionalización en el ámbito del sistema educativo incorporando la información y preven-ción del tema drogas desde una pers-pectiva de formación en promoción de habilidades para la vida.

• La descentralización es un proceso inherente al enfoque de cogestión de políticas sobre el problema de las drogas. Hace al papel protagónico de Intendencias, Alcaldías, Juntas De-partamentales de Drogas y entidades de la sociedad civil. Responde a una concepción medular que pretende desplegar los saberes y la capacidad de la comunidad organizada, sus or-ganizaciones sociales, vecinales y no gubernamentales, junto a los organis-mos nacionales y municipales.

• Se promoverá un abordaje socio sani-tario desde una óptica de salud públi-ca en su más amplia acepción. Incluye el derecho a la salud, la educación en salud, la prevención, detección precoz, asistencia y tratamiento en el


campo de la enfermedad y de la re-ducción de daños.

El enfoque de salud pública constitu-ye un pilar de la Estrategia desde una óptica de solidaridad social y una con-cepción bio-psico-social que va des-de la promoción y prevención hasta el trabajo comunitario con participación activa de todos los actores locales.

• Impulsar desde el Estado y con todo el tejido social redes de promoción y prevención, de proximidad y de aten-ción en salud, tratamiento y reinser-ción social que coordinen las acciones inherentes al consumo problemático de drogas legales e ilegales con una visión participativa e inclusiva.

• El enfoque preventivo-educativo debe estar incorporado a los sistemas for-males y no formales de educación, privilegiando que los docentes, pa-dres y madres, educandos y agentes comunitarios incorporen un pensa-miento crítico y creativo, racional y emocional, enfocado a desarrollar habilidades y valores para la vida. Un mundo de incertidumbres donde los desafíos frente a los riesgos vin-culados al consumo problemático de drogas están presentes, exige forta-lecer los factores de protección. Las propuestas a nivel educativo deben tener la virtud de poder discriminar positivamente de acuerdo a las dife-

rentes edades y problemáticas vincu-ladas al desarrollo psico social de los educandos.

• La Universidad de la República juega un rol fundamental incorporando la te-mática a su currícula en las diversas disciplinas y la especialización de gra-do e investigación tanto a nivel de las distintas disciplinas en el campo de la salud, las ciencias sociales, etcétera, en cuyo marco cobran importancia las políticas de extensión universita-ria por el aporte hacia la comunidad y las acciones coordinadas que pueden coincidir en la cogestión local de las políticas sociales en drogas.

• La Estrategia Nacional no compar-te los enfoques prohibicionistas y las concepciones de “guerra a las drogas” extendidas a nivel interna-cional que han tenido como conse-cuencia causar más daño, generar más violencia y corrupción y no han tenido éxito en cuanto a las metas que persiguen. Debe primar un cri-terio de proporcionalidad de las pe-nas con la entidad de la ofensa en drogas. Se debe impulsar un enfo-que que busque la integración de las Convenciones y la legislación de drogas, con los instrumentos inter-nacionales y nacionales de Dere-chos Humanos. Desde esta óptica, entre otras, debe ser debatido el marco legal actual.


• El enfoque de derechos y garantías individuales debe conjugarse con un fuerte clivaje en los lazos sociales so-lidarios y el compromiso con los sec-tores que viven en la exclusión social y cultural. El enfoque de salud pública, de convivencia y seguridad ciudada-na es un desafío de integración social y de reconocimiento del derecho de terceros. La promoción y desarrollo social de los sectores más vulnera-bles supone fortalecer la capacidad de crear autonomía, libertad y capaci-dad para construir ciudadanía con un enfoque de solidaridad y de cuidados gestionados entre todos y todas.

Para el control del tráfico ilícito y el lavado de activos son requisitos esen-ciales la transparencia y eficiencia de las agencias de control, las que de-berán estar apoyadas por un mando político claro y preciso. El combate al lavado de dinero y la decisión de ac-tuar a todos los niveles de la sociedad y de todos los sectores e individuos involucrados, constituye uno de los pilares éticos y políticos de la acción. La lucha contra el delito organizado es una tarea de un conjunto de actores y agencias que colaboran con dicho objetivo, cooperando con el Plan Per-manente Integrado de lucha contra el Narcotráfico y el lavado de dinero.

• Uruguay adhiere al principio de res-ponsabilidad común y compartida

desplegado con un sentido de equi-dad, compartiendo, en el marco de una cooperación internacional, los compromisos y desafíos; contemplan-do la diversidad y la complejidad de un fenómeno trasnacional, y respetan-do la soberanía nacional y cultural de cada pueblo.

El modelo que divide arbitrariamente a los países en productores, de tránsito y consumidores, es obsoleto y sólo ha sido funcional a un esquema discrimi-natorio y tan dañino como ineficiente. Reconocer las diferentes situaciones en el marco de evaluaciones multila-terales significa compartir el desafío multidimensional. La fiscalización, evaluación e investigación de las di-ferentes expresiones del fenómeno significa compartir cargas y repartir costos.

Impulsar el reconocimiento de fenó-menos regionales de uso problemáti-co de drogas y de circuitos diferencia-dos de tráfico local de gran impacto social (como las cocaínas fumables), significa a la vez evaluar los efectos colaterales de políticas de fiscaliza-ción generalizadas que tienen el cen-tro de atención en otros lugares.

Las políticas de erradicación de cul-tivos y de desarrollo alternativo en nuestra región deben asumir el carác-ter integral en el desarrollo económico


y social de nuestros países, no acep-tando las cargas desiguales respecto a las responsabilidades y los costos humanos en el tema.

Encarar con decisión y firmeza las ac-ciones concertadas con apego al de-recho internacional y a las garantías inherentes al respeto de los derechos individuales y colectivos, incluido un enfoque de género, de minorías étni-cas y de conservación del medio am-biente y la biodiversidad.

• Uruguay ha defendido la necesidad de impulsar a nivel de los organismos regionales, hemisféricos y mundiales un amplio Debate Político, sobre el paradigma hegemónico en materia de políticas de Drogas.

Este debate debe poner en cuestión las modalidades de control y fiscali-zación, y los principios que sustentan dicho modelo, sustanciados en ins-trumentos jurídicos internacionales: la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988.

• El debate contemporáneo avanza ha-cia un cuestionamiento de los princi-pios que han sustentado las estrate-gias de fiscalización de drogas en el mundo, el hemisferio y la región. El modelo de tipo prohibicionista, que

ha sustentado el peso político, cultural y presupuestal totalmente desbalan-ceado hacia la reducción de la oferta, esta siendo cuestionado por su inefi-cacia e ineficiencia. Este Enfoque ha generado más daños no sólo por los efectos colaterales sino por la ausen-cia total de debida adecuación a los instrumentos de derechos humanos consagrados por la comunidad inter-nacional.

Deben ponerse en tela de juicio, en debate democrático amplio y pro-fundo, sin anatemas ni prejuicios, las modalidades de control y fiscaliza-ción y los principios que sustentan dicho modelo. Ese debate se impone para que los países puedan generar los contrapesos necesarios para un fenómeno que incide peligrosamente desde el punto de vista geopolítico. Las modalidades de la delincuencia organizada, los esquemas y flujos de lavado de activos, como las posicio-nes estratégicas que despliegan los países con gran capacidad militar, a través del enfoque bélico dominante, generan situaciones de subordinación, además de incrementar las amenazas para nuestras poblaciones vulnerables.

Asimismo esta Estrategia aprobada por la JND el 29 de Abril de 2011 esta-blece como valores fundamentales los siguientes principios de actuación:


Derechos humanos. Integración de principios e instrumentos de DDHH con la política de drogas. Respeto de derechos y garantías en todos las di-mensiones.

Equidad. Compromiso en el logro de la dignidad y equidad humana, incor-porando la equidad socioeconómica, de género, generaciones y territorios.

Democracia. Necesidad de abrir un gran debate, integrando todas las miradas como forma democrática de fortalecer la estrategia en drogas.

Cooperación, responsabilidad común, equitativamente compartida. Defensa del multilateralismo como patrimonio del hemisferio y unidad en la diversidad.

Integralidad, equilibrio y transver-salidad. Abordaje complejo; interinsti-tucional; cooperación con la sociedad civil; ampliación de las visiones y mo-dalidades de intervención.

Participación. Gestión compartida de los riesgos significa construcción de las políticas con la comunidad desde un Estado presente y responsabilidad social compartida.

Evidencia científica y buenas prác-ticas. Políticas de drogas basadas en información y conocimiento de base

científica y buenas prácticas evalua-das debidamente.

4 -Antecedentes

En los años 70’ Holanda inició una ex-periencia pionera, basada en un enfoque pragmático de separación de los mer-cados de drogas, llamadas en aquellos años “duras” (heroína, LSD, cocaína, et-cétera) de los de drogas “blandas” (mari-huana y hashish). Las características fun-damentales del sistema holandés fueron establecidas por la Comisión Baan y se basan en un enfoque realista y pragmá-tico de política sobre drogas, fundado en la necesidad de reducir los riesgos y los daños potenciales en los que incurrían aquellas personas que usaban marihua-na y, que por tener que abastecerse en el mercado ilegal, frecuentemente asu-mían prácticas de mayor riesgo médi-co, psicosocial y legal, exponiéndose al consumo de otras drogas.

A través de este enfoque realista y prag-mático, el gobierno holandés estable-ció prioridades claras de política de drogas, basadas en los riesgos diferen-ciales que tienen las distintas sustancias para las personas y la comunidad toda. El cuidado de la vida y la convivencia ciudadana, la promoción de la salud individual y pública y el respeto de los derechos humanos son los ejes centra-les de la estrategia que Holanda viene


desarrollando desde hace ya más de treinta años.

Por otra parte, es importante destacar que diversas provincias de Australia (Capital, Australia del Sur y Territorio del Norte) han descriminalizado la po-sesión de cannabis para uso personal, así como el autocultivo, instrumentando sistemas con sanciones civiles en lugar de infracciones penales.

En esta misma línea, los clubes sociales de cannabis se han desarrollado en los últimos años en varias Provincias del Es-tado Español. Ellos toman en cuenta di-ferentes modelos de regulación, tanto de la producción, como de la distribución y consumo de marihuana. En estas aso-ciaciones civiles, además de producirla y distribuirla controladamente, se de-sarrollan actividades de asesoramiento médico y legal a sus miembros, además de encuentros informativos y educativos tendientes a mejorar la gestión de los riesgos del consumo.

En otro orden, desde 1998 a la fecha, diecisiete Estados de los EEUU vienen desarrollando diversos sistemas de regulación de la producción, venta y consumo de marihuana medicinal, bajo prescripción médica.

A nivel nacional, es fundamental desta-car y valorar el trabajo desarrollado por la Comisión de Adicciones de la Cámara

de Representantes la que, luego de un trabajo extenso, riguroso y abarcativo de todas las posturas, concluye con una serie de recomendaciones de política pública sobre drogas -y particularmente sobre la marihuana- que apuntan inte-gralmente a la necesidad imperiosa de garantizar las condiciones de acceso a la marihuana, de forma de reducir los riesgos toxicológicos, psicológicos, so-ciales y legales producidos por la ilegali-dad del acceso a esta sustancia.

Las políticas prohibicionistas desarrolla-das en el mundo entero a lo largo de los últimos cincuenta años han mostrado, no solo ser robadamente ineficaces para reducir los riesgos y daños individuales y sociales de los consumos de las dis-tintas sustancias psicoactivas, sino ade-más haber agravado exponencialmente los daños, ya sea en el campo de lo sanitario, lo social, legal, y económico, generando negocios ilegales multimillo-narios y niveles de violencia sistémica nunca vistos antes.

Uruguay no ha estado ajeno a las con-secuencias de la aplicación de políti-cas internacionales y nacionales basa-das en un paradigma prohibicionista, que, lejos de disuadir el consumo y mejorar el acceso al sistema sanita-rio, han generado crecientemente un aumento del tráfico y la violencia, ade-más de un crecimiento de los merca-dos, acompañados de una creciente


precocidad en la edad de inicio del consumo de varias sustancias.

Recientemente se tienen indicios de que modalidades criminales como el ajuste de cuentas y el sicariato se comienzan a dar en el País, afectando de manera cada vez más importante a los sectores sociales más humildes y segregados de la sociedad.

En nuestro País, la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importan-te nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. Esta sustancia, cuya capa-cidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor.

Entre ellas encontramos a la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y a los psicofármacos. Si bien la gran mayoría de los usuarios de marihuana en Uru-guay, tienen un vínculo ocasional con la sustancia que no reviste mayores proble-mas para su salud física, es importante resaltar que se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y le-gales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga.

Es fundamentalmente la unificación de los mercados ilegales, la que los expone

innecesariamente al posible consumo de otras drogas toxicológicamente más riesgosas, así como a situaciones de violencia asociadas a las actividades de-lictivas propias del mercado ilegal. Estos riesgos deben ser minimizados como vía alternativa para promover el cuidado de los usuarios y mantener niveles de con-vivencia ciudadana armónicos.

En síntesis, las políticas actuales en nuestro país han mostrado ser inefica-ces para reducir los daños sanitarios individuales y sociales asociados al consumo de marihuana, generando una importante criminalización y exclusión de los usuarios a través de la aplicación selectiva de la ley y alejando a los pro-blemáticos del acceso real a la red de atención especializada.

5.- Objetivos centrales de la iniciativa

El presente Proyecto de Ley resulta un instrumento idóneo para brindar solucio-nes a los aspectos reseñados, y particu-larmente para:

• La separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas, de forma de que se reduzca significativamente el número de nue-vos ingresos de personas al mercado de sustancias toxicológicamente más riesgosas, como ser la pasta base o la cocaína.


• La normalización e inclusión social plena del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatiza-dos ni tratados a partir de la aplica-ción de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos, y con la sociedad toda, a partir de programas y campa-ñas educativas que apunten a darles información veraz y creíble sobre el tema, para que puedan tomar deci-siones informadas y responsables, y sepan además calcular y gestionar de una forma eficiente los riesgos del uso de esta sustancia.

• La profundización (mediante los gra-vámenes que conllevará la comercia-lización legal de cannabis, entre otros

aspectos) del desarrollo y diversifi-cación del sistema nacional de aten-ción a las personas con problemas de drogas, de forma de dar respuestas acordes a las distintas situaciones de consumo problemático que presenten los usuarios.

• Desarrollar un combate frontal al Nar-cotráfico arrebatándole un negocio que según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y vio-lencia para el conjunto de la sociedad.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

José Mujica – Presidente de la República

Ley Nº 19.172 - 21

Ley Nº 19.172

MARIHUANA Y SUS DERIVADOS

CONTROL Y REGULACIÓN DEL ESTADO

DE LA IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN,

ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO,

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

El Senado y la Cámara de Represen-tantes de la República Oriental del Uru-guay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

TÍTULO I

DE LOS FINES DE LA PRESENTE LEY

Artículo 1º.- Decláranse de interés pú-blico las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orien-tada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que pro-mueva la debida información, educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a di-cho consumo así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispues-to por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus leyes modifi-cativas, el Estado asumirá el control y

la regulación de las actividades de im-portación, exportación, plantación, cul-tivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, co-mercialización y distribución de canna-bis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las institu-ciones a las cuales otorgue mandato le-gal, conforme con lo dispuesto en la pre-sente ley y en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación.

TÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3º.- Todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel po-sible de salud, al disfrute de los espacios públicos en condiciones seguras y a las mejores condiciones de convivencia, así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de con-formidad con lo dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, pro-tocolos y convenciones internacionales ratificados por ley, garantizando el ple-no ejercicio de sus derechos y liberta-des consagradas en la Constitución de la República, con sujeción a las limita-ciones emergentes del artículo 10 de la misma.

Artículo 4º.- La presente ley tiene por objeto proteger a los habitantes del país


de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras conse-cuencias sanitarias, sociales y económi-cas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la inci-dencia del narcotráfico y el crimen orga-nizado.

A tales efectos, se disponen las medidas tendientes al control y regulación del cannabis psicoactivo y sus derivados, así como aquellas que buscan educar, concientizar y prevenir a la sociedad de los riesgos para la salud del uso del can-nabis, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las adiccio-nes. Se priorizarán la promoción de ac-titudes vitales, los hábitos saludables y el bienestar de la comunidad, teniendo en cuenta las pautas de la Organización Mundial de la Salud respecto al consu-mo de los distintos tipos de sustancias psicoactivas.

TÍTULO III

DEL CANNABIS

CAPÍTULO I

DE LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA

DE ESTUPEFACIENTES

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de oc-tubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3º.- Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefa-cientes y otras sustancias que deter-minen dependencia física o psíquica, con las siguientes excepciones:

A) Cuando se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados pre-viamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo.

Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o culti-vos deberán ser autorizados pre-viamente por el Instituto de Regula-ción y Control de Cannabis (IRCCA), y quedarán bajo su control directo, sin perjuicio de los contralores que la legislación vigente otorga a los organismos correspondientes en el ámbito de sus respectivas compe-tencias.

Ley Nº 19.172 - 23

B) La plantación, el cultivo y la cose-cha así como la industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros fines, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente y con autorización previa del IRCCA, quedando bajo su con-trol directo.

Se entiende por cannabis psicoacti-vo a las sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra del canna-bis, exceptuando las semillas y las hojas separadas del tallo, incluidos sus aceites, extractos, preparacio-nes de potencial uso farmacéutico, jarabes y similares, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) natu-ral, sea igual o superior al 1% (uno por ciento) de su volumen.

C) La plantación, el cultivo y la cose-cha así como la industrialización y comercialización de cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo). Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados previa-mente por el Ministerio de Ganade-ría, Agricultura y Pesca y quedarán bajo su control directo.

Se entiende por cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo) a las plan-tas o piezas de la planta de los gé-neros cannabis, las hojas y las pun-

tas floridas, que no contengan más de 1% (uno por ciento) de THC, incluyendo los derivados de tales plantas y piezas de las plantas.

Las semillas de variedades de cá-ñamo no psicoactivo a utilizar no podrán superar el 0,5% (cero con cinco por ciento) de THC.

D) La plantación, el cultivo, la cose-cha, el acopio para fines de investi-gación así como la industrialización para uso farmacéutico, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente y acorde a lo que establezca la reglamentación, debiendo contar con autorización previa del IRCCA quedando bajo su control directo.

E) La plantación, el cultivo y la cose-cha domésticos de plantas de can-nabis de efecto psicoactivo des-tinados para consumo personal o compartido en el hogar. Sin perjui-cio de ello se entiende destinados al consumo personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efec-to psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación pre-cedente hasta un máximo de 480 gramos anuales.


F) La plantación, el cultivo y la co-secha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo realizados por clubes de membresía, los que serán controlados por el IRCCA. Dichos clubes deberán ser auto-rizados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la legislación vigente, y en la forma y condiciones que es-tablecerá la reglamentación que se dicte al respecto.

Los clubes de membresía deberán tener un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco so-cios. Podrán plantar hasta noventa y nueve plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener como pro-ducto de la recolección de la plan-tación un máximo de acopio anual proporcional al número de socios y conforme a la cantidad que se es-tableciere para el uso no medicinal de cannabis psicoactivo.

G) El IRCCA otorgará licencias de ex-pendio de cannabis psicoactivo a las farmacias (de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985 y sus leyes modifica-tivas) conforme las condiciones es-tablecidas en la legislación vigente y el procedimiento y requisitos que estableciere la reglamentación.

El expendio de cannabis psicoac-tivo para consumo personal reque-

rirá que se acredite en el registro correspondiente según lo estable-cido en el artículo 8º de la presente ley, conforme a las estipulaciones legales, en tanto el expendio para uso medicinal requerirá receta mé-dica.

El expendio de cannabis psicoacti-vo para uso no medicinal no podrá superar los 40 gramos mensuales por usuario.

Toda plantación no autorizada deberá ser destruida con inter-vención del Juez competente. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de los literales pre-cedentes, inclusive los mecanis-mos de acceso a las semillas, el que siendo destinado a plantacio-nes de cannabis psicoactivo para consumo personal en el marco de la legislación vigente, se consi-derará en todos los casos como actividad lícita. Dicha reglamenta-ción es sin perjuicio de los con-tralores que la legislación vigente establece para toda plantación o cultivo que se realice en territorio nacional, en lo que resultare apli-cable. Asimismo, la reglamenta-ción establecerá los estándares de seguridad y las condiciones de uso de las licencias de cultivos para los fines previstos en los lite-rales precedentes.

Ley Nº 19.172 - 25

La marihuana resultante de la cose-cha y el cultivo de las plantaciones referidas en los literales B), D) y E) del presente artículo no podrá estar prensada”.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 30 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de oc-tubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente:

“ARTÍCULO 30.- El que, sin auto-rización legal, produjere de cual-quier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo 1º, precursores químicos y otros pro-ductos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad conte-nida en el artículo 15 de la presen-te ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Quedará exento de responsabili-dad el que produjere marihuana mediante la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo en los térmi-nos de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley. El destino a que

refiere el literal E) del artículo 3º será valorado, en su caso, por el Juez competente y con arreglo a las reglas de la sana crítica, en caso que se superaren las cantidades allí referidas”.

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de oc-tubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente:

“ARTÍCULO 31.- El que sin autori-zación legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere deposita-rio, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias pri-mas, sustancias, precursores quí-micos y otros productos químicos mencionados en el artículo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en éste, será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.

Quedará exento de responsabili-dad el que transportare, tuviere en su poder, fuere depositario, alma-cenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que será valorado por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica.


Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al con-sumo personal hasta 40 gramos de marihuana. Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispues-to en el primer inciso del presente artículo el que en su hogar tuviere en su poder, fuere depositario, al-macenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en el lite-ral E) del artículo 3º de la presente ley, o se tratare de la cosecha co-rrespondiente a los integrantes de un club de membresía conforme con lo previsto por el literal F) del artículo 3º de la presente ley y la re-glamentación respectiva”.

Artículo 8º.- Tratándose de cannabis, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis llevará sendos registros para las excepciones previstas en los litera-les A), B), C), D), E), F) y G) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de oc-tubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la presente ley.

Las características de dichos registros serán objeto de reglamentación por par-te del Poder Ejecutivo.

La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro ten-drá carácter de dato sensible para lo es-

tablecido en los literales E) y F) del artícu-lo 5º de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

El registro del cultivo, según la legisla-ción vigente, será requisito indispensa-ble para poder ampararse en las dispo-siciones de la presente ley. Cumplidos ciento ochenta días desde la puesta en funcionamiento del referido registro, el que no tendrá costo para los usuarios y se hará para asegurar la trazabilidad y control de los cultivos, solo se admitirán registros de plantíos a efectuarse.

CAPÍTULO II

DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LOS USUARIOS

Artículo 9º.- El Sistema Nacional Inte-grado de Salud deberá disponer de las políticas y dispositivos pertinentes para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis, así como disponer de los dispositivos de atención adecuados para el asesora-miento, orientación y tratamiento de los usuarios problemáticos de cannabis que así lo requieran.

En las ciudades con población superior a diez mil habitantes se instalarán dispositi-vos de información, asesoramiento, diag-nóstico, derivación, atención, rehabilita-

Ley Nº 19.172 - 27

ción y tratamiento e inserción de usuarios problemáticos de drogas, cuya gestión, administración y funcionamiento esta-rá a cargo de la Junta Nacional de Dro-gas, pudiendo suscribirse a tales efectos convenios con la Administración de los Servicios de Salud del Estado y las ins-tituciones prestadoras de salud privadas, Gobiernos Departamentales, Municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 10.- El Sistema Nacional de Educación Pública deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud, la prevención del uso pro-blemático de cannabis desde la pers-pectiva del desarrollo de habilidades para la vida y en el marco de las políticas de gestión de riesgos y reducción de da-ños del uso problemático de sustancias psicoactivas.

Dichas políticas educativas comprende-rán su inclusión curricular en educación primaria, en educación secundaria y en educación técnico-profesional, con el fin de prevenir sobre el daño que produce el consumo de drogas, incluido el canna-bis. La Administración Nacional de Edu-cación Pública resolverá sobre la forma de instrumentar esta disposición.

Será obligatoria la inclusión de la disci-plina “Prevención del Uso Problemático de Drogas”, en las propuestas progra-máticas y planes de estudio para edu-cación inicial, primaria, secundaria, y

técnico-profesional, formación docente y en la Universidad Tecnológica.

Dentro de dicha disciplina se incluirán espacios especialmente destinados a la educación vial y a la incidencia del con-sumo de las sustancias psicoactivas en los siniestros de tránsito.

Artículo 11.- Prohíbese toda forma de publicidad, directa o indirecta, promo-ción, auspicio o patrocinio de los pro-ductos de cannabis psicoactivo y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión, cine, revistas, filmaciones en general, carteles, vallas en vía pública, folletos, estandartes, correo electrónico, tecnologías de Internet, así como por cualquier otro medio idóneo.

Artículo 12.- La Junta Nacional de Drogas estará obligada a realizar cam-pañas educativas, publicitarias y de di-fusión y concientización para la pobla-ción en general respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas, para cuyo financiamiento po-drá realizar convenios y acuerdos con las empresas del Estado y el sector privado.

Artículo 13.- Serán de aplicación al consumo de cannabis psicoactivo las medidas de protección de espacios es-tablecidas por el artículo 3º de la Ley Nº 18.256, de 6 de marzo de 2008.


Artículo 14.- Los menores de 18 años de edad e incapaces no podrán acce-der al cannabis psicoactivo para uso recreativo. La violación de lo dispuesto precedentemente aparejará las respon-sabilidades penales previstas por el Decreto-ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1988, y por la presente ley.

Artículo 15.- Conforme con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007, todo conduc-tor estará inhabilitado para conducir ve-hículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional, cuando la concentración de tetrahidrocannabinol (THC) en el organismo sea superior a la permitida conforme con la reglamenta-ción que se dictará al respecto.

La Junta Nacional de Drogas brindará capacitación, asesoramiento y los insu-mos necesarios a los funcionarios espe-cialmente designados a tales efectos, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las Intendencias, de los Municipios y de la Prefectura Nacional Naval, con la fi-nalidad de realizar los procedimientos y métodos de contralor expresamente establecidos por las autoridades com-petentes a los fines previstos en el inci-so anterior, en sus jurisdicciones y con-forme a sus respectivas competencias.

Dichos exámenes y pruebas podrán ser ratificados a través de exámenes de sangre, u otros exámenes clínicos o pa-raclínicos, por los prestadores del Siste-ma Nacional Integrado de Salud.

El conductor a quien se le compruebe que conducía vehículos contraviniendo los límites de THC a que refiere el inci-so primero del presente artículo, será pasible de las sanciones previstas en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007.

Artículo 16.- El Estado, las instituciones de enseñanza referidas en el artículo 10, las instituciones prestadoras del Sis-tema Nacional Integrado de Salud, así como las organizaciones paraestatales y de la sociedad civil con personería jurí-dica vigente, podrán solicitar a la Junta Nacional de Drogas capacitación, ase-soramiento y eventualmente recursos humanos y materiales a los efectos de realizar procedimientos y contralores si-milares a los definidos en el artículo 15 de la presente ley, con finalidades pre-ventivas y educativas de disminución de riesgos.

Los procedimientos y contralores a que refiere el inciso anterior, solamente po-drán aplicarse en los casos de riesgo cierto para la integridad física o psíquica de terceros, en las condiciones que de-terminará la reglamentación.

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TÍTULO IV

DEL INSTITUTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS

CAPÍTULO I

CREACIÓN

Artículo 17.- Créase el Instituto de Re-gulación y Control del Cannabis (IRC-CA), como persona jurídica de derecho público no estatal.

Artículo 18.- El Instituto de Regulación y Control del Cannabis tendrá como fi-nalidades:

A) Regular las actividades de planta-ción, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, en el marco de las disposiciones de la presente ley y la legislación vigente.

B) Promover y proponer acciones ten-dientes a reducir los riesgos y los daños asociados al uso problemá-tico de cannabis, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta Na-cional de Drogas y en coordinación con las autoridades nacionales y departamentales.

C) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley a su cargo.

Artículo 19.- Compete a la Junta Na-cional de Drogas la fijación de la política nacional en materia de cannabis según los objetivos establecidos en el artículo anterior, contando para ello con el ase-soramiento del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Este adecuará su actuación a dicha política nacional.

El IRCCA se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 20.- Los órganos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) serán:

A) Junta Directiva.

B) Dirección Ejecutiva.

C) Consejo Nacional Honorario.

Artículo 21.- La Junta Directiva será el jerarca del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y sus miembros serán personas de reconocida solvencia moral y técnica. Estará integrada por:

- Un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, que la presidirá.


- Un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.

- Un representante del Ministerio de Salud Pública.

La designación de los miembros de la Junta Directiva incluirá la de sus corres-pondientes suplentes.

Artículo 22.- La duración del mandato de los miembros de la Junta Directiva será de cinco años, pudiendo ser reelec-tos por un solo período consecutivo.

Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.

Artículo 23.- La Junta Directiva fijará su régimen de sesiones.

Las resoluciones se adoptarán por ma-yoría. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 24.- Habrá un Director Ejecuti-vo designado por la mayoría de la Junta Directiva, con el voto conforme del Pre-sidente. Su retribución será fijada por la Junta Directiva con la conformidad del Poder Ejecutivo y con cargo a los recur-sos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con voz y sin voto.

Artículo 25.- El Director Ejecutivo será contratado por períodos de tres años renovables. Para su destitución o no re-novación del contrato se deberá contar con la mayoría de los votos de la Junta Directiva, incluido el del Presidente.

Artículo 26.- El Consejo Nacional Ho-norario estará integrado por un repre-sentante de cada uno de los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Inte-rior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Mine-ría; un representante de la Universidad de la República; un representante del Congreso de Intendentes; un represen-tante de los clubes de membresía; un representante de asociaciones de auto-cultivadores; un representante de los li-cenciatarios. Actuará en plenario con los miembros de la Junta Directiva y con el Director Ejecutivo.

Los representantes de los clubes de membresía y asociaciones de autocul-tivadores y de los licenciatarios serán nombrados por el Poder Ejecutivo a pro-puesta de éstos.

La reglamentación de la presente ley y sus eventuales modificaciones podrán variar la integración de este Consejo, ampliando el número de miembros.

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El Consejo podrá ser convocado tanto a solicitud de la Junta Directiva como a solicitud de tres de sus miembros.

CAPÍTULO III

DE LOS COMETIDOS Y ATRIBUCIONES

Artículo 27.- Son cometidos del Institu-to de Regulación y Control del Cannabis:

A) El control y fiscalización de la plan-tación, cultivo, cosecha, produc-ción, acopio, distribución y expedi-ción de cannabis, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en la legislación vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos y entes públicos.

B) Asesorar al Poder Ejecutivo:

1) En la formulación y aplicación de las políticas públicas dirigidas a regular y controlar la distribu-ción, comercialización, expen-dio, ofrecimiento y consumo de cannabis.

2) En el desarrollo de estrategias dirigidas al retraso de la edad de inicio del consumo, al aumento de la percepción del riesgo del con-sumo abusivo y a la disminución de los consumos problemáticos.

3) En la coordinación de los ofreci-mientos de cooperación técnica realizados al país en esta materia.

4) En el aporte de evidencia cientí-fica, mediante la investigación y evaluación de la estrategia para la orientación de las políticas pú-blicas de cannabis.

Artículo 28.- Son atribuciones del Ins-tituto de Regulación y Control del Can-nabis:

A) Otorgar las licencias para producir, elaborar, acopiar, distribuir y ex-pender cannabis psicoactivo, así como sus prórrogas, modificacio-nes, suspensiones y supresiones, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

B) Crear un registro de usuarios, pro-tegiendo su identidad, mantenien-do el anonimato y privacidad con-forme con las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación res-pectiva. La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.


C) Registrar las declaraciones de autocultivo de cannabis psi-coactivo, conforme con las dis-posiciones legales vigentes, la presente ley y la reglamentación respectiva.

D) Autorizar los clubes de membresía cannábicos conforme con las dis-posiciones legales vigentes y la re-glamentación respectiva.

E) Dirigirse directamente a los orga-nismos públicos para recabar y re-cibir la información necesaria para el cumplimiento de los cometidos asignados.

F) Celebrar convenios con institucio-nes públicas o privadas a efectos del cumplimiento de sus cometi-dos, en especial con aquellas que ya tienen asignada competencia en la materia.

G) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes a su cargo.

H) Dictar los actos administrativos ne-cesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

I) Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en esta ley y su reglamentación.

J) Ejecutar las sanciones que impon-ga, a cuyos efectos los testimo-nios de sus resoluciones firmes constituirán título ejecutivo. Son resoluciones firmes las consenti-das expresa o tácitamente por el sancionado y las que denieguen el recurso de reposición previsto en la presente ley.

Artículo 29.- La Junta Directiva, en su carácter de órgano máximo de admi-nistración del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), tendrá las siguientes atribuciones:

A) Proyectar el Reglamento General del IRCCA y someterlo a la apro-bación del Ministerio de Salud Pú-blica.

B) Aprobar el estatuto de sus emplea-dos dentro de los seis meses de su instalación. El mismo se regirá, en lo previsto, por las reglas del dere-cho privado.

C) Designar, trasladar y destituir al personal.

D) Fijar el costo de las licencias, al am-paro de lo dispuesto en el artículo anterior de la presente ley.

E) Aprobar su presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conoci-

Ley Nº 19.172 - 33

miento, conjuntamente con el plan de actividades.

F) Aprobar los planes, programas y los proyectos especiales.

G) Elevar la memoria y el balance anual del IRCCA.

H) Administrar los recursos y bienes del IRCCA.

I) Adquirir, gravar y enajenar toda cla-se de bienes. Cuando se trate de bienes inmuebles deberá resolver-se por mayoría especial de por lo menos tres miembros.

J) Delegar las atribuciones que esti-me pertinentes mediante resolu-ción fundada y por mayoría de sus miembros.

K) En general, realizar todos los ac-tos civiles y comerciales, dictar los actos de administración in-terna y realizar las operaciones materiales inherentes a sus po-deres generales de administra-ción, con arreglo a los cometi-dos y especialización del IRCCA.

Artículo 30.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

A) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en la materia de compe-tencia del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

B) Ejecutar los planes, programas y resoluciones aprobados por la Jun-ta Directiva.

C) Realizar todas las tareas inherentes a la administración del personal y a la organización interna del IRCCA.

D) Toda otra que la Junta Directiva le encomiende o delegue.

Artículo 31.- El Consejo Nacional Hono-rario, en su carácter de órgano de con-sulta del Instituto de Regulación y Con-trol del Cannabis (IRCCA), actuará:

A) Asesorando en la elaboración del Reglamento General del IRCCA.

B) Asesorando en la elaboración de los planes y programas en forma previa a su aprobación.

C) Asesorando en todo aquello que la Junta Directiva le solicite.

D) Opinando en toda otra cuestión rela-cionada con los cometidos del IRC-CA, cuando lo estime conveniente.


CAPÍTULO IV

DE LOS RECURSOS, LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

Artículo 32.- Constituirán los recursos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA):

A) La recaudación por concepto de li-cencias y permisos, al amparo de lo dispuesto en la presente ley.

B) Un aporte anual del Estado con cargo a Rentas Generales en el monto que determine el presu-puesto quinquenal. El Poder Ejecu-tivo podrá modificar esta magnitud considerando la evolución de los ingresos del IRCCA.

C) Las herencias, legados y donacio-nes que acepte el IRCCA.

D) Los valores o bienes que se le asig-nen al IRCCA a cualquier título.

E) El producido de las multas y san-ciones que aplique.

F) Todo otro recurso que perciba por aplicación de la legislación vigente.

Artículo 33.- El contralor administrativo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis será ejercido por el Poder Eje-

cutivo por intermedio del Ministerio de Salud Pública.

Dicho contralor se ejercerá tanto por ra-zones de juridicidad, como de oportuni-dad o conveniencia.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá formular las observaciones que crea pertinente, así como proponer la sus-pensión de los actos observados y los correctivos o remociones que considere del caso.

Artículo 34.- La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto de Regu-lación y Control del Cannabis, debien-do remitirse a la misma la rendición de cuentas y balance de ejecución presu-puestal dentro de los noventa días del cierre de cada ejercicio.

La reglamentación de la presente ley de-terminará la forma y fecha de los balan-ces, cierre de los mismos y su publicidad.

Artículo 35.- Contra las resoluciones de la Junta Directiva procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los veinte días hábiles con-tados a partir del siguiente a la notifi-cación del acto al interesado. Una vez interpuesto el recurso, la Junta Directiva dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto.

Ley Nº 19.172 - 35

Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tri-bunal de Apelaciones en lo Civil de Turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda debe-rá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expre-sa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, perso-nal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado. El Tribunal fallará en última instancia.

Artículo 36.- Cuando la resolución ema-nare del Director Ejecutivo, conjunta o subsidiariamente con el recurso de re-posición, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante la Junta Directiva.

Este recurso de reposición deberá in-terponerse y resolverse en los plazos previstos en el artículo anterior, el que también regirá en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.

Artículo 37.- El Instituto de Regulación y Control del Cannabis está exonerado de todo tipo de tributos, excepto las contri-buciones de seguridad social. En lo no

previsto especialmente por la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 38.- Los bienes del Instituto de Regulación y Control del Cannabis son inembargables.

CAPÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 39.- La Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis será el órgano encargado de aplicar las sanciones por infracciones a las normas vigentes en materia de licencias, sin perjuicio de las respon-sabilidades penales que pudieren co-rresponder. El procedimiento aplicable en estos casos será materia de la regla-mentación.

Artículo 40.- Las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, aten-diendo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del infractor, serán sancionadas con:

A) Apercibimiento.

B) Multa desde 20 UR (veinte unida-des reajustables) hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).


C) Decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción.

D) Destrucción de la mercadería cuan-do corresponda.

E) Suspensión del infractor en el re-gistro correspondiente.

F) Inhabilitación temporal o perma-nente.

G) Clausura parcial o total, temporal o permanente, de los establecimien-tos y locales de los licenciatarios, sean propios o de terceros.

Las sanciones precedentemente es-tablecidas podrán aplicarse en forma acumulativa y atendiendo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del responsable.

Artículo 41.- Sin perjuicio del ejercicio de las potestades sancionatorias prece-dentes, habiendo tomado conocimiento la Junta Directiva o su Director Ejecuti-vo, en el ejercicio de las facultades de control y fiscalización cometidas al Ins-tituto de Regulación y Control del Can-nabis, de la existencia de actividades de carácter delictivo, efectuarán la denun-cia respectiva ante la autoridad judicial competente.

TÍTULO V

DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY

Artículo 42.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, una Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo de la presente ley que tendrá carácter técnico y estará conformada por per-sonal especializado en la evaluación y monitoreo de políticas. Tendrá carácter independiente y emitirá informes anuales los que, sin tener carácter vinculante, de-berán ser tenidos en consideración por los organismos y entidades encargados de la ejecución de esta ley. Dicho informe será remitido a la Asamblea General.

TÍTULO VI

DE LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY

Artículo 43.- El Poder Ejecutivo regla-mentará las disposiciones de la presen-te ley en un plazo de ciento veinte días desde su promulgación.

Artículo 44.- Deróganse todas las dis-posiciones que se opongan a lo estable-cido en esta ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Sena-dores, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2013.

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DANILO ASTORI, Presidente. Hugo Rodríguez Filippini, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 20 de diciembre de 2013.Cúmplase, acúsese recibo, comuníque-se, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establece el control y la regu-lación por parte del Estado de la impor-

tación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, al-macenamiento, comercialización, distri-bución y consumo de la marihuana y sus derivados.

JOSÉ MUJICA. EDUARDO BONOMI.

LUIS ALMAGRO. RICARDO EHRLICH. ENRIQUE PINTADO.

ROBERTO KREIMERMAN. EDUARDO BRENTA.

SUSANA MUÑIZ. TABARÉ AGUERRE.

LILIAM KECHICHIAN. FRANCISCO BELTRAME.

DANIEL OLESKER.

Statement - 39

Statement

HOME OFFICEMINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSMINISTRY OF ECONOMYMINISTRY OF DEFENSEMINISTRY OF EDUCATION AND CULTUREMINISTRY OF TRANSPORTATION AND PUBLIC WORKSMINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND MININGMINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITYMINISTRY OF PUBLIC HEALTHMINISTRY OF LIVESTOCK, AGRICULTURE AND FISHERIESMINISTRY OF TOURISM AND SPORTSMINISTRY OF HOUSING, TERRITORIAL ZONING AND ENVIRONMENTMINISTRY OF SOCIAL WELFARE

Montevideo, 8th August 2012

Dear President of the General Assembly,

The Executive, acting in a Cabinet mee-ting, is honored to put before this body this Bill aiming at setting forth the regu-latory provisions to control and regula-te the cannabis market, to the effect of helping reduce the risks and potential dangers that those using marijuana for recreational or medicinal purposes face, when forced to obtain their supply from the illegal market and therefore find themselves denigrated, involved in cri-minal activities and high risk practices, also exposing themselves to contact with more toxicologically dangerous drugs, such as cocaine base paste (CBP), among others.

1.- Drug use and its regulations throughout history.

There is proof dating back thousands of years, of humankind's growing and using several types of drugs. When Europeans reached out continent, they found drugs, such as tobacco, among others, that were regularly used by the locals since time immemorial.

And also since time immemorial have human societies tried to control and re-gulate its use.

For milennia, different societies have de-vised ways to control and regulate drug use through culture and informal me-


chanisms of social control, with religions playing a key role in that control.

On the other hand, global control through punitive policy and criminal law is rela-tively new, its origins dating back to the 1920s with the basic foundations of what 40 years later would become the Single Convention on Narcotic Drugs (1961).

This Convention and the policies deri-ved thereof were, like everything else, a product of human culture, a result of that particular time, with its potentials and weaknesses and should thus be subject to critical revision, modification and im-provements in the present time.

For decades, it would have been unthinkable to question the Convention within the framework of International bodies, let alone consider amending or improving it. However, in different na-tional States and regions, in particular Latin America, different steps have been taken over the past two decades in order to make the approaches to drug policies more flexible based on this legal instru-ment which leaves little to no room for other approaches and has proven to be ineffective, inefficient and counterpro-ductive for the goals it wishes to achieve.

2.- The Failed War on Drugs

A year ago, in 2011, the Global Commis-sion on Drug Policy (www.globalcomis-

siondrugs.org) presented a very impor-tant report which read, in its introduction:

“The global war on drugs has failed. When the United Nations Single Conven-tion on Narcotic Drugs came into being 50 years ago, and when President Nixon launched the US government’s war on drugs 40 years ago, policymakers belie-ved that harsh law enforcement action against those involved in drug produc-tion, distribution and use would lead to an ever-diminishing market in controlled drugs such as heroin, cocaine and can-nabis, and the eventual achievement of a ‘drug free world’.

In practice, the global scale of illegal drug markets – largely controlled by or-ganized crime – has grown dramatically over this period. While accurate estima-tes of global consumption across the en-tire 50-year period are not available, an analysis of the last 10 years alone shows a large and growing market.”

UN estimates reveal that the annual use of opiates between 1998 and 2008 had a 34,5% growth (from 12,9 to 17,35 million users), 27% for cocaine use (from 13,4 to 17 millions) and 8,5% for cannabis (from 147,4 to 160 million users).

In spite of the growing evidence that cu-rrent policies are nowhere near achieving their goals, the majority of national and international political agencies have tried

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to avoid examination and debate about possible alternatives. This lack of leader-ship when it comes to drug policy has motivated the creation of our Committee and guides us in our vision that this is the right time for a thorough, sensible and large-scale revision of the strategies used to respond to the drug phenome-non. The starting point for this revision is the acknowledgment that the global pro-blem of drugs poses a series of intertwi-ned sanitary and social challenges to be managed rather than a war to be won.

Committee members have agreed to four fundamental principles that should guide strategies and policies on drug use, lo-cally and internationally and have made eleven suggestions for specific actions." (The members of the Global Committee for Drug Policy are: Former Presidents and Prime Ministers: Fernando Henrique Cardoso (Brazil), César Gaviria (Colom-bia), Ernesto Zedillo (Mexico), Ruth Drei-fuss (Switzerland), George Papandreou (Greece). Former international officials: Kofi Annan, former UN Secretary Ge-neral (Ghana), Javier Solana, former EU High Representative for Common Fore-ign and Security Policy (Spain), Louise Arbour, former UN High Commissioner for Human Rights (Canada). Asma Jaha-gandir former UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Court Seizures (Pakistan), Michel Kazatchkine Executive Director for the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

(France). lntellectuals: Mario Vargas Llo-sa (Peru), Carlos Fuentes (Mexico). Fo-reign Government Officials: Paul Volcker, former President of the Federal Reserve (USA), George Shultz, former Secretary of State (USA), Marion Caspers-Merk, former Secretary of State at Federal Ministry of Health (Germany), Thorfvald Stoltenberg, former Minister of Fore-ign Affairs and UN High Commissioner for Refugees (Norway). Entrepeneurs: John Whitehead, banker, President of the World Trade Center Memorial (USA), Maria Cattaui, member of the Board of Petroplus Holdings, former Secretary General of the International Chamber of Commerce (Switzerland), Richard Bran-son, Virgin Group and co-founder of The Elders (United Kingdom)).

It should be clear that Uruguay has set an international example in its struggle against legal and illicit drug use. In the case of tobacco, the previous admi-nistration defined a clear policy which was well received with the population and has been followed up the current administration. As a consequence, our country is presently involved in multimi-llionaire lawsuits from powerful tobacco company Phillip Morris. However, we are not to change our positions on the issue. It is worth noting that we shall not aban-don our commitment to fighting drugs over these foregone consequences. The Executive Power shall continue to work by all possible means, to reduce and if


possible, eradicate drug use, whether it be legal or illicit as we have so far as well as taking a stand against all health dele-terious practices.

In this context, we begin by confirming and asserting that, unfortunately, we are witnesses to the unarguable failure of an international strategy (that we have ac-companied at a local and regional level) designed not long ago and exclusively towards drugs considered illicit, which are not all drugs and which are also not the ones more widely produced. The unquestionable failure of this “War” on drugs is manifest in the following key aspects:

One: In spite of said war, and after half a century of its harsh application, drug use has grown and expanded, as have its dreadful consequences. It has grown in places where use was not new but it has also reached new places where it did not exist before.

On the other hand, drug seizures achie-ved by such large scale operations and at such high cost pale in comparison with the large scope of the diverse drug markets. We are not, however, in this position due to the inefficiency of the repressive procedures devoted to those endeavors but to the difficult reality that we shall outline later.

Two: Humankind has wasted colossal amounts of money and countless re-sources including human and scientific, in the wrong waging or a wrongful war. What is more, it has been poor countries which have been wasting resources they did not even have, neglecting basic ne-eds of their peoples and even the actual combating of crime.

But besides the above, we have paid for this mistake with extremely harsh social consequences. Among them is prison overpopulation, nothing but a mass, large scale involuntary treatment, an overburdened judicial system, as well as the double standards and the perver-sion that will be inevitably linked to any illicit commercial activity. The consumer is unavoidably denigrated and subjected to such activity should he wish to access what he wants; this, the double standard and the anomia, does not, and will not come without a price for any society as it will also open the gates for other ca-lamities.

Three: By focusing on Offer all action on Demand has been abandoned. Very few resources, in fact, virtually none, have been allocated to fighting use by means of actions related to prevention, informa-tion and persuasion, damage recovery and overall attention of users, adverti-sing campaigns and research.

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The comparison between what has spent and is currently spent in repres-sion with what should be devoted to the aforementioned areas is one of the most evident manifestations of this failure.

And fourth, the worst consequence of all: it has given rise, as forewarned by the most basic economy manuals, to the build up of a significant “poten-tial market”, the monopoly in law and in fact for criminal activities. A market forced to pay astronomical prices for drugs, leaving tax-free profit and accu-mulation generated by said prices, in the hands of ever powerful mafias. We are also clearly facing subsidized, unfair competition by legally fronted money laundering operations, against law abi-ding businesses.

Each link in this long “chain of produc-tion” “enjoys” such benefits that, when accumulated, make it absolutely impos-sible and unrealistic to attempt to defeat traffickers with the always scarce resou-rces that States have. Some consider that this “business” is one of the largest in the world, second only to oil. In any case, all calculations indicate it as one of the largest.

The colossal money supply of an activity such as traffic, which end users pay in cash can only have devastating financial consequences.

The close connection between drug tra-ffic and the illegal sale of weapons, gold and diamonds, crucial for the laundering of such large sums of money have been well documented and date back to the Opium Wars and ever before that. Such concentration of power easily finds its way to corruption at any social level and activity. This has been proved, is well known and it is still haunting us. The press covers it all over the globe: politi-cians, judges, attorneys, military and po-lice...even the designation of Presidents in political campaigns.

At different places and times, the State is virtually replaced or rendered irrele-vant; societies lacking stability and at the mercy of criminal gangs and demo-cracy shattered. This is not mere threats, but observable facts. The cost of any attempt to avoid or prevent this once it reaches a certain degree, is bloodshed and suffering.

To sum up: the “cure” has proven to be much worse than the “disease”.

3.- Uruguay's Policies on Drugs in the second decade of the XXIst Century

Uruguay has built, in accordance with The National Drug Control Board (“Junta Nacional de Drogas” - JND in Spanish) a strategy for the 2011 – 2015 term, as well as its programmatic Basis which among other considerations includes:


• The framework that drug use is a com-plex social problem, with multiple di-mensions and causes, deeply rooted in political and cultural factors in so-ciety and the community. It requires the active presence of the State as to its fundamental obligations, as well as the active and leading participation of society showing strong commitment to all areas of administration and also the incorporation of non-profit organi-zations and the private sector.

• Accepting responsibility in the develo-pment of public policies on drugs and the protection of individual as well as collective rights and liberties. Natio-nal strategy is defined from a point of view incorporating the complexities of the issue of Drug use in the continuity and complementation of actions from different areas, following the principles of shared responsibility and joint ma-nagement of risks between the State and society. Among its objectives is the creation of public policies that pro-mote and guarantee, from the institu-tional mechanisms to control the Sta-te to those stemming from organized community or being implemented by the active participation of society.

Considering Drug Policy as a conti-nuum, embracing the promotion of healthy habits and values, prevention, damage reduction, treatment, rehabili-

tation and social reinsertion, as well as control of drug supply and prevention and repression of asset laundering.

• Acknowledging that the social com-plexity of the rise of drug use and illicit traffic requires incorporation in Social Welfare Policies. The social inclusion and integration approach is part of a comprehensive strategy to attain the aim of generating sustainable human development that may be fair and equitable, just as it endeavors to re-duce the vulnerability and damage of social suffering by means of local policies providing help and promo-ting social resources for employment, educational, recreational and cultural reinsertion.

• Holding local actions by means of de-centralization and localization of Drug Policy as cornerstones of policy ma-king, in a joint effort with municipal authorities and persons active in com-munities, involving prevention in work environments through permanent and concerted action by employers and workers in both the public and priva-te sphere, a socio-sanitary approach within Primary Health Care, and sys-tematization and institutionalization in the Educational System incorporating information and prevention on the subject of drugs with a view to educa-ting and promoting life skills.

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• Decentralization is a process inherent to shared management of policies on the drug problem. It means a leading role for municipal authorities, mayors, Provincial Drug Boards and non-profit organizations. It originates in an essen-tial concept intending to make use of the knowledge and capacity of an or-ganized community, of its neighbor as-sociations, social and non-government organizations, together with local action by national and municipal agencies.

• A socio-sanitary approach shall be encouraged, from the standpoint of public health in its widest sense, to in-clude the right to health and to health education, the prevention, early detec-tion, care and treatment of illness and damage reduction by means of diffe-rent procedures. This public health approach is one of the pillars of the Strategy with a view to social solida-rity and a bio-psychosocial concept calling for promotion, prevention and community work with participation off all local actors.

• The driving initiative of the State to-gether with a social network of pro-motion and prevention measures, health assistance and care, accessible treatment and social reinsertion shall coordinate all action inherent to the problematic consumption of legal and illicit drugs with a participative and in-clusive intent.

• A preventive educational approach should be incorporated in formal and non-formal educational systems, stressing that teachers, parents, stu-dents and community agents should incorporate a critical and creative, ra-tional and emotional way of thinking in order to develop skills and values useful in life.

• A world of uncertainty where challen-ges related to the risks of the problem use of drugs are constantly encounte-red requires strengthening protection factors. Educational proposals shall be capable of positive discrimination in practice according to age and diffe-rent problems related to the psycho-social development of students.

• The University of the Republic has an all-important role in this approach to the drug problem, incorporating the matter in the respective curricula of di-fferent disciplines and in specialization and research programs, and in this context plans for extra mural studies are significant for their contribution to the community and for coordinated action towards locally shared mana-gement of social policies on drugs.

• Our National Strategy does not agree with prohibitionist approaches and “war on drugs” concepts widespread on an international level with the con-sequence of causing greater harm, ge-


nerating more violence and corruption, and failing in the attainment of aims sought. This prohibitionist model, with a disproportionate shift of political, cultural and budgetary weight on to reducing supply, is being questioned for ineffectiveness and inefficiency.

The ruling criterion should be that punishment is to be proportionate to seriousness of offence related to drugs. An approach seeking to inte-grate the provisions of Conventions and current drug legislation with in-ternational instruments on Human Rights is to be advanced. It is with this intent, among others, that the le-gal framework in force and provisions of Conventions on the subject should be discussed.

• An approach supporting individual rights and civil liberties should be cou-pled with staunch advocacy of social solidarity and concern for sectors that suffer social and cultural exclusion.

An approach grounded on public health and citizens living together in peace and safety, is a challenge to social integration and means recogni-tion of the rights of others. Promoting social welfare for the most vulnerable sectors of society implies fostering capacity for autonomy, freedom and citizen support for solidarity and self-managed care for all.

• For effective control of illicit traffic and asset laundering the essential require-ments are transparency and efficiency in control agencies with the support of a forthright and precise political man-date. The fight against money laun-dering and the decision to act on all le-vels of society and against all sectors and individuals involved, no matter who they may be, is one of the main ethical and political pillars of action. The battle against organized crime is a collective task for multiple actors and agencies collaborating to attain said end, in cooperation with the Perma-nent National Plan of Integrated Ope-rations against Drug Traffic and Money Laundering.

• Uruguay adheres to the principle of shared mutual responsibility equita-bly fulfilled, in the sense of equitable compliance with commitments and suitable response to challenges within the sphere of international coopera-tion, bearing in mind the diverse and complex aspects of a transnational phenomenon with due respect for the national and cultural sovereign nature of all nations.

The model arbitrarily dividing cou-ntries into producers, transit and consumers, is obsolete and has only been functional within a discrimina-tory scheme which has proved to be deleterious and inefficient. Recog-

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nition of different situations within multilateral assessments implies sharing a challenge with multiple dimensions. Control, assessment and research in connection with di-fferent expressions of the rising drug problem mean sharing burdens and allocating costs.

Stressing recognition of regional occurrences of the problem use of drugs and of differentiated circuits of local traffic that have great social impact (as in the case of smokeable cocaines) also means assessing co-llateral effects of generally operating control policies which have focused attention on other aspects.

Policies calling for eradication of cultivation and for alternate deve-lopment in our region should take into account the integral character of economic and social develop-ment in these countries, not admit-ting unequal burdens with regard to responsibilities and the human cost involved.

Concerted action should be faced with firm determination in observan-ce of international law and respecting civil liberties inherent to individual and collective Human Rights, including considerations regarding gender, eth-nic minorities and preservation of the environment and biodiversity.

• Uruguay has defended the need to hold, in regional, continental and world forums and organizations, an open Political Debate to discuss the hege-monic paradigm with regard to Drug Policies.

Such debate should question diffe-rent modes of control and inspection and the principles that sustain such models, based on procedures stipula-ted in international legal instruments, the 1961 Single Convention on Nar-cotic Drugs and the 1988 United Na-tions Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

• The current debate is shifting towards questioning the principles behind the strategies for control and regulation of drugs at a regional and global level. This prohibitionist model, with a dis-proportionate shift of political, cultural and budgetary weight on to reducing supply, is being questioned for ineffec-tiveness and inefficiency. This ap-proach has resulted in more harm, not only in terms of its collateral effects but also due to the fact that it is un-questionably non-compliant with the principles embodied in Human Rights instruments enshrined by the interna-tional community.

The different modes of control and ins-pection as well as the principles that


sustain such models, should be put under scrutiny, in open and thorough democratic discussion, without for-bidding denunciation or prejudice of any kind. Moreover, such a debate is needed for countries to generate the checks and balances necessary for a rising problem with dangerous inci-dence from a geopolitical viewpoint. The forms and methods of organized crime, asset laundering schemes and cash flows, as well as the strategic position of countries with military prowess enforcing the dominant war-like approach, give rise to novel su-bordination situations and represent a greater menace to our vulnerable populations.

In that regard, this Strategy passed by the NDCB on 29th April 2011 sets out the following as fundamental princi-ples to guide all actions:

Human Rights. Integration of Human Rights principles and instruments in drug policy. Respect of rights and civil liberties to their full extent.

Equitable status. Commitment to achievement of human dignity and equitable status, incorporating equita-ble socio-economic status, and equi-table status with respect to gender, generations, territories.

Democracy. The need for an open discussion integrating all views as a democratic way of strengthening stra-tegy on drugs.

Cooperation, mutual responsibility equitably shared. Defense of multilate-ral agreements as a birthright of our he-misphere celebrating unity in diversity.

Comprehensiveness, balance and transverse views and application of procedures. A complex inter-insti-tutional approach, cooperation with non-profit organizations, and a broad range of vision and modes of action.

Participation. Shared management of risk, joint policy-making with com-munities and the presence of the Sta-te, shared social responsibility.

Scientific Evidence and Best Prac-tices. Drug Policies based on infor-mation and knowledge of scientific facts, adopting duly assessed best practices.

4.- Background.

In the 70s, the Netherlands launched a pioneering experience, based on a prag-matic approach to make a distinction between the markets of what were then known as “hard drugs” (heroine, LSD,

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cocaine, etc) and “soft drugs” (marijua-na, hashish). The main features of the Dutch System were set out by the Baan Commission and are based on a down to earth, pragmatic approach to drug policy-making, founded on the need to reduce risks and potential harm to mari-juana users who, by having to obtain their supply in the illicit market, were frequently engaged in practices involving greater medical, psycho-social and legal dan-gers, as well as exposed to other drugs.

Thanks to this down to earth, pragma-tic approach, the Dutch government set clear priorities when it comes to drug policy, based on the differential risks that the different substances pose for indivi-duals and the community. The preserva-tion of life, social cohesion among citi-zens, promotion of individual and public health and respect for Human Rights are the cornerstones of the strategy that the Netherlands has adopted and has been applying for over thirty years now.

Moreover, it is worth noting that several states and territories in Australia (Austra-lian Capital Territory, South Australia and Northern Territory) have decriminalized the possession of cannabis for personal use, as well as cultivation for own use, implementing a punitive system of civil sanctions instead of criminal offences.

Along these same lines, cannabis social clubs have been established in several

Spanish provinces in the past few years. They take into account different mo-dels for regulation, in terms of produc-tion, distribution and use of marijuana. In these organizations, apart from the controlled production and distribution of marijuana, medical and legal assistance to members is provided, and informative and educational events are carried out in order to improve risk management for users.

Furthermore, from 1998 to date, seven-teen U.S. States have been developing various systems for the regulation of pro-duction, marketing and use of medicinal marijuana under medical prescription.

At a national level, is it essential to note and appreciate the work carried out by the House of Representative's Commission on Addiction , which, after an exhaustive, rigorous and inclusive study of all the di-fferent approaches, concluded with a se-ries of recommendations regarding public policy on drugs -and specifically on mari-juana – clearly stressing the urgent need to ensure proper access to marijuana in order to reduce toxicological, psychologi-cal, social and legal risks derived from the illegality of the substance.

Prohibitionist policies have not only pro-ved inefficient at individual and social risk reduction in the use of the different psychoactive substances, but have also caused exponentially greater health, so-


cial, legal and economic damage, giving rise to multimillion illicit operations and systemic violence at levels previously unheard of.

Uruguay has not been oblivious to the consequences of the implementation of international and national policies based on a prohibitionist paradigm, which, far from discouraging consumption and im-proving access to health care, have gene-rated a growing rise in traffic and violence, as well as market growth, accompanied by an increasing precocity in terms of the age at which drug use begins.

There are recent indicators that criminal ac-tivities such as revenge and contract killings are beginning to take place in the country, increasingly affecting the most marginalized and underprivileged social sectors.

In our country, marijuana has long been the most consumed illicit substance, with significant legitimacy within Uru-guayan society. This substance, which has a mild to moderate capacity to gene-rate physical and psychological depen-dence, is clearly different, in terms of its risks, from another group of drugs with a much higher toxicological and addictive potential.

Among those, we have CBP, alcohol, tobacco and psychotropic drugs. Whe-reas most of marijuana users in Uruguay are occasional consumers without major

health consequences from their use, it is important to note that they are frequently exposed to psychological, legal and so-cial risks stemming from the necessity to illegally obtain this drug.

It is mostly the unification of the illegal mar-kets what unnecessarily exposes users to the possible use of other more toxicolo-gically dangerous drugs, as well as to si-tuations of violence associated to criminal activities typical of illegal markets. These risks are to be minimized as an alternati-ve in order to promote care for users and maintain social cohesion among citizens.

To sum up, current local policies have proved inefficient in terms of reducing individual and social sanitary harm as-sociated to marijuana use, generating a significant criminalization and exclusion of users via the selective application of the Law, and keeping problem users away from real access to the network of specialized care.

5. Main Objectives of the Initiative

The present Bill becomes a useful ins-trument to provide solutions to the situa-tions outlined above and specifically for:

The separation of the marijuana market from the other drugs in order to signifi-cantly reduce the amount of individuals joining the markets of more toxicologica-lly dangerous substances, such as CBP or cocaine;

Statement - 51

The normalization and social inclusion of marijuana use, to avoid stigmatization of users or their criminal convictions, and instead create the conditions for working with said users and society at large, in programs and educational campaigns aiming at providing factual and reliable information on the matter, empowering them to make informed, responsible de-cisions and to anticipate and manage the risks of using this substance in an efficient manner;

Undertaking (funded by taxes levied on legal marketing of cannabis, among other aspects) the development and

diversification of the national system of assistance to problem users of drugs, so as to provide ready response in the diffe-rent situations of problem use of drugs that users may face;

Conducting a full-fledged attack on illi-cit drug trafficking, depriving a business that, according to primary estimates, amounts to 30 or 40 million dollars per year and which implies a potential sour-ce of corruption and social violence.

The Executive Power greets this Body with its utmost consideration.

José MujicaPresident of the Republic

Law Nº 19.172

URUGUAY - DECEMBER 2013

Law Nº 19.172 - 55

Law Number 19.172

MARIJUANA AND ITS DERIVATIVES

STATE CONTROL AND REGULATION OF ITS IMPORTATION, PRODUCTION, ACQUISITION, STORAGE, COMMER-

CIALIZATION AND DISTRIBUTION

The Senate and the Chamber of Repre-sentatives of the Eastern Republic of

Uruguay, meeting in General Assembly,

DECREE:

TITLE I

ON THE PURPOSES OF THE PRE-SENT LAW

Article 1 -. It is hereby declared that the activities designed to protect, promo-te and improve the public health of the population through a policy aimed at minimizing risks and reducing the harm derived from cannabis use are of public interest, and that such actions should promote the production of adequate information and education on, and pre-vention from, the harmful consequences and effects associated with tobacco use as well as the treatment, rehabilitation and social reintegration of problematic drug users.

Article 2.- Notwithstanding the provi-sions of Decree-Law N. 14.294, of Oc-tober 31, 1974, and its amending laws, the State shall undertake the control and regulation of the activities of importa-tion, exportation, planting, cultivation, harvesting, production, procurement in any capacity, storage, commercializa-tion and distribution of cannabis and its derivatives, or hemp when appropriate, through the institutions to which it shall grant a legal mandate under the provi-sions of this Law and the terms and con-ditions determined by its regulations.

TITLE II

GENERAL PRINCIPLES

GENERAL PROVISIONS

Article 3.- All persons have the right to the highest attainable standard of health, the enjoyment of public spaces in secu-re conditions and the best conditions for social coexistence, as well as to the pre-vention, treatment and rehabilitation of diseases in accordance with the provi-sions of various agreements, covenants, declarations, protocols and conventions ratified by law, in order to ensure the full exercise of their rights and freedoms en-shrined in the Constitution of the Repu-blic, subject to the limitations emerging from Article 10 thereof.


Article 4.- This law aims to protect the inhabitants of the country from the risks derived from the links with the illegal drug trade and trafficking by, through the intervention of the State, attacking the devastating sanitary, social and eco-nomic consequences of the problematic use of psychoactive substances, and re-ducing the incidence of drug trafficking and organized crime.

To this end, measures are foreseen to promote the control and regulation of psychoactive cannabis and its deri-vatives, as well as to seek to educate, raise awareness and warn society on the health risks of cannabis use, parti-cularly in relation with the development of addictions. The promotion of vital at-titudes, healthy habits and community welfare will be prioritized, taking into ac-count the guidelines of the World Health Organization with respect to the con-sumption of different types of psychoac-tive substances.

TITLE III

ON CANNABIS

CHAPTER I

ON THE CHANGES TO THE NARCO-TICS REGULATORY FRAMEWORK

Article 5.- Article 3 of Decree-Law N. 14.294, of October 31, 1974, as amen-

ded by Article 1 of Law N. 17.016, of October 22, 1998, is replaced by the fo-llowing:

"ARTICLE 3.- The planting, growing, harvesting and commercialization of any plant from which can be extrac-ted any drugs or substances that may cause a physical or psychological de-pendence are hereby prohibited, with the following exceptions:

A) When done exclusively for the pur-poses of scientific research or for the development of therapeutic products for medical use. Planta-tions or crops, in this case, must be previously authorized by the Mi-nistry of Public Health and will be under its direct control.

When it relates specifically to can-nabis, plantations or crops must be previously authorized by the Institu-te for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) and remain un-der its direct control, subject to the oversight functions that the legis-lation grants to the agencies in the area of their corresponding compe-tencies.

B) The planting, cultivation and har-vesting, as well as industrialization and sale of psychoactive cannabis for other purposes, provided it is done within the framework of exis-

Law Nº 19.172 - 57

ting legislation and with the pre-vious authorization of IRCCA, being under its direct control.

The term “psychoactive cannabis” refers to the flowering tops, with or without fruit, of the female can-nabis plant, except the seeds and leaves separated from the stem but including their oils, extracts, prepa-rations of potential pharmaceutical use, syrups and the like, whose natural tetrahydrocannabinol (THC) content be less than 1% (one per-cent) of its volume.

C) The planting, cultivation and har-vesting, as well as the industria-lization and commercialization of cannabis for non-psychoactive use (hemp). Such plantations or crops must be previously authorized by the Ministry of Livestock, Agricultu-re and Fisheries and remain under its direct control.

The term “cannabis for non-psychoactive use (hemp)” refers to plants or plant parts of the Canna-bis genera, their leaves and flowe-ring tops, which contain no more than 1% (one percent) of THC, including the derivatives of such plants and plant parts.

The seeds of non-psychoactive hemp varieties used may not exce-

ed 0.5% (zero point five percent) of THC.

D) The planting, cultivation, harves-ting, gathering for research purpo-ses, as well as its industrialization for pharmaceutical use, as long as it is done within the framework of the regulations in force, which must have the prior authorization of the IRCCA and shall fall under its direct control.

E) The planting, cultivation and domestic harvesting of cannabis plants of psychoactive effect in-tended for personal consumption or shared at home. Notwithstan-ding the foregoing, it is unders-tood that personal or shared household consumption shall not exceed the domestic plan-ting, growing and harvesting of a maximum of six cannabis plants of psychoactive effect and the product of the harvesting of the preceding plants for up to 480 grams per year.

F) The planting, cultivation and har-vesting of cannabis plants of psychoactive effect made by mem-bership clubs, which shall be con-trolled by the IRCCA. These clubs must be approved by the Executive in accordance with the regulations in force, and in the manner and


conditions established by the regu-lations issued in this regard.

Membership clubs must have a mi-nimum of fifteen and a maximum of forty-five members. They shall be allowed to plant up to ninety-ni-ne cannabis plants for psychoac-tive use and obtain as a result of the collection a maximum annual gathering proportional to the num-ber of members and in accordance with the amount that may be esta-blished for the non-medical use of psychoactive cannabis.

G) The IRCCA shall grant sale licen-ses of psychoactive cannabis to pharmacies (in accordance with Decree-Law N. 15.703, of January 11, 1985, and its amending laws) in accordance with the conditions set out in the legislation in force and the process and requirements established by the corresponding regulations.

The sale of psychoactive cannabis for personal consumption shall re-quire the enrolment in the corres-ponding register, as provided in Article 8 of this Law, in accordance with the legal provisions, while the sale for medical use shall require a prescription.

The sale of psychoactive cannabis for non-medical use may not exce-ed 40 grams per month per user.

Any unauthorized planting must be destroyed with the intervention of a competent judge. The Executive shall regulate the provisions of the preceding paragraphs, including access to seeds, which in case of plantations of psychoactive canna-bis for personal consumption under current legislation, shall be consi-dered in all cases as a lawful activi-ty. This regulation is without preju-dice to the controls established by the existing legislation for any plan-tation or cultivation that takes place within the national territory, in what might become applicable. Further, the regulations shall establish safe-ty standards and conditions of use of crop licenses for the purposes of the preceding paragraphs.

The marijuana obtained from the cultivation and harvesting of the plantation referred to in subpara-graphs B), D) and E) of this Article may not be pressed”.

Article 6.- Article 30 of Decree-Law No. 14.294, of October 31, 1974, as amended by Article 3 of Law N. 17.016, of October 22, 1998, is replaced by the following:

Law Nº 19.172 - 59

"ARTICLE 30.- Whoever should pro-duce in any way, without lawful autho-rity, any raw materials or substances, as appropriate, contained in the lists referred to in Article 1 and capable of causing mental or physical depen-dence, chemical precursors and other chemical products contained in Tables 1 and 2 of this law, as well as those determined by the Executive in accor-dance with the authority contained in Article 15 of this law, shall be punished with imprisonment of twenty months to ten years.

Whoever should produce marijuana by planting, growing and harvesting can-nabis plants of psychoactive effect in terms of the provisions of Article 3 of this law shall be exempt from liability. The purposes referred to in literal E) of Article 3 shall be assessed, where ap-propriate, by the competent Court and in accordance with the rules of sound criticism, if the quantities mentioned are exceeded".

Article 7.- Article 31 of Decree-Law N. 14.294, of October 31, 1974, as amen-ded by Article 3 of Law N. 17.016, of October 22, 1998, is replaced by the fo-llowing:

"ARTICLE 31.- Whoever, without lawful authority, should import, export, introduce in transit, distribute, trans-port, hold in their possession not for

personal consumption, have in depo-sit or in stock, possess, offer for sale or negotiate in any manner any of the raw materials, substances, chemical precursors and other chemicals men-tioned in the above article and in ac-cordance with the provisions of this article shall be punished with the same penalty under that provision.

Whoever should transport, hold in their possession, have in deposit or in stock or possess a quantity for perso-nal use, a fact to be determined by a judge in accordance with the rules of sound criticism, shall be exempt from liability.

Notwithstanding the foregoing, it shall be understood that a quantity for per-sonal consumption should not exceed 40 grams of marijuana. Likewise, it shall also be exempted from any lia-bility in relation to the provisions of the first paragraph of this Article whoever should have at home in their posses-sion, as a depositary or in stock or own the harvest of up to six cannabis plants of psychoactive effect obtained in accordance with the provisions of literal E) of Article 3 of this Law; the same shall apply in the case of the harvest belonging to the members of a club membership in accordance with the provisions of subparagraph F) of Article 3 of this Law and the relevant regulations".


Article 8.- In the case of cannabis, the Institute for the Regulation and Control of Cannabis shall keep separate regis-ters for the exceptions provided for in paragraphs A), B), C), D), E), F) and G) of Article 3 of Decree-Law N. 14.294, of October 31, 1974, as amended by Arti-cle 5 of the present law.

The Executive shall issue the regulations to rule the said registers.

All information regarding the identity of those who perform registration acts shall be considered sensitive with respect to the provisions in paragraphs E) and F) of Article 5 of this Law, in accordance with the provisions of Article 18 of Law N. 18.331, of August 11, 2008.

Crops should be registered in accordan-ce to the legislation in force in order to invoke the provisions of the present law. Once one hundred and eighty days have gone by after registration begins (which shall have no cost to users and shall be kept to ensure the traceability and control of crops), only records of future crops shall be accepted.

CHAPTER II

ON THE HEALTH AND EDUCATION OF THE POPULATION AND USERS

Article 9.- The Integrated National Health System shall dictate the relevant

policies and be in possession of the relevant devices for health promotion and the prevention of the problematic use of cannabis, as well as provide the appropriate instances for the provision of advice, counseling and treatment of problematic cannabis users who should require it.

In cities with more than ten thousand in-habitants, information, counseling, diag-nosis, referral, care, rehabilitation and treatment and insertion of problematic drug users shall be provided by means of units whose management, adminis-tration and operation will be conducted by the National Drug Board, who can subscribe agreements to that effect with the Administration of State Health Servi-ces and private health care institutions, local governments, municipalities and civil society organizations.

Article 10.- The National System of Edu-cation must have education policies for the promotion of health and the preven-tion of the problematic use of cannabis from the perspective of the development of life skills and within the framework of risk management and damage reduction policies related to the problematic use of psychoactive substances.

Such educational policies shall include be included in the curricula of primary, secondary and vocational education in order to inform about the potential da-

Law Nº 19.172 - 61

mage of drug consumption, including cannabis. The National Public Education Administration shall decide on the man-ner to implement this provision.

It will be mandatory to include the dis-cipline "Prevention of Problematic Drug Use" in program proposals and vocatio-nal curricula for secondary, primary, and teacher-training education and at the Te-chnological University.

Within the discipline, areas specifically intended for driver education and the in-cidence of consumption of psychoactive substances in traffic accidents are to be included as well.

Article 11.- All forms of advertising, di-rect or indirect, promotion, sponsorship or endorsement of psychoactive canna-bis products for any of the various me-dia – the written press, radio, television, movies, magazines, films in general, posters, billboards, brochures, banners, email, Internet technologies, and through any other appropriate means – is hereby prohibited.

Article 12.- The National Drug Board is required to make educational, publi-city and outreach and awareness cam-paigns for the general population re-garding the risks, effects and potential harms of drug use, for whose funding it may enter into agreements with state and private companies.

Article 13.- The protection measures es-tablished by Article 3 of Law N. 18,256, of March 6, 2008, with respect to public spaces shall apply to the consumption of psychoactive cannabis.

Article 14.- Children under 18 years of age and incompetent persons cannot access the psychoactive cannabis for recreational use. The violation of the provisions above shall entail the criminal liability provided for by Decree-Law N. 14.294, of October 31, 1974, as amen-ded by Law N. 17.016, of October 22, 1988, and by this law.

Article 15.- In accordance with the pro-visions of Article 46 of Law N. 18,191, of November 14, 2007, a driver with a concentration of tetrahydrocannabi-nol (THC) in the body that exceeds the amount allowed by the regulations dic-tated in that respect will be disqualified from driving vehicles in urban, suburban and rural areas of the country.

The National Drug Board shall provide training, advice and the necessary inputs to the officials specifically designated for such purposes at the Ministry of the Inte-rior, the Ministry of Transport and Public Works, the city councils and municipali-ties and the National Coastguard, in or-der to apply the control procedures and methods expressly established by the competent authorities for the purposes specified in the preceding paragraph, in


their jurisdictions and according to their respective competencies. These exa-minations and tests may be ratified by blood tests, or other clinical or paraclini-cal examinations, by any providers of the Integrated National Health System.

The driver who is found driving car con-travening the limits of THC that relates the first paragraph of this Article shall be liable to the penalties provided in the se-cond paragraph of Article 46 of Law N. 18,191, of November 14, 2007.

Article 16.- The State, the educational institutions referred to in Article 10, the institutions that provide the services of the Integrated National Health System and parastatal organizations and civil society with current legal status may request training, advice and eventually human and material resources from the National Drug Board for the purpose of performing preventive and educational procedures and controls similar to those defined in Article 15 of this law in order to mitigate risks.

The procedures and controls referred to in the previous paragraph shall only be applied in the cases of a risk to the phy-sical or psychological integrity of third parties, under the conditions determined by the appropriate regulations.

TITLE IV

ON THE INSTITUTE FOR THE REGU-LATION AND CONTROL OF CANNABIS

CHAPTER I

CREATION

Article 17.- The Institute for the Regula-tion and Control of Cannabis (IRCCA) is hereby created as a non-governmental, public law entity.

Article 18.- The Institute for the Regula-tion and Control of Cannabis shall have the following purposes:

A) To regulate all the activities related to the planting, growing, harves-ting, production, processing, stora-ge, distribution and sale of canna-bis, under the provisions of this Act and the legislation in force.

B) To promote and propose actions aimed at reducing the risks and harms associated with the proble-matic use of cannabis, according to the policies defined by the Natio-nal Drug Board and in coordination with national and local authorities.

C) To monitor compliance with the provisions of this law under its res-ponsibility.

Law Nº 19.172 - 63

Article 19.- The National Drug Board is in charge of setting the national policy on cannabis according to the targets set in the previous article. To that end, it shall have the advice of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA). The latter shall adjust its perfor-mance to the said national policy.

The IRCCA will link and coordinate po-licies with the Executive Power through the Ministry of Public Health.

CHAPTER II

ON THE ADMINISTRATION OF IRCCA

Article 20.- The bodies of the Institute for the Regulation and Control of Canna-bis (IRCCA) shall be:

A) The Board of Directors.

B) The Executive Management.

C) The Honorary National Council.

Article 22.- The Board of Directors is the main authority of the Institute for the Re-gulation and Control of Cannabis, and its members shall be persons of a recogni-zed moral and technical capacity. It shall be composed of:

- A representative from the National Drug Secretariat, who shall preside it.

- A representative from the Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries.

- A representative from the Ministry of Social Development.

- A representative from the Ministry of Public Health.

The appointment of the members of the Board of Directors shall include the ap-pointment of their corresponding alternates.

Article 22.- The term of office of the members of the Board shall be five years, and they may be reelected for one consecutive period.

Retiring members shall remain in office until the new members take office.

Article 23.- The Board shall determine its own calendar of meetings.

Decisions are taken by majority. In case of a tie, the Chairman shall have a cas-ting vote.

Article 24.- There shall be an Executive Director appointed by a majority of the members of the Board of Directors, with the approval of the President. Their re-muneration shall be fixed by the Board with the approval of the Executive Power and financed from the resources of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis.


The Executive Manager shall take part in the meetings of the Board of Directors without the right to vote.

Article 25.- The Executive Manager shall be engaged for renewable three-year periods. The majority vote of the Board, including the Chairman, shall be required for the dismissal or non-renewal of the contract of the Executive Manager.

Article 26.- The Honorary National Cou-ncil shall consist of one representative from each of the following state agen-cies: Ministry of Education and Culture, Ministry of the Interior, Ministry of Fi-nance, Ministry of Industry, Energy and Mining, a representative from the Uni-versity of the Republic, a representative from the Congress of Mayors, a repre-sentative from the membership clubs, a representative from the self-growers associations, a representative from the licensees. It will work in plenary with the members of the Board and the Executive Manager.

Representatives from membership clubs and self-growers associations and from licensees shall be appointed by the Exe-cutive on the basis of their proposal.

The regulation of this law and any amendments may vary the integration of this Council, expanding its membership.

The Council may be convened at the re-quest of both the Board of Directors and of three members.

CHAPTER III

ON ITS RESPONSIBILITIES AND POWERS

Article 27.- The responsibilities of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis are:

A) The control and supervision of the planting, cultivation, harvesting, production, storage, distribution and sale of cannabis in accordance with the provisions of this law and the applicable legislation, without prejudice to the powers conferred on other bodies and public entities.

B) To assess the Executive Power in the following areas:

1) The formulation and application of public policies aimed at regulating the distribution, commercializa-tion, sale, offer and consumption of cannabis.

2) The development of strategies aimed at delaying the age of first use, increasing awareness of the risk involved in excessive con-sumption and decreasing pro-blematic use.

Law Nº 19.172 - 65

3) The coordination of technical cooperation proposals received by the country in this matter.

4) The contribution of scientific evi-dence obtained through the re-search and assessment of the strategy in order to guide the choice of public policies related to cannabis.

Article 28.- The powers of the Institute for the Regulation and Control of Can-nabis are:

A) To grant the licenses necessary to produce, elaborate, stock, distribu-te, and sell psychoactive cannabis, as well as any renewals, changes, suspensions and deletions in ac-cordance with the provisions of this law and the relevant regulations.

B) To create a register of users, pro-tecting their identity and maintai-ning anonymity and privacy in ac-cordance with applicable laws and relevant regulations. All information regarding the identity of those who perform registration acts shall be considered sensitive in accordance with the provisions of Article 18 of Law N. 18.331, of August 11, 2008.

C) To record the declarations of self-growth of psychoactive cannabis in accordance with the legal provi-

sions in force, the present law and the corresponding regulations.

D) To authorize the creation of canna-bis membership clubs in accordan-ce with the legal provisions in force and the corresponding regulations.

E) To directly establish contact with the public bodies concerned in or-der to collect and receive the infor-mation needed to the fulfillment of its responsibilities.

F) To establish partnerships with pu-blic and private institutions for the purposes of fulfilling its tasks, es-pecially those which already have expertise in the subject assigned.

G) To monitor compliance with the provisions in force for which it has responsibility.

H) To issue the administrative acts re-quired to fulfill its responsibilities.

I) To establish and apply appropriate sanctions for the violations of regu-latory standards established in this law and its regulations.

J) To execute the sanctions imposed, for which purpose the testimony of its final decisions shall constitute an enforceable right. Final decisions are the ones expressly or tacitly


consented by those sanctioned and the ones that deny the appeal for reversal under this law.

Article 29.- The Board of Directors, as the highest administration organ of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA), shall have the fo-llowing powers:

A) To draft IRCCA’s General Rules and Regulations and to present them to the Ministry of Public Heath for approval.

B) To approve the statute of its emplo-yees within six months of installa-tion. The same will be governed, as provided, by the rules of private law.

C) To appoint, transfer and dismiss its personnel.

D) To fix the cost of licenses, accor-ding to the provisions contained in the previous article of this law.

E) To approve its budget and submit it to the Executive Power for informa-tion, together with its action plan.

F) To approve the plans, programmes and special projects.

G) To submit IRCCA’s annual report and balance.

H) To manage IRCCA’s resources and goods.

I) To acquire, encumber and dispose all types of goods. When related to real property, decisions shall be adopted by a special majority of at least three members.

J) To delegate the powers it deems pertinent through a well-founded resolution passed by a majority of its members.

K) In general, to perform all civil and commercial activities, díctate in-ternal administration decisions and carry out material transactions inherent to its general administra-tion powers, in accordance with IRCCA’s responsibilities and areas of expertise.

Article 30.- The Executive Manager shall have the following powers:

A) To comply with, and enforce, the current regulations in IRCCA’s areas of expertise.

B) To execute the plans, programmes and resolutions adopted by the Board of Directors.

C) To perform all tasks inherent to the administration of IRCCA’s person-nel and its internal organization.

Law Nº 19.172 - 67

D) All other responsibilities entrusted or delegated to it by the Board of Directors.

Article 31.- The Honorary National Cou-ncil, as IRCCA’s consultative body, shall:

A) Furnish advice in the drafting of the IRCCA’s General Rules and Regula-tions.

B) Furnish advice in the development of plans and programmes before their approval.

C) Furnish advice whenever requested to do so by the Board of Directors.

D) Provide an opinion on any matters related to IRCCA’s responsibilites whenever it deems it convenient.

CHAPTER IV

ON RESOURCES, MANAGEMENT AND OPERATION

Article 32.- The Institute for the Regu-lation and Control of Cannabis (IRCCA) shall have the following resources:

A) Income from permits and licenses, in accordance with the provisions of this law.

B) An annual contribution from the State financed from general reve-

nues in the amount determined by the five-year budget. The Executive Power may modify this amount ta-king into account the income ear-ned by IRCCA.

C) Inheritances, bequests and dona-tions accepted by IRCCA.

D) Assets or property earmarked for IRCCA in any capacity.

E) Proceeds from penalties or fines applied.

F) Any other resources received as a result of the enforcement of the le-gislation in force.

Article 33.- The Executive Power shall exercise the administrative control of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis through the Ministry of Pu-blic Health.

Such control shall be exercised for legal reasons, as well as opportunity and con-venience..

To that end, the Executive Power shall be entitled to formulate all observations it deems necessary, and to propose the sus-pension of unlawful acts and the correcti-ves and dismissals it deems appropriate.

Article 34.- The Nation’s Internal Audit Office shall exercise control over the fi-


nancial management of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis; it shall receive the accounts and budget balance within ninety days of the end of each fiscal year.

The form and date of balances, their clo-sure and publicity shall be determined by the regulation of this law.

Article 35.- An appeal for reversal may be presented against the decisions adopted by the Board of Directors within twenty working days from the day fo-llowing the notification of the act to the person concerned. Once the appeal has been filed, the Board of Directors shall have thirty working days to investigate and resolve the issue.

Should the appeal for reversal be rejec-ted, the appellant may file an application for annulment of the contested act only on legal grounds before the Court of Civil Appeals on duty on the date on which the act was dictated.

The filing of this application must be made within the twenty-day period fo-llowing the notification of the express decision of rejection or, failing that, the moment the constructive rejection is set.

The action for annulment may only be brought by the holder of a subjective right or a direct, personal and legitimate interest violated or infringed by the con-

tested measure. The Court’s ruling shall be final.

Article 36.- Should the decisión come from the Executive Manager, an admi-nistrative appeal may be filed before the Board of Directors jointly with the appeal for reversal or alternatively to it.

This administrative appeal must be filed and resolved within the deadlines pro-vided for in the previous article, which shall also govern the resolution on the administrative appeal and the subse-quent judicial review.

Article 37.- The Institute for the Regula-tion and Control of Cannabis is exempt from all types of taxation, excluding so-cial security contributions. In matters not specifically prescribed by this law, its operations regime shall be that of the private sector, especially in terms of ac-counting, the statute of personnel and contracts signed.

Article 38.- The assets of the Institute for the Regulation and Control of Cannabis are non-attachable.

CHAPTER V

ON INFRINGEMENTS AND PENALTIES

Article 39.- The Institute for the Regulation and Control of Cannabis’ Board of Direc-

Law Nº 19.172 - 69

tors shall be the organ in charge of applying the penalties resulting from infringements to the applicable legislation in matters re-lated to licenses, without prejudice to the criminal liability that may result from such infringements. The applicable procedure in these cases is to be regulated.

Article 40.- The offenses referred to in the preceding article, depending on the seriousness of the offense and the background of the offender, shall be punished with:

A) Caution.

B) Fines ranging from 20 UR (twenty index-linked units) to 2.000 UR (two thousand index-linked units).

C) Confiscation of goods or items used to commit the offense.

D) Destruction of goods when appli-cable.

E) Suspension of the offender in the appropriate register.

F) Temporary or permanent disqualifi-cation.

G) Partial or total, temporary or perma-nent closure of establishments and premises of licensees, whether their own or belonging to third parties.

The penalties provided above may be applied cumulatively, depending on the seriousness of the offense and the back-ground of the offender.

Article 41.- Notwithstanding the exer-cise of the sanctioning powers stated above, should the Board of Directors or its Executive Manager learn of the existence of criminal activities in the exercise of the control and oversight powers mandated to the IRCCA, they shall make the requisite report to the corresponding judicial authorities.

TITLE V

ON THE ASSESSMENT AND MONI-TORING OF THE ENFORCEMENT OF

THIS LAW

Article 42.- A technical Specialized As-sessment and Monitoring Unit is here-by created within the Ministry of Public Health. This Unit shall be composed of personnel specialized in policy evalua-tion and monitoring. It shall be an in-dependent unit and it will issue annual reports which, without being binding, should be taken into consideration by agencies and institutions responsible for the implementation of this law. This report will be submitted to the General Assembly.


TITLE VI

ON THE APPLICATION OF THIS LAW

Article 43.- The Executive Power shall regulate the provisions of this law within one hundred twenty days after its en-actment.

Article 44.- All provisions contrary to the provisions of this law are hereby revoked.

Senate Chamber, Montevideo, Decem-ber 10, 2013.

DANILO ASTORI, President. Hugo Rodríguez Filippini, Secretary.

MINISTRY OF THE INTERIOR MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCES MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE MINISTRY O TRANSPORT AND PUBLIC WORKS MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND MINING MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY MINISTRY OF PUBLIC HEALTH MINISTRY OF LIVESTOCK, AGRICULTURE AND FISHERIES MINISTRY OF TOURISM AND SPORT MINISTRY OF HOUSING, LAND PLANNING AND ENVIRONMENT MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT

Montevideo, December 20, 2013.

Law Nº 19.172 - 71

JOSÉ MUJICA. EDUARDO BONOMI.

LUIS ALMAGRO. RICARDO EHRLICH. ENRIQUE PINTADO.

ROBERTO KREIMERMAN. EDUARDO BRENTA.

SUSANA MUÑIZ. TABARÉ AGUERRE.

LILIAM KECHICHIAN. FRANCISCO BELTRAME.

DANIEL OLESKER.

This law establishes the State con-trol over the importation, exporta-tion, planting, cultivation, harvesting, production, acquisition, storage, commercialization, distribution and

consumption of cannabis and its de-rivatives. Let it be executed, ack-nowledged, communicated, published and included in the National Registrer of Laws.

ley law

Regulación y Control del Cannabis / Uruguay

Ley Nº 19.172 Law Nº 19.172

Ministerio de Relaciones Exteriores

República Orientaldel Uruguay

Junta Nacional de Drogas Edificio Torre Ejecutiva, Piso 10 | Plaza Independencia 710

CP 11000 - Montevideo, UruguayTeléfono: (598 2) 1503935 - Fax: (598 2) 1501219 - [email protected] - www.infodrogas.gub.uy

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