Post on 01-Mar-2021
1
FA
CU
LT
AD
DE
HU
MA
NID
AD
ES
Y C
IEN
CIA
S D
E L
A E
DU
CA
CIÓ
N
Gra
do
en
Ed
uca
ció
n s
oci
al
Universidad de Jaén
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Trabajo Fin de Grado Influencia del modelo
neoliberal en el sistema de
protección social: La deriva
represiva del Estado
Alumno: Francisco Cárdenas Martínez
Tutora: Carmen Rodríguez Guzmán
Dpto.: Departamento de Organización de
empresas, Marketing y Sociología
Julio, 2018
2
Índice
Resumen ................................................................................................................................................................... 3
Abstract ..................................................................................................................................................................... 3
Introducción ............................................................................................................................................................ 4
1. El renacer de las políticas liberales y la precarización del sector laboral. .......................... 5
2. Los mecanismos ideológicos y tecnológicos neoliberales .......................................................... 6
La trampa de la libertad....................................................................................................................... 7
La responsabilidad individual. .......................................................................................................... 7
La revalorización de la ética del trabajo y la meritocracia. ................................................... 8
La digitalización. ..................................................................................................................................... 8
El consumo y la manipulación de emociones ........................................................................... 10
3. Estados Unidos: Productor y producto del neoliberalismo. .................................................... 11
El neoliberalismo sobre el sistema de protección social estadounidense .................... 13
4. El camino Europeo. ................................................................................................................................... 16
5. El contexto español .................................................................................................................................. 19
La evolución socioeconómica de España .................................................................................... 19
España en la actualidad ..................................................................................................................... 22
El control de los desórdenes sociales en España .................................................................... 27
Conclusiones ......................................................................................................................................................... 30
Referencias bibliográficas ............................................................................................................................... 33
3
Resumen
Esta revisión se adentra en la expansión del modelo neoliberal que se produce
durante las últimas décadas. Tratamos de comprender su rápida aceptación dentro de la
sociedad atendiendo a los principales mecanismos ideológicos y tecnológicos, factores
que se sitúan como piezas centrales para explicar la nueva relación que se establece
entre el Estado y el mercado. A partir del ejemplo estadounidense, se recorre la nueva
simbiosis que impone este modelo y que obliga al Estado a aceptar una serie de
modificaciones socioeconómicas y políticas. Este modelo adopta nuevas formas en su
llegada a la Unión Europea y se analiza el impacto que ocasiona en este contexto. Por
último, se centra en la situación española, el cual presenta unas características que lo
configuran como más vulnerable, manifestando en su sociedad consecuencias
significativas de la incorporación de este modelo.
Palabras clave: Neoliberalismo, Sistema de protección social, Precariedad
laboral, Represión del Estado.
Abstract
This review goes into the expansion of the neoliberal model that has taken place
during the last decades. We try to understand its quick acceptance within society by
attending to the main ideological and technological mechanisms, which are main factors
in order to explain the new relationship established between the State and the market.
Starting from the Northamerican example, the new symbiosis that this model imposes
and that forces the State to accept a series of socio-economic and political modifications
is covered. This model adopts new forms on its arrival in the European Union and
analyzes the impact it causes in this context. Finally, it focuses on the Spanish situation,
which presents characteristics that make it more vulnerable, manifesting significant
consequences in its society of the incorporation of this model.
Key words: Neoliberalism, Social protection system, Labor precariousness, State
repression.
4
Introducción
Esta revisión está basada en el libro Castigar a los pobres de Wacquant, L.
(2010), esta obra me ha permitido adentrarme en la expansión del modelo neoliberal que
se ha producido a partir de los años setenta, concretamente, en el contexto
estadounidense. Desde su perspectiva he podido ahondar en la nueva relación
establecida entre Estado y el mercado que impone este modelo económico. Una nueva
simbiosis que obliga a aceptar una serie de modificaciones en la estructura social y
política. Como bien explica este autor: La cesión de la responsabilidad económica por
parte del Estado a los intereses del mercado, provoca importantes consecuencias en la
masa social (aumento de la tasa de pobreza, marginación y delincuencia) y obliga al
Estado a desempeñar un nuevo rol para atajarlas, aunque tristemente el fortalecimiento
del sistema de protección social no es la respuesta que ofrece, en su lugar, el
tratamiento penal de los desórdenes económicos se convierte en su opción por
excelencia, pues, como veremos en el desarrollo de la revisión, justifica y refuerza este
modelo de Estado.
Esta relación económica, social y penal plasmada por parte de Wacquant me ha
permitido plantearme qué efectos tiene y tendrá el avance de las políticas neoliberales
en España desde un enfoque que atiende múltiples factores. Este país, aunque situada
geográfica y políticamente en la Unión Europea, dista mucho de ser semejante a sus
principales potencias y presenta unas características que refuerzan mi interés; una
estructura laboral débil y precaria, un sistema de seguridad social poco desarrollado y
una política económica empujada hacia la desregularización debido al contexto
económico internacional que transitamos. A través de mi análisis intentaré plasmar
como la llegada de este modelo se manifiesta en nuestra sociedad de diferentes formas
con respecto a la norteamericana, pero, en su fin último, con similares consecuencias.
5
1. El renacer de las políticas liberales y la precarización del sector
laboral.
Tras el fracaso en la gestión de la doctrina económica keynesiana de la crisis de los
años 70, en el que el Estado se presentaba como una fuente de solidaridad, interventora
en los ciclos recesivos de la economía y protectora de las poblaciones más vulnerables,
se avivaron las viejas prácticas del liberalismo económico. Desde distintas fuentes se
establece un consenso en que en este momento se establece un punto de inflexión a
nivel internacional, empezando a transformar los modelos económicos del capitalismo
fordista a neoliberales. (Fundación FOESSA, 2014; Alonso, 2000)
El VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Fundación FOESSA,
2014, p.33) coincide al remarcar que “la crisis de los años setenta quebró las bases del
extraordinario crecimiento económico que caracterizó a los países capitalistas
desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial”. El así nombrado “neoliberalismo”
empieza a ofrecer una doctrina por la que la que la economía encuentra la conocida
como “liberación” a través de un sistema de autorregulación proporcionado por la
desregularización del mercado. De este modo, la reducción del gasto público por parte
del Estado, facilita, como consecuencia, el auge del sector privado, que, por otro lado,
toma los sectores que tradicionalmente ha desempeñado el Estado (Educación, salud,
vivienda, asistencia social, etc) bajo la teoría de que potencia la productividad y la
competencia (Rodrik, 2012). Estas características crearon un ambiente idóneo para la
extensión de los “fenómenos económicos más decisivos en los últimos tiempos: la
globalización y la financiarización1” (Fundación FOESSA, 2014, p.34). Tanto Estados
Unidos como Reino Unido, se posicionaron como pioneras en su aplicación a mediados
de los años 70, aunque definitivamente aumentaría su popularidad en el viejo continente
con gran velocidad.
Como expone Wacquant (2010), uno de los principales sectores afectados durante
las últimas décadas ha sido el sistema laboral, el cual se ve alterado por todo tipo de
“modificaciones” con el propósito de “reactivar” la economía. Comenzó como una
1 La financiarización hace referencia a la evolución del capitalismo actual a través de la estandarización del rentismo y la expropiación financiera basada en el endeudamiento masivo. En otros términos, consiste en dirigir los recursos hacia actividades especulativas haciendo uso de los instrumentos financieros para conseguir grandes ganancias en un corto periodo de tiempo. (Fundación FOESSA, 2014)
6
nueva estrategia por parte de los empleadores para externalizar la fuerza de trabajo y sus
costes, que, además, se vio fuertemente apoyada por las agencias de empleo temporal y
el fomento del Estado de este tipo de prácticas. De ahí que “la flexibilización” de la
mano de obra como método principal para incentivar el sector privado tuviera notorias
consecuencias. Se originó el deterioro de las condiciones de empleo, el recorte de los
contratos laborales y de las protecciones colectivas, el incremento de las posibilidades
de despido y, en general, la popularización del trabajo precarizado con la ayuda de las
ya nombradas empresas de empleo temporal. Fueron, pues, algunas de las muchas
prácticas llevadas a cabo bajo el estandarte del libremercado.
Alonso (2000) defiende que esta informalización del trabajo no solo ocasionó un
empobrecimiento en el sector laboral, sino que provocó un deterioro del espectro social
marcadamente importante, de las condiciones de vida y de la capacidad de consumo de
la población, un incremento significativo de las desigualdades sociales y económicas
con sus respectivos problemas asociados tales como la pobreza, la marginalidad social o
la delincuencia. Explica, que desde el nuevo paradigma neoliberal, el trabajo ha perdido
carácter social de mejora del bienestar, dado que el trabajo ha pasado a considerarse un
engranaje del mercado subyugado a sus estrategias, expresado de otra manera: el
compromiso de las políticas públicas de empleo ya no se realiza con la sociedad, sino
con el mercado.
2. Los mecanismos ideológicos y tecnológicos neoliberales
Aunque la aplicación política de medidas de carácter económico propicia el
establecimiento de este modelo en el sistema laboral, otro aspecto clave a tener en
cuenta es su expansión y aceptación por parte de la población. Vamos a analizar con
atención los mecanismos ideológicos y tecnológicos que han facilitado su auge con el
fin de resolver el interrogante de cómo un modelo con claros síntomas de desigualdad y
empobrecimiento social ha podido establecerse y perdurar venciendo la resistencia que
ha encontrado entre población. Recordemos que ha llegado a transformar sectores que
en un principio se presentaban contrarios a este tipo de modelo económico, llevándolos
a integrar muchas de dichas premisas en sus pensamientos políticos, económicos y
sociales. (Harvey, 2005; Wacquant, 2010; Navarro, 2006)
7
La trampa de la libertad.
Como todo movimiento político e ideológico que precisa de unas bases o pilares
donde sustentarse, el neoliberalismo, por su parte, se construye sobre el ideal político de
la “dignidad y la libertad individual”. Son, sin duda, premisas con un fuerte poder de
atracción y convicción, las cuales, esencialmente, se abanderan contrarias a sistemas
dictatoriales como el fascismo o el comunismo y que, más aún, se muestran reacias en
general al propio intervencionismo del Estado en aspectos individuales atentan contra
ellos (Harvey, 2005).
Sin embargo, acerca de este aspecto, Han (2014, p.11-12) nos advierte que “el yo
como proyecto libre, que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las
coerciones ajenas se somete a coacciones internas y a coerciones propias en forma de
una coacción al rendimiento y la optimización”. De esta manera un individuo que se
percibe libre se convierte en un esclavo de sí mismo, un individuo que busca su
perfeccionamiento y rendimiento extremo llegando a la autoexplotación puesto que no
concibe un límite alguno a su libertad individual.
Es, entonces, el neoliberalismo un modelo inteligente en este sentido, puesto que ha
abandonado el enfoque de la explotación ajena a la voluntad en pos de buscar la
autoexplotación del individuo. Una autoexplotación generalizada, que no responde a
clases e imposibilita la revolución social, pues, si la explotación proviene de uno
mismo, es prácticamente imposible construir algún tipo de acción común. Así pues,
“quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable
y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En eso consiste la
especial inteligencia del régimen neoliberal.” (Han, 2014, p.18)
La responsabilidad individual.
La responsabilidad individual emerge como una consecuencia directa de la libertad,
de esta manera, el individuo como ser autónomo es el único responsable de sí mismo.
Aparece, entonces, una división clara entre los actos individuales y circunstancias
sociales, económicas o políticas, expresado de otra manera, entre las causas y las
consecuencias (Wacquant, 2010)
8
Desde esta perspectiva poco importa el contexto que envuelve a una acción
específica pues por encima de todo prima la decisión individual. Bajo este pensamiento,
la protección social se clasifica como un sistema desmovilizador y
desresponsabilizador, un escudo perfecto tras el cual puede cubrirse cualquier persona
que no es capaz de hacerse responsable de sí mismo. Se presenta, siguiendo la misma
premisa, a la delincuencia como un acto nacido de la voluntad individual de la persona
que lo comete, sin incidir en las causas sociales que podrían provocar esas conductas o
las intervenciones que podríamos llevar a cabo para prevenirlas (Wacquant, 2010;
Fundación FOESSA, 2014)
La revalorización de la ética del trabajo y la meritocracia.
En este discurso, el trabajo se presenta como la única opción ética, responsable y
cívica, que todo ciudadano debe de realizar. Se plantea como medio a través del cual
una persona alcanza los objetivos que desea. Estas ideologías de corte individualista
colocan en el imaginario social a cada persona en la posición que le corresponde acorde
a sus logros individuales, por lo que se crea un sistema meritocrático basado únicamente
en la capacidad individual, que se ve reforzado a la vez por los otros aspectos
ideológicos ya citados. La ética del trabajo y la meritocracia son aspectos especialmente
relevantes, puesto que funcionan como mecanismos impositores del trabajo precarizado
entre las clases más bajas y desprotegidas que, como veremos a continuación, se les
presenta este tipo de trabajo como única alternativa frente al choque directo contra el
sistema penal y punitivo. (Wacquant, 2010; Navarro, 2006; Alonso, 2000)
La digitalización.
Una vez asentadas las bases ideológicas, prestamos atención al medio o modo de
transmisión a través del cual se extiende a la máxima cantidad de gente posible. Es así
cuando nos encontramos con la revolución digital que, unida a los procesos de
globalización, ha servido de instrumento eficaz y eficiente de este modelo. La
digitalización es un aspecto clave para entender la expansión del sistema neoliberal,
9
pues es a través de este mecanismo que se han transformado y evolucionado muchas de
las estrategias con las que el capitalismo clásico ejercía su poder sobre las clases bajas.
Han (2014) en su escrito sobre psicopolítica expone como el nuevo espacio
generado por los medios digitales han fomentado varios procesos que favorecen la
expansión neoliberal. El panoptismo digital se sitúa como la pieza clave para entender
su exposición. En la actualidad, la mayoría de la población se encuentra conectada a un
dispositivo electrónico, dispositivos a través de los cuales se vuelcan una ingente
cantidad de datos de carácter personal. Señala este autor cómo esta información la
proporcionamos de manera voluntaria y desinteresada, cómo plasmamos nuestro yo en
los medios digitales como una práctica normalizada y cómo tratamos de extender
nuestra personalidad a través de estos. La proporción de estos datos confiere al aparato
neoliberal un especial poder de control sobre la población. Este poder puede extenderse
de distintas formas y no necesariamente ejerce una fuerza impositiva, como se podría
pensar, sino que es una fuerza vigilante y pasiva que espera el momento oportuno para
desplegarse de manera silenciosa. Esta sutileza a la hora de ejercer el poder es la que le
confiere una especial eficacia, puesto que los receptores en pocas ocasiones son capaces
de percibirlo.
Seguidamente, la localización, el seguimiento y el control físico a través de estos
medios es una de las posibilidades que ofrece pero no es ni la única ni la más
destacable. Podemos destacar, también, el estudio sistemático de las personas
reduciéndolas a perfiles digitales, de esta manera, a través del análisis de distintas
variables, sus búsquedas web, su sexo, su edad, el tipo de producto que consumen o su
gasto mensual se facilita como nunca antes la creación y sistematización de estos
perfiles, que tienen usos a todos los niveles, desde incentivar el consumo atendiendo a
esta información, hasta dirigir a la población hacia corrientes de pensamiento o
información específica (Wacquant, 2010; Han, 2014). Se relaciona esto último con la
reflexión del apartado final de Han (2014) el cual expone que la globalización
impulsada por este tipo de medios provoca y extiende la normalización de la población,
generando corrientes de pensamiento únicas, patrones similares de conducta en aspectos
vitales, dirigiéndola hacia la misma mediocridad y suprimiendo sus individualidades.
10
El consumo y la manipulación de emociones
Como ya hemos explicado con anterioridad, nos encontramos frente a un modelo
económico e ideológico inteligente, que trabaja a través de la autoexplotación del
individuo y lo manipula a través de mecanismo sutiles y que, como vamos a explicar
ahora, están principalmente basados en la influencia psicológica.
La manipulación emocional como herramienta dirigida hacia un fin no es algo
novedoso, aun así, la extensión y las formas que adopta ésta a través de los nuevos
recursos tecnológicos es un factor decisivo para entender el avance neoliberal. Vivimos
en una revolución emocional sin precedente, así lo plasma Han (2014), en la cual las
emociones, subjetivas y espontaneas ahogan y difuminan la objetividad la población.
Esta manipulación emocional proporciona una poderosa herramienta de múltiples usos.
Es por todos conocido que la venta de las características del producto es ya una
estrategia publicitaria pasada de moda y la emoción que te despierta el producto se ha
convertido en el verdadero por qué de su elección. Se basa principalmente en la
facilidad de manejar a un sector de la población que se aparta de la objetividad en lo
referente a sus sentimientos y se mueve por emociones espontáneas que generan un
efecto placentero inmediato en ellos, aunque se diluya con el paso del tiempo.
Resulta esclarecedor observar cómo diversos autores relatan esta manipulación
emocional se despliega con un objetivo específico, generar un efecto inseguridad
ciudadana frente a la criminalidad. Recordemos que las nuevas prácticas emergentes en
el sector laboral; reducción de los salarios, facilidad de despidos, auge de los contratos
temporales y precariedad generalizada, unidas a otros factores como la disminución de
las fronteras nacionales, la movilización del capital y los fuertes movimientos
migratorios han germinado en un sentimiento social de inseguridad, instaurado en una
amplia parte de la población trabajadora occidental. (Alonso, 2000; Navarro, 2000;
Wacquant, 2010). Este sentimiento, el cual responde a movimientos de
desresponsabilización de carácter político, económico y social por parte del Estado, ha
sido recogido y manipulado en los discursos políticos y medios de comunicación para
redirigirse y proyectarse como una sentimiento de inseguridad física o de alarma social
frente a la criminalidad, es en este momento cuando la repetición sistemática de
11
estímulos emocionales, como el miedo y la inseguridad física arraigan y tergiversan el
verdadero trasfondo del sentimiento de inseguridad.
Alsina (1999) remarca que la alarma social es específicamente una construcción
mediática, pues ante un suceso localizado se necesita de un medio que lo masifique para
constituir esta alarma. Del mismo modo, Serrano y Vázquez (2007) hacen una
interesante aportación en este aspecto, los medios de comunicación tienen gran
influencia a la hora de configurar la imagen social de la delincuencia, de hecho, afirman
que el efecto causado por estos es el de sobredimensionar la extensión de la
delincuencia violenta y presentar mayor atención a los fallos de control del delito. En
muchas ocasiones esta manipulación responde a movimientos políticos y mediáticos
que buscan, como ya observaremos, un fin que justifique sus acciones.
3. Estados Unidos: Productor y producto del neoliberalismo.
Estados Unidos supone un caso excepcional donde muchos de estos factores llegan
a su máximo apogeo, lo cual crea un entorno social y político de gran relevancia desde
el punto de vista de nuestro análisis. Estados Unidos fue pionero, junto a Reino Unido,
en la incorporación de las políticas neoliberales que, asimismo y gracias a las
características propias de este país, ha propiciado la expansión de estas con pocas
restricciones (Harvey, 2005). Como ya hemos mencionado con anterioridad, este
modelo propone una doctrina económica anti-intervencionista, bajo la ideología de la
libertad tanto individual como del capital, nos encontramos entonces frente a un Estado
que cede su responsabilidad económica a los mecanismos y fluctuaciones del mercado.
En contraposición a lo que establece este modelo neoliberal, el sistema de
protección social se presenta como el principal instrumento amortiguador y paliativo de
este tipo de desórdenes ocasionados por el mercado. Dado esto, el problema radica
esencialmente en la incompatibilidad ideológica de un sistema de protección social
sólido y un modelo económico neoliberal. Considerando que el sistema de protección
social se establece como el producto engendrado del esfuerzo colectivo y la implicación
ciudadana por crear una sociedad igualitaria, basada en preceptos de derecho y
obligación como parte de una sociedad solidaria, entonces, este sistema de protección
social se extiende como brazo del Estado y exige la intervención ante las injusticias del
12
mercado. Por lo tanto, esta perspectiva, obviamente, choca frontalmente con la
ideología neoliberal puesto que en un contexto en el que el Estado renuncia a su
responsabilidad económica, debemos de asumir que está dispuesto a admitir la
posibilidad de poseer altos niveles de pobreza y desigualdad que, como veremos en el
caso estadounidense, dicho sistema de protección se ha ido retrayendo hasta imponer un
nuevo proyecto para controlar estos desórdenes sociales (Harvey, 2005; Wacquant,
2010; Fundación FOESSA, 2014). Wacquant (2010) defiende que en este contexto el
sistema penal se ha establecido como la alternativa de tratamiento social en Estados
Unidos, utilizando el encarcelamiento punitivo como modelo de política social y
dejando relegado al sistema de protección social a una intervención meramente
caritativa, ocupada de reducir solo las penurias más extremas.
Las características estructurales de la sociedad norteamericana ayudan a entender
por qué aceptan este aumento de desigualdad social y económica apoyando muchas de
estas nuevas políticas e impulsando los nuevos métodos del Estado para hacer frente a
la nueva realidad social. (Navarro, 2006: Wacquant, 2010)
De manera muy resumida, basándonos en Wacquant (2010) podemos sintetizar lo
siguiente:
La sociedad se muestra negativa ante la representatividad de su Estado,
podríamos hablar de una cultura antiestatista.
No poseen una red solida de organismos que están desestructurados y mal
coordinados, además la mayoría de la acción social se realiza de forma privada
limitando la acción del Estado.
La acción pública se divide en dos actuaciones cerradas: El seguro social, la
administración colectiva de los seguros de los trabajadores remunerados, que
deja fuera gran parte de las poblaciones más desfavorecidas del sistema laboral.
Como segunda actuación, el sistema de bienestar, asistencia a colectivos
necesitados, aunque no sin plantear difíciles condiciones de acceso a este tipo de
asistencia.
La estructuración racial del Estado. Nos encontramos frente a un Estado que
tiene la constante necesidad de delimitar la insuperable frontera social,
económica y política entre blancos y negros. Este aspecto en cierta medida ha
acelerado declive del Estado social norteamericano y la extensión del aparato
13
penal. Esta división también explica la falta de unificación, asociación y
movilización entre la clase trabajadora.
El neoliberalismo sobre el sistema de protección social estadounidense
Una vez planteadas estas bases, solo cabe describir como ha avanzado el modelo a
través de una sociedad y de un Estado que no han podido oponer apenas resistencia ante
su fuerza. La delegación del plano económico por parte del Estado a los intereses del
libremercado produce una rápida expansión del trabajo precario. Lejos del discurso
político y empresarial, este tipo de práctica laboral nace como un nuevo método de
explotar la fuerza de trabajo y reducir de sus costes, impulsadas, a su vez, por las
entidades públicas y agencias de promoción de empleo temporal. Como resultado, esta
degradación del trabajo se traduce en un empobrecimiento de la situación laboral muy
relevante e instaura entre la sociedad una grave crisis de inseguridad laboral (Wacquant,
2010; Navarro 2006).
Las consecuencias de un sistema laboral desregularizado son popularmente
conocidas, un aumento significativo de la desigualdad y la pobreza y consigo un
incremento de la actividad ilícita y de la delincuencia. El sentimiento de vulnerabilidad
laboral y frustración de la población es focalizado por parte de medios y clase política
hacia la labor asistencial que ejerce el Estado sobre las clases marginales proyectadas
como “perpetradoras de actos delictivos” y acusadas de beneficiarse de la acción estatal
como “rémoras sociales”. Es en este momento cuando la extensión de la alarma social
entre la población se emplea como pretexto para justificar el avance del sistema penal y
el retraimiento del sistema de protección social, ocupado de “amparar” y “dar
facilidades” a estos delincuentes. Así, la delincuencia se convierte en el foco de interés
mediático, político y de instituciones especializadas, que actúan como promotoras del
discurso alarmista, esto es, se tergiversa y se dirige el sentimiento de inseguridad de la
población contra la delincuencia como la generadora del malestar social (Wacquant,
2010; Lutz, 2013).
En consecuencia, esta alarma social se convierte en una reivindicación a nivel
nacional de modificar de su ya precario sistema asistencial. En primer lugar, se
comienza por la eliminación de gran parte de las ayudas de carácter público alegando
que produce inmovilismo y pasividad por parte de sus beneficiarios. Se debe de agregar
14
que, con el pretexto de eliminar los excesos o engaños que pueden realizar los
beneficiarios, se multiplican los obstáculos burocráticos, registros, frecuencia de
controles y criterios para acceder al sistema de las ya de por sí pocas ayudas prestadas.
Llegados a este punto, se procede entonces a destinar el dinero a proyectos de carácter
privado para empresas y servicios defendiendo, en este caso, la eficiencia del mercado
para redistribuir los recursos. Por último y como ya hemos expuesto con anterioridad, el
trabajo es presentado como el único camino posible hacia la “autonomía” económica de
los más pobres en una sociedad profundamente individual y meritocrática, así, las pocas
ayudas prestadas se condicionan a la aceptación de trabajos en su mayoría precarios y
con unas condiciones que les condenan a la mera supervivencia (Navarro, 2006;
Wacquant, 2010).
Es realmente ilustrativo observar cómo, en la actualidad, siendo Estados Unidos un
país que presenta unas cifras cercanas al pleno empleo, un 4% de desempleo, sigue
presentando tasas de pobreza del 13%, encontrando entre esta población que un cuarto
de estas personas pobres lo son trabajando (Shambaugh, 2017)
Las consecuencias de la extensión del nuevo modelo socioeconómico se han
traducido en el aumento, aún más significativo, del índice de pobreza, marginalidad,
desórdenes sociales y violencia en los barrios desposeídos.
En este proceso de transformación económica y social el nuevo sistema asistencial
cumple una función clave para el Estado (Wacquant, 2010; Lutz, 2013).:
● Se utiliza como mecanismo revalorizador de la “ética del trabajo”, puesto que
alrededor de esta gira todo el entramado asistencial
● Es utilizado como medio corrector ante comportamientos problemáticos de las
poblaciones “marginadas”.
● Se convierte en una extensión del sistema penal convirtiéndolo en un sistema de
vigilancia a través de medios tecnológicos y burocráticos que amplían el alcance
de detección y control de colectivos marginales.
● Sirve como mecanismo impositor del trabajo condicionado hacia las clases
bajas. Fuerza a la población desprotegida a aceptar los trabajos ofrecidos a
cambio de recibir algún tipo de asistencia
15
En la práctica, este tipo estructura asistencial trata a los pobres como delincuentes
que vulneran la responsabilidad ética del trabajo. No obstante, la realidad es que la
promulgación de este enfoque de asistencia condicionada al trabajo no ha ofrecido
ningún tipo de respuesta ante los problemas de los norteamericanos pobres, en su
mayoría, los trabajos son precarios y no permiten una autonomía económica real. Es por
esto que la falta de responsabilidad económica del Estado junto con la retracción del
sistema de protección crea una nueva necesidad de remarcar la funcionalidad del
Estado. En este sentido, el sentimiento de vulnerabilidad imperante, la creciente
situación de empobrecimiento y los desórdenes sociales ocasionados por el contexto
socioeconómico crean un entorno perfecto para impulsar la función “protectora” del
Estado como su eje central de acción. Es sistema penal, retorcido de forma
maquiavélica, presentado como una nueva forma de “tratamiento social”, el cual
funciona como opresor frente a la población, que más ha sufrido las consecuencias de
este modelo económico. Esta forma de tratar a la pobreza consiste simplemente en
apartar de la vista pública los problemas derivados de la situación, problemas que no
han podido ser absorbidos por otros mecanismos y no generan ningún tipo de beneficio
para este modelo (Wacquant, 2010; Lutz, 2013).
En un breve recorrido histórico norteamericano, en 25 años, desde 1970 se produjo
un aumento del 442% en la tasa de encarcelamiento. Esto es debido al despliegue
selectivo de la red policial en barrios donde la tasa de pobreza era más acusada. Los
barrios intervenidos eran mayoritariamente habitados por afrodescendientes, lo que
supuso, como era de esperar, una mayor detección e identificación de delitos y
comportamientos disruptivos y con ello un aumento de los procesos de enjuiciamiento y
encarcelamiento de la población de estos sectores. Estas son las razones por la cuales la
aplicación de la nueva política en un espacio urbano determinado, reforzado por el
apoyo prestado desde los medios de comunicación, construye un escenario idóneo
donde los políticos pueden mostrar el papel esencial que prestan a la ciudadanía
(Wacquant, 2010).
En resumen, el sistema trata de subordinar todas las acciones a la tutela del mercado,
presentando como única vía, ya que el comportamiento contrario a éste significaría
chocar contra el mismo sistema penal. Irónicamente este sistema se justifica a sí mismo,
pues los desórdenes ocasionados por el nuevo modelo socioeconómico contribuyen a
16
promover la inseguridad y la violencia que sirven como pretexto para ampliar y
fortalecer la red penal (Wacquant, 2010).
Pero para que el Estado penal fuese una verdadera herramienta de contención contra
los desórdenes y movimientos sociales generados por el nuevo orden socioeconómico,
se necesitaron varias modificaciones en su estructura, para ello se realizaron cuatro
reformas jurídico-penales2: La sentencia de duración determinada; Aplicación de lo que
dictamina la condena; Mínimos obligatorios; Ley de la tercera falta. Se consiguió que el
sistema penal aumentara su capacidad de tratamiento y reclusión y se convertirlo en un
mecanismo flexible y eficaz de detección, capaz de identificar y alcanzar a individuos
atrapados entre los límites de la pobreza y la legalidad (Wacquant, 2010).
Con un sistema penal férreo y selectivo, respaldado por una doctrina judicial severa,
el instrumento de tratamiento punitivo de la pobreza norteamericano queda
perfectamente engrasado y las consecuencias sociales a la pasividad económica estatal
quedan sepultadas bajo un régimen de poderoso valor simbólico y material (Wacquant,
2010; Lutz, 2013).
4. El camino Europeo.
Este enfoque socioeconómico e ideológico no ha quedado únicamente confinado en
el territorio norteamericano. Con la llegada de esta doctrina económica al viejo
continente, impulsada en la crisis de los Estados del bienestar, los sistemas de
protección social de estas naciones se están viendo igualmente afectados, nos apunta
Navarro (2006). El autor, en esta misma dirección, argumenta que en Europa la crisis
de los Estados del bienestar se atribuye con frecuencia a su excesivo coste y en la
rigidez de sus mercados de trabajo. Se compara, a su vez, con el dinamismo de la
economía estadounidense que, de esta manera, se exalta su “éxito” y se asocia a su
menor inversión en política social y la gran desregularización de sus mercados. Durante
estos últimos años, explica este mismo autor, las medidas tomadas por Alemania y
Francia toman esta dirección con el fin de estimular el crecimiento económico y
disminuir el desempleo.
2 Ver Wacquant (2010) p. 109-111
17
Este argumento ha sido reforzado desde la crisis desencadenada por el estallido de la
burbuja inmobiliaria norteamericana en 2008, que afectó directamente a los países
europeos (Fundación FOESSA, 2014). Como cabía esperar, el principal afectado por las
propuestas aprobadas por parte de los Estados Europeos para superar esta crisis ha sido
el sistema de protección social, sosteniéndose en el elevado coste de mantenimiento que
este supone.
La llegada del neoliberalismo a Europa no se produjo de manera tan violenta como
en Estados Unidos, aun así, la aceptación de este tipo de políticas de desregularización
del mercado fue introduciéndose de manera progresiva como método de combate frente
a la crisis económica. Aunque se inició como una reforma del sistema laboral,
rápidamente afectó a la disminución del presupuesto destinado al sistema de protección
social, el cual fue perdiendo terreno de manera constante. Aun así, la diferencia entre el
sistema del bienestar estadounidense y el europeo son significativas y pese a ceder
terreno a este nuevo modelo económico, Europa ha mantenido un sistema de protección
social mucho más extenso y sólido (Fundación FOESSA, 2014; Navarro, 2006; Harvey,
2005).
Wacquant (2010) profundiza en la influencia ejercida por este modelo en el contexto
europeo y añade que su entrada ha promovido el replanteamiento de la política penal de
algunos de estos países que además se han visto influidos por el modelo penal de Gran
Bretaña, el desacuerdo con los tratados de la ONU y la pérdida de confianza en la
rehabilitación y reintegración. Estos hechos han modificado la visión Europea y está
arraigando esta idea del endurecimiento penal como media de contención social ante las
emergentes consecuencias del modelo económico neoliberales, tal y como sucede en
Estados Unidos.
Aun así, los países europeos presentan claras diferencias frente al ejemplo
norteamericano que explican por qué esta nueva ideología penal no tiene tanta
trascendencia (Lutz, 2013):
● Mayor presencia del Estado social en el campo burocrático
● Mayor grado de conciencia social entre la población.
● Menor apoyo a la ideología del individualismo meritocrático.
● Ausencia de la división etnorracial.
18
Este mismo autor expone que, aunque las tasas de encarcelamiento de Europa
occidental distan mucho de las norteamericanas, el crecimiento de estas se ha mantenido
estable desde los años 80, además, puntualiza que la penalización punitiva toma muchas
formas y no está limitada al confinamiento físico. De esta forma, la penalización de la
marginalidad en Europa occidental se produce en una escala menor y con tres giros en
su aplicación notables.
La primera es a nivel discursivo, pues las nuevas leyes penales han sido más
violentas a nivel político y mediático que en su aplicación judicial. Los jueces europeos
han sido capaces de frenar la extensión penal gracias a la existencia de un sistema
socioeconómico más estable y a la mayor presencia de conciencia de los derechos
humanos en la población. A pesar de ello, la promoción del sentimiento de inseguridad
ha servido, de nuevo, para promocionar la actuación policial en “zonas conflictivas” y
ha sustituido parcialmente las actuaciones sociales en pos de reflotar estas mismas
zonas.
La segunda diferencia, además de la más significativa, es la utilización de las
fuerzas del orden como mecanismo de control de los desórdenes sociales generados en
las zonas urbanas desposeídas, en lugar de optar por la vía jurídico-penal.
Por último, al contrario que en el terreno norteamericano, donde la gestión social ha
pasado a manos del sistema penal, Europa ha extendido tanto la red policial como la red
de protección social de manera simultánea. Sin duda, algo contradictorio dado que ha
expandido y frenado a la vez su estructura punitiva. Aunque cabe destacar que en este
sentido un sistema de servicios sociales más estructurado puede prolongarse como una
extensión del sistema punitivo a través de control y supervisión burocrática, tecnológica
y humana, en el caso de que en el futuro se produjese un giro punitivo más agresivo.
Y aunque estos rasgos del camino Europeo hacia la criminalización de la pobreza la
distancian mucho de la observada en Estados Unidos, a nivel micropolítico, la tendencia
sigue sus mismos pasos: conectar los desórdenes ocasionados por el mercado con el
tratamiento penal de la pobreza (Lutz, 2013; Wacquant, 2010).
19
5. El contexto español
España es un país situado política y geográficamente en la Unión Europea y, por lo
tanto, se mueve generalmente dentro de sus estándares económicos, políticos y sociales.
En este apartado, atenderemos a la llegada del modelo neoliberal en esta nación y las
consecuencias producidas en su sistema de protección social, para ello, comenzaremos
repasando la evolución histórica de España a nivel socioeconómico.
La evolución socioeconómica de España
El Estado del bienestar español y su sociedad presentan claras diferencias respecto
al conjunto europeo. Navarro (2006) expone que existen diferencias que confieren al
Estado de bienestar español un carácter subdesarrollado y precario frente a sus
homónimos europeos.
Este mismo autor afirma que el Estado del bienestar español se sitúa a la cola del
desarrollo en referencia a los europeos, tomando como referencia sus indicadores de
trabajo en servicios del bienestar y gasto público en servicios de protección social, que
se sitúan muy por debajo de la media europea. Este problema, sin embargo, no es algo
actual, sino que nace de un proceso histórico que es importante abordar.
Tras la caída de la dictadura franquista, España se encontraba en una situación social
subdesarrollada, con un gasto del 14% del PIB en protección social frente al 22% de la
Unión Europea. Habiendo proliferado entre la población esa idea de bienestar igualitario
y universal, la población española en los años ochenta y noventa demandaba un cambio
no solo a nivel económico, sino social. Aunque a nivel internacional la crisis de los
Estados del bienestar ya estaba empezando a hacerse evidente, la voluntad generalizada
de dar respuesta a esa demanda nos hizo entrar de lleno en construcción un Estado del
bienestar sin tan siquiera plantearnos otras alternativas y sin atender a los cambios
económicos que se estaban comenzando a producirse con la llegada del neoliberalismo
(Navarro, 2006; Fundación FOESSA, 2014).
Durante esta década no solo nos encontramos ante un sistema de protección social
instaurado de forma tardía respecto al conjunto Europeo, sino que, a mediados de los
años ochenta, España sufrió un fuerte proceso de desindustrialización forzado y
acelerado, justificado en procesos de globalización, que produjo una pérdida de empleo
20
del 13,9% y que fue agravado por las decisiones políticas y económicas. Como
resultado, se estableció un modelo de monocultivos, turismo y acción económica
dependiente de la financiación europea y el endeudamiento de las empresas y familias,
que se tradujo en un modelo económico débil y un obstáculo directo en el desarrollo de
un modelo de protección social sólido. Aun así, durante los siguientes años España
vivió una etapa de desarrollo económico y se acercó a los estándares europeos respecto
a inversión en protección social, situándose a solo 4 puntos por debajo de la media
europea en 1993. Tras superar la crisis del 1992 a 1994, España volvió a vivir un amplio
periodo de bonanza económica que duró hasta 2007, de hecho, desde los medios y la
política española se hizo alarde del modelo de crecimiento económico español a nivel
internacional y es que nunca habíamos Estado tan cerca de la media de crecimiento de
los países europeos. Era lógico pensar que, cumplida la premisa del crecimiento
económico, el siguiente paso consistiría en la inversión en políticas e iniciativas de corte
social, pero la realidad fue muy diferente. Así pues, el gasto social en España había
descendido desde 1993, donde el gasto público se situaba solo 4 puntos respecto a la
media europea como hemos mencionado antes, se volvió a colocar a no menos de 6
puntos por debajo durante esta década. Es decir, el aumento de la economía no se había
traducido acercamiento real a los modelos europeos de protección social, no se alcanzó
la media europea tan siquiera en sistemas esenciales como educación, sanidad, vivienda
o servicios sociales. Este aspecto es especialmente relevante puesto que la incapacidad
para crear un modelo integral y coherente de protección social durante este periodo de
crecimiento ha consolidado la precariedad como un rasgo propio de la estructura social
española. Los canales de distribución no solo no se asentaron de manera correcta y
eficaz, más aún, la baja productividad industrial que veníamos arrastrando, unido a la
falta de inversión de I+D, dejó a muchos empleos en situación de riesgo (Navarro,
2006; Fundación FOESSA, 2014; Sanzo, 2013).
Navarro (2006), además, subraya cómo en el transcurso histórico ha desaparecido
del discurso político español la existencia de la división de clases y cómo esto
representa un síntoma inequívoco del poder que ejerce la clase media-alta sobre el
conjunto popular. Aún más relevante, insiste, es que desde la sociedad no se perciba esa
separación de clases y aunque el conjunto de la sociedad se catalogue como clase
trabajadora, se engloben a la vez dentro de la clase media. Lo cataloga como la división
de las dos Españas. Por un lado, una que responde al 30-35% de la población con rentas
21
superiores, que ejerce gran poder a la cultura mediática y política del Estado, de
ideología liberal en su conjunto. Por otro lado, el 60-65% de la población las clases con
rentas medias y bajas, con una influencia histórica menor, que explica en cierta medida
la ausencia de desarrollo en el sistema del bienestar español. Expone que, la falta de
alianza española entre la clase media y baja ha impedido el desarrollo de unos servicios
sociales universales y de calidad, influido por la cultura mediática y política de las
clases altas a pesar de la percepción positiva del desarrollo de los servicios del Estado
del bienestar en la década de los 90.
Un sistema de bienestar que se sustenta sobre tres piezas fundamentales,
recaudación de impuestos, cotizaciones sociales de empresas y trabajadores y el entorno
familiar. Este último, ocupa un lugar especial ya que todas las carencias de nuestro
sistema social tienden a ser cubiertas por las redes familiares, creando una especial
sobrecarga en esta institución y sobre todo sobre la figura de la mujer. Un sistema que
favorece a jubilados y trabajadores de larga trayectoria, por otro lado, los jóvenes, niños
y familias quedan excluidos debido a las características de estos mecanismos (Navarro,
2006; Fundación FOESSA, 2014). Además, nuestro Estado ha privatizado competencias
públicas en sectores estratégicos a lo largo de los años con el afán de reducir el déficit y
la deuda pública. De esta manera, la privatización se convierte en un arma de doble filo,
pues, aunque genera beneficios inmediatos en las arcas del Estado, ceder estos sectores
al mercado reduce la capacidad de intervención del Estado y lo somete a mayores
presiones por parte del sector privado, que pasa a controlar recursos esenciales
(Navarro, 2000).
Haciendo breve repaso histórico (Fernández, 2014): Felipe González comenzó con
SEAT y ENASA, Trasatlantica (transporte marítimo) y Marsans (Viajes). Aznar
continuó con la campaña más grande de privatizaciones de España: Endesa, Tabacalera,
Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural que fueron algunas de las casi 50
empresas que privatizó en sectores tan importantes como la electricidad, el gas, el
petróleo, el transporte y las telecomunicaciones. Zapatero, por su parte, anunció la
delegación de la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona al sector privado. Por
último, Rajoy, el recientemente cesado presidente de España, planteó la privatización de
AENA y la liberalización del sector ferroviario, dividiendo RENFE en cuatro
compañías dirigidas a diferentes líneas de negocio: tráfico de pasajeros, mantenimiento
de trenes, tráfico de mercancías, y gestión del parque de trenes y material rodante de la
22
compañía, así como la aprobación de que una compañía privada entre a competir con
Renfe.
El endeudamiento hipotecario de las familias españolas fue otro hito destacable en el
transcurso de este último periodo de crecimiento económico. Durante el boom
inmobiliario, la financiarización aumentó la deuda privada de las familias a cotas
similares a las más altas de Europa, cada vez más alejadas de una economía real que
pudiese soportar esos procesos especulativos. Como resultado, con la llegada de la
crisis, muchas familias españolas se vieron incapaces de soportar la presión económica
generada. Durante este periodo, la falta de responsabilidad del sector bancario Español
fue permitida por las autoridades competentes que no opuso ninguna restricción al
endeudamiento irreal que se estaba asumiendo la población Española. Pues, aunque
España no fue afectada directamente por la crisis de financiarización de 2008, la
recesión que provoco en Europa causo graves efectos sobre este país tales como la caída
del turismo, perdida de la financiación externa y del crédito internacional, etc piezas
centrales de la economía española (Navarro, 2006; Fundación FOESSA, 2014; Sanzo,
2013).
Como resultado nos encontramos ante un Estado del bienestar subdesarrollado
respecto a sus homónimos europeos, con una implantación tardía, precaria y sin atender
al contexto internacional en su planteamiento. Un sistema que ejerce una presión
excesiva sobre la población media, y que ha perdido apoyo y fuerza de los sectores
estratégicos y complementarios con el transcurso de los años.
España en la actualidad
En la actualidad, por lo tanto, nos encontramos frente a una convergencia de dos
procesos que afectan de manera directa al decrecimiento del sistema de protección
social; la extensión de un nuevo modelo neoliberal que busca el crecimiento económico
a cualquier coste y la reconversión de nuestro Estado del bienestar, reduciendo sus
competencias y coberturas. (Fundación FOESSA, 2014)
Como respuesta directa algunos de los sectores políticos y mediáticos extendieron la
idea de que el descenso del gasto social y la disminución del intervencionismo,
siguiendo los pasos de Alemania y Francia, era la solución frente al nuevo contexto
socioeconómico provocado por la crisis internacional y la crisis del Estado del
23
bienestar, tomando medidas de corte neoliberal. Poco se ha tenido en cuenta desde estos
medios que nunca nos hemos encontrado en el mismo nivel de inversión en gasto social
al de los países que tomamos como referencia ni tenemos un sistema laboral solido que
nos respalde ni una estructura de servicios públicos que amortigüe estas políticas
(Navarro, 2000; Fundación FOESSA, 2014).
Observaremos, a continuación, algunas diferencias estructurales con respecto a
nuestros vecinos europeos y, si bien muchas de ellas no son parte del sistema de
protección social directamente, son herramientas utilizadas para mejorar la calidad de
vida de la población e impulsan el intervencionismo estatal para atajar problemas
derivados de los ciclos recesivos de la economía mundial (Navarro, 2000).
Como bien recopila el medio alternativo NuevaRevolución (2014):
En cuanto a la política energética, la mayoría de países europeos han mantienen un
fuerte control estatal sobre sus energéticas, por el contrario, en España, como ya hemos
explicado anteriormente, este sector fue privatizado. Por ejemplo, en Italia, Francia,
Bélgica o en los países nórdicos, la principal energética es pública. Estas empresas
estatales contribuyen a los planes de desarrollo de la Unión Europea en materia
energética y no se ven sometidas al libre mercado gracias al uso de sus grandes
empresas de energía pública, política de estímulo y regulaciones estrictas. El carácter
intervencionista en materia energética y medioambiental se extiende en el sector
inmobiliario donde exige a los dueños de azoteas a llenarlas de vegetación para
disminuir la contaminación, medida que se aplica en Dinamarca, Francia o Suiza.
El mercado de vivienda es otro sector en el que los países europeos más
avanzados establecen leyes y regulaciones estrictas para evitar que haya viviendas sin
gente y gente sin viviendas. En países como Holanda o Alemania los propietarios
pueden llegar a ser expropiados provisionalmente si mantienen sus viviendas vacías
mucho tiempo. Países como Dinamarca, Francia o Italia recurren a las sanciones
económicas. España por el contrario, no regula este sector y antepone el derecho a la
propiedad privada a los fines sociales. Esta falta de intervención sumada a la lógica
neoliberal de proteger la propiedad privada por encima de todo, nos ha convertido en el
país de Europa que más viviendas vacías acumula.
24
La comida el tabaco y el alcohol en toda Europa están altamente regulados en
comparación con los otros continentes, los estándares europeos en alimentación son
seguramente los más altos y garantistas, al igual que el mercado del alcohol y el tabaco
cuya regulación ha ido en aumento en todo occidente. Más allá del marco europeo, la
regulación de España no destaca en dichos sectores, es el país de Europa con menos
regulaciones en comida y bebida. En países como Noruega o Suecia el alcohol de alta
graduación son monopolio del Estado. En estos países la fiscalidad también es una
herramienta de intervención habitual al incrementar los impuestos de aquellos productos
cuyo consumo se quiere disminuir. España al contrario está entre los países
europeos que menos impuestos aplica al tabaco y el penúltimo país europeo en la
aplicación de impuestos especiales.
Por último, la mayoría de las potencias europeas que hoy se toman como
referencia mantienen también porcentajes relevantes de participación en los principales
sectores estratégicos. Alemania tiene un control enorme de la mayor empresa de
telecomunicaciones, Deutsche Telekom, que con un 32% es el accionista mayoritario, el
Estado tiene incluso participación en el grupo Volkswagen (19%), en Francia el Estado
posee también altos porcentajes de participación en France Telecom y Renault, de la
misma forma, en Bélgica la compañía pública Publifin proporciona servicios de
telecomunicaciones y energía. En cuanto a aerolíneas, los países nórdicos poseen el
50% de las acciones de GrupoSAS y Francia tiene un 15% de Air France, mientras,
España conserva un 2,5 % de Iberia. Finlandia por su parte, tiene un alto poder de
intervención en la industria forestal que es el principal motor de su economía, el Estado
posee más de 9 de los 23 millones de hectáreas de los bosques del país y es el accionista
mayoritario de la empresa Stora Enso Oyj, uno de los líderes mundiales en producción
de papel y cartón. El caso quizá más significativo es el de Noruega, con control estatal
pleno de la petrolera Statoil, la hidroeléctrica Statkraft, casi la mitad de Norsk Hydro
ASA (industria de aluminio y renovables), el 77% de la teleco Telenor y accionista
mayoritario del mayor grupo de servicios financieros del país DnB NOR.
Las limitaciones de España no se ciñen únicamente al sector de la protección
social o al del mercado laboral, sino que presenta carencias de recursos y gestión en
muchos aspectos (Navarro, 2000)
25
Sanzo (2013) argumenta que las medidas impuestas de recortes y austeridad no ataja
el problema básico de nuestro modelo económico, la estructura productiva débil, poco
competitiva que no facilita la creación de empleo. Tan siquiera existe un
replanteamiento de nuestro modelo económico, cediendo toda la responsabilidad a los
mecanismos del mercado esperando que sea capaz de abordar todos los problemas que
se vienen arrastrando. Nos encontramos con una estructura productiva débil, que se
intenta combatir con la bajada de los salarios. El trabajo está sufriendo en su totalidad
una proceso preocupante devaluación interna, pero en contraposición el beneficio
empresarial sigue en aumento (Pérez, 2013). Este tipo de desresponsabilización
económica por parte del Estado es algo que ya hemos observado en el contexto
norteamericano y que también se manifiesta en nuestra política laboral con similares
efectos; salarios bajos, empleo precario, empobrecimiento así como pérdida de derechos
laborales. Además, la desaparición de la protección que tradicionalmente ofrecía el
trabajo se está traduciendo en una pérdida de integración, aumentando no solo la
pobreza, sino que está afectando al aspecto social, aumentando las tasas de exclusión de
manera notoria. Estamos, por tanto pasando de un modelo sustentado en la garantía de
derechos a otro sustentado en la ideología neoliberal y meritocrática donde desaparece
“el derecho” de la nueva estructura social que se está creando (Fundación FOESA,
2014; Navarro, 2006).
Como hemos podido observar, España no cumple con características necesarias
para poder asumir la llegada de la política neoliberal con los ojos cerrados, como se nos
intenta transmitir, su sistema de protección social se encuentra alejado de los modelos
europeos y no cuenta con un tejido laboral fuerte que amortigüe sus carencias. España
constituye el caldo de cultivo perfecto para la proliferación desmedida de la pobreza y la
desigualdad. Aun así, desde el plano internacional se exige a España el cumplimiento de
los presupuestos de reducción de gasto público y la imposición de este tipo de medidas
en el sector público se ha extendido rápidamente con el fin de obtener estos resultados
(Oxfam Intermón, 2012):
Bajadas en los salarios públicos
Pensiones congeladas
Modificación en las condiciones de jubilación
Reducción de las prestaciones en Sanidad
26
Recortes en Educación
Reducción de la inversión pública
Caída drástica de programas de apoyo social e integración que manejan
Comunidades Autónomas y ayuntamientos
Reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo colocándonos a niveles de hace
veinte años.
Aumento de los impuestos al consumo (IVA)
Aumento del tipo impositivo del IRPF y de las rentas de ahorro y del capital que
La inmensa mayoría de las políticas someten a la población media y al conjunto
familiar a soportar la presión económicas de manera directa y las convierte en el
principal motor del nuevo modelo económico, encontrándonos así que; el 83% de la
recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y "otros impuestos pagados por
familias" mientras que el de sociedades "aportó el 12% de la recaudación”.
Encontramos que ,en este último periodo de crisis, las grandes empresas Españolas han
seguido aumentando sus beneficios económicos de forma significativa, mientras que el
sistema de protección social y con ello la calidad de vida de la población española ha
empeorado de manera significativa (Oxfam Intermón, 2012; Llano, 2017; Navarro,
2006; Alonso, 2000).
Una década después del comienzo de la aplicación de estas estrategias para abordar
la crisis y con los indicadores apuntando hacia el final de la misma, estos son los
resultados (Llano, 2017):
Tasa de paro de alrededor de un 16% en 2018, alcanzando el 23,67 % en 2014.
Tasa de pobreza del 22,3 % de la población y 15,1 % de esta población pobre
manifiesta actividad laboral.
27,9 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o
Exclusión Social
Uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza y/o exclusión social
6,4 % de la población, más de 2,9 millones de personas viven en pobreza severa.
517 desahucios diarios en el primer trimestre de 2012.
La renta del 20 % más rico es 6,6 veces superior a la renta de 20 % más pobre.
27
Cabe aclarar que, desde esta organización, se refleja un descenso de la pobreza
respecto a los últimos años, también se especifica que se duda de que este descenso
vaya a ser una tendencia continuada y se plantean la posibilidad de que estos índices se
estanquen durante los siguientes años.
Nos encontramos, de esta manera, con una España quebrada socioeconómicamente,
con un sistema laboral que arrastra carencias desde hace décadas, un sistema de
protección social precario que reduce, aún más, sus prestaciones y con pocos sectores
que ayuden a paliar los daños de la última crisis. De esta manera, la población de clase
media y baja española se convierte en la principal afectada y sobre ella recae el peso de
un una nueva política económica neoliberal que les ahoga.
El control de los desórdenes sociales en España
Estas situaciones de injusticia social causan un gran impacto sobre la población
española que directa o indirectamente sufre la mayoría. Llegado a este punto, se inician,
alrededor de 2010/2011, una serie de protestas, un buen sector de la ciudadanía
comienza a manifestar su disconformidad con la gestión que el gobierno está haciendo
de la situación económica y con la falta de empatía de la clase política, tachada de
mantenerse totalmente alejada de la realidad social.
Surgen en ese momento una serie de movilizaciones ciudadanas pacíficas,
espontáneas en origen y surgidas en gran parte en las redes sociales. La explosión se
produce con la protesta del 15 de mayo de 2011 convocada por la
plataforma Democracia Real Ya junto a otros colectivos de manifestaciones en 58
ciudades españolas, que se desvincularon de cualquier movimiento político y sindical
para servir como altavoz a un amplio y diverso número de reivindicaciones políticas.
Los medios de protesta empleados por este movimiento fueron manifestaciones,
marchas, sentadas, acampadas, ocupaciones de espacios públicos, actos de
desobediencia civil, como el impedimento de órdenes de desahucio por impago de
hipotecas y el activismo on-line. Desde los medios y la políticas se trató de vincular este
tipo de movimientos con movimientos de carácter antisistema o radicales con intención
desacreditarlos, aun así, este tipo de movilizaciones se extendieron rápidamente y
durante los siguientes años la sociedad se mantuvo activa en sus protestas y
28
reivindicaciones: la defensa de la sanidad pública, las protestas contra la precariedad o
las congregaciones ciudadanas contra la sentencia de La Manada entre muchas otras. Es
en este proceso cuando se produce un fuerte choque contra el poder político y la acción
policial. (Bondía, 2018)
Como bien se referencia con anterioridad, la supresión de la población
“conflictiva” no solo se realiza a través del encarcelamiento físico como en el caso
estadounidense y toma diferentes formas dependiendo del contexto en el que se
manifiesten. En este sentido en España se inicia un entramado jurídico con el fin de
conseguir disuadir a la ciudadanía de participar en este tipo de actos, en su finalidad se
trataban de una reforma que buscaba castigar la protesta social; la Ley de Tasas, la
reforma del Código penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada
o la Ley de Seguridad Nacional fueron algunas de las iniciativas llevadas a cabo por el
gobierno para abordar estos movimientos. (Bilbao, 2015; Bondía 2018)
Como bien explica Bondía (2018) estas leyes están construidas de manera tan
superflua que se vuelven imprecisas y llenas de inseguridades jurídicas con intención de
escapar del control del poder judicial. Entre ellas destaca la “Ley de seguridad
Ciudadana” que se aprueba en 2015 y que establece una serie de sanciones
administrativas en contra del ejercicio de algunos derechos civiles y la protesta, todo
ello bajo el discurso político de la búsqueda de la “seguridad nacional, del Estado y de
la ciudadanía”. La realidad es que esta ley emerge como un medio de controlar los
desórdenes y recuperar el control del espacio público perdido a raíz de movimientos
ciudadanos de los últimos años, para ello intenta limitar, de forma desmedida y sin
justificación, el ejercicio efectivo del derecho de reunión, manifestación pacífica o la
libertad de expresión. La ley de Protección ciudadana o “ley mordaza” como
rápidamente se apodó fue criticada desde la perspectiva internacional: el comité de
derechos humanos, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y
el Relator Especial de Naciones Unidas que manifestaron su preocupación frente al
efecto represor que podía ejercer en la población en referencia a los derechos básicos
que se han mencionado anteriormente, además alegaron que otorga a las organizaciones
policiales un poder desmedido debido a su ambigüedad jurídica.
De esta manera la capacidad del Estado de ejercer represión de manera selectiva,
atendiendo a factores totalmente subjetivos y saltándose las restricciones jurídicas queda
29
perfectamente enmarcada en un contexto en el que la disconformidad con la acción
política se hace patente a diario.
Esta ley se vuelve la herramienta perfecta en un país económicamente
empobrecido donde abunda la precariedad, la imposición de una sanción económica que
va de los 100 a los 600.000 euros se convierte en una eficaz represora de la protesta.
Desde elPeriódico (2014) se hace una recopilación de los puntos más controvertidos:
Acciones leves penalizadas con multas de entre 100€ y 600€:
Negarse a identificarse.
Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario.
Insultar a la policía durante una manifestación.
Ocupar entidades bancarias.
Ocupar la vía pública por la venta ambulante (el llamado 'top manta').
Consumir bebidas alcohólicas en la calle.
Escalar edificios.
Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601€ a 30.000€:
Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización.
Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos
autonómicos si se "perturba la seguridad".
Impedir un desahucio.
Negativa de disolución de concentración o manifestación.
Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas.
Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya
menores.
Acciones como muy graves y penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€:
Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.
Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición
ordenada por la autoridad correspondiente.
Con esta serie de sanciones administrativas Amnistía internacional asegura que
La Ley Mordaza ha conseguido reducir la protesta por parte de la ciudadanía española y
así lo reflejan los datos, reduciéndose de 37.861 manifestaciones en 2014 a 28.890 en
30
2015. Este organismo especifica que aunque en muchas ocasiones no es capaz de frenar
a los activistas, ejerce un poder disuasorio muy fuerte sobre el resto de la población que
busca manifestarse. Durante los últimos años las sanciones impuestas por esta ley así
como las acciones penales desmedidas han sido muy sonadas mediáticamente. La
acción punitiva se ha extendido rápido sirviéndose de los medios tecnológicos,
destacando como ultimas victimas de su acción twitteros y cantantes cuyo contenido ha
sido catalogado como “ofensivo” y llegando a condenarlos a penas de prisión por ello.
Es especialmente preocupante observar como progresivamente se está observando un
incremento del uso de estas medidas represivas así como un endurecimiento la
aplicación de la sanción. (Amnistía internacional, 2018)
Como defiende Wacquant (2010) la llegada de un sistema económico desigual y
el abandono del plano social por parte del Estado trae consigo ineludiblemente la
creación de este tipo políticas represivas.
Conclusiones
A modo de conclusión debemos de recordar que el modelo neoliberal ha
avanzado de manera imparable desde comienzos de los años 70, este modelo ha
demostrado ser una herramienta eficaz de la economía al servicio de las grandes
empresas. Su aplicación trae consigo una serie de alteraciones que no debemos obviar;
la reestructuración del modelo de trabajo, aunque preocupante, supone solo su primer
paso, tras esto, sus raíces se extienden rápidas y fuertes a través de la estructura de los
Estados y en última instancia, acaba impregnando el nivel político, social e ideológico
pasando a imponer una serie de modificaciones en la estructura social.
De esta manera podemos decir que el neoliberalismo es más que un simple
modelo económico, se extiende como un modelo ideológico y social. A nivel discursivo
se basa en preceptos de gran poder, tales como la libertad individual y la dignidad,
conceptos que ejercen gran atracción para la ciudadanía. La realidad se aleja de lo que
en teoría propone, este modelo esconden tras de sí un extenso entramado ideológico y
tecnológico que ejerce un poder silencioso y que opera para explotar al individuo a
través de nuevos o renovados mecanismos. La ideología individualista y meritocrática,
la sobrevalorización del trabajo, la manipulación emocional o el panoptismo
31
tecnológico configuran un modelo absorbente y expansivo que se sirve de cualquier
sector de la población para alcanzar el crecimiento económico como fin último, un
crecimiento desigual y que genera desordenes sociales a todos los niveles.
Estados unidos ejemplifica a la perfección la extensión este modelo en todos los
niveles del Estado. Partiendo con una población ya predispuesta, que encarna los
preceptos ideológicos del neoliberalismo, la aplicación de sus políticas avanzo
venciendo todo tipo de resistencia. Así, una vez establecidas las primeras medidas
económicas de desregularización del mercado, la precariedad laboral se extendió de
manera rápida e instaurando entre la ciudadanía un sentimiento de inseguridad frente a
los cambios económicos que se estaban produciendo. Las consecuencias indirectas de
este modelo no tardaron en aparecer, la pobreza, la desigualdad y la delincuencia
hicieron acto de presencia entre las clases bajas. Ante el incremento significativo de la
desigualdad el gobierno estadounidense se encontró ante el reto de manejar los
desórdenes que ocasiono el nuevo contexto socioeconómico. De esta manera, frente a
esta necesidad y bajo el discurso de “la protección de la ciudadanía” frente a la
delincuencia, el tratamiento punitivo nace como mecanismo represor que tomó forma a
través de reformas jurídico-penales. El tratamiento penal de la pobreza germina como
consecuencia de estos procesos, este tratamiento toma una posición clave para entender
el funcionamiento de este modelo de Estado: aparece una figura disuasoria que presiona
a las clases bajas a aceptar las condiciones que marca el modelo económico, almacena a
los individuos más conflictivos y reformula la labor del Estado con la ciudadanía. Desde
su perspectiva, funciona como una forma retorcida de “tratamiento social” que se
despliega para tratar la criminalidad solo en contextos de pobreza y marginalidad.
Tenemos que recordar que este modelo no se ha quedado confinado en las
fronteras estadounidenses, Europa sigue la misma tendencia, con la llegada de la última
crisis económica y la de los Estados del bienestar se está tomando el modelo
estadounidense como referencia para afrontar estos procesos. De esta manera, el sistema
de protección social se está viendo fuertemente amenazado por la nueva incorporación
de políticas de corte neoliberal. Aún así el contexto europeo presenta diferencias
respecto al estadounidense por lo que la expansión del sistema punitivo se ha visto
mucho más limitado. Desgraciadamente la deriva represiva en los países de Europa ha
adoptado nuevas formas y se manifiesta a través de otros mecanismos impositivos.
32
Dentro de este contexto y centrándonos en España, podríamos hablar de caso
con bastantes peculiaridades, en su desarrollo histórico instauró un sistema de
protección tardío que se desarrolló de manera precaria y su estructura laboral tampoco
creció como la de sus homónimos Europeos. El resultado ha sido un país especialmente
afectado por la crisis económica de la última década y la crisis de los Estados del
bienestar. De esta manera, apoyado en la tendencia internacional, las políticas de corte
neoliberal llegaron también a esta nación con el pretexto de ayudarle a superar la crisis.
Las medidas afectaron rápidamente al sistema de protección social y la mayor parte de
la presión económica recayó sobre la clase media y baja española con alarmantes
consecuencias.
Frente a esta situación emergen las primeras voces de protesta que rápidamente
se extienden y germinan en movimientos ciudadanos de escala nacional. Durante los
siguientes años estas reivindicaciones toman diferentes formas y dan voz a muchos
colectivos afectados por la situación socioeconómica que transitaba el país. Las
dificultades que encontró el poder político para poder acallar las protestas fueron tales
que en los últimos años realizaron una serie de reformas bajo la excusa de buscar “la
protección ciudadana” y que culmino en leyes que atentan directamente contra el
ejercicio de derechos básicos como el de expresión el de reunión o el de manifestación a
través de una dotación de poder desmedido a las fuerzas policiales. La imposición del
silencio a través de la presión económica fue una elección eficaz en un país que adolece
especialmente la crisis económica.
Queda retratado que, irremediablemente, la llegada de un modelo económico en
el que impera la preocupación por el capital por encima del bienestar de la población
viene asociado a herramientas de control y represión social. Lo único que cabe
preguntarnos, en una situación donde el modelo neoliberal avanza incesante y no parece
que nadie presente ninguna alternativa. ¿Estamos condenados a convivir con la
hipocresía estatal que abandera los derechos humanos y la igualdad mientras esconde
todo el “desecho social” bajo su alfombra? Y más preocupante aún ¿Nos acercamos
inevitablemente a esas distopías literarias dignas solo de las más brillantes obras de
ficción?
33
Referencias bibliográficas
Alonso, L.E. (2000). Trabajo y posmodernidad: el empleo débil. Madrid, España:
Fundamentos.
Alsina, M. (1999). La comunicación intercultural. Barcelona, España: Anthropos.
Amnistía Internacional. (28 de junio de 2018). Tres años de “mordaza”: se consolida el
deterioro de la libertad de información, expresión y reunión pacífica. [Mensaje
en un blog]. Recuperado de: https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/tres-anos-de-mordaza-se-consolida-el-
deterioro-de-la-libertad-de-informacion-expresion-y/
Bilbao, J.M. (2015). La llamada Ley Mordaza. Teoría y realidad constitucional,(36),
217-260.
Bondía, D. (2018). La criminalización de la protesta frente al nuevo ciclo de
movilizaciones sociales: ¿dónde quedaron los compromisos de derogación de la
Ley Mordaza? En Mesa, M. (Ed.), Derechos humanos y seguridad
internacional: amenazas e involución (pp.99-120). Madrid, España; Ceipaz.
Byung-Chul, H. (2014). Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder.
Barcelona, España: Herder S. L.
El periódico. (12 de diciembre de 2014). Quince acciones penalizadas por la “ley
mordaza”. elPeriódico. Recuperado de:
https://www.elperiodico.com/es/politica/20141212/15-cosas-que-penaliza-la-
ley-mordaza-3766931
Fernández, D. (13 de junio de 2014). Privatizaciones: González abrió el camino, Aznar
lo consolidó, ZP no pudo y Rajoy lo intenta. 20 minutos. Recuperado de:
https://www.20minutos.es/noticia/2167021/0/privatizaciones/gobierno/aena-
loterias-paradores/
34
Fundación FOESSA (2014) VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.
Recuperado de:
www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf
Harvey, D. (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid, España: Ediciones Akal.
Llano, J.C. (2017). El estado de la pobreza; seguimiento del indicador de riesgo de
pobreza y exclusión social en España (7). Recuperado de:
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE
_2017_Resumen_Ejecutivo.pdf
Lutz, B. (2013). Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social.
Estudios sobre Estado y Sociedad,20(57), 177-189.
Navarro, V. (2000). Neoliberalismo y Estado del bienestar. Barcelona, España: Ariel, S.
A.
Navarro, V. (2006). El subdesarrollo social de España. Barcelona, España: Anagrama.
Nueva Revolución. (1 de agosto de 2017). España ya no es uno de los países más
neoliberales de Europa (intervencionismo). Nueva Revolución. Recuperado de:
https://nuevarevolucion.es/economia-espana-ya-uno-los-paises-mas-
neoliberales-europa-intervencionismo/
Oxfam Intermón. (2012). Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo
en desarrollo ante los recortes sociales en España (32). Recuperado de:
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/Infor
me_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza_300113_0.pdf
Pérez, J.L. (2013). Crisis económica, empleo y salarios. Documentación social, (169),
pp.32-48.
Rodrik, D. (2012): La paradoja de la globalización. Democracia y futuro de la
economía global. Barcelona, España: Antoni Bosch.
Sanzo, L. (2013). La crisis de principios del siglo xxi en España. Documentación social,
(166), 15-43.
35
Serrano, A., y Vázquez, C. (2007). Tendencias de la criminalidad y percepción social
de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea. Madrid, España:
Edisofer S.L.
Shambaugh, J. (11 de diciembre de 2017). Estados Unidos: ¿quiénes son los 40
millones de pobres que viven en el país más rico del mundo?. BBC. Recuperado
de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42315879
Wacquant, L. (2010). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad
social. Barcelona, España: Gedisa.