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Documentos CODHES No. 11

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO

CODHES

Bogotá, Mayo de 2008

Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios


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Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.

Caratula:Alejandro Rojas [email protected]

Diagramación e Impresión:Ediciones Ántropos Ltda. PBX: 433 7701 • Fax: 433 3590www.edicionesantropos.com

Impreso en Colombia

ISBN: 978-958-44-2481-6

Marco Romero SilvaPresidente Jorge Rojas RodríguezDirector Johanne AlvarezInvestigadora Regional Con la revisión de:Edwin Tapia

Consultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoCODHES

Carrera 6 Nº 34 – 62 of. 302PBX. (57) – 1 – 2325666www.codhes.org

Mayo de 2008

Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios

Este estudio fue elaborado por JOHANNE ALVARES PALACIOS, comunicadora social-periodista de la Universidad de Boyacá. Investigadora regional de CODHES.


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Presentación .............................................................................................. 7

I. Economías de la guerra: Corrupción, seguridad y derechos humanos ....................................... 13 Economía petrolera ............................................................................ 13 Economías ilícitas del narcotráfico ..................................................... 16 Contrabando y otros tráficos ilegales en la zona de frontera (contrabando de gasolina y tráfico de armas) ..................................... 18

II. Situación humanitaria y migración transfronteriza a Venezuela ........ 20

Violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ......................................................................................... 22 Asesinatos ........................................................................................... 22 Masacres ............................................................................................. 23

Secuestros ........................................................................................... 23 Violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH –....................................... 24 Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales ................................... 25 Detenciones arbitrarias Minas antipersonal –MAP– y municiones sin explotar –MUSE– ....... 26 Fosas comunes .................................................................................... 26 Actos de terrorismo ............................................................................. 27 Sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad ..................... 27 Mujeres: violencias ocultas ................................................................ 28

Maestros en la mira ............................................................................. 29 Los peligros de la misión médica y los trabajadores de la salud .......... 29

Indígenas: muerte, desplazamiento y confinamiento .......................... 30 Periodistas: la violencia del silencio ................................................... 30 Iglesias por la paz en medio de la intimidación .................................. 31 Migración transfronteriza: dinámica del refugio de colombianos hacia Venezuela ...................... 33 Dinámicas del refugio ......................................................................... 34 Impacto de la migración transfronteriza en las comunidades receptoras en Venezuela ...................................................................... 36


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Respuesta institucional a la migración transfronteriza ....................... 36 ¿Existe una crisis humanitaria en Arauca? ......................................... 38

III . Desplazamiento forzado en Arauca .................................................. 40 Arauca como territorio de expulsión .................................................. 41 Desplazamiento en Arauca según zonas de llegada ............................ 42

IV. Respuesta institucional al desplazamiento forzado por la violencia .... 47

Prevención del desplazamiento forzado por la violencia ................... 47 Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) ................................... 49 Limitaciones en materia de la toma de declaración para la inclusión en el RUPD.......................................................................................... 51 Estabilización y Consolidación Socioeconómica ............................... 52 Oferta en salud .................................................................................... 52 Oferta en educación ............................................................................ 52 Oferta en vivienda ............................................................................... 53 Oferta en generación de ingresos ........................................................ 54 Restablecimiento mediante procesos de retorno ................................ 54

V. Algunas conclusiones .......................................................................... 56


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Presentación

El departamento de Arauca es un territorio de frontera que ha aportado en la historia de la construcción política y económica de la nación, que tiene importantes recursos naturales y que cuenta con una sociedad diversa en su composición, con inmensas capacidades para resistir y crear en medio de la adversidad.

Por muchos años han confluido en su territorio conflictos y oportunidades, realidades y esperanzas, que hacen de esta región de Colombia un escenario sui géneris y multifacético que merece una atención especial en el análisis nacional.

La confrontación armada que desde los años 60 prevalece en Colombia tiene desde los años 70 una manifestación continua en Arauca. Allí surgió y creció una de las estructuras más importantes del Ejército de Liberación Nacional y allí se asentaron desde los años 80 algunos de los más activos frentes de las Farc. En Arauca tienen presencia los grupos paramilitares y, por supuesto, en esta región se concentra un creciente contingente de la Fuerza Pública, que tiene su correspondencia en la militarización del otro lado de la frontera. Tal vez no hay un departamento con tanta presencia de personas armadas con relación al número total de habitantes.

Es más, el conflicto armado que en otras regiones del país enfrenta a la Fuerza Pública con grupos guerrilleros, en Arauca se amplía a una confrontación entre las Farc y el Eln, cuya capacidad de destrucción social y pérdidas en vidas humanas apenas se advierte. Las reservas de petróleo y la importancia estratégica que su producción tiene para la economía nacional y global marcan una característica alrededor de la cual gira la realidad social y política de la región. Algún lugareño llegó a decir que “hubiera sido mejor no tener petróleo, porque parece una riqueza maldita”, refiriéndose a todo lo que ha significado este combustible para la violencia y la corrupción en la región.


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Además del petróleo, Arauca comparte frontera con Venezuela, con todo y lo que esta ubicación geografía implica en términos políticos, militares, sociales y culturales y, también, por la existencia de una economía ilícita que se expresa en contrabando de combustibles, armas, drogas y alimentos.

Todo lo que puede ser positivo para el progreso de la región se confunde con formas ilegales o ilícitas, lo que crea un ambiente que va desde el rechazo hasta la permisividad, según patrones culturales que se asientan en la región. Los cultivos de coca y el procesamiento de drogas ilícitas hacen parte de esta realidad local, así como la corrupción administrativa.

En Arauca se sienten las consecuencias sociales del empobrecimiento de la mayoría de la población en medio de la apropiación indebida de los re-cursos de la economía del petróleo como consecuencia de una corrupción enquistada en la clase política tradicional y en la administración pública.

También es Arauca epicentro de una crisis humanitaria y de derechos huma-nos que se deriva de tantos actores armados que han demostrado muy poco interés en respetar los derechos de la población civil, según las normas del derecho internacional humanitario a las que están obligados. El resultado es patético: ejecuciones extrajudiciales, masacres, asesinatos, desapariciones, secuestro, desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal y uso de armas de efectos indiscriminados, bombardeos y ataques aéreos con afectación de civiles y bienes protegidos, entre otras acciones que represen-tan graves, continuas y no superadas violaciones a los derechos humanos e infracciones a las normas humanitarias.

Hay algunos cambios positivos en la percepción y en la realidad de la segu-ridad en el Departamento que se manifiestan en reducción de ataques de las guerrillas y menos secuestros y más control por parte de la Fuerza Pública en las cabeceras municipales. No obstante, la realidad muestra índices de violencia y atropellos que persisten y se incrementan, especialmente en las zonas rurales más alejadas en las que se impone el control de grupos irre-gulares. Y no sólo en las zonas alejadas. Los centros urbanos son escenario de asesinatos y hostigamientos que indican la continuidad de la violencia. Las capturas masivas de personas inocentes por parte de la Fuerza Pública también son ejemplo de estas nuevas manifestaciones de la crisis.

La desconfianza se apoderó de la sociedad local gracias a la estrategia de los informantes que por dinero y no por convicción ciudadana, denuncian a reales o supuestos integrantes de los grupos ilegales.

Las respuestas institucionales, según la propia comunidad afectada, son dé-biles y precarias. Indican que la fortaleza del Estado es más del orden militar que social y de justicia. Hay muchos recursos para la defensa y la seguridad y muy poco para atender las consecuencias sociales y humanitarias de la


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guerra. La justicia opera con presiones y pocos resultados efectivos, lo que hace de la impunidad un caldo de cultivo para prolongar la violencia. Las personas desplazadas no encuentran una ruta para la realización efectiva de sus derechos.

Sin embargo, hay manifestaciones de articulación social y resistencia a la guerra por parte de algunas comunidades y sectores sociales, que indican la existencia de capacidades sociales de respuesta que, a su vez, requieren de acompañamiento y apoyo.

Producir petróleo y exportarlo a Estados Unidos a través de un oleoducto protegido en el marco del Plan Colombia, estar ubicado en zona de frontera con Venezuela, padecer por años un conflicto armado en el que intervienen grupos guerrilleros, Fuerza Pública y grupos paramilitares, contar con un importante flujo de regalías por la explotación del petróleo, tener uno de los mayores niveles de corrupción administrativa e ineficiencia de la gestión pública y registrar altos niveles de pobreza y marginalidad, son algunas de las circunstancias que podrían hacer parte de un mínimo horizonte de comprensión local de este Departamento.

En este documento intenta una aproximación a las economías que giran alrededor del conflicto, a las formas de migración y desplazamiento que se imponen en el marco de la confrontación armada y a las respuestas institu-cionales para hacer frente a la crisis humanitaria. La Federación Luterana Mundial contribuyó a esta publicación y la realización del la investigación en terreno, que fue realizada por Johanne Alvarez Palacios y contó con el apoyo documental de Edwin Tapia, ambos investigadores de CODHES. Todo el contenido de este informe es responsabilidad de CODHES y en ningún momento compromete a la agencia donante.


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La Federación Luterana Mundial - FLM es una comunión mundial de igle-sias cristianas de tradición luterana. Fundada en 1947, la FLM cuenta en la actualidad con 138 iglesias miembro en 77 países, que representan 66 millones de cristianos y cristianas de todo el mundo.

La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas de interés común, tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, los asuntos internacionales y derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo.

El Departamento para Servicio Mundial - DSM es la agencia humanitaria internacional de la FLM. Desde hace más de 50 años, el DSM brinda so-corro en situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo sostenible, respondiendo a las necesidades de las personas que han sido alcanzadas por desastres naturales o de origen humano. En esta categoría se agrupan refugiados/as, personas desplazadas en su propio país, víctimas de conflic-tos civiles, comunidades afectadas por sequías, inundaciones, huracanes y terremotos. El DSM brinda socorro sin distinción de raza, sexo, credo, nacionalidad o convicción política.

La Federación Luterana Mundial es miembro fundador de la Acción Con-junta de las Iglesias - ACT Internacional, una red ecuménica para la coordi-nación de la ayuda en emergencias para la atención en desastres, causados por conflictos o por eventos naturales.

En Colombia, la Federación Luterana Mundial - Servicio Mundial, inició a finales de 2006 un programa de acompañamiento denominado “Desarrollo Sustentable, Paz y Derechos Humanos”.

Debido al conflicto armado interno que tiene lugar en el país, a la diversidad de actores involucrados y al impacto y las consecuencias sobre la población civil colombiana, el Programa se desarrolla en su totalidad bajo un enfoque de derechos humanos y está financiado inicialmente por organizaciones de iglesias luteranas de Estados Unidos, Finlandia y Suecia.


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El DSM basa su estrategia de intervención en el acompañamiento, forta-lecimiento, protección y apoyo financiero a las organizaciones que están trabajando a favor de la población y a las comunidades vulnerables o en emergencia, focalizando en las regiones de Arauca y Chocó.

The Lutheran World FederationDepartment for World ServiceTel:+41 22 791-65-22Fax:+41 22 791-66-29Ecumenical CentreRoute de Ferney 150P.O. Box 21001211 Geneva 2Switzerlandwww.lutheranworld.org

Federación Luterana MundialDepartamento para Servicio MundialPrograma ColombiaCarrera 22 No. 40-07 BogotáTelefax +57 – 1 323 07 07 / 338 11 96www. lwfcamerica.org

Coordinación NacionalDoris Pérez [email protected]


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I. Economías de la guerra: corrupción,seguridad y derechos humanos

La débil construcción de la institucionalidad estatal y una precaria cultura de lo público constituyeron un escenario propicio para que en el departamento de Arauca grupos armados irregulares y figuras de la élite política tradi-cional desarrollaran una estrategia exitosa de captura de recursos públicos que determinan, en buena medida, la situación de abandono y negación de derechos de la comunidad.

La economía de Arauca tiene un bajo desarrollo y está concentrada princi-palmente en el sector primario, configurando un patrón de baja generación de empleos formales que permita reducir la pobreza así como la construc-ción de una sociedad local fuerte que ejerza un control social a la gestión pública y al uso adecuado de la renta petrolera1.

En este escenario, Arauca es un botín sumamente atractivo para todos los actores armados, que ven en este la posibilidad de capturar rentas económi-cas, además su ubicación geográfica y las limitaciones para monitorear la extensa frontera con Venezuela, crean oportunidades para la realización de todo tipo comercios ilegales en esta zona. En este contexto hay tres activi-dades tras las cuales se mueve la economía política de la guerra en Arauca, a saber: Economía petrolera, economía de la coca y tráficos ilegales en la zona de frontera: contrabando de gasolina y de armas.

Economía petrolera

Según Uribe López (…) “el enfoque económico de las guerras civiles señala la correlación empírica que existe entre el potencial predatorio de los grupos insurgentes y la ocurrencia y duración de una guerra interna. Para fortuna de las guerrillas, y luego de los paramilitares, los recursos y la geografía coincidieron. Las mayores bonanzas –legales e ilegales- han tenido lugar en los márgenes lejanos, fuera del eje territorial sobre el cual el Estado ejerce mayor fuerza cohesiva…En los márgenes lejanos la distorsión del carácter público de las finanzas territoriales crece con la precariedad de la

1-“El PIB, preliminar, del 2002 del departamento de Arauca es de $474.705 millones de pesos constantes de 1994 y el mayor aporte le corres-ponde a la actividad agropecuaria con 33.09%, seguida por la minería, en especial del petróleo con 33.15%. La economía del departamento en el 2002 representa el 0.62% del PIB nacional, y renglones como el minero pesa en el total nacional el 4.8%, el agropecuario el 1.4% y el industrial el 0.64%”. Departamento Nacional de Estadística –DANE. Banco de la República. Infor-me de Coyuntura Económica Regional –ICER-. Arauca. Informe segundo semestre de 2004”. Bogotá. Colombia. Abril de 2005.


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presencia estatal y con el tamaño de la torta. Precisamente en las regiones institucionalmente más débiles, los presupuestos han sido catapultados por las regalías derivadas de la explotación de recursos no renovables, principalmente de hidrocarburos”2.

Desde la década de los ochenta, Arauca viene recibiendo cuantiosos recursos de participación en las regalías petroleras: en 1986 se giró a la Intendendencia de Arauca, los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y al Corpes Orino-quía3, el 38,1% del total de las regalías petroleras ocasionadas en ese año ($ 17.798.000.000) que equivale a 6`781.038.000. Diez años después, en 2007, Arauca recibe de manera global 225´924.306.8844 (9.9% más que en 2006).

Es evidente que esta bonanza de recursos asociados a las regalías en el de-partamento de Arauca ha sido capturada de manera indebida y descarada, en un carrusel de corrupción por el cual se investigan personajes políticos, funcionarios públicos y actores amados irregulares.

Establece Uribe López frente Arauca que “(…) los grandes ganaderos que dominaban la clase política local, centralizados en la capital del de-partamento, se apropiaron de las regalías”. Entre los intersticios de esa clase política penetra la guerrilla del ELN y se configura un escenario de clientelismo armado: una intrincada mezcla de extorsión y complicidad para la apropiación del presupuesto entre el depredador armado y el no armado. Las auditorias de la Contraloría General de la República CGR han revelado una amplia gama de mecanismos para la caza del botín: predominio de la contratación directa y fraccionamiento de contratos; con-tratación de cooperativas de papel; vagas definiciones en las finalidades de los contratos; emprendimiento de obras sin licencia ambiental ni estudios de factibilidad; innumerables contratos de publicidad, celebraciones, fes-tividades, compras de combustibles y de repuestos; alquiler de vehículos; pago de nóminas docentes y de salud con recursos de regalías y no con los que provienen de las participaciones en los ingresos corrientes; pagos de intereses moratorios por demoras en las erogaciones, etc.5

Otro elemento significativo asociado a las economías de la guerra es que en el departamento de Arauca se ha fomentado un incremento de la inversión en seguridad por cuenta de los recursos que aporta el gobierno de Estados Unidos a través del Plan Colombia para la protección del oleoducto Caño Limón- Coveñas, dado que la mayor parte de la producción de Arauca se exporta hacia Norteamérica. A esto se suman los recursos que invierten en seguridad las multinacionales petroleras que operan en la zona, las cuales buscan blindar su operación y garantizar el flujo permanente del crudo. Seguridad asociada a cooperación internacional, seguridad privada, alta presencia militar y grupos armados irregulares en una zona de frontera con alta intensidad del conflicto, son factores que contribuyen a la securitización de la vida cotidiana e inciden de manera significativa en el orden local.

2- Uribe López, Mauricio. “Plata, piñata y guerra: el caso de las regalías”. Contenido en “Boletín. Hechos del Callejón. Número 2”. Disponible en http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/pags2840.pdf. Bogotá. Colombia. Abril de 2005.3- La figura de la Corporación Regional de Planeación Económica y Social –CORPES-, fue una forma organizacional de tipo administrativo definida desde el nivel nacional, en la década de los ochenta, con el fin de focalizar regionalmente parte de los recursos de inversión social en las regiones. 4- Agencia Nacional de Hidrocarburos. “Re-galías giradas en 2007”. Disponible en www.anh.gov.co5- Uribe López, Mauricio. “Plata, piñata y guerra: el caso de las regalías”. Op cit.


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En este contexto se inscriben algunas denuncias de organizaciones locales referidas a la relación entre empresas de seguridad privada y Fuerza Pública, algunos de cuyos miembros han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 2006, se llevó a cabo en el municipio de Saravena, la au-diencia preliminar petrolera del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia, en esta sesión, miembros de las organizaciones sociales de Arau-ca, del Observatorio Social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia, representantes de sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, populares, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, denunciaron que con el fin de proteger las inversiones del capital transnacional de empresas como la Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y REPSOL se ha fomentado la militarización en departamentos como Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare, en el marco de una política de seguridad que no siempre está acorde con el respeto por los derechos humanos en estas regiones.

Entre tanto, el énfasis en proteger la infraestructura petrolera ha direccionado buena parte de la oferta de seguridad oficial del Departamento a los municipios donde esta la infraestructura petrolera, creando espacios vacíos de autoridad, en los cuales transcurre todo tipo de economías ilícitas y se facilita la presencia de actores armados irregulares y la ocurrencia de situaciones de vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

El mal manejo de los recursos provenientes de la explotación petrolera tiene con-secuencias en los niveles de pobreza, abandono y exclusión como consecuencia de la postergación indefinida de una deuda social que aún no se supera.

Cuadro 1. Situación Social de Arauca - Situación Social Nacional

Tomado de OCHA. Sistema Integrado de Información Humanitaria –SIDI-. “Ficha Arauca”. Disponible en http://190.144.128.6/sissh/index.php?m_e=minificha&accion=generar&class=Minificha. Bogotá. Colombia. Febrero de 2008.


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Como se observa en el cuadro, los cuantiosos recursos asignados al depar-tamento de Arauca no se corresponden con indicadores sociales que siguen por debajo del nivel nacional. En particular, los rubros que se financian con regalías: educación, salud y saneamiento básico (acueducto o alcantarillado), están unos puntos por encima o por debajo del promedio nacional, no hay reducciones significativas, y esto un claro indicador de la ineficiencia, la rapiña y las oportunidades perdidas para superar la inequidad y la pobreza ene esta región del país.

Economías ilícitas del narcotráfico

En el Departamento, dados los amplios vacíos institucionales en ciertas zonas rurales y la zona de frontera, era cuestión de tiempo que emergiera esta economía ilícita. Según la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Arauca se detectaron en el año 2000 cerca de 1.000 hectáreas de coca, las cuales aumentaron a más de 2.000 hectáreas entre los años 2001 y 2002.

En 2003, se asperjaron 12.000 hectáreas y se logró que el cultivo de coca disminuyera a 500 hectáreas en Diciembre de ese año. Sin embargo, esta reducción no es permanente y entre 2004 y 2005 aumentaron los cultivos, volviendo a disminuir en 2006 al llegar a 1.306 hectáreas6.

Los actores armados controlan este negocio y los precios de la pasta o base de coca que cultivan, procesan y posteriormente les ofrecen los campesinos, por lo que la pagan según su conveniencia, para lo cual, buscan el control del territorio, la producción y la comercialización del producto final. Según la citada agencia de las Naciones Unidas, el municipio de Arauquita es el que presenta la mayor área de cultivos, 59% de la coca sembrada en todo el departamento de Arauca esta allí.

Cuadro 2. Cultivo de Coca-Arauca en 2006

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. “Informe: Colombia. Censo de cultivos de coca”. Op. cit.

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC y el ELN explotan juntas el negocio del narcotráfico y aunque existe un enfren-

6- Organización de las Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. “Informe: Colombia. Cen-so de cultivos de coca”. Junio 2007. Página 31.


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tamiento entre las guerrillas y los grupos paramilitares por el control de los cultivos, se habla de zonas en las que estos bandos tienen acuerdos tácitos para no entorpecerse la recolección y la producción de la pasta.

Otro elemento complejo de esta tipo de economía, es que en Arauca la coca prolifera entre aproximadamente 2.255 hectáreas de plátano hartón, 400 de maíz, 200 de caña 1.800 de yuca, 120 mil cabezas de ganado y numerosos criaderos de cachama, coporo (bocachico), bagre curito y palometa, con lo cual las fumigaciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los campesinos.

De la coca aproximadamente viven 5.000 familias, pero de los cultivos de pancoger en mención, sobreviven otros 10 mil. De acuerdo con los cálculos de la Umata de Arauquita un número no calculado de familias de zonas cercanas se verían afectadas con la fumigación con glifosato, pues en una región llana como Arauca el químico se dispersaría con mayor facilidad7.

Según información de la Personería de Fortul, allí la aspersión aérea inició en el año 2004 en la zona rural y ese despacho ha recibido más de 65 quejas de fincas afectadas, pero solamente 2 familias han recibido compensación a los daños a sus cultivos de pancoger.

En el 2007, se ha compensado a algunas familias del año 2005.Sin embargo, las perdidas no sólo son económicas, también hay peligros de salubridad pública, según la asociación campesina ACA8, en veredas de Arauquita la aspersión se ha realizado en zonas de cultivos de pancoger, y se han con-taminado fuentes de agua que surten de este líquido a muchos acueductos veredales, además se han ocasionado graves problemas de piel, intoxicación y muerte de algunos animales de corral9.

Por otra parte, desde lo institucional se viene adelantando una estrategia de sustitución de esta economía ilícita, mediante la aplicación del programa “Familias Guardabosques” en Arauquita. Desde el inicio del Programa, en el año 2003, hasta noviembre de 2007, el programa se ha desarrollado en 24 veredas y actualmente trabaja con 945 familias beneficiarias, con una inversión total de $5.783.400.00010. Sin embargo, el programa no está cubriendo zonas como Tame, Saravena y Fortul, que aunque presentan una disminución en las hectáreas cultivadas, igual son zonas rurales con cultivos que necesitan una opción de sustitución.

Las organizaciones sociales han manifestado que este Programa, si bien reduce los cultivos de uso ilícito y genera una economía legal para el cam-pesino, también expone a la población frente a los actores armados, quienes han venido haciendo presencia en las diferentes zonas de cultivos de uso ilícitos y ocasionando temor y amenazas de represalias contra aquellos que hagan parte de este tipo de proyectos.

7- Comisión Andina de Juristas. “Noticias Andinas sobre Drogas”. Disponible en http://www.cajpe.org.pe/hojaverde/hoja124/h-co45.htm8- Entrevista con la ACA. Depar tamento de Arauca, segundo semestre de 2007.9- El Ministerio de Defensa Nacional argumenta que según estudio realizado…“el glifosato y el Cosmo-Flux tal y como se usan en el programa de erradicación de Colombia no presentaban un riesgo significativo para la salud humana”. Ministerio de Defensa de Colombia. “Estudio sobre los Efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante la aspersión aérea con herbicida glifosato y de los Cultivos Ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente en Colombia: Conclusiones del Estudio”. Disponible en www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/Glifo-sato/informe_glifosato.htm?PHPSESSID=0e8b75954c1c687fd06600b6aefddb3c. Bogotá. Colombia.10- Acción Social regional Arauca. “Consolidado programa Familias Guardabosques” Arauca. Colombia. Noviembre de 2007.


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Tráfico hacia la frontera de Arauca

El departamento de Arauca colinda con el Estado de Apure a lo largo de 405 km. Según la Universidad del Rosario…“la industria del narcotráfico ingresa de Venezuela insumos derivados de su industria petroquímica como gasolina, disolvente alifático, kerosene y ACPM, así como cemento”11.

Gráfico 1. Rutas del tráfico de drogas desde Colombia hacia Venezuela.

Datos de la Policía Nacional, tomado de la Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito, “Informe: Colombia. Censo de cultivos de coca”. Página 12.

La persistencia de la economía de la coca, muestra los límites de la estrategia de erradicación y sustitución y advierte que no subsisten factores estructu-rales que incentivan la resiembra y que no son tenidos en cuenta como las limitaciones de la economía regional y en particular la presencia de unos actores armados irregulares que fomentan el desarrollo de esta economía, a pesar de la creciente militarización del Departamento.

Contrabandos y otros tráficos ilegales en la zona de frontera

Tráfico de gasolina

Se estima que de Venezuela ingresan diariamente 15.000 barriles de gasolina de contrabando por los departamentos de Arauca y Norte de Santander, de los cuales 6.000 galones se quedan en la zona y el resto van al interior del país. Según la Policía Nacional, desde comienzos de 2001 hasta la fecha han entrado casi 200.000 millones de pesos por este concepto. Por otra parte el ingreso de gasolina venezolana tiene un peso sensible en la economía de la coca dado que reduce los costos de producción de cocaína.

11- Universidad del Rosario. Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito. “El Narcotráfico en las Relaciones Fronterizas de Colombia”. Bogotá. Colombia. Mayo 2006


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En el caso de Arauca, son muchas las familias que se benefician del tráfico de gasolina, lo cual lleva a una diversificación del negocio. En este sentido, hay varias modalidades: una corriente mayorista en manos de las “ga-solineras” y una corriente minorista e informal que operan los llamados “pimpineros”. Las “gasolineras” son los que compran el combustible en Venezuela y lo trasladan a Colombia por la frontera de Arauca, ya sea camuflada en buses o carros, en carro tanques que llegan a gasolineras venezolanas y por tener placa de este país se le vende el combustible sin ningún problema; también lo hacen a través del río Arauca, en diferen-tes partes para no ser detectados por la guardia venezolana o el Ejército colombiano. Estas “gasolineras” ya tienen establecido toda una red de proveedores minorista a nivel local, los “pimpineros” o vendedores calle-jeros, quienes en el borde de la carretera instalan de manera rudimentaria su puesto de venta. El combustible ya dentro del territorio colombiano, es vendido sin ningún tipo de reparo y lo adquieren las mismas agencias de transporte municipal e intermunicipal.

Según un estudio elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) y publicado por la Revista SEMANA, a diario entran por la fron-tera con Venezuela 672.000 galones de gasolina. Si se tiene en cuenta que el tanque de gasolina de un carro se llena con 12 galones en promedio, con lo que entra de contrabando se podrían tanquear 567.000 mil vehículos12. La relación de narcotráfico y contrabando de gasolina, la alta generación de empleo informal que genera esta práctica y los niveles de corrupción en la región, son factores que dificultan el control real y la superación de esta forma de economía ilícita en la zona.

Tráfico de Armas

Otro tráfico ilegal que funciona en el fronterizo departamento de Arauca es el de armas, municiones y explosivos. En la región se sabe que las principales rutas de ingreso desde Venezuela son: El Nula y Pedraza (en el Estado de Apure) por vía terrestre y Arauca, Arauquita y Saravena, por vía fluvial. También se emplean aeródromos clandestinos, aunque algunas autoridades locales sostienen que, en ocasiones, se usan aeropuertos ofi-ciales para el tráfico de armas desde Venezuela hacia Colombia a través de La Fría, el Rosario, Santo Domingo, El Amparo – El troncal – y Puerto Rondón.

El conflicto armado y la corrupción en ambos lados de la frontera, estímulan este tráfico de armas a través del territorio de Venezuela hacia el oriente de Colombia y se supone que por esta vía se abastecen los frentes de las FARC y el ELN que operan en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare, Sur de Boyacá, Meta, Guaviare, Vichada y sur oriente de Cundinamarca. 12- Revista SEMANA. “La Frontera de la Gasoli-

na”. Bogotá. Colombia. 2006.


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II. Situación humanitaria ymigración transfronteriza a Venezuela

Los altos niveles de violencia y los ataques múltiples y constantes contra la población civil, en medio de un conflicto complejo por la confluencia de múltiples actores armados y de circunstancias propicias para la ilegalidad y el delito, están en el trasfondo de la crisis humanitaria y de derechos huma-nos que convierte al departamento de Arauca en uno de los departamentos más afectados en los últimos diez años en el país13.

Una región con los recursos de Arauca no debería ser escenario de con-tradicciones entre opulencia y pobreza ni, mucho menos, el epicentro de conflictos sociales, armados y políticos que evidencian formas de exclusión, corrupción, empobrecimiento y abandono.

En esta región fronteriza de Colombia con Venezuela se entrelazan la cri-sis social, provocada por los altos índices de pobreza de la mayoría de la población, la concentración de la tenencia de la tierra y la prevalencia de un modelo de economía extractiva asociado al mal uso de los recursos del petróleo, con la crisis humanitaria y de derechos humanos que subyace a la degradación del conflicto armado interno.

Hay por lo menos cuatro factores que explicarían la continuidad y expansión del conflicto armado y de la crisis humanitaria en Arauca:

1. La histórica debilidad estatal para ejercer el monopolio del uso de la fuerza, garantizar el goce efectivo de los derechos de los habitantes y regular los flujos en la zona de frontera con Venezuela.

2. La activación periódica de un ciclo de disputa-control territorial-disputa, que lleva a que el territorio siempre este fragmentado en par-celas de control por los actores armados que tienden a ser transitorias y precarias.

3. La no observancia de derecho internacional humanitario como el principio de no distinción entre combatientes y no combatientes y en

13- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. “Diagnóstico departamental Arauca”. Disponible en http://www.derechoshumanos.gov.co/ob-servatorio/departamentos/arauca.pdf. Bogotá. Colombia. Noviembre de 2007.


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general, el desconocimiento de las normas que protegen a la población civil por parte de todos los actores involucrados en la confrontación armada.

4. El contexto favorable para la emergencia de economías ilegales y la captura de rentas públicas (regalías petroleras) por la vía de una corrupción generalizada, las cuales se convierten en botín de disputa, alimentando la guerra.

Es decir, la ausencia de un Estado fuerte no sólo en términos de seguridad (que se confunde con militarización del territorio y de la sociedad), sino también fuerte y capaz de resolver los problemas sociales, aplicar justicia, administrar con transparencia y preservar la democracia y los derechos humanos, se nota en la proliferación de la violencia política y social.

El conflicto no se supera militarmente. Persisten las Farc y el Eln como actores armados tradicionales y determinantes en las dinámicas de la guerra. La Fuerza Pública tiene una inmensa presencia en la región (por el conflic-to armado, por la explotación petrolera y por su ubicación fronteriza con Venezuela), hay militarización y estrictos controles del lado venezolano que, con frecuencia, aumenta las tensiones y provoca abusos contra la población de la frontera y se anuncia la presencia de nuevas agrupaciones paramilitares.

Tal vez Arauca es la región en donde es más intensa la confrontación ar-mada entre Las Farc y el Eln, una guerra entre guerrillas que trasciende los enfrentamientos entre combatientes y se traslada al campo social, con alto saldo de muertos, desaparecidos, desplazados y refugiados.

Hacer parte de la población civil en Arauca no es una garantía de super-vivencia. Todos los que participan en la guerra y promueven la violencia han convertido a los civiles en objetivo militar y esa forma de concebir el conflicto sin ningún referente humanitario, parece ser la constante principal de la guerra.

En Arauca aplican todas las manifestaciones de infracciones graves al derecho internacional humanitario: el 30% de los eventos de minas anti-personal y municiones sin explotar, acaecidos entre 2003 y 2006, tuvieron como víctimas a campesinos de la región, algunas de las mayores capturas masivas de ciudadanos inocentes acusados de terroristas o auxiliares de terrorismo ocurrieron en municipios de este Departamento, la extorsión y el secuestro siguen vigentes en algunas zonas rurales y, por supuesto, el Departamento enfrenta un grave problema de desplazamiento forzado y de algunos flujos de refugiados y solicitantes de asilo que trascienden la frontera con Venezuela.


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Violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

En la región se presenta un patrón de vulneración a los derechos humanos de tipo individual, es decir los actores armados realizan una aplicación se-lectiva de la violencia (prevalencia del asesinatos individual a la masacre, desplazamientos gota a gota en lugar de masivos, entre otros), con lo cual, la dinámica humanitaria no encaja dentro del patrón observado en otras regiones del país en donde hay un escenario de disputa territorial, y en los cuales los actores armados realizan ataques masivos (caso actual de Nariño o el Catatumbo de finales de la década de los noventa).

Esta situación se explica porque, si bien hay disputa territorial, ningún actor armado, tiene hoy en día, suficiente fuerza o capacidad militar para impo-nerse en un territorio o resistir al embate de sus enemigos, esto lleva a que en Arauca exista una especie de “empate técnico” en el cual los principales perdedores son la población civil.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República (en adelante ODHDIH), establece que para el periodo que va del año 2003 al primer semestre de 2007, en Arauca se presenta una persistente violencia expresada en una tasa de homicidios mayor que la nacional, que para el primer semestre de 2007, se había in-crementado en un 79% frente a igual período de 200614.

Cuadro 3. Eventos de violación a los derechos humanos. Período 2006-2007.

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. “Indicadores de situación de derechos humanos. Arauca”. Bogotá. Colombia. Febrero de 2008.

Asesinatos

Según el ODHDIH, entre los años 2003- 2006, ocurrieron 1.302 homicidios, de los cuales 744 (57,14%) se originaron en la confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Del total de muertes 490 parecen ser homicidios selectivos llevados a cabo por la subversión y las autode-

14- “Se debe destacar que durante el cuatrienio considerado la tasa de homicidio por cien mil habitantes (hpch) del departamento de Arauca siempre ha superado el promedio nacional; el año de mayor incidencia es 2004, cuando llega a triplicarlo. Sin embargo, la tasa presenta una tendencia descendente entre 2003 y 2006, con 168, 145, 98 y 63 hpch respectivamente…al comparar la situación del primer semestre de 2007 con el mismo periodo del año anterior, se evidencia un sensible deterioro en la situación del departamento. Es así como los homicidios registran un incremento de 79%, al pasar de 72 a 129 muertes violentas. El panorama más dramático en este marco son los municipios de Tame que pasa de 20 a 58 homicidios, Saravena, de 17 a 32 y Fortul, que pasa de 14 a 18; estos tres municipios concentran el 84 % de los homicidios cometidos durante el primer semestre de 2007 y todos ellos están ubicados en el piedemonte”. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. “Diagnóstico depar-tamental Arauca”. Op cit. Páginas 4 y 11.


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fensas, 214 fueron combates de la fuerza pública contra grupos armados irregulares o de enfrentamientos entre guerrilla y autodefensas y 40 fueron víctimas de actos terroristas15.

Según el informe de este programa oficial, los municipios que tienen pre-sentan los índices más altos de homicidios en este período son, en orden descendente: Tame, con 344 homicidios en 2003, 346 en 2004, 230 en 2005 y 97 en 2006, Saravena, que en 2003 presentó 229 homicidios, 115 en 2005 y 76 en 2006, Puerto Rondón que en el año 2004 registró 289 muertes vio-lentas y Fortul y Arauquita en 2006 con 107 y 91 respectivamente. Todos los municipios presentan una tendencia a la baja entre 2003 y 2006, pero si se comparan las cifras de los años 205-2006, Arauquita, Fortul y Puerto Rondón presentan incrementos en el número de asesinatos16.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región, la difícil situa-ción humanitaria de Tame está directamente relacionada con la presencia y fortalecimiento del paramilitarismo en este municipio y el resquebrajamiento de organizaciones de derechos humanos y sociales que ya no hacen casi presencia en la zona, debido a la arremetida paramilitar y la estigmatización que ha creado la fuerza pública.

Masacres

Durante el período 2004-2006 los municipios de Tame y Arauquita han sido escenario de situaciones de masacre: se han llevado a cabo 9 masacres en las veredas de Flor Amarillo, Piñalito, Cravo Claro, Mate Popocho, San López, Cravo Norte, Caño Seco, Cobolongo, San Salvador y Corocito en inmediaciones del municipio de Tame; y una en los pájaros de la Victoria, inmediaciones de Arauquita en zona fronteriza con Venezuela. En estos hechos de violencia se han reportado un aproximado de 72 personas asesi-nadas, entre las que había menores de edad17.

Por su parte, el ODHDIH establece que en el período 2003 al 2006, se presentaron 8 casos de masacres, que arrojaron 46 víctimas, las cuales se reportaron en Tame, Saravena y Fortul. Dichos casos fueron atribuidos a las Farc, Eln y dos a autores no establecidos18.

Según este observatorio, las Farc son los mayores responsables de ma-sacres, por el contrarío, para las organizaciones de derechos humanos, los principales responsables de masacres y violaciones de derechos humanos y DIH, son los grupos paramilitares.

Secuestros

Según el ODHDIH, entre los años 2003 a 2006, se presentaron 68 casos: 31 personas fueron secuestradas por las Farc, 24 por los paramilitares o

15- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 4.16- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 5.17- CODHES. “Huyendo de la Guerra. El Silencio de Arauca: Informe regional sobre conflicto interno armado, crisis humanitaria y desplaza-miento forzado. Bogotá. Colombia. Marzo de 2006. Página 44.18- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 7.


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grupos de autodefensas y 13 por el Eln. La mayoría de los secuestros se dieron en Tame (20) y los otros en Arauca capital (21), los plagios del Eln fueron en Saravena; y la modalidad más utilizada fue el secuestro masivo, la mayoría en retenes ilegales. Según este programa: 50 secuestrados, fueron liberados, 19 siguen cautivos, 5 murieron en cautiverio y 4 rescatados por la fuerza pública19.

En resumen las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos por parte de los actores armados se relacionan con: asesinato a personas protegidas, masacres, falta de garantías procesales a líderes so-ciales y sindicalistas detenidos, actos terroristas en cascos urbanos, minas antipersonal, paros armados que generan restricciones de abastecimiento y movilidad, falta de garantías electorales y la persecución a las organizaciones sociales y de derechos humanos.

A la forma como se aplica la política de seguridad democrática se atribuyan hechos violatorios de los derechos humanos en la región. En efecto, las detenciones masivas durante la vigencia de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, implicó la estigmatización de muchos habitantes que durante la captura fueron mostrados en los medios de comunicación como terroristas y meses después fueron liberados por falta de pruebas, lo que configura una tendencia deliberada de arbitrariedad por parte del Estado. Algunas de estas personas no pudieron regresar a sus lugares de origen y hoy se encuentran desplazadas.

A través de la información recogida en el trabajo en terreno y los talleres realiza-dos20 en el departamento, se accedió a una serie de denuncias sobre la ocurrencia de situaciones de vulneración por efecto de la estrategia contrainsurgente y antinarcóticos, que llevan a que una parte de la ciudadanía, considere que, más que lograr la seguridad se esta generando es inseguridad ciudadana.

A partir del trabajo en terreno y la respuesta a derechos de petición a las perso-nerías municipales21 se logró establecer las siguientes infracciones al DIH:

1. Débil o nula aplicación del principio de distinción entre combatiente – no combatiente 2. Débil o nula protección a la población civil en medio del conflicto

3. Infracción a la inmunidad de la misión médica22

4. Reclutamiento forzado 5. Retornos sin las garantías que establecen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Desplazamiento Internos. 6. Bombardeos y ataques aéreos que afectan población civil23

19- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 8.20- Los talleres se hicieron en los municipios de Arauca capital, Saravena, Arauquita y Tame, y su objetivo fue identificar las causas y consecuencias de la coyuntura humanitaria en el departamento, así como dar a conocer las implicaciones en la respuesta institucional que tienen la Sentencia T-025 de enero de 2004, emitida por la Corte Constitucional.21- Se presentaron derechos de petición a todas las personerías de Arauca, las únicas que no respondieron fueron las de los municipios de Arauca capital y Saravena.22- Se observó en el trabajo en terreno, que en el municipio de Saravena, la fuerza pública, en especial el Ejército, utiliza los servicios del hos-pital para la atención de los soldados, entran a las instalaciones uniformados, armados y prestan guardia en la parte de urgencias de la institución. Se comprobó la presencia dentro del hospital de soldados, sub oficiales y oficiales del Ejército. Estas situaciones también se han presentado en Arauquita, Tame y Fortul. 23- Según informaciones suministradas por organizaciones de derechos humanos, en 2006, se presentaron incidentes de este tipo en: 1. Vereda Galaxias del municipio de Tame (22 de octubre); 2. Veredas Fundación, Santa Ana y Palemras (28, 29 de octubre y 8 de noviembre) y; 3. Veredas Fundación, Palmeras y El Oasis de Arauquita (26 de diciembre 2006). En 2007: 1. Veredas El Progreso y Galaxias, de Tame (16 de marzo) y; 2. Vereda Fundación y el caserío Puente Tubo, de Arauquita (8 de abril).


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7. Hostigamiento a población civil (confinamiento-bloqueo alimentario)

8. Ocupación y ataque de bienes civiles (casas-escuelas-hospitales)

9. Ocupación de bienes culturales24 y lugares de culto25

10. deplazamiento forzado

Dentro de las situaciones de vulneración a la población civil más sensibles para los habitantes de Arauca están: falsos positivos y ejecuciones extrajudi-ciales, detenciones arbitrarias, afectación por minas antipersonal –MAP- y municiones sin explotar –MUSE-, el descubrimiento de fosas comunes y actos de terrorismo en las áreas urbanas.

Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales

En el marco de la aplicación de la estrategia de seguridad democrática, se vienen presentando episodios de falsos positivos26 por parte de la fuerza pública. Según el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-27, entre julio 2006 a junio 2007, se han presentado 3 casos de “falsos positi-vos” en Arauca, los cuales han ocurrido en los municipios de Saravena y Tame. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y de población en situación de desplazamiento, afirman, que esta es una practica recurrente de la fuerza pública.

Para el CINEP…“Algo impactante en el último año es la cantidad de casos de “falsos positivos” que constantemente nos golpean por la gravedad de los hechos y la perversidad que entrañan al tratar de engañar a la sociedad y al mundo mediante mecanismos que hacen creer que se trata de “muertes en combate” cuando en realidad son ejecuciones aleves de personas civiles e indefensas”28.

Frente a las ejecuciones extrajudiciales, desde el año 2004 se observan pe-riódicas denuncias sobre la ocurrencia de este tipo de vulneración, los cuales se invisibilizan dentro del clima general de guerra sucia y reconfiguración del conflicto que vive la región29. Estas denuncias no han sido aclaradas, por ende, se mantiene una percepción de ineficacia e impunidad frente al aparato judicial.

Detenciones arbitrarias

Hay un patrón de persecución contra todo tipo de liderazgo social y actores sociales que denuncien la difícil situación humanitaria en Arauca, principal-mente contra organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios y sindicalistas. También se esta produciendo el señalamiento, sin pruebas

24- En la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción de Tame, el Ejército circula por las instalaciones del Instituto de Promoción Agropecuario –IPA-, con el fin de usar el servicio del centro de comunica-ciones Compartel, que es la única herramienta que tiene la población de esta vereda, para comunicarse vía telefónica y por Internet.25- Se corroboró la utilización de lugares de culto, iglesias y centros educativos por parte del Ejército para el descanso y en otros casos para la preparación de alimentos, argumentando que: “nosotros estamos combatiendo al enemigo y muchas veces necesitamos de estas instalaciones para que la tropa descanse”.26- Consiste en la invención de resultados operacionales exitosos en la lucha contrainsur-gente, por ejemplo, la desactivación de artefactos explosivos y la desarticulación ficticia de redes de apoyo de los grupos armados ilegales. Todos estos eventos ocurren por efecto de la constante presión hacia los comandantes para que pre-senten crecientes resultados de la política de seguridad ante la opinión pública.27- CINEP. “Falsos Positivos”. Contenido en la revista “Noche y Niebla”. Edición número 34/35. 200728- CINEP. “Falsos Positivos”. Op cit.29- Para el caso de Saravena se observa el si-guiente comportamiento: en 2004, 37 asesinatos; En 2005, 53 casos; En 2006, 42 situaciones y; En 2007, se presentaron 28 casos.


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30- CODHES. “Huyendo de la Guerra”. Op cit. 31- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 8.32- El SAT regional Arauca, de la Defensoría del Pueblo, reporta la situación de riesgo en las veredas de Tame: Aguachica, mata de Coco, Oasis, Caranal, Santa Ana y Santa Isabel, donde el riesgo “(…) se ha incrementado en gran proporción y por tanto han convertido algunas zonas rurales en territorios inaccesibles para el tránsito y desarrollo de actividades productivas de los campesinos, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas y semovientes”…Otras veredas afectadas están en los municipios de: Arauquita, las veredas, Tropicales, Brisas de Caranal, Aguachica, Caño Hondo y Puerto Rico; Municipio de Fortul, las veredas Muribá, La Pavita y Mate Caña y; Municipio de Saravena, la vereda Caño Flores. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alerta Temprana –SAT-. “Informe de Riesgo número 032–06A.I. Arauca. Colombia. 4 de Agosto de 2006.

concretas, de la existencia de relaciones de simpatía o militancia entre líderes, organizaciones sociales y comunidades enteras con grupos guerri-lleros, lo cual genera estigmatización de ciertos municipios (caso Arauquita y Saravena), pues los encasillan como colaboradores o tolerantes frente al accionar de un actor armado irregular específico.

En un estudio realizado en 2006 por CODHES, se estableció que…“estas sindicaciones, a su vez se han concretado en más de 100 procesos judiciales contra líderes en el período 2000-2006, a través de sindicaciones por rebe-lión, terrorismo y concierto para delinquir, entre otras”30. Por otra parte, la Corporación Humanidad Vigente establece a fines de 2007, un consolidado de 2.207 casos de detenciones arbitrarias.

Minas antipersonal –MAP- y municionessin explotar –MUSE-

Dado que las guerrillas pretenden minimizar los costos en hombres de un enfrentamiento con la Fuerza Pública, han recurrido al creciente uso de MAP en sus zonas de retaguardia y los caminos de acceso a las zonas rurales, este hecho, ha llevado a que en Arauca cada vez sean más frecuen-tes las víctimas de MAP y MUSE. Según el ODHDIH, en Arauca, se han presentado entre 1990-2007, 522 víctimas, de estos, el 69% son militares y el 31% civiles.

Los municipios que reportan el mayor número de víctimas por minas anti-personal y municiones sin explotar entre 1990 y septiembre de 2007 son: Tame (187), Arauquita (155), Arauca (58), Saravena (77), Fortul (28), Puerto Rondón (11) y Cravo Norte (6), para un total de 522 eventos31.

Para la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca –ASCATIDAR-, la presencia de minas antipersonal ha generado confinamiento de comunidades indígenas, ya que estas armas están sembradas en zonas de recolección de alimentos, caza y pesca, obli-gándolos a no salir y padecer hambre. En mayo de 2007, cuatro indígenas de la comunidad indigena Uw’a cayeron en un campo minado mientras que realizaban actividades de recolección de alimentos.

A raíz de los enfrentamientos de la fuerza pública con grupos irregulares, son muchas las municiones que quedan si explotar, generando situaciones de riesgo para la población rural32.

La oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en el municipio de Saravena se ocupa principalmente del las víctimas de minas antipersonal y son reiterados los llamados a los actores armados, para que suspendan el uso de estos artefactos proscritos por el derecho internacional humanitario por sus efectos indiscriminados.


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Fosas Comunes

Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- entre los años 2006 a noviembre de 2007, se han encontrado 7 fosas comunes en los municipios de Arauca y Tame, con 9 cadáveres.

Actos de terrorismo

En el año 2006 fueron perpetrados 33 actos considerados de terrorismo en el marco del derecho internacional humanitario, lo que presenta una reducción del 47% con respecto al año anterior, en el que se reportaron 62 atentados.

De igual manera, se presentaron 7 atentados contra la infraestructura eléc-trica, que implica una reducción del 93%, con respecto a los 27 realizados en 2005 y 5 contra la infraestructura petrolera. La mayoría de estos eventos fueron atribuidos a las Farc33.

Durante el año 2007 se presentaron 2 paros armados atribuidos a las Farc, el último duró 15 días, entre el 5 y el 20 de agosto.. Este paro generó sig-nificativas pérdidas económicas para el Departamento y aunque la Fuerza Pública garantizó la movilidad a través de caravanas y retenes, la situación generó zozobra y temor y los subversivos quemaron dos carros en la vía a Pueblo Nuevo en Tame.

En lo que se refiere a ejecución de atentados dinamiteros, estos ocurren sin ningún tipo de distingo entre población combatiente y no combatiente: los actores armados ilegales, en su búsqueda de crear terror en las comunidades y rechazo a la ubicación de instalaciones de la Fuerza Pública en los cascos urbanos, han recurrido al secuestro de ciudadanos y al engaño de niños, para que trasladen explosivos hasta las instalaciones oficiales y proceder a su detonación.

Todas estas situaciones de vulneración a los derechos humanos, si bien perturban a toda la población del Departamento, se ha ensañado con unos grupos sociales particulares, en razón de la lógica de ataque selectivo que esgrimen todos los actores armados. En este orden, la observación en terre-no permitió identificar los siguientes sectores especialmente vulnerables: docentes, trabajadores del sector salud, indígenas, periodistas y líderes de comunidades religiosas.

Sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad

Cuando se analizan los ataques a la población civil emergen situaciones específicas que dan cuenta de acciones sistemáticas contra trabajadores de la salud y la educación, periodistas, comunidades indígenas e iglesias, cuya labor social, humanitaria o de información están en la mira de los 33- CODHES. “Huyendo de la Guerra”. Op cit.

Página 45.


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grupos armados y, en ocasiones, de las propias autoridades militares y de policía, según denuncian las propias víctimas y las organizaciones locales de derechos humanos.

Mención especial merecen los casos de violencia contra mujeres en el departamento, que combinan persecución política, violencia sexual y di-versas presiones provenientes de guerrilleros, paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública. Tal concentración de hombres armados en la región que tienen la idea de que agredir mujeres es un hecho normal de la guerra, que se sienten respaldados por sus superiores y que no conocen sanciones ejemplares, crean un ambiente propicio para estas manifestaciones de vio-lencia contra las mujeres.

No obstante estas situaciones, continuamente denunciadas en la espacios locales y del orden nacional, en el departamento de Arauca prevalecen condiciones de vulnerabilidad por ausencia de garantías de protección y por la impunidad que rodean las acciones de violencia.

Mujeres: violencias ocultas

La creciente militarización del Departamento ha llevado a que las posibilida-des de agresiones hacia la población civil aumenten por parte de los actores armados, tal y como ocurrió con ocasión de la declaratoria de Arauca como Zona de Rehabilitación y Consolidación –ZRC- a comienzos del gobierno del presidente Uribe. Las organizaciones locales atribuyen a este ambiente de excepcionalidad la ocurrencia de situaciones de acoso sexual y violaciones por parte de integrantes de las fuerzas armadas, por la discrecionalidad de la autoridad militar y flexibilización de los controles.

No existen muchas denuncias por el ambiente de miedo e intimidación que rodean estas acciones. En el municipio de Fortul se conoció una queja ante la Personería por violación sexual por parte de un soldado contra una mujer. Otros casos denunciados por organizaciones sociales, se refieren a situaciones de acoso sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública, sobre todo en la zona rural. En las áreas donde hacen patrullaje ocurren casos en que unidades se presentan en las casas de los labriegos a altas hora de la noche pidiéndoles que los dejen acantonar en sus patios, obligando en ocasiones a las mujeres a que les preparen alimentos y exponiéndolas a vejámenes sexuales, no sólo a ellas sino a sus hijos.

También se presentan casos en que las guerrillas prohíben cualquier rela-ción de las mujeres con soldados y policías, además de obligar a algunas a convertirse en informantes, bajo amenazas de reclutamiento de sus hijos.

La violencia contra las mujeres, en el contexto del conflicto armado en Arauca es un hecho cierto que reconocen sus habitantes, pero que sigue


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oculto por falta de denuncias, hecho atribuido a la intimidación de los vic-timarios y a la impunidad. En esas circunstancias, las agresiones sexuales contra mujeres se convierten en parte de la cotidianidad y tienden a legiti-marse socialmente, lo cual impone un imaginario machista en la sociedad local. Así, la condición femenina se reduce a una visión funcional: mujeres que cocinan para los hombres que tienen las armas, mujeres que satisfacen deseos sexuales de hombres con uniformes y poder, mujeres ultrajadas para provocar la ira del enemigo o mujeres sometidas a las dinámicas propias de la guerra (combatientes, informantes, etc.).

La violencia con especificidades de género en Arauca se expresa en la invisibilización de las mujeres y las niñas como sujetas de derechos, cierta aceptación social y militar de los abusos contra ellas, muchas limitaciones de acceso a la justicia y total impunidad.

Maestros en la mira

Hay una tendencia casi generalizada a amenazar y estigmatizar a los maes-tros en Arauca, en hechos atribuidos a todas las fuerzas en contienda que ven en los educadores enemigos de uno u otro bando, negando el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.

Entre los años 2003- 2006 han sido asesinados 12 docentes afiliados al sindicato de docentes de Arauca –ASEDAR-34. Hasta agosto de 2007 había 119 docentes amenazados, que están bajo el amparo del Comité especial de docentes amenazados y desplazados en el Departamento por diferentes actores armados.

Durante el paro armado de agosto de 2007, en la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Tame, los docentes que vivían en la cabecera municipal manifestaron que no tenían garantías para trasladarse a la zona rural debido a amenazas atribuidas a las Farc y las autoridades locales ame-nazaron con destituir a quienes se ausentaran de las aulas.

Los peligros de la misión médica y los trabajadores de la salud

Como actor relevante de la sociedad local, los trabajadores del sector salud no se escapan a situaciones de intimidación y violencia. Bien sea por su propia actividad, incluida en el concepto de misión médica protegida en el marco del derecho internacional humanitario o bien sea por la labor sindical de los trabajadores de la salud en espacios en los que se tiende a confundir las reivindicaciones laborales con actividades de la insurgencia.

Entre los años 2003 a 2006 han sido asesinados en Arauca cinco sindicalistas afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas y Hospitales, ANTHOC35, por razones que la propia organización atribuye a su actividad

34- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 6.35- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 6.


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sindical. La misma organización ha reclamado de la Fuerza Pública y de los actores armados irregulares respeto a la misión médica y a las instalaciones que prestan los servicios de salud.

Indígenas: muerte, desplazamiento y confinamiento

Los pueblos indígenas que habitan el departamento tienen la desgracia de vivir en zonas de conflicto armado en las que los actores enfrentados han demostrado que las reglas humanitarias que protegen a la población civil no son precisamente su mayor preocupación.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, 13 indígenas han sido asesinados durante el período comprendido entre 2003 y 2006, en hechos atribuidos a guerrillas y Fuerza Pública. El municipio de Tame registró en 2003 la muerte violenta de siete indígenas, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía informó que en abril de 2007 ocurrió el desplazamiento de 22 familias (78 personas) del resguardo indígena de la vereda La Esperanza, y el asesinato de un indígena y herida su compañera, por una mina antipersonal en el resguardo Curipao.

También los indígenas en Arauca se ven expuestos a situaciones de con-finamiento y bloqueo alimentario por minas y reclutamiento forzado. Es el caso de la comunidad de La Esperanza (Tame) donde de 88 personas, aproximadamente 16 se desplazaron dado que vivían una situación confi-namiento, y por ende no podían salir al campo a realizar actividades como la recolección diaria, viviendo en riesgo de inseguridad alimentaria

“A ellos ni la guerrilla ni nadie los desplazó o los amenazó, pero lo tuvieron que hacer debido a que estaban confinados y no podían salir a buscar el alimento, porque ellos no siembran, son recolectores del diario (…) esto debido a las minas y a enfrentamientos, y porque vieron a muchos campe-sinos que las guerrillas mataron y a ellos les dio mucho miedo y por eso salieron de sus tierras”, afirmó el Presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Tame. Las autoridades indígenas han advertido sobre los impactos socio culturales de la violencia contra sus comunidades, toda vez que en situación de desarraigo y dada las limitación de la aten-ción oficial y el desinterés por los pueblos indígenas, se ha incrementado la mendicidad y el alcoholismo, en detrimento de sus formas tradicionales de cohesión social.

Periodistas: la violencia del silencio

Informar es un peligro en el departamento de Arauca por las presiones ar-madas que se ejercen contra los periodistas y los medios de comunicación en la región. Podría afirmarse que formalmente existe libertad de prensa pero objetivamente no se puede ejercer.


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Las intimidaciones a la libertad de prensa tienen que ver con lo que se informa o no en torno al conflicto armado, con la información alrededor de la administración pública en temas de corrupción y el ejercicio del pe-riodismo en torno a las economías ilegales (narcotráfico, contrabando de armas, combustible, entra otras).

El control y la intimidación es tal que según la Fundación Medios para la Paz, que monitorea todos los casos de persecución y atentados al ejercicio del periodismo, reportó el asesinato de dos periodistas y amenazas contra 16 más (casi la totalidad de los periodistas de la región), en hechos atribuidos, especialmente a las Farc y al Eln. De otra parte, las autoridades militares y de policía operan como fuentes irrefutables en la zona y cualquier crítica en los medios podría considerarse “como una acción al servicio de los terroristas”, según lo afirma un reportero local.

Más sutiles son las formas de presión de políticos y funcionarios locales, que controlan la pauta publicitaria con la cual subsisten los periodistas y los medios regionales.

A mediados del 2007, las emisoras Sarare Stereo en Saravena, “La voz del Cinaruco” filial de Caracol Radio, La Voz del Río Arauca, filial de Radio Cadena Nacional –RCN- y Meridiano, recibieron panfletos donde anuncia-ban el paro armado y la restricción del tránsito de cualquier vehículo por las carreteras del Departamento. En el transcurso del día recibieron llamadas telefónicas, al parecer por integrantes de la FARC, donde les exigían a los periodistas leer de manera completa el comunicado que les habían hecho llegar, o de lo contrarío se atendrían a las consecuencias.

La Fundación para la Libertad de Prensa, ha hecho llamados a las autoridades para que se brinden la seguridad necesaria para la labor de los periodistas y los medios, en especial para los periodistas de los municipios de Arauca y Saravena, tal vez los más afectados por las amenazas36.

El tema de los medios de comunicación es preocupante, porque por esta vía se busca callar cualquier voz que denuncie la situación de violación a los derechos humanos, con lo cual se contribuye a la desinformación sobre la situación humanitaria y de derechos humanos que vive esta región

Iglesias por la paz en medio de la intimidación

El 9 de enero de 2008 el gobierno anuncio la captura del guerrillero del Frente Domingo Laín del Eln que, según las autoridades militares, en octubre de 1989 asesinó al obispo de la Diócesis de Arauca, monseñor Emilio Jaramillo Monsalve, un hecho de violencia que marcó la persecu-ción contra las diversas iglesias que tienen presencia en el departamento de Arauca.

36- Fundación para la Liber tada de Prensa –FLIP-. “Nuevas Amenazas a medios de comu-nicación en el Departamento de Arauca”. FLIP. Agosto de 2007.


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37- Justapaz. Comisión de restauración, vida y paz. “Un llamado profético. Informe No. 2. Diciembre de 2006.38- Ver en: http://www.vozcatolica.org/87/32.htm

Tanto la Iglesia Católica como diversas expresiones de las Iglesias Cristianas en el departamento de Arauca han sido objeto de persecución y amenazas, lo que muestra, otra vez, que persiste un clima de intolerancia, polarización y violencia política que afecta la sociedad local en la medida en que limita la acción social por la paz y los derechos humanos en la región. El llamado de las Iglesias por sostener la neutralidad en el conflicto y mantenerse al margen de los actores armados representa una opción para las víctimas y las comunidades que sobreviven en medio de la guerra y constituye una advertencia para quienes desde el uso legal o ilegal de la fuerza atacan a la población civil y violan en forma sistemática y deliberada el derecho internacional humanitario.

Esta actitud de las iglesias ha provocado atentados y amenazas. Durante el 2006 se reportaron 68 ocasos de violaciones de Derechos humanos a personas relacionadas con iglesias evangélicas-cristianas, 223 víctimas y 289 agresiones37. En el caso de las Iglesias cristianas-evangélicas y católicas colombianas, estas han puesto su “cuota” de mártires, con lo cual se viola el derecho fundamental a la libertad e igualdad de cultos. El Informe de Justapaz y la Comisión de Restauración, Vida y Paz, asegura que de estas agresiones, 131 son adjudicadas a paramilitares, 126 a las guerrillas y 28 casos fueron atribuidos directamente a agentes del Estado.

A raíz del enfrentamiento de los dos grupos guerrilleros, Farc y Eln aumen-taron las violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al DIH, involucrando a la población civil.

“En las áreas rurales donde vive la mayoría de la población, los grupos guerrilleros han dominado la población civil se ha visto presionada a declarar su color político, o su relación con alguno de ellos”, afirma el informe de JUSTAPAZ. A su vez, las iglesias cristianos-evangélicas presen-tan ciertas reservas frente a la Fuerza Pública, ante las denuncias de que la labor de neutralizar a las guerrillas se ha hecho con la complicidad o apoyo de grupos paramilitares.

En lo que se refiere a la iglesia católica, esta no está exenta de ser víctima de los actores armados, por lo que situaciones de asesinatos, amenazas, secuestros, hostigamientos, allanamiento o destrucción a las instalaciones parroquiales han sido denunciados por las diferentes Diócesis y por el mismo Secretariado Nacional de Pastoral Social. Según la Conferencia Episcopal Colombiana en Colombia, los últimos 5 años han asesinado a 32 miembros de la iglesia católica…“54 religiosos han sido amenazados, y 5 obispos, 18 sacerdotes, un misionero han sido secuestrado, y 71 iglesias han resultado destruidas o dañadas por ataques de grupos al margen de la ley”38.


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Migración transfronteriza: dinámica del refugio de colom-bianos hacia Venezuela

Las fronteras terrestres entre Venezuela y Colombia representan límites imaginarios entre comunidades que comparten historia y cultura, además de dinámicas sociales, económicas y políticas propias de estos puntos vivos de intersección. Son 2.219 kilómetros que comparten ambos países y existe la convicción local de que las diferencias son promovidas o fomentadas desde los centros políticos de cada país.

Desde luego que las acciones armadas que ocurren en territorio colombiano y, por extensión, en territorio de Venezuela, crean situaciones objetivas de tensión que requieren de un tratamiento diplomático y mecanismos de con-

Cuadro 4. Principales rutas de acceso a Venezuela por el departamento de Arauca

Mapa 2. Frontera Colombo-Venezolana. Población por Estado o departamento

Tomado de “Salud y desplazamiento”. Disponible en http://pagina de/desplazados.

Fuente: Defensoría del Pueblo, elaboración CODHES

Río Arauca


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trol frente a acciones delictivas que alteran o pueden alterar las relaciones binacionales. El conflicto armado, los tráficos de drogas, armas, combusti-bles y alimentos, así como los conatos de crisis entre los gobiernos hacen más sensible estas zonas de frontera y demandan mecanismos eficaces de colaboración y acción política de las autoridades locales y nacionales.

En términos humanitarios, las consecuencias de la violencia en Arauca se expresan en las recurrentes solicitudes de refugio por parte de los colom-bianos que en las zonas de frontera (Arauca, Guajira y Norte de Santander) cruzan en busca de protección. La situación humanitaria ha implicado un aumento significativo de las personas vulnerables por atender en Venezuela y es un factor que pesa en los procesos de estigmatización a que se ven expuestos los colombianos en la vecina república, a los que se atribuye el aumento de la violencia en los municipios de frontera.

Dinámicas del refugio

A pesar de las significativas implicaciones humanitarias que ha traído la gue-rra al país vecino, la respuesta institucional del Estado central venezolano, en términos de aceptación de solicitudes de refugio es baja y diletante, lo cual implica, una limitante para obtener protección de este país, lo cual es paradójico, dado que Venezuela cuenta con una importante infraestructura institucional para dar cuenta de este proceso migratorio39.

Según las organizaciones que atienden a los solicitantes de refugio en Venezuela y los colombianos solicitantes, las situaciones que motivan la migración transfronteriza son:

1. Amenaza de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes en dife-rentes municipios del departamento de Arauca: el constante hostiga-miento de la Farc y el Eln para reclutar menores en sus filas, además de un posible reclutamiento del grupo paramilitar Águilas Negras en municipios de Arauca.

2. Persecución por actores armados como FARC, ELN y paramilitares: muchas personas en situación de desplazamiento afirmaron que tras dos desplazamientos dentro de Arauca, todavía las guerrillas los siguen persiguiendo, acusándolos de auxiliadores de unos de los grupos y esto los obliga a irse de Colombia.

3. La constante violación a los derechos humanos en Arauca: se ha evi-denciado que las detenciones masivas, asesinatos selectivos, falsos positivos, desapariciones, secuestro de líderes sociales, y la persecu-ción a organizaciones sindicales, de derechos humanos, servidores públicos y políticos en la región, son motivos significativos para cruzar la frontera.

39- Las organizaciones no estatales que trabajan con la problemática del refugiados en el Estado de Apure, y en la zona del Alto Apure, son: 1. El ACNUR, cuya oficina queda en Guasdualito; 2. Servicio Jesuita a Refugiados con oficina en Guasdualito y El Nula; 3. Cáritas Venezuela en Guasdualito y; 4. La Casa Cural en la Parroquia de El Amparo. Las tres últimas organizaciones cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica y en El Amparo cubren todo el Estado del Alto Apure.


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4. Inefectiva atención a la población en situación de desplazamiento por parte de las autoridades regionales y del nivel nacional: hay casos alarmantes de personas en situación de desplazamiento que después de más de cinco meses de haber declarado no han sido todavía incluidos en el registro, otros hablan de estar incluidos pero de no haber recibido la atención de emergencia; otros de haber recibido la atención de emer-gencia pero no han vuelto a recibir nada más. Hay muchos casos de población que después de dos años nunca recibieron nada, ni siquiera la atención de emergencia. Estos factores motivan el traslado al vecino país ante la situación de vulnerabilidad a que están expuesto.

5. Falta de condiciones de seguridad para continuar en Colombia: los soli-citantes de refugio manifestaron que aún habiendo llegado a Venezuela, el temor persiste porque afirman que el conflicto colombiano entre las dos guerrillas traspasó la frontera. Algunos solicitantes hablaron sobre casos de conocidos que habían sido amenazados por alguna de las guerrillas en Colombia y estando en Venezuela los han localizado, obligándolos a adentrarse más hacia el centro de este país.

6. Agudización de la guerra: durante el 2007, por los enfrentamientos entre la Farc y el Eln por el dominio territorial y geoestratégico las personas se ven obligadas a huir en busca de protección.

Los principales sitios de recepción son las comunidades venezolanas de El Nula, La Victoria, El Amparo y Guasdualito. Según la Defensoría del Pueblo, regional Arauca, las autoridades regionales no cuentan con un registro de los colombianos que salen por Arauca hacia Venezuela, pues el paso hacia el país vecino, hace parte de la cotidianidad y se cruza continuamente la frontera ya sea por asuntos comerciales, económicos, por turismo o seguridad.

Según el Servicio Jesuita de Refugiados –SJR- (en Venezuela), con ocasión del conflicto entre la Farc y el Eln se ha incrementado el número de personas que solicitan el refugio, durante el 2006 se ubicó un crecimiento del 38% de las solicitudes de refugio con respecto al 2005. Según esta organización, en el Estado Apure, entre los años 2001 a 2007, en la localidad de El Nula se reportan 2.300 colombianos solicitantes de refugio, pero solamente 5 casos como grupo familiar han sido reconocidos, se han negado 7 casos equiva-lentes a 10 personas, y solamente 171 personas han recibido documentos provisionales. Cáritas Venezuela, reportó que de un total de 843 casos de solicitantes, solamente 11 han sido reconocidos de manera oficial.

La oficina de la Secretaría Técnica Regional para refugiados, en Guasdualito sólo ha entrevistado 35 casos y entregado documentos provisionales a 271 personas, de las 2.774 que han solicitado refugio en el Alto Apure, estas familias esperan desde el 2001.


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Habría que agregar que por lo menos en la zona del Alto Apure hay más de 200 colombianos que no son solicitantes de refugio, pero que tampoco son migrantes económicos. Sino personas que no han ejercido su derecho al refugio por temor, desconocimiento de la norma, o porque simplemente creen que la situación en Colombia puede mejorar y pueden regresar en un futuro cercano.

Impacto de la migración transfronteriza en las comunidades receptoras en Venezuela

Tomando en cuenta que el ingreso persistente de nuevo pobladores a Vene-zuela la vida cotidiana las poblaciones de frontera se ha visto afectada de manera significativa. En el caso del ingreso por Saravena, las personas que llegan a la localidad venezolana de El Nula (que es altamente receptora), ha aumentado su población de manera considerable, sobre todo a partir del año 2000 cuando empezaron a recibir víctimas de la arremetida paramilitar en Arauca40.

En la comunidad de El Nula, se reporta un alto número de colombianos que no desean hacer uso del derecho al refugio y desean invisibilizarse dentro del país vecino, esto debido al alto nivel de temor de que sean ubicados por algún actor armado colombiano.

La situación en la localidad de Guasdualito tampoco deja de ser preocupante, pues además de ser una comunidad altamente receptora de solicitantes y de refugiados presentan una situación de inseguridad: sicariato, secuestro, reclutamiento forzado y desplazamiento se presentan muy a menudo en esta comunidad. Y aunque no es adjudicado directamente a algunos de los actores armados de Colombia, se habla de una “estrecha” relación entre estos hechos y las guerrillas de las Farc o el Eln.

En términos generales, la situación de seguridad en estas comunidades receptoras no es la más positiva. El incremento de la violencia urbana y el inicio del desplazamiento interno de venezolanos41 hacia el interior del país, muestran la situación de alta vulnerabilidad tanto de la población receptora, como de los colombianos, que ven la prolongación de su odisea en tierras venezolanas.

Respuesta institucional a la migración transfronteriza

Comisión Nacional para los Refugiados y la Secretaría Técnica de Vene-zuela – Regional del Estado de Apure.

Para el estado venezolano el refugio es considerado como un tema de se-guridad nacional. No obstante, el artículo 69 de la Constitución reconoce el

40- Durante los años del 2001 al 2003, la mayoría de los colombianos que llegaron a esta comunidad, procedían de Arauca y eran víctimas de la persecución y arremetida paramilitar en el departamento colombiano.41- Aunque esta situación no ha sido estudiada, algunas organizaciones de derechos humanos en Guasdualito afirman que el incremento de la violencia en Venezuela, ya sea por actores armados colombianos o por la misma insatisfac-ción con el actual gobierno, está generando que muchos venezolanos se tengan que desplazar de manera interna, no solamente en la búsqueda de una mejor calidad de vida, sino porque han sido afectados de manera directa por la violencia en este país.


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asilo y el refugio en el territorio de Venezuela y dispone de procedimientos e instancias para regular las solicitudes.

Para la Secretaría Técnica Regional del Estado de Apure, el 95% de las so-licitudes de refugio son de colombianos, esta oficina se encarga solamente de trámites administrativos y las organizaciones que apoyan el proceso de los solicitantes advierten que la tramitología es dispendiosa y demorada y que muchas veces los solicitantes pierden la cita de la entrevista debido a falta de recursos para trasladarse hasta Guasdualito.

La Secretaría reconoce la demora en los trámites, pero también aclara que por ley, la Comisión Nacional tiene 90 días hábiles para pronunciarse, con prórroga de 90 días más. Sin embargo, el limbo jurídico en que viven muchos colombianos solicitantes es bastante grande debido a la demora en los trámites, tanto del documento de provisionalidad, como de la respuesta final a la solicitud. Según Consejería en proyectos –PSC-42 los aspectos que explican el lento ritmo de este trámite son:

1. Predominio de un enfoque de seguridad para abordar el tema del re-fugio: se verifican los datos ofrecidos por cada solicitante a través de órganos de seguridad de inteligencia: los miembros de las Secretarías Técnicas reconocen que eso puede tomar incluso un año.

2. Composición multisectorial de la Comisión Nacional: la Comisión Nacional es el único órgano competente para reconocer o denegar el estatus de refugiado a los solicitantes. Sin embargo, sus reuniones requieren de la coordinación de sus miembros, que pertenecen a dis-tintos sectores del Estado.

3. Escasos recursos de la Comisión Nacional y las Secretarías Técnicas: el personal no da abasto para atender a los solicitantes con la celeridad necesaria ni en la Comisión ni en las Secretarías. En cada Secretaría trabajan dos personas, que deben ocuparse del trámite de refugio: solicitud, entrevistas de pre-elegibilidad, entrevista, elaboración de un informe para la Comisión sobre cada caso. A ello hay que agregar que existe un “embalse” de población colombiana con necesidad de protección desde la época anterior a la Comisión Nacional y las Secretarías, más allá de las deportaciones que anteriormente tuvieron lugar43.

Dadas todas las anteriores situaciones, es pertinente cuestionar si la dimen-sión del drama humanitario que se vive en Arauca, permite catalogarse como crisis humanitaria, y en ese orden, valorar el tipo de respuesta institucional que viene presentando y las medidas para su cese.

42- Consejería en Proyectos –PCS–. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Bogotá. Colombia. Junio de 2007.43- Consejería en Proyectos –PCS–. “Situación general de la frontera colombo-venezolana”. Op cit.


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44- Suarez, Harvey. “Crisis Humanitaria y gue-rra sin fin”. Contenido en “Un país que huye”. CODHES. Bogotá. Colombia. 2004.

¿Existe una crisis humanitaria en Arauca?

Se considera que existe y que persiste una crisis humanitaria en el Depar-tamento, toda vez que sus habitantes, tanto de zonas urbanas y rurales, se debaten en una constante vulnerabilidad generada por diferentes matices del conflicto armado (regional-nacional), y que conllevan a la falta de garantías de sus derechos fundamentales como colombianos y personas sujetos de derechos.

“Colombia sigue enfrascada en una guerra cuya resolución por medio de una negociación y diálogo enfrenta grandes obstáculos y retos. El recru-decimiento, expansión e intensificación de la confrontación armada; Los cambios en las estrategias de la insurgencia y de los posibles grupos emer-gentes; La crisis de derechos humanos, y la “salida militar” en la que insiste el gobierno, integran un escenario de inquietudes y preocupaciones44”.

Gráfico 1. Variables que configuran la crisis humanitaria en Arauca

Fuente de la información y elaboración del gráfico: CODHES

En este contexto, las situaciones que configuran la persistente crisis huma-nitaria son:

1. Múltiples agresiones a personas, familias, comunidades y sectores sociales por parte de los diversos actores de la guerra y de las otras tantas violencias que saturan los espacios de la vida individual y colectiva.

2. Desprotección del Estado a la que se ven sometidas personas, familias, comunidades y amplios sectores sociales.

3. Desatención o precaria atención a las víctimas por parte del Estado colombiano y de los entes de control en el departamento de Arauca, como obligación principal de la vigencia y realización de los derechos humanos.


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4. Obstáculos, ataques, amenazas, persecuciones y atentados en contra de quienes realizan acciones humanitarias a comunidades vulnerables, contra organizaciones sociales y de derechos humanos.

5. Altos niveles de impunidad de los victimarios, quienes han cometido infracciones al DIH y violación sistemática de derechos humanos.

6. Corrupción local y regional en el Departamento que no permite el progreso y bienestar de su población, donde no se pueda garantizar de manera efectiva y en muchos casosel mínimo vital de los araucanos.

7. Desinformación sobre la verdadera situación del Departamento, en términos de vulneración de derechos humanos, calidad de vida, y su incidencia hacia la frontera con Venezuela, que se traduce en una migración forzada hacia el país vecino.


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III. Desplazamiento forzado en Arauca

El desplazamiento forzado se entiende como una estrategia de los actores armados para lograr el control de un territorio, ya sea por la utilidad en términos militares, por su potencial para proveer recursos a los grupos en contienda o por razones asociadas a la implementación de grandes proyectos económicos.

En el caso de Arauca se conjugan todas las causalidades. Por un lado su ubicación geográfica como zona de frontera, permite establecer corredores de movilidad para todo tipo de tráfico de mercancías ilícitas y movilidad de tropas; por otro lado, el potencial de capturar regalías petroleras, la instala-ción del cultivo industrial de la palma y la economía ilícita de la coca, se convierte en razones que motivan el enfrentamiento por el territorio entre los actores armados.

Esta confluencia de factores estructurales, han llevado a que Arauca configure un patrón de zona, principalmente expulsora y en materia de recepción, que la movilidad sea interdepartamental. En este sentido, en el Departamento se identifican dos trayectorias diferenciadas en materia de expulsión y recepción.

Fuente: Sisdhes-CODHES


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Arauca como territorio de expulsión

Según datos oficiales, Arauca tiene un alto índice de expulsión de población. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República indica que entre 2003 y 2007 del departamento de Arauca fueron expulsadas 20.466 personas, principalmente de los municipios de Tame (9.680 personas que corresponden al 47% del total de personas expulsadas), Arauca con 3.039 (15%), Arauquita con 2.951 (14%) y 2.620 (13%) respectivamente. Este organismo también señala, que 2006 fue el año en el que fueron expulsadas del territorio de Arauca el mayor número de personas, 6.204, especialmente de los municipios de Tame y Arauquita.

Como se desprende de los datos oficiales, la expulsión es un proceso cre-ciente, que refleja la situación de crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el Departamento, que pone en duda la efectividad de las medidas

Desplazamiento forzado en Arauca por municipio y año de llegada

Fuente: Sisdhes-CODHES


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de prevención y de seguridad. En términos históricos, los datos muestran que la expulsión se dispara entre los años 2000 a 2001, lo que se atribuye al incremento de la guerra en la región y al comienzo de las operaciones contempladas en el Plan Colombia y entre los años 2006-2007, con ocasión de la confrontación entre las guerrillas de las Farc y el Eln.

Según el ACNUR45, los municipios de Tame, Arauquita, Arauca capital y Saravena se encuentran dentro de los 150 municipios que más personas expulsaron durante los años 2004 al 2006 y presentan la mayor tasa de intensidad de desplazamiento a nivel departamental, le siguen en cifras: Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca capital.

Gráfico 2. Dinámica de la expulsión en el municipio de Arauca. Período 1997-2007

Fuente: Registro Único de Población Desplazada –RUPD-. Información con corte a Febrero de 2008. Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20enero%2031%20de%202008.htm

Cuadro 5. Municipios que concentran la expulsión de población. Período 2004- 2005

Fuente: RUPD.

Según Acción Social, las circunstancias que motivan el desplazamiento son los enfrentamientos entre la guerrilla de la Farc y el Eln, especialmente en Tame, Saravena y Fortul. Le siguen el reclutamiento forzado de menores por parte de ambas guerrillas, tanto en la zona urbana y rural del Departa-mento. Desplazamiento en Arauca según zonas de llegada

Según datos del Sistema de Información en Derechos Humanos y Desplaza-miento de CODHES –SISDHES- durante el período 1999-2007 el departa-

45- ACNUR. Balance de Política Pública para la Atención Integral al Desplazamiento Forzado en Colombia Enero 2004-Abril 2007. Bogotá. Colombia. Página 95.


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mento de Arauca recibió un aproximado de 30.045 personas desplazadas, de las cuales han sido registradas en el Sistema Único de Registro SUR-de Acción Social algo más de 11.456. Estas cifras reportan un subregistro de superior al 51%, donde los municipios de Arauca, Saravena y Tame pre-sentan los mayores índices, tanto de recepción de población desplazada, con 7.506, 5.759 y 4.643 personas respectivamente, como de declaraciones recibidas con 5.999 en el municipio de Arauca, 2.558 en el municipio de Tame y 973 en Saravena. A su vez, estas últimas corresponden al 83.1% del total de población desplazada registrada en el departamento”46.

Por su parte, según el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- de Acción Social, en Arauca, el 94% de las familias desplazadas provienen de zonas rurales. La confrontación entre las guerrillas de la Farc y el Eln ha generado la mayor parte del desplazamiento, tanto individual como masivo. En 2007, prevalece la característica del desplazamiento individual o “gota a gota”.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- en Saravena, el departamento de Arauca reportó a noviembre del 2007 la atención a 584 familias, 2.109 personas llegaron mediante desplazamientos individuales y de manera masivos se atendió a 765 familias, 3.183 personas. A fines de 2007 se estableció que los mayores picos de desplazamiento fueron el período entre los meses de mayo- agosto.

Al analizar el comportamiento de la expulsión en el mediano plazo (1999-2006) se observa que hay una tendencia creciente, pero que la recep-ción no es continua y se mueve en ciclos que corresponde con los puntos

Fuente: Acción Social. Registro Único de Población Desplazada –RUPD-. Información con corte a febrero de 2008; Sistema de Información en Derechos Humanos y Desplazamiento de CODHES –SISDHES-. Informa-ción con corte a febrero de 2008.

Gráfico 3. Dinámica de la recepción de personas en situación de desplazamiento. Período 1999-2006.

46- CODHES. “Huyendo de la Guerra”. Op cit. Página. 50.


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47- Según la Personería de Puerto Rondón, a la mayoría de estos casos les fue negado el reconocimiento de su situación.48- Según la Personería de este municipio, las áreas expulsoras en su mayoría son zonas rura-les, ubicadas en las veredas: San Miguel, Tropica-les, Puerto Rico, Aguachicha, la Ceiba, El Oasis, Los Chorros, Brisas del Caranal, entre otras. Además se han recepcionado declaraciones de personas provenientes de los departamentos de Norte de Santander, Cesar y Bolívar.

de inflexión del conflicto armado, siendo los años 2001-2002, 2004 y 2006 los momentos en que se dispara la recepción.

Por otra parte, en un análisis comparado de la cifra del SISDHES y el RUPD se hace visible la significativa brecha que hay entre el número de personas que estima CODHES y la realidad que reporta el registro oficial, en particular es inquietante que el registro oficial reporte un 48.5% (10. 912 personas) menos que el sistema alterno, el cual ya trabaja con un grado de subregistro, esto implica que hay problema de limitación al acceso a la oferta institucional y una invisibilización de la situación real del desplaza-miento en la región.

Cuadro 6. Comportamiento de las declaraciones de desplazamiento. Período 2004-2007

Fuente: cuadro elaborado a partir de la información suministrada por las Personerías municipales de Arauca, mediante el uso del derecho de petición.


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Para la oficina regional de Acción Social, los motivos que llevan a que las personas elijan Arauca capital como principal centro de recepción se refiere a razones de tipo económico, oportunidades de trabajo, le sigue la posibi-lidad de usar la cercanía de la ciudad con la frontera para hacer el tránsito a Venezuela y la percepción de que la oferta institucional de atención es mayor que en otras localidades del Departamento49.

Por otra parte y de acuerdo con el total de declaraciones presentantes ante las Personerías de los municipios de Arauca, los principales centros recep-tores son, en orden descendente: Fortul, Tame y Arauquita. Los procesos de recepción se mueven alrededor de dos patrones:

1. Los dos mayores receptores están en el Piedemonte, que son a su vez la zona de mayor conflictividad

2. Las zonas de recepción también corresponden a zonas donde hay recursos en disputa: dineros de regalías en Arauquita y presencia de cultivos de uso ilícito en Tame y Fortul.

Según los reportes de las Personerías, las principales causales de despla-zamiento, son: la percepción de riesgo, la posibilidad de reclutamiento forzado. En términos de impacto poblacional, el mayor impacto recae en los niños y niñas. Además tiende un carácter de migración del medio rural al urbano, por lo que es expresión de la confrontación que se vive en esos ámbitos, en particular de acciones como el enfrentamiento del Ejército con actores armados irregulares, enfrentamientos entre las guerrillas de las Farc y Eln, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito (caso Fortul), amenazas directas de los actores armados, así como asesinatos y recluta-miento forzado.

La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado son campesinos, líderes sindicales, comunales y comunidades indígenas. Según el SAT50 regional Arauca es significativa la expulsión en la zona de Tame y en 2007 continúan presentándose desplazamientos forzados en las zonas rurales de esta localidad… “veredas de Filipinas, Santo Domingo, La Esperanza, Siberia I y II, Libertadores, La Holanda, Caño Limón o Caño Verde, Caño Camame, Las Acacias, El Progreso, Turpiales, Caño Guarapo, La Arenosa, Laureles 1 y 2, Botalón, Alto Cauca, Flor Amarillo, Betoyes y Curipao”. Para esta oficina, dado que se mantiene el nivel de riesgo, la cabecera de Tame seguirá siendo el principal municipio receptor al igual que Fortul, Saravena y Arauquita.

El ACNUR afirma que el departamento de Arauca es la región del país en donde existe un mayor número de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, incluyendo los combates entre las guerrillas de las Farc y Eln y las autodefensas.

49- Más allá de las cifras, el hecho es que Arauca presentan las dos causales de la guerra que se presentan en las regiones, disputa por razones de control de recursos estratégicas y disputa por el control territorial, esta confluencia lleva a que las consecuencias humanitarias en Arauca en términos de desplazamiento forzado hallan rebasado la oferta institucional y se genere una segunda situación de vulneración expresa en una oferta institucional que no permite el res-tablecimiento de derechos y crea una sensación de desesperanza y frustración. En este sentido fue sumamente significativo para el equipo de Codhes, la respuesta que las personas en situación de desplazamiento presentaron a los talleres de diagnóstico y fortalecimiento de las capacidades sociales desarrollados en el marco de esta investigación, por ejemplo, en la reunión realizada con población en situación de desplaza-miento en Saravena, cerca de 400 personas, se quedaron hasta el final de la jornada, y de manera privada, en medio del llanto y el miedo, contaron sus historias, unas más dolorosas que otras, pero igual de importantes y necesarias para traducir en términos humanos y hacer catarsis frente a la grave situación de desprotección.50- SAT. “Informe de Riesgo. Nota de Seguimien-to”. Op cit. Página 5.


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51- ACNUR. “Balance de la Política Pública. Op cit. Página. 95.

Además, la práctica de masacres ha generado igualmente desplazamiento forzado, entre mayo y julio de 2004 aproximadamente 800 personas se desplazaron de Tame como consecuencia del asesinato de once personas en la vereda Piñalito, al parecer por Autodefensas o grupos paramilitares. En diciembre de 2004 y febrero de 2005, 957 personas se desplazaron de Tame, aterrorizadas después de que las Farc realizaran una masacre en la que fueron asesinadas 17 personas51.

Concluye el ACNUR que, Arauca concentra de manera desproporcionada el desplazamiento de población, con un incremento del 35% entre los años de 2004-2006, y en donde el municipio de Tame concentra cerca del 50% total de la población que fue desplazada en esta región. Según esta organización, entre los años 2001 a 2006, el 25 % de la población de Arauca fue obligada a desplazarse, lo cual demuestra de manera contundente la necesidad de definir una nueva estrategia de prevención y reajustar la estrategia de seguridad, dado que no se a logrado blindar y reducir los impactos humanitarios de la ofensiva militar que se aplica actualmente en la región.


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IV. Respuestas institucionales aldesplazamiento forzado en Arauca

La atención al desplazamiento forzado es producto del cruce de una di-versidad de enfoques y trayectorias de política, en este sentido, analizar la estructura de la oferta pública implica establecer el rol que juegan los diferentes actores institucionales de tipo sectorial que desarrollan programas de atención.

En este escenario, en Arauca se estructura una respuesta institucional basado en un enfoque multisectorial y en el cual la principal participación esta dada por las entidades del nivel nacional. En la región, se desarrolla una respuesta institucional soportada en tres enfoques o modelos de gestión pública: 1. El de seguridad, aplicado a la prevención del desplazamiento forzado; 2. El asistencial o de transición, ejecutado en relación con la atención humanitaria de emergencia y; 3. El modelo de oferta pública sectorial, que se aplica en relación con la oferta en materia de estabilización socioeconómica.

Prevención del desplazamiento forzado por la violencia

En la región se ha fortalecido desde fines del año 2002, la aplicación del denominado modelo de “Prevención militar” del desplazamiento forzado, que consiste en considerar que la aplicación de acciones de recuperación y control territorial por la fuerza pública son una medida de prevención y protección, dado que la fuerza pública “neutraliza” a los actores armados irregulares, que son desde lo institucional, el principal factor principal que motiva el desplazamiento.

Las acciones de este modelo consisten en:

1. El despliegue de tropas en el territorio

2. La aplicación de medidas de control o restricción a la movilidad de la población civil y al transporte de carga y;


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3. La militarización o mayor presencia de efectivos de la fuerza pública en los principales centros urbanos del Departamento.

En este enfoque que se fundamenta en la concepción de “seguridad democrá-tica”, los gobiernos territoriales no tienen ninguna capacidad de incidencia en la adopción de las medidas, dado que la seguridad es una política del nivel nacional y sus competencias legales en este campo, sólo los habilita para operar lo que se denomina como “policía administrativa”, es decir el manejo de la salubridad pública y regulación de la convivencia ciudadana.

En este sentido, los Consejos de Seguridad que convocan las autoridades locales y regionales no son competentes para definir asuntos como la realiza-ción o no de fumigaciones, la creación de redes de informantes, la búsqueda de acuerdos humanitarios o la implementación de zonas humanitarias.

Por otra parte, también juega un rol importante la Defensoría del Pueblo con su oficina regional, en materia de visibilización de las situaciones de riesgo a partir de los informes de riesgo y notas de seguimiento que realiza el SAT y las labores de sensibilización en materia de derechos humanos que hace en la región.

Por fuera del modelo militar, las entidades del nivel nacional adelantan un enfoque asistencial en materia de prevención, que incluye inversión social y misiones humanitarias en las zonas identificadas de riesgo de desplazamiento.

La primera se realiza bajo responsabilidad de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- sede nacio-nal y consiste en la realización de obras de infraestructura como escuelas, salones comunales o reconstrucción de municipios, con el fin de ampliar el margen de tolerancia de la población civil, a las intimidaciones de los acto-res armados. Sin embargo, estas acciones tienen la limitante que la acción pública no distingue entre reducción de la vulnerabilidad ocasionada por pobreza (eje de las políticas sociales) de la reducción de la vulnerabilidad producto del conflicto armado, así que puede que no ataque las causas de expulsión.

Las misiones humanitarias se realizan principalmente a partir de Acción Social con el apoyo de agencias humanitarias internacionales como ACNUR o el CICR, ocasionalmente se adelantan intervenciones puntuales en lugares problemáticos para distribuir alimentos y atención humanitaria de emergen-cia a comunidades en riesgo de desplazamiento.

En términos de la percepción de la situación humanitaria, para las autori-dades departamentales no se reconoce la existencia y persistencia de una crisis humanitaria producto de un conflicto armado, sino que se considera


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que hay una tensión en la situación de seguridad y protección al oleoducto Caño-Limón Coveñas y frente a las dinámicas de la frontera con Venezue-la, con lo cual desde lo institucional regional, se está invisibilizando la problemática de vulneración de derechos humanos e infracciones al DIH. En esta medida, es lógico que la respuesta institucional esté concentrada en la gestión que hagan las entidades del orden nacional y que esta oferta institucional sea insuficiente para garantizar el goce efectivo de los derechos de los araucanos que están en situación de desplazamiento.

Atención Humanitaria de Emergencia (AHE)

Se adelanta bajo el enfoque asistencial o de atención a la emergencia social que aparece en los primeros momentos del desplazamiento. En este modelo, los principales actores son Acción Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y desde el ámbito no estatal, el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-. El modelo asistencial tiene dos ámbitos de actuación:

De un lado, la entrega de los servicios y bienes que constituyen la AHE. Bajo la gestión principalmente de Acción social, en este ámbito, la respuesta estatal maneja el enfoque de atención de los desastres naturales, por ende tiene un carácter coyuntural.

La AHE la se concentra en la entrega de mercados, kit de cocina y alojamien-to. En este campo, Acción Social viene desarrollando proyectos de inversión con una asignación presupuestal de $131.553.48 dólares y 41.441.84 euros, recursos en mayor parte (63%) correspondientes a aportes de la cooperación internacional y un 37% a contrapartidas de la Nación.

La atención a la población desplazada se concentra principalmente en la oficina regional de Acción Social, ubicada en Arauca capital, para esto, cuenta con el apoyo de las unidades móviles del ICBF.

De otro lado, la atención psicosocial. Mediante la labor del ICBF, se busca ofrecer a los niños y niñas en situación de desplazamiento el acceso a los servicio en materia sicológica y de atención que provee este instituto vía las unidades móviles52 y sus hogares de bienestar.

Según el ICBF, seccional Arauca, entre los años 2004 a 2007, se han inver-tido 302´640.247 millones53 de pesos para atención a población desplazada en todo el Departamento. Sin embargo, durante los años 2004 al 2005 sólo se ejecutaron recursos para el pago de profesionales y las raciones de emergencia. A partir del 2006 se implementaron programas exclusivos para atender a la población desplazada.

En términos de evaluación social de la gestión de esta institución, a partir de las entrevistas realizadas en terreno, se estableció que las personas en

52- Las Unidades Móviles están conformadas por psicólogos, trabajadoras sociales, nutricionistas, sociólogos y maestro en artes.53- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Regional Arauca. “Respuesta al derecho de petición sobre atención a población desplazada”. Arauca. Colombia. 2007.


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situación de desplazamiento perciben de manera positiva la labor de esta entidad, sin embargo observan como limitado el alcance de inversión, te-niendo en cuenta que las unidades móviles han tenido una excelente acogida en las comunidades.

Por otra parte, a raíz de los paros armados y el bloqueo en las carreteras por actores armados irregulares, las unidades móviles no pueden dirigirse a los municipios y brindar la atención requerida, con lo que se aumenta el déficit de atención en materia psicosocial de Arauca, dados los altos índices de violencia y victimización de la región.

En cuanto la percepción social sobre la efectividad de la AHE, las personas en situación de desplazamiento tienen reparos frente a los tiempos de entrega de estas, el estado de algunos alimentos y las limitaciones para obtener una prorroga en la entrega de estos.

Según cifras del SIGOB, entre los años 2003 a 2006 se atendieron 2.747 familias54, que equivalen al 85.2% del total de personas que registra el SISDHES (12.893, que equivalen a 3.223 familias aproximadamente55) se desplazaron en ese mismo período. Esta cifra de cobertura asciende al 136,3% si se utiliza la cifra de personas registradas que maneja el RUPD (8.059 personas, aproximadamente 2.014 familias).

Sin embargo, al margen de la efectividad de la AHE, son preocupantes las dificultades que se crean para el acceso a esta y al componente de Estabi-lización Socioeconómica por efecto de las limitaciones que se crean para acceder al registro oficial (ver las diferencias entre población en situación de desplazamiento que registra el SISDHES y el número de personas que reporta el RUPD en el gráfico 2, atrás).

Limitaciones en materia de la toma de declaraciónpara la inclusión en el RUPD

Existen denuncias acerca de que la forma en que funcionan algunas Persone-rías en materia de toma de declaración, implica restricciones para la inclusión en el RUPD, en este sentido: 1. Que se pida al interesado en declarar una constancia de residencia, expedida por el Presidente de la Junta de Acción Comuna –JAC- del sitio de expulsión y; 2. La fijación de horarios y días específicos para realizar la toma de declaración (aunque en las Personerías se afirma que cuando hay desplazamiento masivos se atienden de manera rápida). Se convierten en factores que limitan el acceso expedito a este trá-mite y puede convertirse en un factor que limita el número de declaraciones que se hacen por parte de estas oficinas.

54- Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. Información con corte a febrero de 2008. http://www.sigob.gov.co/ind/departamental.aspx?i=27. 55- Se trabaja con el supuesto estadístico de que una familia en situación de desplazamiento esta constituida por 4 personas.


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56- Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. “Nuevos afiliados al régimen subsidiado en salud - Perso-nas en situación de desplazamiento”. Información con cor te a febrero de 2008. Disponible en http://www.sigob.gov.co/ind/depar tamental.aspx?i=78457- Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. “Alumnos desplazados en el sector educativo”. Información con cor te a febrero de 2008. Disponible en http://www.sigob.gov.co/ind/depar tamental.aspx?i=773. Para el año 2007, el SIGOB no reporta cifras de ampliación de coberturas.

Estabilización y Consolidación Socioeconómica

Se ejecuta desde un enfoque multisectorial, es decir, desde la aplicación de los distintos programas que cada entidad nacional y territorial maneja en materia de política social. En Arauca se ha establecido un conjunto de iniciativas en este campo, sin embargo, esta oferta es restringida pues ins-titucionaliza un enfoque de “resolución de necesidades” en lugar de uno de “realización de derechos”.

En este sentido, la oferta se distribuyen en los sectores de: salud, educación, vi-vienda, generación de ingresos, así como el fomento a procesos de retorno.

Oferta en salud

La atención en este campo esta supeditada al paquete de procedimientos y medicamentos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –POS-S que provee el régimen público en salud, el régimen subsidiado. Además en términos psicosociales se están implementando los programas de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta.

Según cifras del SIGOB, entre los años 2004 a 2006 se incluyeron 1.397 personas56, que equivalen al 14.07% del total de personas que registra el SISDHES (9.926) se desplazaron en ese mismo período. Esta cifra de co-bertura asciende al 20.9% si se utiliza la cifra de personas registradas que maneja el RUPD (6.672 personas), esta última cifra es significativa de los déficit de atención del actual programa, el cual dejan sin cobertura a cerca del 80% de las personas oficialmente registradas. Sin embargo, personas en situación de desplazamiento que asistentes a los talleres realizados en el marco de esta investigación, presentaron reparos como:

1. Inconformidad ante pagos adicionales por los servicios de salud.

2. La existencia de deficiencias en las bases de datos de las instituciones prestadoras de salud, que en ocasiones registra a la persona como en situación de desplazamiento y en otras no aparece, evento en el cual se les niega el acceso bajo esta modalidad.

3. Falencias en las coberturas del servicio de urgencias, el cual cubre la consulta pero no el medicamento formulado.

Oferta en educación

Según cifras del SIGOB, entre los años 2004 a 2006 se incluyeron 4.319 niños y niñas en situación de desplazamiento57, que equivalen al 51.57%


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del total de niños y niñas entre los 5 y 16 años que están actualmente en el RUPD (8.379)58.

Por ende el servicio de educación básica primaria y secundaria es el que mayor cobertura presenta, sin embargo, hay reparos en relación con la gestión que de este derecho hacen los colegios, estos son:

1. Los programas oficiales no cubren la totalidad de elementos necesa-rios para el desarrollo del proceso educativo, por lo que los padres deben entrar a sufragar costos adicionales como la matricula y el uniforme.

2. Hay falta de claridad por parte de las autoridades escolares, en relación con la vigencia de la excepción a ciertos cobros del servicio, como la pensión para aquellos niños y niñas en situación de desplazamiento que llevan más de 2 años asistiendo al plantel.

3. La afectación en la continuidad o acceso a este derecho, en tanto las autoridades responsables no giren los recursos que cubren el valor del cupo asignado a estos niños.

Oferta en vivienda

El acceso a una vivienda digna es una variable crítica en Arauca y esta jugando un peso clave en las dificultades que hay hoy en día para lograr la sostenibilidad de los procesos de estabilización socioeconómica, dado que, no hay un oportuno acceso a esta, por lo que se limita el proceso de integración al sitio de recepción y el sembrar raíces, pues el complejo es-cenario de violencia que se mantiene en lo rural, restringe las posibilidades de adelantar retornos sostenibles, es decir, eventos que cumplan con los criterios de dignidad, seguridad y no repetición, fijados en los principios rectores del desplazamiento forzado.

En Arauca, la disponibilidad de este derecho esta predeterminada por los esquemas de subsidio de Vivienda de Interés Social -VIS- que provee el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante los recursos que maneja el Fondo Nacional de Vivienda para el ámbito de la vivienda urbana y el Banco Agrario de Colombia para la vivienda rural.

En términos de acceso hay una oferta insuficiente, según cifras del SIGOB, entre los años 2004 a 2006 se asignaron 339 subsidios de VIS urbana59, que para una demanda de 2.481 hogares aproximadamente60, lo que equivale a una cobertura del 13% del total de personas que registra el SISDHES (9.926) para ese mismo período. Esta cifra de cobertura asciende al 20.3% si se utiliza la cifra de personas registradas que maneja el RUPD (1.668 hogares aproximadamente), esta última cifra es significativa del déficit de

58- Acción Social. RUPD. Información con corte a febrero de 2008. Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20enero%2031%20de%202008.htm 59- Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. “Subsidios VIS asignados a través de Fonvivienda para hogares en situación de desplazamiento”. Información con cor te a febrero de 2008. Disponible en http://www.sigob.gov.co/ind/depar tamental.aspx?i=76760- Se trabaja con el supuesto estadístico de que un hogar de personas en situación de desplaza-miento esta constituido por 4 personas.


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61- Sistema de Gestión y Seguimiento a las metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. “SENA. Atención a poblaciones especiales”. Información con corte a febrero de 2008. Disponible en http://www.sigob.gov.co/ind/departamental.aspx?i=770

vivienda, pues significa que cerca del 80% de las familias oficialmente registradas carecen de este derecho.

Este déficit en la oferta habitacional, permite entender que el incremento de las construcciones en barrios subnormales por parte de este grupo, es una forma de acceder a una vivienda dada una institucionalidad estatal ineficaz. La construcción en zonas de invasión hace que las familias estén expuestas a la marginalidad e inseguridad.

En lo que se refiere a la evaluación social del acceso a este derecho, hay serios reparos de las comunidades acerca de la transparencia de los procesos de entrega de viviendas en relación con sobrefacturaciones del costo final de la vivienda, deficiencias en los materiales de construcción y lentitud en la entrega de las soluciones habitacionales.

Oferta en generación de ingresos

En este campo, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- tiene la mayor responsabilidad y mediante sus programas de capacitación para el empleo, busca lograr el proceso de adaptación laboral al medio urbano. Según el SIGOB61, se atendieron en el programa de aten-ción a poblaciones especiales del SENA, entre 2003 y 2006, 1.922 personas en situación de desplazamiento, que equivale al 14.9% las personas que reporta el SISDHES, para el mismo período. Esta cifra de cobertura asciende al 23.8%, si se trabaja con la cifra de la población que esta inscrita en el RUPD (8.059 personas).

A su vez, la Gobernación de Arauca, también ha destinado recursos para este campo, con una asignación por $ 150 millones para la capacitación y asistencia técnica en programas para el diseño e implementación de pro-yectos de generación de ingresos.

Nuevamente, en la evaluación social realizada en los talleres de fortaleci-miento de las capacidades sociales, las personas en situación de desplaza-miento, son críticas de la oferta en la materia, a la que definen como insu-ficiente e ineficaz para una generación efectiva de trabajo y en particular, que los proyectos productivos que se financian no tienen una significativa demanda comercial.

Restablecimiento mediante procesos de retorno

El retorno como una de las opciones en materia de estabilización que fija la Ley 387 de 1997, no tiene un clima favorable en la región dada la actual


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coyuntura de guerra, lo cual lleva a que a pesar de la débil oferta institu-cional, las personas prefieran seguir pasando privaciones en los lugares de recepción que un retorno en medio del conflicto.

En 2002, retornaron 3 hogares (13 personas). Para el 2003, se realizaron dos retornos colectivos: 9 hogares que se habían desplazado al Municipio de Arauca retornaron al Corregimiento de Matal de Flor Amarillo y 92 hogares que estaban desplazadas en el Casco Urbano de Santo Domingo retornaron al Corregimiento de Flor Amarillo jurisdicción del Municipio de Tame; 43 hogares retornaron al Municipio de Tame, Corregimiento de Betoyes. Los demás hogares, 161 retornaron en forma individual a diferentes municipios. En el año 2004 han retornado 4 hogares a Saravena, en el año 2005 se adelantan retornos de desplazamientos masivos del municipio de Tame, un total de 33 hogares y en 2006, 2 hogares regresan62.

A manera de conclusión frente a la situación actual de la oferta institucional en particular en AHE y estabilización socioeconómica, es claro para todos los actores estatales regionales y nacionales, que la persistente situación de recepción ha creado una crisis institucional, que la demanda ha desbordado la oferta pública, esto a pesar de los mandatos de la Sentencia T-025, que han implicado mayores asignaciones presupuestales desde el año 2004 y que obliga a las autoridades territoriales a que coloquen en la agenda este problema humanitario.

En este sentido el mayor esfuerzo esta manos de los programas nacionales, los cuales no han podido subsanar el histórico déficit de atención y la oferta regional es casi invisible, con lo cual se visibiliza las dificultades para que este tema se convierta en una prioridad en la agenda de estos gobiernos, a lo que se suma la persistente corrupción administrativa que permea la gestión pública regional y que lleva a que existan dudas sobre la transparencia y eficiencia del gasto público que se hace en la materia.

62- Sistema de Gestión y Seguimiento a las metas del Gobierno Nacional –SIGOB-. Información con corte a febrero de 2008. Disponible en http://www.sigob.gov.co/ind/departamental.aspx?i=28. Bogotá. Colombia.


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Algunas conclusiones

En medio de la riqueza y su ubicación geoestratégica de zona de frontera, el departamento de Arauca sigue siendo un territorio inmerso en un prolongado conflicto armado que compromete diversas fuerzas contendientes que en desarrollo de sus acciones afectan gravemente a la población civil, debi-litan la institucionalidad local, afectan el normal desarrollo de un proceso democrático, limitan la acción independiente de la justicia y promueven la impunidad y la corrupción.

La Fuerza Pública enfrenta denuncias en tribunales nacionales e interna-cionales por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que socavan la legitimidad de las instituciones y exigen mecanismos ciertos de control para que la acción contra los grupos irregulares se realice en el marco de las normas de un estado de derecho. Los fondos del Plan Colombia destinados a la protección del oleoducto Caño Limón -Coveñas, deben estar condicionados al pleno respeto por los derechos humanos y las normas humanitarias.

Los grupos guerrilleros, enfrentados a las Fuerza Pública o enfrentados entre sí, son responsables de serias y graves infracciones al derecho internacional humanitario y contribuyen con sus acciones contra la población civil a la degradación del conflicto armado.

La guerra del Estados es muy costosa y no constituye el camino más via-ble para superar el conflicto armado, pero las armas de las guerrillas no representan una forma de resolver las causas de la confrontación. En estas circunstancias, se requiere de soluciones políticas y negociadas al conflicto. La paz se concibe como un proceso de construcción de confianzas entre las partes que se fundamenta en el respeto por la vida y la dignidad humana (aún en las extremas circunstancias de la guerra), principios éticos que com-prometen a quienes defienden la institucionalidad del Estado y a quienes dicen enfrentar a ese Estado en nombre del pueblo.

La sociedad local insiste en la inversión social y la redistribución equitativa y transparente de los ingresos provenientes de las regalías petroleras, así


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como en la profundización de la democracia y la realización efectiva de los derechos, como el camino para superar la guerra y pobreza. No obstante, las garantías para la acción de la sociedad civil están limitadas por el pre-dominio de una cultura de la fuerza y la arbitrariedad.

Las víctimas del conflicto armado en esta región de Colombia no tienen plenas garantías para asumirse como sujetas de derechos a la verdad, la justicia y la reparación y merecen consideración y respeto por su dolor, su historia y sus reivindicaciones. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las Iglesias, las organizaciones sociales de campesinos e indígenas y los sindicatos son referentes importantes para la prevención, atención y protección de las víctimas y del conjunto de la población civil y para la construcción de un imaginario, una cultura y una práctica democrá-tica y para contribuir a superar la impunidad frente a los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. El gobierno debe asegurar plenas garantías para su actividad legítima, frente a las amenazas y hostigamientos de que son objeto. La erradicación de cultivos de uso ilícito y el combate contra el narcotrá-fico no deben circunscribirse a los eslabones más débiles de la cadena de producción, procesamiento y comercialización de la droga. Las personas que huyen de las fumigaciones deben ser consideradas como desplazadas y recibir atención del Estado. Se necesitan planes concertados y alternati-vos de producción para sustituir cultivos de uso ilícito, antes que medidas de fuerza que han demostrado su inutilidad en la reducción de las áreas sembradas de coca.

El desplazamiento forzado de población en medio de la confrontación armada o de sus múltiples formas de degradación, plantea un serio desafío humanitario para las autoridades locales y para el gobierno nacional. En primer lugar, para revisar el procedimiento de aceptación y rechazo de personas desplazadas, en segundo lugar, para asegurar una adecuada atención humanitaria de emer-gencia y, por último, el pleno restablecimiento de sus derechos.

Los flujos migratorios hacia Venezuela, en el que se confunden personas que huyen de la guerra y requieren de protección en el marco del derecho internacional de los refugiados, así como personas que buscan mejores condiciones de vida en el vecino país, merecen la atención binacional, más desde una perspectiva de sus derechos que desde un tratamiento exclusivo de seguridad.

Las agencias humanitarias y los organismos internacionales que atienden y velan por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen en el departamento de Arauca mucho por hacer en términos de apoyo a las comunidades más afectadas y a las organizaciones locales que insisten en medio de la adversidad.


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