22 ENERO: SANDRO HUAROTO HUAROTO

22 DE ENERO: AMERICO CILLER PACO RAMOS

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEON ALEGRIA

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SANCHEZ

22 DE ENERO: ANASTACION CHAMPE HUARCAYA

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMON SILVA

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE

25 DE ENERO: JESÚS RENAN GARCÍA ANGULO

25 DE ENERO: JUNIOR QUIQUIA CUADROS

25 DE ENERO: ROBERT ARONES CAHUA

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA DE HUARAC

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE

29 DE ENERO: CARLOS MAURO MANTARI ALEJO

LOCALES

DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE INDULTO A FUJIMORI: "TODOS LOS ACTOS SON REVISABLES"

Walter Gutiérrez señaló que "no existen zonas y actos liberados de control", y que así lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional.

El defensor del Pueblo Walter Gutiérrez presentó este miércoles un informe que cuestiona el indulto humanitario otorgado al

ex presidente Alberto Fujimori. (Video: El Comercio / Foto: Juan Ponce)

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó hoy que el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori sí puede ser revisado. "En líneas generales, no solo para este sino que para cualquier acto, en una democracia constitucional todos los actos son revisables, ese es un principio, una regla recogida y sancionada varias veces por el Tribunal Constitucional", señaló Gutiérrez en una entrevista concedida a este Diario, luego de presentar un informe defensorial que cuestiona el procedimiento que se siguió para indultar a Alberto Fujimori. "No existen zonas liberadas de control ha dicho el tribunal, no existe actos liberados de control. El propio tribunal ha dicho que las gracias, los indultos, son revisables por el órgano jurisdiccional", enfatizó agregando que dicho órgano puede ser el Poder Judicial y de ser el caso el propio Tribunal Constitucional. Walter Gutiérrez encabezó una conferencia de prensa en la cual reiteró su pedido para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) permita a su institución acceder al expediente con el cual se justificó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

NACIONALES

FUERZA POPULAR: LAS DENUNCIAS CONTRA FACCIÓN DE KENJI FUJIMORI

Fujimori y cuatro congresistas de su bloque son investigados por la fiscalía. Además, Bienvenido Ramírez tiene una denuncia policial

Hay casos pendientes en la fiscalía, la PNP y el Congreso. (Ilustración: Jhafet Pianchachi/El Comercio)

Son nueve los congresistas de Fuerza Popular (FP) a quienes Kenji Fujimori Higuchi, tras el indulto a su padre Alberto Fujimori, ha llamado los „avengers‟ (en referencia al grupo de superhéroes) y “héroes que salvaron la democracia y cambiaron la historia” (por su abstención en la votación de la vacancia del presidente Kuczynski). Sin embargo, entre ellos hay cuatro –además de Kenji– que tienen denuncias e investigaciones en la fiscalía y uno que fue denunciado ante la policía. Guillermo Augusto Bocángel Weydert, parlamentario por Huánuco, registra tres denuncias fiscales. Dos de ellas por el delito de lavado de activos, vinculado a actos de conversión y transferencia, minería ilegal y crimen organizado. El legislador dijo a El Comercio que una ha sido archivada provisionalmente y que confía en que la otra se resuelva a su favor. La siguiente denuncia contra Bocángel agrupa doce cargos, que incluyen hurto y usurpación agravada. “Como congresista nunca he tenido un problema, peor si es hurto. Debe tratarse de un homónimo”, dijo Bocángel a este Diario. Sin embargo, según el Reniec, no tiene homónimos. Clayton Galván Vento, legislador por Pasco, tiene cuatro investigaciones en el Ministerio Público por presunta falsificación de documentos, abuso de autoridad, concusión y peculado. El primer caso es por la presunta falsificación de actas en la elección de candidatos al Congreso de Fuerza Popular (en Pasco). Las otras tres indagaciones datan de su gestión como alcalde del distrito de Paucartambo. Su asesor señaló que el legislador no ha sido notificado por estos casos.

El año pasado, la Comisión de Ética recomendó 90 días de suspensión para Galván luego de que comprobara que había incumplido una sentencia judicial que ordenaba el pago de dinero a una caja rural (luego el pleno archivó el pedido). El congresista asegura que ya cumplió con esa cuenta. Marita Herrera Arévalo, congresista por Amazonas, figura con una investigación preparatoria por peculado en la fiscalía de Bagua (por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social). Este Diario buscó su versión, pero no obtuvo respuesta. Maritza García Jiménez, parlamentaria por Piura, registra una denuncia en la 50 Fiscalía Provincial Penal de Lima por el presunto delito contra la administración pública, la función jurisdiccional y por usurpación de funciones. García afirmó a El Comercio que no ha sido notificada. En abril del año pasado, la Universidad Nacional de Piura le anuló su bachillerato en Derecho, su título de abogada y sus estudios de maestría tras comprobar que utilizó documentación falsa para lograr su ingreso. Por este caso hay un informe pendiente en la Comisión de Ética. Bienvenido Ramírez, parlamentario por Tumbes, fue denunciado en el 2013 ante la policía por acoso y agresión física contra la obstetra Carmen Castillo Valdiviezo. Tres años después, el periodista Gilberto Céspedes Estrada solicitó garantías para su vida luego de que Ramírez lo amenazara tras la publicación periodística del caso de la obstetra. Este Diario buscó la versión de la señora Castillo, pero fue su esposo Mario Manrique Plaza quien confirmó la acusación. Por su parte, Céspedes ratificó su versión. Consultado por este Diario, Bienvenido Ramírez negó las imputaciones en su contra. Kenji Fujimori, el líder de la facción, registra una investigación y una denuncia en la fiscalía. La primera es por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado por el Caso Limasa. En este caso también son investigados sus hermanos Sachie y Hiro Fujimori. Las indagaciones buscan esclarecer el incremento de capital de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., de propiedad de los tres hermanos, cuyo capital pasó de S/40 mil a más de S/2 millones en dos años. Los investigados, según se conoció, usaron la modalidad de capitalización de deudas a través de empresas vinculadas a ellos. La otra es una denuncia por el delito de lesiones leves, un caso en el que aparece como imputado y cuyos detalles se mantienen en reserva. Su asesor de comunicaciones respondió que el legislador no tiene conocimiento de esta acusación. La semana pasada, Kenji y los otros nueve congresistas de su bloque decidieron que renunciarán a Fuerza Popular si alguno es expulsado por el proceso disciplinario que se les sigue por la votación de la vacancia.

CON RESPALDO DE CONADIS, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y CONGRESO

PJ PRESENTA PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es la primera dependencia del Estado que aplicar ese instrumento.

El Poder Judicial presentó el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad, documento que garantiza los derechos de ese sector poblacional y que cuenta con el respaldo de instituciones como el Conadis, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Dicho instrumento será aplicado en las 34 cortes superiores del país, con la finalidad de otorgar a los jueces, juezas y operadores de justicia los lineamientos que permitan brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad física, sensorial (auditiva y de visión), mental o intelectual. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, dijo que el protocolo garantiza la inclusión integral y el efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, en todos los ámbitos del sistema de administración de justicia. Rodríguez Tineo señaló que así acaba la discriminación contra el referido sector poblacional y citó el caso de la Corte de Cajamarca, donde se implementó un programa de notificación de resoluciones y sentencias judiciales en el sistema Braille. El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Darío Portillo Romero, resaltó que el Poder Judicial sea la primera institución del Estado en presentar un protocolo de ese tipo que permitirá “romper los paradigmas existentes“.

CONTRA IMPLICADOS EN CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

JUEZA EVALÚA PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA Ministerio Público solicita 18 meses de carcelería para exasesor del MTC y cuatro empresarios.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios, analizaba anoche el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra cinco implicados en el denominado caso Club de la Construcción. El fiscal Marcial Páucar Chappa sustentó su pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Carlos García y los empresarios Rodolfo Prialé, Elard Tejada, Félix Málaga y Humberto Prevoo, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias en su modalidad agravada y organización criminal. En audiencia realizada ayer, el representante del Ministerio Público afirmó ante la sala que la organización criminal denominada el Club de la Construcción, pagaba el 2.92 % del monto del contrato de una obra para obtener la buena pro. Según al fiscal, durante el allanamiento a la empresa Lual Contratistas, a la que pertenecería el 90 por ciento de los miembros del Club de la Construcción, se encontraron contratos y comprobantes de pago de consultorías ficticias por más de un millón de dólares por obras adjudicadas a los empresarios vinculados a ese grupo. Por su parte, la defensa técnica de los investigados rechazó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía argumentando que no representaban sospechas graves que ameritaran el pedido prisión preventiva. ACUSA AL FISCAL Durante la audiencia, García Alcázar –el único de los acusados que se encuentra detenido– señaló que luego de ser intervenido, el fiscal Páucar le pidió convertirse en colaborador eficaz y ante su negativa, este le dijo que estaba amenazado de muerte por el expresidente Alan García Pérez.

RESOLUCIÓN SUPREMA QUE INDULTA A ALBERTO FUJIMORI PRESENTA SERIAS DEFICIENCIAS

Informe. Defensoría del Pueblo señala que no permite establecer si el proceso cumplió con el plazo legal. Tampoco fundamenta cómo se superó el impedimento de conceder indulto a un condenado por secuestro agravado.

Defensor del pueblo. Walter Gutiérrez cuestionó la insuficiente motivación de las razones humanitarias del indulto.

Ante la negativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregarle el expediente que contiene el proceso que se siguió para indultar al ex presidente Alberto Fujimori, la Defensoría del Pueblo sentó posición en un informe que elaboró en base a la Resolución Suprema 281-2017-JUS, que otorgó el indulto humanitario y la gracia presidencial, y consideró que dicho documento no cumple con los estándares legales y jurídicos. En conferencia de prensa el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, precisó que esta resolución transgrede lo que señala la propia Constitución en relación al plazo que debe cumplirse.

Y en lo que se refiere a estándares jurisprudenciales, manifestó que el Tribunal Constitucional señala que en un indulto común debe haber una debida motivación, y cuando se trata de delitos que afectan derechos fundamentales dicha motivación tiene que ser reforzada.

"Se trata de un ex presidente que ha cometido delitos graves vinculados a derechos fundamentales, pero también preocupa a la Defensoría del Pueblo la forma y la oportunidad en que se da esta gracia presidencial. También nos interesa abordar la normativa que rige la gracia presidencial", expuso. Asimismo, consideró que la resolución no fundamenta cómo se superó el impedimento de conceder el indulto a los condenados por secuestro agravado. Dijo que la sola apelación al criterio humanitario es insuficiente.

En cuanto a las razones médicas por las que se otorgó la gracia presidencial, señaló que no se informaron adecuadamente.

Mencionó que la Defensoría del Pueblo solicitó el expediente completo el 27 de diciembre, y antes de que se diera el indulto el día 24, el mismo ente emitió un comunicado en el que establecía el marco dentro del cual se debía dar el indulto y la gracia presidencial.

Son revisables

En otro momento, Gutiérrez Camacho anotó que para la institución defensorial, los indultos y las gracias presidenciales son revisables en el organismo jurisdiccional correspondiente, tal como señala el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la forma de vida que debe llevar un indultado, dijo que está en la obligación de conducirse de determinada manera en razón a que tiene que legitimar el indulto brindado.

"En el caso del presidente Alberto Fujimori, él no puede realizar actos públicos, actos políticos, porque esos fueron los que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos", agregó. Respecto al informe médico, recordó que es la base de toda gracia presidencial y de todo indulto. De manera que si el beneficiado actúa como una persona que no está afectada por una enfermedad terminal, eso también perjudica los beneficios otorgados.

"Esto ya sucedió en un caso de la jurisprudencia peruana", acotó en alusión al empresario José Enrique Crousillat López Torres, quien fue indultado por razones humanitarias por el ex presidente Alan García en 2009. Un año después el indulto quedó sin efecto.

Recorte de competencia

El defensor del Pueblo también refirió que en ningún momento ha solicitado el expediente del indulto a Fujimori en base a la Ley de Acceso a la Información, sino bajo el soporte de un fundamento constitucional que tiene que ver con derechos fundamentales y la perfecta marcha del Estado. "Vamos a continuar en nuestra exigencia para que nos den el expediente por una razón muy simple: porque la Defensoría no admite que se le recorten, que le escamoteen sus competencias. Vamos a insistir", manifestó con firmeza.

Concordó con el Tribunal Constitucional en el sentido de que la máxima discrecionalidad que acompaña a la facultad presidencial tiene que compaginarse con ciertos estándares legales y jurisprudenciales. Esto, porque el otorgamiento de indultos y gracias presidenciales afecta la competencia de otros poderes del Estado y también altera el derecho a la igualdad.

Tras indicar que este informe será enviado al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, Gutiérrez estimó que no es competencia de la Defensoría del Pueblo determinar si el

indulto es legal o no. "Lo que le corresponde es decir si este indulto y gracia presidencial se ajusta o no a los estándares legales. Al Tribunal Constitucional le compete el control de ese acto", acotó.

Abogado de FujimoriAl respecto, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, tildó de

tendencioso el informe. Dijo que Defensoría se había excedido en sus atribuciones y que buscaba

presionar a los magistrados de la Sala Penal Nacional, que próximamente se pronunciará sobre la

autoría mediata de Fujimori en el Caso Pativilca.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reafirmó en que actuó con probidad y apego a las normas.

Asimismo, aseguró que entregará la información que ha solicitado la Defensoría del Pueblo bajo los parámetros de los artículos 1 y 2 de la Constitución, la Ley Nº 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud Nº 26842.

Los cuatro principales cuestionamientos

1] Resolución deficiente. El informe defensorial refiere que el beneficio otorgado a Alberto Fujimori no cumple con fundamentar los motivos de la decisión presidencial. Señala que, además, el documento debió indicar en qué procesos se concedió la gracia presidencial. 2] Sin razones médicas suficientes. Precisa que no se cumple con motivar la decisión tal como lo exigen los estándares nacionales e internacionales. Indica que los informes médicos son la base de toda gracia presidencial por razones humanitarias.

3] Límites del indulto. Si bien reconoce la discrecionalidad del presidente de la República de conceder el indulto y derecho de gracia, está sujeto a un conjunto de límites normativos. Puso como ejemplo el caso del indulto a José Enrique Crousillat.

4] No se escuchó a las víctimas. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recalcó que el jefe del Estado representa a toda la nación y, ya que justifica el indulto con el argumento de la reconciliación, debió escuchar el punto de vista de las víctimas.

ASESINÓ A EXPAREJA Y A LA HIJA DE AMBOS

PARA NO PAGAR MANUTENCIÓN

Terrible caso. Óscar Medina Jara, el mototaxista acusado de feminicidioy parricidio, reconstruyó ayer su crimen. Alega que un espíritu lo indujo, pero detectan mentiras en su relato.

Feminicida. Óscar Alejandro Medina Jara reconstruyó el asesinato de su ex pareja y su hija. No mostró arrepentimiento.

Créditos: Flavio Matos

“Al lado de mi hijita Jimena, feliz, siempre juntas, pase lo que pase”, escribió Luzmila López Herrera (35) el 2 de enero, en su cuenta de Facebook. Nueve días después, madre e hija fueron asesinadas por Óscar Alejandro Medina Jara (25), pareja y padre de las víctimas. Ayer, el homicida reconstruyó el crimen y dio una explicación sin sentido como buscando evadir su responsabilidad: “Un espíritu se apoderó de mi cuerpo”. López y su hija fueron reportadas como desaparecidas el 12 de enero. Ese día, Medina acompañó a una hermana de Luzmila a poner la denuncia en la comisaría de Sol de Oro. Sin embargo, imágenes de una cámara de seguridad que lo mostraban con ellas terminarían por desenmascararlo. Aquella tarde apareció un mensaje escrito supuestamente por Luzmila en su perfil de Facebook: "Me siento muy bien. Gracias a Dios, hoy estoy mejor que nunca. Gracias mi señor". Para entonces ya habían sido asesinadas.

Según el abogado de los familiares de las víctimas, Álvaro Peláez, el asesino confeso contó de manera poco creíble cómo cometió el crimen. “Él dice que la víctima quiso ir con él hasta Pasamayo para jugar la ouija. Es poco probable porque de por medio había un proceso de alimentos. Es decir, no había una empatía entre ambos. Él manifiesta que llegó a la casa a las 8:00 p.m., luego cambia de versión y dice que llegó a las 10:00 p.m. y después a las 12:00 de la noche. También dice que un camión los llevó hasta Huaura. Le preguntamos por el señor que conducía el camión y tampoco sabe el nombre”, explicó Peláez.

No pasaba la manutención

Óscar Alejandro Medina, quien afrontará los cargos de feminicidio y parricidio, recreó ayer cómo enterró los cuerpos de su ex pareja y su hija a un metro y medio de profundidad. La madre estaba atada de pies y manos con un cordón, el mismo que el feminicida usó para quitarle la vida. Los familiares y la Policía están convencidos de que Óscar Medina, dedicado a realizar servicios de mototaxi, no quería asumir sus obligaciones de padre. Había iniciado otra relación sentimental y ya tendría otros hijos. “Ese día discutimos, ella estaba parada y nos miramos frente a frente. Discutimos y le dije ya me estás cansando, siempre te alteras, siempre me amenazas. Ella me contestó: 'te voy a dar donde más te duele'”, indicó a manera de excusa.

Luego, confesó que cuando ella se volteó la atenazó por la espalda y la ahorcó con un cordón de nylon.

Datos

En el 2017 se registraron 121 feminicidios y 247 tentativas de feminicidios, según el Ministerio de la Mujer. Luzmila y su hija murieron por "asfixia mecánica por estrangulamiento", según la autopsia de ley.

ALBERTO FUJIMORI NO PUEDE REALIZAR ACTOS PÚBLICOS NI POLÍTICOS, SEGÚN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Walter Gutiérrez afirmó que el ex presidente no puede hacer actos políticos públicos pues guardan relación con los crímenes que motivaron su sentencia.

La Defensoría del Pueblo mostró su posición frente al indulto deAlberto Fujimori y afirmó que el ex presidente (ahora en libertad) no puede realizar actos públicos ni políticos. "Cuando se da un indulto no se suspende la responsabilidad penal, debe conducirse de determinada manera para legitimar indulto y el Estado debe prevenir la comisión de delitos", aseguró Walter Gutiérrez. Gutierrez señaló que tras evaluar la resolución suprema que otorgó el indulto, se concluye que no cumple con los estándares legales y jurídicos, específicamente en cuanto a la motivación de dicha decisión. "En estándares jurisprudenciales tiene que haber debida motivación pero cuando se trata de delitos muy graves que afectan derechos fundamentales debe haber mayor fundamentación. Este estándar tampoco es superado porque no hemos tenido acceso al informe", añadió. Respecto al informe médico, la institución señaló que el Tribunal Constitucional y el Presidente de la República deben de dar cuenta a profundidad del análisis del documento. Desde el aspecto legal, la Defensoría señaló que " aún cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos exigidos en nuestros ordenamiento, el Presidente puede denegarla, pues no existe un derecho a ser favorecido con alguna de las gracias presidenciales". NO HAY MOTIVACIÓN

A través del informe “Indulto y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori: evaluación normativa y jurisprudencial”, se enfatizó en que el beneficiado con esta gracia presidencial “no debe realizar actos similares o de la misma naturaleza a los que propiciaron la comisión de delitos por los que fue sentenciado”. “El ex mandatario Alberto Fujimori debe abstenerse de realizar toda clase de actividad política, dado que esta guarda relación con los crímenes motivo de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas, sus deudos y la sociedad en su conjunto”, señaló. “En relación con el indulto humanitario, no se esgrime una motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las razones humanitarias que habrían motiva su concesión”, dijo Gutiérrez. El funcionario dijo que la Defensoría no determina si el indulto es legal o no, solo determinar si se ajusta a los estándares. Ya dependerá de la Corte IDH definir si es válido o nulo: "No es competencia de la Defensoría del Pueblo señalar si el indulto a Alberto Fujimori es legal o no, nuestro papel es determinar si se ajusta o no a los estándares legales. Ya le compete al órgano jurisdiccional (Corte IDH) determinar el control de este acto". DATO El pasado 24 de diciembre, a vísperas de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori . luego de una junta médica que recomendó su liberación por tener una 'enfermedad degenerativa e incurable'.

COMISIÓN LAVA JATO INVESTIGARÁ A 70

PERSONAS ENTRE NATURALES Y JURÍDICAS

Marisol Espinoza (APP) renunció al grupo por la permanencia de Rosa Bartra como titular.

Comisión Lava Jato ratificó la permanencia de Rosa Bartra como presidenta. (USI)

La comisión Lava Jato aprobó una lista de 70 personas, entre naturales y jurídicas, que serán investigadas por las presuntas coimas pagadas porempresas brasileñas a funcionarios del Estado a cambio de obras. La presidenta de dicho grupo, Rosa María Bartra (FP), señaló que se levantará el secreto bancario, tributario y la reserva de comunicaciones de estas personas. Sin embargo, la legisladora precisó que ni el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ni la primera dama Nancy Lange integran esta nómina, pues sus declaraciones todavía no han sido recogidas. La decisión se tomó ayer en la primera sesión de 2018 de la comisión, que fue reservada. “Todos tienen un nexo con los hechos que investigamos; es decir, con algunos de los doce proyectos que tenemos y algunos otros que se han ido conociendo”, informó Bartra al culminar la reunión que duró más de tres horas. Más temprano, cuando la sesión aún era pública, Bartra anunció la lectura de un documento de “carácter confidencial” enviado el último 10 de enero por el Banco de Crédito del Perú (BCP). En diálogo con Perú21, la legisladora de Fuerza Popular indicó que se trata de información “que da cuenta de los vínculos de la empresa del presidente Kuczynski (Westfield Capital) con los proyectos que investigamos”. El BCP realizó junto a Westfield una asesoría relacionada al proyecto Trasvase Olmos, vinculado a Odebrecht, en 2004, año en que PPK era ministro de Economía.

APP SE RETIRA La jornada también estuvo marcada por la renuncia de Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) a la comisión Lava Jato, luego de que Bartra se negara a dar un paso al costado, como han demandado tres bancadas (FA, PpK y APP). “Bartra no garantiza ni la transparencia ni la imparcialidad que debe tener una comisión investigadora. Alianza para el Progreso no se va a quedar callada y ser cómplice de una comisión „encubre Jato‟”, expresó Espinoza tras abandonar la sesión del grupo. El vocero de APP, César Villanueva, indicó a este diario que su bancada no colocará a otro congresista como reemplazo de Espinoza en Lava Jato. Además, la permanencia de Bartra también fue puesta en debate por el Frente Amplio. “Solicité la salida de Bartra, pero lamentablemente no tuvo los votos necesarios”, señaló a Perú21 Humberto Morales, quien es el nuevo vicepresidente del grupo en reemplazo de Jorge Castro. En efecto, la continuidad de Bartra fue ratificada por tres votos a favor y dos abstenciones. “Se me ha restituido la confianza para seguir con el trabajo”, señaló la legisladora. TENGA EN CUENTA - Rosa Bartra informó que se enviará una nueva carta a PPK para que disponga de la fecha y hora para recoger su declaración. - La presidencia de Bartra fue cuestionada luego de que participara en el allanamiento al local partidario de FP, en el marco de la investigación del caso Odebrecht. - Los votos que ratificaron la continuidad de la legisladora fueron de Víctor A. García Belaunde, Mauricio Mulder y Karina Beteta. Gilbert Violeta se abstuvo.

SALARIOS EN SECTORES CON MÁS CONTRATACIONES DE VENEZOLANOS PODRÍAN BAJAR

El éxodo de venezolanos también puede traer consecuencias positivas. Una de ellas es

que más de la mitad de migrantes son profesionales o técnicos.

En general, el mercado laboral peruano no sufrirá por la llegada de los venezolanos. (Foto: Andina).

La oleada de venezolanos que han llegado al Perú no es secreta. Y muchos comparten una misma ambición: trabajar. En entrevista con RPP, el economista Miguel Jaramillo sostuvo que en los sectores en donde más se contrata a los venezolanos los salarios podrían bajar. “Si hay una demanda de mano de obra que es fija el aumento de la oferta va a ejercer una presión a la baja de los salarios", señaló. No obstante, también proyectó que la remuneración se estabilizaría luego. A gran escala, sin embargo, no prevé un gran impacto en el mercado laboral peruano ya que, a pesar de que hay más de 100,000 venezolanos en el país, aún la cantidad es bastante pequeña respecto al número de trabajadores locales. “En algunos casos podría proveer mano de obra adicional en sectores donde hace falta, y en otros podría generar competencia ya que los puestos de trabajo son escasos", añadió. El éxodo de venezolanos también puede traer consecuencias positivas. Una de ellas es que más de la mitad de migrantes son profesionales o técnicos, señaló. Es decir, pueden ser altamente productivos a un costo bajo. Incluso los que no son contratados por alguna empresa, terminan optando por el autoempleo.

ORDENAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA CINCO

IMPLICADOS DEL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

Por 18 meses

El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios

ordenó el pedido de prisión preventiva por 18 meses solicitado por el Ministerio Público para cinco miembros del

denominado caso Club de la Construcción.

En la audiencia estuvo presente Carlos García Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes, quien fue el

único detenido tras un allanamiento realizado por el Equipo Especial del Ministerio Público el viernes 12 y sobre

quien recae el pedido de cárcel.

La solicitud de prisión se efectuará contra los empresarios Rodolfo Prialé (lobista que era el nexo entre las

constructoras y el MTC), Elard Tejeda(Obrainsa), Félix Málaga (Málaga Hermanos) y Humberto Prevoo (Socio

de Prialé).

AUTOCONSTRUCCIÓN Y MALA UBICACIÓN DE POBLACIONES

SON BOMBA DE TIEMPO ANTE CRECIDA DE RÍOS

Alertan expertos del CISMID y la UNI

La autoconstrucción y la mala ubicación de poblaciones, particularmente en laderas, son bombas de tiempo ante la

crecida de ríos, como el Rímac, y de un evento sísmico que ocurrirá tarde o temprano.

Así lo advirtieron el director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de

Desastres (Cismid) de la UNI, Miguel Estrada, y la jefa del Centro de Estudios Continuos (CEC) de este mismo

centro académico, Isabel Moromi.

Estrada reiteró que el Cismid tiene a disposición de los municipios mapas de microzonificación sísmica que

muestran suelos de mayor capacidad y otros blandos que amplifican las ondas sísmicas.

En tanto, Moromi señaló que en la reconstrucción de las zonas afectadas por el llamado Niño Costero hay

muchísimas cosas que hacer.

Precisó que el punto básico es la ubicación de las poblaciones, pero que lamentablemente es un punto que se

descuida mucho.

Explicó que se debe verificarse la calidad del suelo, el tipo de tecnología a aplicarse y los materiales constructivos a

utilizarse.

“Sobre eso hay más de 40 años de investigación y los materiales los reconoce el Ministerio de Vivienda y están

descritos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, recuerda Moromi.

MARÍA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA. DECANA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

“SE CREARÁ EL REGISTRO DE ABOGADOS IMPLICADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN”

Entrevista. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) impulsará la defensa gremial para salvaguardar los derechos de los miembros de la Orden en el ejercicio profesional, afirmó su decana, quien además explicó las acciones que emprenderá en esta nueva labor

25/1/2018

Paul Herrera Guerra

pherrera@editoraperu.com.pe

–¿Cuáles son los principales retos de esta nueva gestión?

–Tenemos retos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo queremos poner en orden la „casa‟ y, de

manera paralela, analizar las situaciones álgidas como los problemas con los agremiados y sus

necesidades. Pensamos trabajar de inmediato la digitalización de los sistemas del CAL y la capacitación.

A mediano plazo debemos resolver el problema de las sedes gremiales y, en forma paralela, trabajar las

fórmulas y pronunciamientos legislativos. Esperamos en el largo plazo, después de dos años de gestión,

dejar digitalizado al CAL, continuar con su posicionamiento en el ámbito social, con pronunciamientos,

trabajando temas importantes como lucha contra la corrupción, entre otros.

–¿Qué plantea realizar desde el CAL para contrarrestar la corrupción?

–Lucharemos desde aquí para acabar con este flagelo que quiebra el corazón de los sistemas político,

social y democrático. Es un problema no solo de autoridades, sino también de la ciudadanía en general.

En el CAL se implementará y mantendrá un registro, que lo haremos público, de los abogados

cuestionados por hechos de corrupción. Sin duda, esta contribución desde la Orden será muy importante.

A los ciudadanos les pido denunciar si algún abogado pretende corromper con coimas o dádivas a un

juez, fiscal o en alguna otra instancia pública o privada. Además, vamos a emitir pronunciamientos claros

y enfáticos, a fin de coadyuvar desde nuestra institución a todas las estrategias públicas de lucha contra

la corrupción, emprendidas tanto desde el Estado como de las organizaciones de la sociedad civil.

–¿Puede anticiparnos sus acciones para los primeros 100 días de gestión?

–Primero, posesionar y revalorar la imagen del abogado y de la profesión legal en nuestra sociedad, a fin

de que su opinión sea de nuevo respetada, valorada y escuchada en las instancias superiores, en los

momentos y en los temas de conflicto en la sociedad. Después, automatizar los servicios en el CAL. El

objeto es aprovechar las herramientas de la tecnología para avanzar juntos con la digitalización de la

administración de justicia.

–¿Cómo evalúa las reformas procesales en marcha?

–Toda reforma pasa momentos de transición. Siempre habrá oportunidad de afinar el ámbito aplicativo.

Ahora, con la reforma existen procesos más garantistas y céleres que aportan bastante. Estamos por

buen camino, pero hay cosas que aún deben arreglarse.

–¿Qué coordinaciones hará con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos?

–Siempre actuaremos en coordinación con estas instituciones relacionadas con la administración de

justicia y con la búsqueda de esta. La labor del CAL será coordinada con ellos, buscando que se respete

la función del abogado en las instancias en donde los profesionales del derecho puedan desarrollarse.

Por eso, impulsaremos la defensa del abogado y el área de defensa gremial, creado precisamente para

salvaguardar nuestro ejercicio profesional.

Infraestructura y capacitación

–¿Proyecta la construcción o adquisición de nuevos locales para los agremiados?

–Estatutariamente tenemos que someter este planteamiento a una asamblea. Hay el propósito y la

voluntad de darle al abogado comodidad y mejorar los servicios de nuestra entidad. Somos más de

75,000 abogados, tenemos cuatro sedes no tan grandes. Necesitamos presencia en Lima Sur; asimismo,

efectivizar la presencia en Lima Norte y darle a los abogados los instrumentos necesarios para que

puedan brindar un mejor servicio social. En Lima Norte tenemos una subsede; sin embargo, en esta debe

existir mayor confort para el profesional del derecho como una sala de lectura, una buena biblioteca y

mayores ambientes.

–¿Qué acciones realizará para mejorar la capacitación de los agremiados?

–Ejercemos nuestra actividad mediante una ciencia social, el derecho, que es dinámico, además el

cambio legislativo es dinámico, por lo que nuestro rol también tiene que estar a la par. Es decir, la

capacitación para el abogado debe ser constante, permanente y de primera línea. Si queremos exigir un

buen servicio, debemos brindarle también los instrumentos necesarios; y ello pasa por una capacitación

constante de alta jerarquía.

Acciones

Pensamos impulsar la capacitación, la implementación de locales para el servicio legal, el desarrollo de

propuestas legislativas y una mayor participación del abogado en campañas sociales y de atención legal

en la comunidad, indicó Portocarrero.

La decana del CAL, además, adelantó que se está evaluando el sistema de fondo de pensión del

abogado.

Reveló que a partir del trabajo del área de comisiones y consultas presentarán propuestas legislativas,

las cuales contarán con el aporte además de ilustres juristas, a fin de retomar el sitial del CAL como faro

de la juricidad en el país.

AFIANZARÁN INVESTIGACIÓN FORENSE

AMAG ALISTA CURSOS PARA MAGISTRADOS Como parte de la temporada Vacaciones académicas de la judicatura, la Academia de la Magistratura (Amag) iniciará en breve el curso conjunto de investigación forense, en colaboración con la embajada británica.

25/1/2018

“El curso busca ser la herramienta que deben tener nuestros magistrados, a fin de fortalecer los procesos de investigación en defensa de los derechos humanos y también para mejorar el servicio de justicia penal en el país”, expresó su titular, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. Así, en este certamen se abordarán temas como la responsabilidad de la Policía y de los fiscales, doctrina de investigación y estrategias de SIO, y aspectos de los procesos y procedimientos de la escena del crimen. Esto es, procesos de ADN y huella digital, así como evidencia de rastro. Los expertos Craig Huldie, perito e instructor de la Policía británica, y Terry Scaife, consultor en reforma policial y coaching de medios ejecutivos, serán los expositores en este curso internacional.

ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Sunat fiscalizará alquileres Con el fin de verificar el cumplimiento, la administración tributaria se alista para fiscalizar el pago de los impuestos por el alquiler de las casas de verano, tanto en el sur de Lima como en el norte del país.

25/1/2018

La medida forma parte de las acciones diseñadas por la Sunat para el primer trimestre del año, dijo un vocero.

Otra de las acciones previstas será la verificación de la entrega de comprobantes de pago en restaurantes, grifos y supermercados; el control de gastos no deducibles (facturas que debieron ser boletas); así como la fiscalización del incremento patrimonial a los médicos y abogados. La Sunat prevé también determinar la omisión e inconsistencia en la presentación de libros electrónicos, con la próxima notificación a más de 80,000 empresas. La entidad, además, lanzó el aplicativo “Sunat mi comprobante” para facilitar la participación en el sorteo virtual de comprobantes de pago.

RESOLUCION RELEVANTE Materia Penal Casación 158-2016, Huaura Diligencias sin presencia injustificada del fiscal carecen de valor probatorio suficiente para condenar Fecha de emisión: 10 de agosto del 2017

Sumilla:

El principio de presunción de inocencia se fundamenta en la libre valoración de la prueba, basada en que la

actividad probatoria sea suficiente y que solo así permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo

imputado. En el caso concreto, la Sala condenó al recurrente, basándose en las diligencias policiales, que se

realizaron sin la presencia del Fiscal y las declaraciones de un testigo de referencia, sin embargo, ambas carecen

de valor probatorio suficiente para condenar al procesado y enervar el mencionado principio, pues no existió

prueba que se haya realizado en cumplimiento de las garantías de Ley y dichas actuaciones no se encuentran

corroboradas mínimamente con algún medio de prueba.

La Resolución de adjunta en pdf.