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CLAVES PARA ENTENDER LA ‘LEY DEL SUELO DE CANARIAS’

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CLAVES PARA ENTENDER LA ‘LEY DEL SUELO DE CANARIAS’

GRAN CANARIA, 19 DE MAYO 2016

NC ABRE UN ESPACIO DE DEBATE CIUDADANO SOBRE LA LEY DEL SUELO DE CLAVIJO

Román Rodríguez expone las claves del anteproyecto legislativo en esta primera conferencia en Gran Canaria, que se extenderá al resto de las islas

Nueva Canarias (NC) ha abierto un espacio de debate con los ciudadanos sobre las preocupantes y alarmantes implicaciones del anteproyecto de ley del suelo del jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo. El presidente de NC, Román Rodríguez, expone las claves de la citada propuesta legislativa en esta primera conferencia que se celebra hoy, y que se extenderá al resto de las islas. “Nos jugamos nuestro futuro y no podemos permitir que el Gobierno de Canarias no nos escuche a la mayoría social,” avisa el dirigente nacionalista. Rodríguez observa la importancia de corregir todos los aspectos que ponen en peligro los valores patrimoniales, territoriales, medioambientales y económicos del Archipiélago. Para NC, la filosofía que subyace en esta propuesta es que “nada sirve si no se obtiene un beneficio económico aunque, a futuro, implique la destrucción” de un modelo de crecimiento equilibrado.

Tras integrarse en una plataforma, junto con los principales sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y partidos políticos de izquierda; NC ha decidido abrir el debate, de una de las principales leyes que se tramitarán en esta legislatura, a todos los ciudadanos interesados en tomar conciencia de una iniciativa que “termina con el proyecto común de

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Canarias para dar paso a la especulación, el desarrollismo y a 95 reinos de taifas municipales e insulares”.

Con este objetivo, hoy, en el hotel Iberia de Las Palmas de Gran Canaria y organizado por la asamblea local de NC, Román Rodríguez ofrece su primera conferencia sobre los aspectos fundamentales del citado anteproyecto de ley. “Por sentido común, tenemos que buscar el consenso en foros de diálogo que promuevan la participación de los ciudadanos para que el Gobierno de Clavijo tome conciencia de la necesidad de parar para dar marcha atrás y corregir el modelo de desarrollo insostenible,” que contiene esta propuesta legislativa, advierte el presidente de NC.

“Reconocemos aspectos positivos” como el intento de unificar todas las leyes en una sola norma, que se flexibilicen los plazos para la adaptación de los planes territoriales y que se contemple el criterio de la compensación por la conservación, tal y como señala.

Pero, a partir de ahí, en opinión de NC las consecuencias de la iniciativa gubernamental son la desregulación, la discrecionalidad en las decisiones, la especulación y el mercadeo con el suelo y los recursos medio ambientales.

Román Rodríguez apela a la participación social y al mayor consenso posible para hacer prevalecer el interés general de los canarios, la protección del medioambiente y la consolidación de un modelo sostenible que garantice el futuro para las Islas.

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1. INTENCIONALIDAD

El Gobierno de Canarias plantea esta Ley del Suelo como panacea para solucionar los problemas económicos de Canarias.

Atribuyendo a la burocracia, a la maraña administrativa, al sector público, a las leyes, el origen de todos nuestros males.

Es un análisis simplista que olvida que se trata de problemas mucho más complejos, que atañen a la formación, a las características de nuestro modelo productivo, a nuestra escasa diversificación económica…

Compartimos la necesidad de la simplificación administrativa, pero no que esta se lleve a cabo desmantelando las competencias del Gobierno d Canarias, eliminando las de los cabildos y suprimiendo los controles de legalidad.

Se apuesta por un modelo desarrollista, en el que se desprecia al interés general, repitiendo el cortoplacismo que tanto daño nos hizo en el pasado reciente.

Colocando los recursos medioambientales en función de la coyuntura económica, olvidando su carácter estratégico, incompatible con el papel de sujeto de mercadeo que le pretenden atribuir.

Olvidando que el territorio es el lugar donde se desarrolla la vida y no solo un espacio soporte de la actividad económica.

2. ELABORACIÓN SIN PARTICIPACIÓN

Se trata de un anteproyecto de Ley elaborado en los despachos, sin el menor debate social.

Sin llevar a cabo el imprescindible diagnóstico sobre la situación territorial, urbanística, medioambiental o turística sobre la que pretende incidir.

Con un período de exposición pública escaso.

Nace mal, sin consenso social ni político.

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3. ELEMENTOS POSITIVOS

Reconocemos algunos elementos positivos:

Unificación de las normas previas.

Compensar por conservar.

Respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos.

Supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación.

Flexibilización de los plazos de adaptación de los planes.

Simplificación de la autorización de obras en suelo urbano y rústico.

4. RENUNCIA AL PROYECTO COMÚN

Pero consideramos muy graves otros de los planteamientos contenidos en el anteproyecto de Ley del Suelo, entre ellos la renuncia, al proyecto común de Canarias:

Con la derogación de la mayor parte de las directrices de ordenación general.

Renunciando a las competencias del Gobierno de Canarias, debilitando la unidad nacional canaria y la cohesión territorial, social y económica.

Eliminando el control de legalidad que hoy ejerce la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), así como los informes de evaluación ambiental.

Debilitando el poder de los Cabildos: se vacían los Planes Insulares de Ordenación, limitando su capacidad para condicionar el planeamiento municipal en el marco de la competencia para poder planificar la complementariedad de las comarcas y de las actividades en un modelo sostenible de isla. Especialmente, no se consideran vinculantes las políticas económicas y sectoriales de los planes insulares.

Dejando todas las responsabilidades en manos de los ayuntamientos, caso único en el conjunto de las comunidades autónomas.

Generándoles, por tanto, a las corporaciones locales problemas técnicos, jurídicos y económicos.

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5. JUDICIALIZACIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA

Se presenta, de forma claramente maquillada, como una Ley que acabará con la burocracia, disminuirá los litigios y la judicialización; y hasta nos ayudará a salir de la crisis.

Ninguna de estas afirmaciones se sostiene y lo único claro es que aumentará la desregulación, la discrecionalidad en decisiones y se facilitarán los procesos especulativos y el desarrollismo.

Cuando hoy, con muchas menos competencias, muchas administraciones locales precisan del Gobierno para redactar sus planes generales, al no contar con los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo.

Según el anteproyecto de ley se deberían crear 95 órganos ambientales (de los 88 ayuntamientos y los siete cabildos), sustituyendo el papel que hasta ahora desarrolla la COTMAC.

Todo ello va a generar más judicialización e inseguridad jurídica; y más debilidad para el interés general.

6. DESREGULACIÓN Y DISCRECIONALIDAD

Introduce, asimismo, elementos desreguladores y discrecionales. Así sucede en el artículo 124 y siguientes que posibilitan llevar a cabo cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, solo con que se declare de interés insular o autonómico.

Situación que se traslada igualmente al artículo 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares con la que se dota de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales, sin control ni participación.

Se abandona el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Es decir, se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta, e incluso en contradicción, con las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar. 

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7. PRESIONES SOBRE EL SUELO RÚSTICO

A los usos agrícolas y ganaderos tradicionales se les añaden ahora como propios los deportivos, de ocio, científicos, docentes y divulgativos.

Y como usos complementarios, los turísticos, artesanales y de restauración, culturales, educativos, etc.

Excepcionalmente, también se añaden los usos residenciales, industriales, de equipamientos y servicios, y “cualesquiera otros usos y actividades que completen, generando renta complementaria, la actividad realizada en esas explotaciones”.

Se flexibilizan las delimitaciones de asentamientos rurales, facilitando su conversión en núcleos urbanos.

Pudiendo desencadenar una enorme presión especulativa sobre el suelo rústico y la actividad agrícola o ganadera, de extensas e irreparables consecuencias.

Nos parece positiva la simplificación de los trámites para realizar obras en las instalaciones agrícolas y ganaderas existentes, así como nuevas construcciones destinadas a este fin en suelo rústico.

8. DEBATE Y CONSENSO

Demandamos un debate riguroso y participativo antes de la toma de decisiones.

Y establecer, como ocurrió con las grandes leyes del territorio y del medio ambiente, el máximo consenso social y político sobre la Ley del Suelo.

Se debe incorporar al debate de este anteproyecto de reforma de la ley turística que elimina cualquier tipo de restricción a la construcción de nuevas plazas turísticas sobre suelo calificado, derogando cualquier limitación incluida en la llamada moratoria turística.

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CLAVES DE LA LEY DEL SUELO

No vamos a descubrir ahora la importancia que para Canarias tiene la preservación de su territorio y de su medio ambiente. Desde el estricto plano económico al de la propia identidad como pueblo. El aprecio del medio por nuestra gente se ha expresado en numerosas ocasiones. En masivas movilizaciones como las de Veneguera, El Rincón, Vilaflor y, más recientemente, contra las prospecciones petrolíferas.

Siempre he defendido, y puesto en práctica, que las decisiones en este ámbito deben estar siempre argumentadas, debatidas y consensuadas. Tomadas desde el interés general y la apuesta por la sostenibilidad. Como sucedió con la ley del territorio y la de los espacios naturales, en los años noventa.

Como también ocurrió en la elaboración de las directrices de ordenación general y las correspondientes del turismo. Más de dos años de intenso y cualificado debate. Con una enorme participación de los distintos sectores institucionales, universitarios, económicos y sociales –como se comprueba repasando lo que reflejaron los medios de comunicación de la época (2001-2003)-, previos a su aprobación por unanimidad en el Parlamento de Canarias.

No es el caso de la ley del suelo impulsada por el presidente Clavijo. Un texto de tanta relevancia, para el presente y el futuro de Canarias, ha sido cocinado en los despachos sin el menor debate social. Por eso, rechazamos el procedimiento y, al mismo tiempo, hemos exigido la ampliación del período de exposición pública del anteproyecto. Aunque reconocemos elementos positivos como la unificación de las normas previas, compensar por conservar y la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes.

Pero la tratan de embellecer afirmando que esta ley acabará con la burocracia, disminuirá los litigios y la judicialización, y hasta nos ayudará a salir de la crisis. Ninguna de estas afirmaciones se sostiene y lo único claro es que aumentará la desregulación, la discrecionalidad en las decisiones y se facilitarán los procesos especulativos y el desarrollismo.

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Proyecto común

Abandonando el proyecto colectivo de Canarias, derogando la mayor parte de las directrices generales de ordenación y renunciando a las competencias del Gobierno, debilitando a los cabildos insulares y dando todo el poder a los entes locales. Un fraccionamiento que debilita el proyecto común y coloca los recursos medioambientales en función de la coyuntura económica, olvidando su carácter estratégico, incompatible con el papel de sujeto de mercadeo que le pretenden atribuir.

El anteproyecto de ley del suelo presenta numerosos puntos oscuros. Entre ellos, la renuncia del Gobierno de Canarias a sus competencias en este ámbito, inhibiéndose, eliminando el control de legalidad, que hoy ejerce a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac); y dejando todas las responsabilidades en manos de los ayuntamientos, caso único en el conjunto de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo lo hace, además, siendo plenamente consciente de que hoy, y con bastantes menos competencias, muchas de las administraciones locales de las islas precisan del Gobierno para redactar sus planes generales, al no contar con los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo.

Compartimos la necesidad de la simplificación administrativa pero no que ésta se lleve a cabo eliminando los imprescindibles controles de legalidad. En la práctica se crearán 95 órganos ambientales (de los 88 ayuntamientos y los siete cabildos), sustituyendo el papel que hasta ahora desarrolla la Cotmac. Todo ello va a generar más judicialización e inseguridad jurídica; y más debilidad para el interés general.

Un modelo desarrollista, en el que se desprecia al interés general, repitiendo el cortoplacismo que tanto daño nos hizo en el pasado reciente. Posicionándose clara y sesgadamente en la ponderación entre recursos naturales y desarrollo económico, sin el menor equilibrio, subordinando a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro.

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El articulado introduce, asimismo, elementos desreguladores y discrecionales. Así sucede en el artículo 124 y siguientes que posibilitan llevar a cabo cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, sólo con que se declare de interés insular o autonómico. Situación que se traslada igualmente al artículo 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares con la que se dota de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales, sin control ni participación.

Por tanto, se abandona el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Es decir, se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar. 

Más debate y consenso

Por otra parte, tampoco se garantiza la protección del suelo agrícola, al flexibilizarse la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio o deportivos; pudiendo desencadenar una enorme presión especulativa sobre el suelo rústico y la actividad agrícola o ganadera, de extensas e irreparables consecuencias. Aunque nos parece positiva la simplificación para realizar obras en las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Desde Nueva Canarias (NC) hemos compartido preocupaciones con diversos colectivos –la Fundación César Manrique, Ben Magec, los sindicatos, las organizaciones agrarias, el movimiento cívico Salvar Canarias y los profesionales del derecho y del urbanismo-, así como el Cabildo de Gran Canaria. Manteniendo con muchos de ellos reuniones de trabajo para profundizar en un texto que, a nuestro juicio y el de otras organizaciones, impulsa un modelo de crecimiento desarrollista e insostenible desde los puntos de vista territorial, medioambiental y económico.

Nos encontramos aún a tiempo de rectificar, de no cometer un grave error que pagarán muy caro las próximas generaciones de canarios y canarias. A tiempo de no caer

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nuevamente en el desarrollismo. Estamos a tiempo de defender consecuentemente la cohesión territorial, social y económica del Archipiélago.

Estamos todavía a tiempo de retomar la senda del interés general, de la protección del medioambiente y del empeño en consolidar un modelo sostenible para las Islas. Con debate riguroso, participación social y el mayor consenso.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

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